MÁS ALLA de una simple consulta para la revocación del mandato presidencial, todo parece indicar que los afanes del Presidente Andrés Manuel López Obrador es “tentarle” el agua a los camotes para sopesar en qué nivel de aceptación ciudadana está, y hasta donde es viable en un momento dado promover la reelección o ampliación del cargo, como pretendía hacerlo con la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, por fortuna, Arturo Saldívar Lelo de Larrea rechazó en un acto de honestidad republicana que se le reconoce. Porque en realidad, la Consulta para la Revocación de Mandato es una necedad, terquedad o capricho a ultranza del mandatario nacional para demostrarse asi mismo que sigue siendo el Rey, pues sabe de sobra que será respaldado, además de que en México existen dos vías para destituir a un Presidente, ambas constitucionales, y la primera es el afamado impeachment o juicio político. El Artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere que: “Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título (De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado) se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier
naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones”, mientras que el párrafo uno, reformado y publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 19-02-2021 señala: “Durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana”.
LA SEGUNDA vía es la revocación de mandato que se circunscribe a la primera, ya que el pueblo por sí mismo no puede destituir sino a través del INE y del Congreso de la Unión. El juicio político es un mecanismo para fincar responsabilidad política y sancionar con destitución y/o inhabilitación a funcionarios o servidores públicos de alto nivel que hubieran incurrido en arbitrariedad o abuso o acceso de poder. En otras palabras, el juicio político es una vía para sancionar a servidores públicos que trastoquen su verdadera función, y ésta manera de destitución tampoco recae en manos de la ciudadanía. La revocación de mandato es el procedimiento mediante el cual los ciudadanos pueden destituir mediante una votación a un funcionario público antes de que expire el periodo para el cual fue elegido. Es decir, la revocación de mandato es una vía de destitución en la cual la ciudadanía mediante el voto elige si un funcionario continúa o no en su cargo público, aunque la votación primero pasa por el Instituto Nacional Electoral que instala casillas, vigila y cuenta los votos, para posteriormente notificarlo al Congreso.
AHORA BIEN, el Senado aprobó la revocación de mandato, y el ejercicio de evaluación podrá aplicarse al actual Titular del Ejecutivo en 2022, pero para que sea válido deberá participar 40 por ciento de la Lista Nominal de Electores: casi 36 millones de personas, algo que no ha ocurrido ni en la elección de López Obrador, pues de los 56 millones 611 mil 027 personas que votaron en aquel proceso electoral de 2018, 53.19 por ciento lo hicieron por López Obrador, esto es, 30 millones 113 mil 483 sufragios, de los cuales 63 mil 863 provinieron de mexicanos que residen en el extranjero. En las elecciones de 2012, el vencedor de la contienda Enrique Peña Nieto obtuvo 38.21 por ciento de los votos, es decir, 19 millones 226 mil 784 mil votos. Y eso lo sabe López Obrador que pese a ello, insiste en “tentarle” el agua a los tamales, saciar su insatisfecha vanidad argumentando que, por primera vez, los mexicanos tienen un instrumento legal para sacar del cargo al Presidente, los gobernadores y al jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Pero insistimos, para que el mecanismo sea válido tendrá que participar 40 por ciento de los inscritos en la lista nominal, lo que representa 35.9 millones de ciudadanos.
LA CONSULTA para la revocación de mandato es un ejercicio caro, irrealizable incluso si los consejeros electorales donaran su salario, y en realidad, como puede observarse, no tiene ningún sentido llevarlo a cabo si ya está tipificada en la Constitución, de tal suerte que su realización no deja de ser un capricho de López Obrador que sus vasallos buscan concederle al precio que fuere, incluso buscando someter al INE y a los partidos de oposición que, por otra parte, al menos el PRI, PAN, PRD y movimiento Ciudadano se han puesto del lado del órgano electoral conscientes que de seguir alimentando el ego del tabasqueño es como fortalecerle el espíritu dictatorial. En ese contexto, los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional salieron a la defensa del Instituto Nacional Electoral y adelantaron que desde el Poder Legislativo no permitirán ataques a la democracia y a los órganos autónomos. Y es que de acuerdo a la senadora priista, Claudia Anaya Mota, “en tres años el gabinete Federal no se ha podido coordinar para hacer algo por México, pero hoy se organizan para ir contra el país y el organismo autónomo” y remata: “la instrucción para el gabinete y para los legisladores de Morena es lapidar al INE por que a fuerza quieren su fiestita de ratificación”, y aclara que la figura de la Revocación de Mandato está hecha para los ciudadanos y es para quitar a un Presidente de la República por malos resultados. “Basta de necedades”, expone, y deja en claro que no reconocer al INE “es miserable”.
EL PAN, de acuerdo al coordinador del grupo parlamentario en la Cámara alta, Julen Rementería del Puerto enfatiza que “nada de atentar contra el INE o el Tribunal Electoral Federal”, ya que gobernadores morenistas y la dirigencia nacional de ese partido presionan al INE para “quitar el freno” a la Revocación de Mandato del próximo año” y asume: “defenderemos la democracia que durante este gobierno ha estado bajo un asedio permanente. Morena ataca y descalifica al INE y abiertamente desprecia a las organizaciones civiles. Que quede claro, cualquier reforma política electoral debe garantizar y respetar la autonomía del órgano electoral y alentar una mayor participación de la ciudadanía y de la sociedad civil”. En fin, MoReNa y sus aliados se quedan solos y conste, a la vuelta de la esquina se encuentra la discusión para la contrarreforma eléctrica. Al tiempo.
CON MOTIVO de las festividades decembrinas, este espacio dejará de publicarse algunos días, pero Dios mediante nos estaremos leyendo en Enero del 2022. Aun no sabemos la fecha exacta, pero como bien dijera el General Douglas MacArthur ¡Volveremos!. Felices fiestas en familia. OPINA carjesus30@hotmail.com
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