Juez federal concede suspensión provisional a Diego Rivera, exalcalde de Tequila; pero seguirá en la cárcel, buena noticia para los tequilences
MEMORANDUM 1.-
El exalcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro obtuvo una suspensión provisional contra la vinculación a proceso que se le dictó por delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro. La medida cautelar no implica su libertad, por lo que permanecerá preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México. Jorge Adrián Cruz Flores, titular del Juzgado Tercero de Distrito en materia Penal con residencia en Toluca, Estado de México, señaló que el efecto de la suspensión es para que detenga la apertura del juicio oral hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva, cuya audiencia programó para el 17 de marzo. Indica que con la concesión de la suspensión no se causa un perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público y, por el contrario, de no otorgarse se podrían causar daños o perjuicios de difícil reparación. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Diego Rivera Navarro lideraba una red de corrupción gestada dentro del ayuntamiento, en la cual servidores públicos extorsionaban a empresarios y comerciantes del municipio, además de desviar recursos del erario público, además de estar relacionado con una célula delictiva, por ello al informarse su detención algunos comerciantes realizaron un baile para celebrar. Investigaciones sostiene que el ex alcalde recurría al nombre de “El Mencho” como advertencia ante cualquier negativa a cumplir con sus exigencias económicas. Esa mención funcionaba como mensaje de intimidación para quienes se resistían a sus peticiones. Por unanimidad, avanzó en el Senado la reforma constitucional propuesta por la presidenta, Claudia Sheinbaum, que pone un límite a las pensiones de altos mandos de empresas estatales, organismos públicos y banca de desarrollo y ajusta las jubilaciones millonarias actuales de los ex funcionarios de esos organismos, con lo que ese espera un ahorro de 5 mil millones de pesos al año. La reforma al Artículo 127 Constitucional se aprobó con los 32 votos de los integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, que presiden los Morenistas Oscar Cantón Zetina y Enrique Inzunza, quienes detallaron que mañana se discute ante el pleno del Senado. En cuanto comenzó la sesión se dio primera lectura al dictamen aprobado, por el que ex funcionarios del sector paraestatal, que reciben pensiones de hasta un millón de pesos, pasando por 900 mil, y medio millón, en cuanto se promulgue la reforma, quedarán en 70 mil pesos, que es la mitad de la remuneración que ahora percibe “la persona titular del Poder Ejecutivo”. Aunque PAN, PRI Y MC votaron a favor, criticaron la modificación constitucional, especialmente que deje fuera de la reducción de pensiones para los integrantes de las fuerzas armadas y del Poder Judicial. El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, expuso que votarían a favor de “eliminar esas pensiones escandalosas", pero exigió cambios al dictamen, entre ellos que el monto de las pensiones en Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Nacional Financiera, en fideicomisos y demás entes públicos no se fije en la mitad de la remuneración de quien esté al frente de la presidencia de la República, sino en UMAS. Argumentó que ello es previsión de que a futuro otro Presidente de la República modifique la Constitución y reduzca más su salario. A nombre del PRI, Carolina Viggiano fue más allá, criticó también la iniciativa, ya que a su juicio el aplicarla con efectos retroactivos perjudica a las personas. Sostuvo que las pensiones de los ex funcionarios provienen de un contrato con cláusulas, “que ahora el gobierno se rehúsa a cumplir.” Los defendió también al señalar que “se les ha exhibido, con nombre en la mañanera, sin que se compruebe que las jubilaciones millonarias se obtuvieron de forma fraudulenta o ilícita”. Por “unos cuantos pesos se está poniendo en riesgo el principio de legalidad”, porque, dijo, los 5 mil millones de pesos que se ahorrarán, si Pemex “dejara de perder en 16 días”. En respuesta, el senador de Morena, Pável Jarero, explicó que es inaceptable que la mayoría de los mexicanos tengan pensiones de en promedio 7 mil pesos, mientras un grupo de “privilegiados” obtiene desde hace años pensiones millonarias, pagadas con recursos públicos. “Hoy le estamos regresando a los trabajadores lo que el prianismo robó durante décadas de malos gobiernos”. Agregó que muchas de esas “jubilaciones doradas están muchos técnicos que les hicieron la tarea esos malos gobiernos del viejo sistema tradicional, con lo que saquearon al país y los ayudaron a enriquecer sus carteras”.