SUPONEMOS QUE la advertencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador a funcionarios Federales y Estatales de todos los niveles y filiaciones (llámense secretarios de Estado o de despacho, gobernadores, senadores, superdelegados, alcaldes y hasta diputados –locales y federales), de no meterse en asuntos partidistas ni utilizar recursos públicos para ese fin, “pues quien lo haga será renunciado y puesto a disposición de la Fiscalía Electoral”, va muy en serio y es un tema que debe tomarse en cuenta, sobre todo ahora que el Movimiento de Regeneración Nacional maniobra la renovación de la dirigencia nacional de ese instituto –sin encontrar la cuadratura del círculo-. Sin embargo, si el mensaje no escala de la verborrea a los hechos, quedará en solo otra expresión de “amor y paz”, y el Jefe de las Instituciones Federales podría estar malgastando la credibilidad que tiene, y que ha provocado que infinidad de seguidores se sientan desalentados o desprotegidos, aun cuando su margen de aceptación sigue siendo muy alto, tanto que si mañana fueran las elecciones intermedias volvería a tener mayoría en ambas Cámaras. Sin embargo, el asunto es simple: si el mandatario amenaza como el “pastorcito mentiroso” a la población de que, ahí viene el lobo y se comerá a las ovejas sin que esto sea cierto, y lo hace una y otra vez –como en el caso de la detención y liberación de Ovidio Guzmán López, el hijo de “El Chapo”-, llegará el momento en que el lobo, finalmente, sí llegue, pero como ya nadie le creía, arrasó con el ganado ovino, lo que engendró pérdidas irrecuperables al pastor.
Y ES que en varias partes del País han sido suspendidas alrededor de 70 asambleas de las 238 realizadas hasta el domingo, lo que implica que poco más del 25 por ciento del proceso está inconcluso, restando sólo 62 por realizarse, y las interrupciones han sido por padrones alterados o violencia física –incluso armada-, pero sobre todo, por irrupciones de funcionarios a los que AMLO viene marcando un alto desde hace tiempo, y que nuevamente los puso en la disyuntiva de no participar, o de lo contrario les pedirá su renuncia y los pondrá a disposición de las autoridades electorales, y Veracruz no ha sido la excepción, aunque aquí parece que el manto sagrado del gobernador Cuitláhuac García Jiménez está dispuesto a permitir la impunidad antes que sus sacrosantos funcionarios sean llevados ante tribunales. Y es que no obstante que el presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Humano y Regional del Congreso del Estado, José Andrés Castellanos Velázquez, denunció al secretario Estatal de Desarrollo Social, Guillermo Fernández Sánchez, de usar los programas sociales con fines electorales, nadie ha dicho nada, por lo que la denuncia podría ser llevada ante las instancias judiciales –si antes no serenan al legislador, también, de MoReNa- que asegura tener pruebas de irregularidades en los programas sociales con fines partidistas. Fernández Sánchez -lo dijo muy clarito el legislador moreno-, favorece a la diputada Deysi Juan Antonio en su aspiración a la alcaldía de Acayucan, pues le ha brindado todas las facilidades para repartir apoyos de programas sociales y hasta documentación que desde su punto de vista no debería tener. “Se me hace el típico proselitismo para ‘yo me cuelgo la medalla’, ‘yo entrego los programas’ y no es así el tema, ella quiere ser alcaldesa de Acayucan y ya anda haciendo campaña y no se vale, hay que tener respeto por las instituciones”. Y no lo dicen los conservadores, ni la oposición rampante que busca beneficios ni la prensa fifí, sino uno de casa: “la diputada local ofrece apoyos sociales a cambio de que los militantes entreguen su credencial de Morena”, y por ello acusa que existe la intención de intervenir en la elección interna del partido, y en ese tenor –insistimos, si no lo serenan antes-, esta misma semana o a más tardar la próxima la denunciará ante la Fiscalía Anticorrupción por esas irregularidades, pues beneficiarios de los programas “Mujeres Emprendedoras” y “Módulos hacia la Suficiencia Alimentaria” son obligados a comprar los insumos a proveedores “palomeados” por la dependencia. Ufff esto, en otro Estado o País donde la legalidad estuviera por encima de los compromisos, ya sería motivo de investigación, pero en Veracruz todo puede suceder.
PORQUE VEA usted: otro diputado local de MoReNa, en este caso José Magdaleno Rosales Torres se fue más alto –en cuanto al cargo-, y denunció que el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, “tiene metidas las manos” en la elección de delegados del Movimiento de Regeneración Nacional en Veracruz –celebrada el sábado-“. No lo dice cualquier hijo de vecino, sino un legislador y, para variar, del mismo partido que el acusado, argumentando tener las pruebas para llevar el asunto ante los tribunales. “Maleno” –como lo llaman-, asegura que el bajacaliforniano avecindado en el Estado (¿o acaso es al revés?), en contubernio con el secretario de Desarrollo Social (Sedesol), Guillermo Fernández (la misma historia de Miguel Ángel Yunes Linares), usan los programas sociales para ganar el voto de los militantes a favor de ciertos candidatos. “Estoy hablando de la Secretaría de Gobierno, para qué les digo más, está claro, es el Secretario de Gobierno el que está metiendo las manos en este proceso y lo hace a través de otras manos”. El diputado, que ha sido firme en sus expresiones y posturas, lo que le ha ganado animadversión de ciertos morenistas ambiciosos y sin pizca de buenas intenciones, dice que cuenta con pruebas de que desde Sedesol operaron la elección interna de los delegados de Morena, por lo que presentará una denuncia penal –que aún no presenta-. Pero pidió a Cisneros Burgos días antes de la elección en la que fueron canceladas varias asambleas “que saque las manos del proceso interno porque tiene a toda la estructura de Sedesol, en todos los distritos con padrones en mano, casa por casa, visitando a cada uno de los afiliados, prometiéndoles apoyos que baja la misma Secretaría para los ciudadanos”, ya que se trata evidentemente de un claro desvío de recursos en favor de perfiles que buscan ser impuestos desde la Secretaría de Gobierno. En Veracruz se repondrán asambleas y el temor persiste.
NOS QUEDA claro que el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue determinante no solo con sus 32 delegados de Programas Federales encabezados por Gabriel García Hernández, sino contra todo funcionario público sea del partido que fuere, cuando les advirtió: “no se metan en cuestiones electorales o partidistas. Se pedirá la renuncia al cargo a quienes lleven a cabo cualquier práctica antidemocrática. Les recuerdo que el fraude electoral, por iniciativa nuestra, ya está tipificado en la Constitución como delito grave”. Y deseamos creer que la cosa va en serio, pero acaso en Veracruz, donde el Gobierno del Estado ya tiene fiscales a modo (como Yunes Linares), incluyendo la General del Estado, la postura presidencial no se ha comprendido o, simple y llanamente, le están dando el “avionazo” al presidente, porque no obstante que fueron dos diputados de MoReNa los que denuncian, el Gobernador defiende a sus colaboradores y los fiscales inherentes hacen como que la virgen les habla. Ojalá y la historia del Pastorcito mentiroso –fábula por cierto atribuida a Esopo- no se esté incubando en el Estado. OPINA carjesus30@hotmail.com
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