NO ES poca cosa el encargo que le hace doña Rosario Ibarra de Piedra al Presidente Andrés Manuel López Obrador: que le devuelva la Medalla Belisario Domínguez –con la que fue galardonada el miércoles- cuando se conozca el paradero de los desaparecidos en México. Y no es menor la encomienda si consideramos que en el País –reconocido, incluso, por el propio López Obrador-, hay por lo menos 40 mil personas desaparecidas y más de 37 mil cuerpos sin identificar, hechos a los que Veracruz no es ajeno, pues de acuerdo a la diputada María Josefina Gamboa Torales, del Grupo Legislativo de Acción Nacional, hasta el año pasado había más de 15 mil víctimas sumando datos oficiales a las cifras negras o no reportadas, aunque hasta Diciembre la Fiscalía General del Estado registraba oficialmente 3 mil 600 casos de personas no localizadas –ya sea porque las levantaron, ejecutaron e inhumaron clandestinamente; se las llevaron como parte de la trata de personas, negocio al que Veracruz no es ajeno; los reclutó el crimen organizado o simple y llanamente se fueron con el novio o la novia o abandonaron el hogar por maltrato-. Ibarra de Piedra, una mujer de fortaleza y convicciones, inició su actividad en 1973, cuando su hijo Jesús Piedra Ibarra fue acusado de pertenecer a la Liga Comunista 23 de Septiembre, y en 1974 fue desaparecido luego de ser detenido tras el asesinato del policía Guillermo Villarreal Valdez. A partir de entonces inició un largo peregrinar en las instituciones gubernamentales demandando información acerca del paradero de su descendiente que, hasta la fecha, no se ha esclarecido. Jesús Piedra es considerado víctima de la desaparición forzada de personas que habría llevado a cabo el gobierno de México en las décadas de 1960 y 1970, en la llamada Guerra Fría, por lo que doña Rosario fundó el 17 de Abril de 1977 el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos (mejor conocido como ¡Eureka!), el cual reúne a varias familias de personas desaparecidas o presas durante los sexenios de los inefables Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez.
HOY CUENTA con 92 años de edad, y cuando pretendieron halagarla con un reconocimiento por su lucha a favor de los desaparecidos –y de paso quedar bien con los colectivos-, doña Rosario Ibarra se las devolvió con inteligencia y educación a través de un mensaje leído por una de sus hijas: “Señor presidente, querido y respetado amigo, no permitas que la violencia y perversidad de los gobiernos anteriores siga acechando (...) No quiero que mi lucha quede inconclusa, es por eso que dejo en tus manos la custodia de tan preciado reconocimiento y te pido que me la devuelvas junto con la verdad sobre el paradero de nuestros queridos y añorados hijos y familiares”. Más dura no pudo ser. Ella no quiere premios ni reconocimientos sino que se haga realidad lo que el Presidente y su gabinete, primero culpando al pasado y luego irguiéndose en paladines de la justicia, han prometido: buscar y encontrar a los desaparecidos, lo que no será, insistimos, tarea fácil, aun cuando los SeMeFos de varios Estados del País se encuentran repletos de cadáveres sin identificar. La lucha de doña Rosario no ha sido solo una pantalla para obtener galardones o cargos. Ella realizó huelgas de hambre a finales de los años 70 para exigir una amnistía hacia los presos políticos, y el gobierno la concedió en 1978, pero las desapariciones continuaron sin ser aclaradas, y hoy le deja la encomienda a su amigo que, seguramente, se quedará con la medalla en custodia, porque será muy difícil dar con el paradero de tanto desaparecidos y, peor aún, de los que siguen desapareciendo.
POR LO pronto la Secretaría de Gobernación ya levantó la mano, y con el apoyo de personal especializado en búsqueda de personas –surgido de las filas de la Policía Federal– creará un nuevo cuerpo de apoyo a esa tarea –otra más gallero-, para dar soporte y seguridad a los colectivos que buscan a sus seres queridos. 85 agentes ya pasaron el proceso de certificación y se espera integrar el grupo especializado con 200 elementos para encontrar a 40 mil desaparecidos, algo que se antoja quimérico. A principios de 2017, la Fiscalía General del Estado –tratando de demostrar que si trabajaba-, subió una base de datos con el registro de personas desaparecidas en Veracruz enumerando 5 mil 109, aunque aclaraba que de ellas sólo 2 mil 434 no habían sido localizadas o no se sabía nada de ellas, pero meses después, ante la presión de colectivos que aseguran que son más de 12 mil desaparecidos en el Estado, la información fue bajada de la red, ya que los casos no son nuevos; algunos datan desde tiempos de Fidel Herrera Beltrán, Javier Duarte de Ochoa y Miguel Ángel Yunes Linares, y los municipios con más desaparecidos son: Veracruz, Xalapa, Córdoba, Poza Rica, Coatzacoalcos, Boca del Río y Orizaba, y en ese tenor le siguen Cosamaloapan, Papantla, Martínez de la Torre, Tierra Blanca, Cosoleacaque, Medellín, Alvarado, Minatitlán, Acayucan, San Andrés Tuxtla, Ciudad Mendoza, Coatepec, Isla, Tihuatlán, Las Choapas, Coatzintla, Fortín, Agua Dulce, Nogales, Huatusco, Atoyac, Jalacingo, Perote, Misantla, Tantoyuca, Zongolica, Cuitláhuac, Pánuco, Paso de Ovejas y Río Blanco, por solo citar los lugares donde la violencia ha engendrado más desapariciones.
LO CIERTO es que no hay voluntad para tratar de encontrar a tantísimo desaparecido en el País, pues basta señalar que este año, para esas tareas, el Gobierno Federal destinó una bolsa de 210 millones de pesos a repartir a las Entidades donde se incuba el conflicto, algo irrisorio, por lo que algunos Estados no han desarrollado la capacidad institucional ni la voluntad, incluso, para recibir recursos, y aunque para el año entrante la Comisión Nacional de Búsqueda tendrá 610 millones, siguen siendo insuficientes y, peor aún, cuando en muchos lugares, incluido Veracruz, son los propios elementos policiacos los denunciados por desaparición forzada de personas, sobre todo niños, jóvenes –hombres y mujeres- que son el sector con el mayor porcentaje de desaparecidos en Veracruz con el riesgo de ser víctimas de secuestro, explotación sexual infantil, redes de adopción ilegal, trabajo forzado, burreros o halcones. Y es que según la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), “la desaparición de niñas, niños y adolescentes en México se encuentra asociado, en su gran mayoría, a la criminalidad por delitos como trata de personas, o los relacionados con violencia y explotación sexual, tráfico de niñas y niños, así como violencia ejercida por grupos armados y delincuencia organizada, además se suma el impacto que tiene la desaparición de familiares en niñas, niños y adolescentes”. Por ello consideramos que AMLO tiene una bomba de tiempo en las manos, ya que los colectivos le exigirán que le cumpla a doña Rosario Ibarra de Piedra en encontrar a los desaparecidos que, desde su propia aceptación, son más de 40 mil. A ver qué pasa. OPINA carjesus30@hotmail.com
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