El tema de la corrupción en nuestro país, posiblemente sea el mayor problema que se debe de enfrentar, porque de ahí se desprenden otros muchos factores como son la injusticia, la inseguridad, la pobreza, la falta de atención médica, la carencia de educación, el desempleo y tanto y tantos aspectos que afectan a millones de mexicanos.
Por razones obvias el tema fue uno de los que se abordaron en el primer debate de los candidatos a la presidencia de la república, pero ninguno presentó propuestas de solución, simplemente se dedicaron a lanzarse acusaciones y hasta hubo ya saben quién, propuso que con su simple ejemplo bastaba para que se pusiera fin al problema.
Lamentablemente el asunto no es tan sencillo ni de fácil resolución, por ello es muy interesante los once compromisos de política pública que presentó la asociación civil -no ningún partido político ni sus candidatos- para avanzar en el control efectivo de la corrupción en los estados del país.
Aquí en el Estado de Veracruz, el Congreso del Estado, ya próximo a concluir su período, hasta el momento no ha podido aprobar la iniciativa presentada por el gobernador del Estado Miguel Angel Yunes Linares para nombrar al Fiscal Anticorrupción y quien se tendría que estar ocupando desde ya, de implementar y poner en marcha el sistema para vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos.
Llevan ya meses con el asunto en la congeladora de la Junta de Coordinación Política que preside el diputado plurinominal panista Sergio Hernández Hernández, quien al parecer se encuentra más ocupado y preocupado por buscar la reelección para seguir disfrutando del cargo, que en sacar adelante el nombramiento del Fiscal Anticorrupción.
Volviendo al tema de la corrupción, está claro que ninguna entidad del país está exenta de la necesidad de fortalecer sus instituciones de control a la corrupción, de vigilar y acatar las resoluciones de los órganos fiscalizadores y de investigación.
Asociación civil sin fines de lucro Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad está comprometida con la consolidación del Estado de Derecho en México, a través de una agenda integral dedicada a prevenir, denunciar y contribuir a erradicar la corrupción e impunidad que prevalecen en los sistemas público y privado de nuestro país. Está comprometida con arrojar luz sobre los actos y redes de corrupción a través de la investigación aplicada, el periodismo de investigación, el litigio estratégico y la movilización ciudadana.
Por eso, está proponiendo un mínimo de 11 compromisos de política pública, para el control efectivo de la corrupción en las entidades federativas del país.
Un gobierno que impulse la creación de Fiscalías Generales que garanticen independencia, autonomía y fortaleza institucional para la adecuada persecución e investigación de los delitos.
Las observaciones de las auditorías internas y externas (órganos de fiscalización estatal y federales) deben ser públicas y accesibles, también el nivel de funcionarios públicos involucrados, recuperaciones financieras y avances relevantes en las investigaciones.
Un gobierno sin archivos de papel que cumple tanto con la Ley General de Transparencia como con la Ley de Archivos.
Un gabinete que voluntariamente publique la “3de3” en la plataforma de IMCO y Transparencia Mexicana, en tanto entra en vigor la obligación de hacerlo a través de la Plataforma Nacional Digital (PND-SNA).
Un gobierno que tenga un Padrón Único de Beneficiarios para los servicios públicos provistos por el gobierno estatal, incluidas las acciones y programas de desarrollo social. Un gobierno con un Catálogo de Programas Sociales y Acciones de Desarrollo Social.
Un gobierno con adecuada planeación para los proyectos de infraestructura con requisitos que aseguren pertinencia y sustentabilidad; un gobierno que publica la información sobre contrataciones y obras públicas con los estándares nacionales e internacionales de datos abiertos.
Un gobierno que impulse a nivel nacional una Ley General de Adquisiciones y Obras Públicas.
Un gobierno que informe sobre pasivos, pagos pendientes y obras inconclusas para todas las dependencias de manera oportuna.
Un gobierno que compra a través de Compranet como lo establece la PND-SNA.
Un gobierno que reduce el número de pagos en efectivo.
Un gobierno comprometido con el Sistema Nacional Anticorrupción que no pone trabas al sistema local y asegura su independencia y eficacia.
Así las cosas, de mucho de lo que falta por hacer, entretanto, aquí en la entidad veracruzana, el Congreso del Estado no puede ni siquiera ponerse de acuerdo para nombrar a un Fiscal Anticorrupción.
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