MÁS ALLÁ del robo de combustible que en el Gobierno de Enrique Peña Nieto provocaba un daño patrimonial superior a los 35 mil millones de pesos, y que con Andrés Manuel López Obrador se ratificó y se dijo alcanzaba los 60 a 80 mil millones de pesos cada año, cifra equivalente a todo el gasto que destina el gobierno federal para la atención de los 12 millones de mexicanos que padecen diabetes, el verdadero saqueo a las finanzas públicas se encuentra en la evasión fiscal que representa para el País pérdidas por más de 510 mil millones de pesos anuales en cada ejercicio fiscal, esto a pesar de que existe un marco jurídico adecuado para unos, y de dispensa para otros, y en ese sentido, el Presidente Andrés Manuel López Obrador podría convertirse en el principal evasor de impuestos a partir de los programas que impulsa, mediante los cuales pretende regalar el dinero de los mexicanos sin que le cueste nada a los beneficiarios, esto es, sin que tengan que dejar una parte como contribución al gasto público que beneficia a todos por igual. Y es que un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado, revela que solo en 2016 la tasa de evasión fiscal representó 2.6 por ciento del producto interno bruto (PIB), ya que se trata de un delito que atenta contra las finanzas públicas y limita los recursos para sufragar políticas públicas y programas.
Y ES que si se toma en consideración que cinco de los programas sociales y laborales que implementa el Presidente López Obrador costarían anualmente 198 mil 562 millones de pesos, lo cual equivale a 0.85 por ciento del producto interno bruto, se estaría evadiendo lo correspondiente al impuesto de esa suma (IVA e ISR), puesto que las trasferencias a los jóvenes son de dinero en efectivo recuperado del huachicol, además de recursos que se obtendrán con la venta de autos de la delincuencia organizada, aviones, helicópteros y otros bienes, en suma, el dinero no tocará baranda sino que irá a parar directamente a manos de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, sobre todo en zonas donde se pretende abatir a la delincuencia con cañonazos de dinero, a los adultos mayores y un sinfín de entregas programadas, lo que tiene, sin duda, un fin meramente clientelar con miras a elecciones futuras donde MoReNa buscará, desde ahora, comprar conciencias a base de dádivas que no resuelven los conflictos de fondo, sino solo los aplazan.
EL DINERO que se recupera, sean por cualquier causa, no debe ser, bajo ninguna circunstancia, para que el Gobierno lo administre a discreción, ya que si bien todos los programas de AMLO persiguen en la medianía objetivos sociales deseables, López Orador tiene el reto de financiarlos sin crear presiones en las finanzas públicas y mucho menos usando lo incautado a la delincuencia en unos cuantos, cuando toda la sociedad ha sido perjudicada. Y es que Jóvenes Construyendo el Futuro, que busca otorgar becas y capacitación laboral a 2.6 millones que no tienen oportunidad de trabajar ni de estudiar, podría tener un costo estimado de 134 mil millones de pesos, y el reto principal es que está supeditado a la participación de la iniciativa privada que no tiene esquemas de incentivos definidos, además de que otro desafío será lograr la continuidad laboral de los beneficiarios, cuando infinidad de miembros del sector privado se encuentran en número rojos. Sin duda, se trata de una mayor inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo formal, pero ¿cuántos podrán ser contratados una vez capacitados?
SIN DUDA, los programas tienen un objetivo positivo, aunque el principal será de carácter electoral, sin embargo, debería darse preferencia al combate a la evasión fiscal y a la elusión tributaria, esta última entendida como la utilización de medios legales para reducir la cantidad de impuesto a pagar. Es decir, el contribuyente hace uso de las normas que están dentro de la ley para conseguir este propósito, aunque no deja de configurarse la evasión permitida. Dice el Instituto Belisario Domínguez en una investigación, titulada “Evasión fiscal en México” que ese delito afecta a toda la nación, ya que los evasores tratan de ocultar sus ganancias y dejan de pagar los impuestos que les corresponden, lo que significa que la hacienda pública deje de recaudar miles de millones de pesos. Solo en el periodo 2013-2015 las empresas dejaron de pagar en promedio 244 mil 664 millones de pesos al año, lo que representa 39.63 por ciento de la recaudación potencial del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Esa cifra representa cinco veces el monto de los recursos destinados a la reconstrucción de los daños causados por los sismos de 2017.
AMLO, POR lo tanto, no debe poner el mal ejemplo y, en consecuencia, deberá informar a la sociedad cuánto del dinero incautado o recuperado de acciones ilícitas va a parar a la hacienda pública como contribución antes de darlo a “los más pobres”, incluidos jóvenes que ni estudian ni trabajan, porque de otra manera se estaría beneficiando a unos cuantos y perjudicando a las mayorías, ya que los impuestos que contribuyen al gasto social se aplican no solo en el pago a maestros, médicos y enfermeras y otros rubros del servicio público, sino en el financiamiento de obras colectivas que permiten el bien común. No es, como lo hemos repetido en infinidad de ocasiones, dineros de AMLO sino de todos los mexicanos que les había sido arrebatado por la delincuencia, y al ser recuperados deben ser aplicados al bien colectivo y no de unos cuantos. Así de simple…
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XALAPA-COATEPEC, como todo el Estado, se encuentra inmerso en violencia. Una mujer estrangulada y su cuerpo maniatado fue encontrado a un costado de la carretera Xalapa-Las Trancas el sábado; en la carretera Xalapa-Coatepec fueron localizados dos cadáveres decapitados y encajuelados, y con el mensaje de un nuevo cártel que anuncia el asesinato de 28 personas dedicadas al robo y al secuestro; en céntricas calles de Coatepec es encontrado el cuerpo de otro varón en el interior de un vehículo abandonado en la calle Adolfo L. Sosa entre las calles de Cuauhtémoc e Hidalgo. Previamente, 10 taxistas fueron baleados en su base, falleciendo 3 y resultando heridos siete. Dos asaltantes intentaron atracar a un automovilista en el fraccionamiento Ánimas, y este les echó el auto encima. La situación es grave, y mientras una sesuda diputada lo atribuye a “guerra sucia”, el alcalde no da la cara y las autoridades estatales como si no existieran. Seguramente en los días por venir se agravará la situación. Ni hablar, se votó a favor de la irresponsabilidad y la inoperancia. Así de simple. OPINA carjesus30@hotmail.com
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