El sistema penal acusatorio, adversarial y oral que se ha implantado en México- obligado por los tratados internacionales- es una garantía de protección a los derechos humanos tanto de la víctima como del delincuente, es decir, es enemigo de la arbitrariedad y el abuso descomunal que durante muchos años ejerció el ministerio público, medio de opresión y represión de los gobiernos de este país que sólo sirvió para que miles de mexicanos estuvieran en las cárceles y así integrar las bandas de inocente que pueden ser, los secuestradores y maleantes que hoy deambulan, salidos de esos centros de corrupción y que hoy operan en ámbito nacional.
Hay algunos- entre ellos el ex procurador Mancera- que no le gusta este sistema porque el delincuente de hoy no puede fácilmente ser imputado, pues se necesitan reunir una serie de requisitos que exige la legislación como es, esencialmente, la presunción de inocencia, debido proceso y sobre todo, la legalidad de la detención, ésta última, entre otras, que el juez de control debe observar con gran responsabilidad y precisión, sin embargo, se ha visto que los atropellos se acumulan cuando los jueces dictan , sin ningún recato, la prisión preventiva oficiosa sin que el delito sea grave, esto es, más que nada de venganza, que de justicia.
La corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a los estados que en forma indiscriminada aplican la prisión preventiva oficiosa y vinculan a proceso a las personas con la simple petición del ministerio público, con lo que violentan los artículos 1, 20 y 133 de la constitución , retornando así al pasado ominoso de esa institución, como el caso elocuente del hoy ministro de la suprema Corte Medina Mora que siendo procurador general de la república, toleró que se vinculara en un secuestro a la francesa Florense Cazees en un secuestro que fue todo un montaje que resolvió la Corte al ponerla en libertad, creándose la percepción que no se impartió justicia, esto , el atropello descomunal de ese ex procurador, no podía tener otro resultado.
No hay duda que así sucederá en los casos de delincuentes que se han detenido en Veracruz con motivo del affaire duartista que, si bien cometieron determinados delitos que no son graves, ello no quiere decir que no puedan beneficiarse de lo que la constitución y las leyes prevén, como es que lleven el juicio en libertad y que se le apliquen las medidas cautelares que los ordenamientos prevén , precisamente para que la injusticia no se prolongue pues, si bien merecen ser castigados, ello no quiere decir que se tiene que llegar al extremo de la venganza, en síntesis, la injusticia, no puede estar encima de la justicia.
El control del ministerio público por parte del gobierno- así lo ejerce Yunez Linares, en Veracruz, como Peña Nieto a nivel nacional y, ante la mediocridad de los jueces, lleva a contemplar escenarios como el que recientemente se vivió en que después de mil batallas, la maestra Elba Esther Gordillo logró la prisión domiciliara y ahora se le imponen mil restricciones y todo por aquello de ser un peligro para la seguridad del estado y la paz social, lo que evidencia que el sistema penal si funciona, que lo que acontece es que no estamos a la altura de otros países de Latinoamérica, como Cuba, por ejemplo, con cerca de cien años que se aplica, o bien Colombia, Perú o Chile, entre otros, que se acerca a los treinta años.
En nuestro país se quiere que las cárceles se llenen de inocentes- como los que pronto saldrán - y que mediáticamente se presuma que se aplica la justicia, pero como no hay mal que dure cien años, la derrota frontal está a la vuelta de la esquina, ahí está el caso de Napoleón Gómez Urrutia que ante la persecución de Fox y Calderón, tuvo que exiliarse en Canadá para no ser detenido y después de doce años, ha ganado todas las batallas a los gobiernos “democráticos” del país. limacobos@hotmail.com
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