LOS EFECTOS de la delincuencia en Veracruz no solo se reflejan en hombres y mujeres secuestrados o violentados, y en el caso de las féminas utilizadas en la trata o abusadas sexualmente (van más de 14 casos de violación en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río en los últimos meses, incluida una dama de la tercera edad), y en cuanto a asesinatos la cuenta es preocupante lo mismo que en plagios, donde la cifra rebasa los 300 en ambos sexos. Aquí hemos dado cuenta de los homicidios que se viven a diario en territorio Estatal, pero hay un sector de la población que está padeciendo severas agresiones tanto al interior de los hogares como en el exterior, y estos son los niños y adolescentes, desde los primeros años hasta antes de cumplir 18, y acaso la agresión sufrida por la familia LeBarón en el norte del País los ha traído a colación nuevamente, ya que siete pequeños fueron masacrados salvajemente por un grupo armado, mientras que un número similar logró salvar la vida. Según las cifras oficiales, en lo que va de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en el País han sido asesinados con arma de fuego –dolosamente - 618 menores, nueve de estos niñas víctimas de feminicidio; otros 710 resultaron heridos a tiros, y Veracruz ha vivido pasajes similares en Minatitlán, Las Choapas, Cosoleacaque, Coatzacoalcos, además de la zona centro y norte del País contra quienes, en realidad, son víctimas inocentes, pues aunque sus padres estuvieran metidos en cosas turbias, un niño es solo eso: una caja de sueños y esperanzas de un mejor porvenir que se trueca en fracaso cuando son martirizados por la violencia e inseguridad irrefrenable. En suma, en México dos menores de edad son asesinados diariamente con armas de fuego de manera dolosa o intencional, según las cifras mensuales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública actualizada al 30 de Septiembre. Y no se trata solo del Gobierno morenista, pues en el pasado reciente los números son alarmantes, ya que de acuerdo a la estadística, el número de niños asesinados con arma de fuego durante la presente administración es 20.9 por ciento menor a la del mismo lapso inmediato anterior. Y es que entre Diciembre de 2017 y Septiembre de 2018 fueron acribillados 770 menores, mientras que entre Diciembre de 2018 y Septiembre de 2019 al menos 609 perdieron la vida, algo que de todas maneras no debe alegrarnos, pues hay un dato que debería preocupar a las autoridades.
DE ACUERDO a Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), en el País se vive un hecho alarmante: se trata del reclutamiento de niñas, niños y personas jóvenes por parte del crimen organizado bajo el argumento de que si son detenidos pueden obtener la libertad de inmediato o ser recluidos en un centro de internamiento para menores que los dejará libres en poco tiempo, lo que se está convirtiendo en una práctica desde hace mucho tiempo a partir de varias formas. Una es la forzada o también llamada “leva”, que ha sucedido y se ha denunciado en varios Estados del País, o el hecho de que niñas, niños y personas jóvenes tengan familiares o algún tipo de vínculo con los grupos delictivos, pero también está el reclutamiento que se da en escenarios controlados por el crimen organizado, cuando los menores son atraídos a través de la coacción o por sobrevivencia, sobre todo si el Estado no tiene la fuerza suficiente para evitarlo, por lo que tienen que negociar su vida con el jefe de plaza. Esas modalidades se expresan en datos crueles que indican que de 2006 a la fecha casi 19 mil niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de homicidio doloso, de los cuales 8 de cada 10 son varones, y casi 7 mil menores desaparecidos de 2006 hasta abril de 2018, por lo que la cifra podría ser ya escandalosa. Y aunque el tema no es nuevo, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador los casos de homicidios contra menores de 18 años se centran en los Estados de Guanajuato, Guerrero y Veracruz, aunque sigue el problema en Tamaulipas y Sinaloa.
AHORA QUE, no solo el crimen organizado es el perpetrador único de los asesinatos de niños, niñas y adolescentes, ya que según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en los últimos años, 41 niños han sido asesinados en el Estado de Veracruz, la mayoría menores de 8 años, y los criminales, agárrese usted, han sido sus propios padres, madres, padrastros, tíos y abuelos. En promedio, cada año son asesinados por sus familiares siete niños en la Entidad, y la mayoría previamente padeció maltrato infantil. De estos casos, sólo en cinco se identificó plenamente al agresor como un miembro de la familia, por lo que Veracruz ocupa el octavo lugar en incidencia de ese delito, aun cuando Gobernadores van y vienen enarbolando frases como: Los niños y las mujeres son intocables; Con los niños no, Severo castigo a quien toque a mujeres y niños, lo que solo queda en el discurso oportunista.
TAL VEZ lo peor de todo es que existe en Veracruz un Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia que comúnmente es presidido por la esposa del Gobernador en turno, pero como Cuitláhuac García Jiménez sigue siendo soltero, esa instancia está al garete, ignorando acaso que los niños tienen derechos, entre otros el de la vida, que se refiere a que ningún menor puede ser asesinado o agredido de manera física, y debe crecer en condiciones óptimas. También tienen derecho a una buena alimentación, y ninguno debe pasar hambre o sufrir de inanición. Además, todos los niños deben recibir educación que contribuya en crear su propio futuro. Tienen derecho al disfrute de la vida social que les da la escuela, pues la educación constituye un elemento esencial para el desarrollo social, psicológico y económico del menor, y concatenado con lo anterior, tienen derecho a la salud, y ninguno debe padecer alguna enfermedad generada por el descuido de no brindarle la asistencia médica en el momento correcto.
HAY OTROS muchos derechos como el derecho a la identidad, a la libertad de expresión –pues aun siendo niños pueden expresarse y dar opiniones sin que sean vejados por ello-; el derecho a la protección o a vivir en un entorno seguro, sin amenaza ni armas. Deben crecer protegidos para preservar su bienestar físico y psicológico. Ningún niño debe sufrir explotación, discriminación o maltrato, y un derecho fundamental es, sin duda, el derecho a tener una familia que les de toda la compresión y el amor que se les pueda brindar, y no los exploten, vendan o usen en cuestiones ilícitas. Qué lástima que el Gobierno del Estado tan ocupado en cosas superfluas se olvide de lo elemental que son sus niños, y que Veracruz forme parte de la estadística donde a los menores se les asesina o utiliza como parte de la delincuencia, a veces con el consentimiento u obligados por la propia familia, o en el peor de los casos deambulen en las esquinas haciendo malabares, extendiendo la mano para obtener unas monedas y perjudicando su salud inhalando sustancias tóxicas en cada trago de gasolina para expulsar fuego o, en el peor de los casos, consumiendo alcohol y drogas. Qué lástima que en Veracruz el DIF sea letra muerta. OPINA carjesus30@hotmail.com
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