MEMORANDUM 1.- Luego de una votación del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el castigo de 20 a 50 años de prisión para quien cometa secuestro con el fin de obtener un rescate quedó firme en el Código Penal de Veracruz. Con su resolución, el máximo tribunal del país avaló la sanción más alta prevista en la legislación estatal para el delito. La SCJN determinó que la pena establecida en Veracruz es constitucional y proporcional a la gravedad del delito. En ese tenor, la ministra ponente, María Estela Ríos, sostuvo que el secuestro con fines de rescate implica una afectación mayor al bien jurídico de la libertad personal, lo que justifica una sanción más severa frente a otras conductas que también restringen ese derecho. En su argumentación, la Corte distinguió entre los distintos delitos contemplados en el Código Penal. Mientras la privación ilegal de la libertad se castiga con penas de seis meses a ocho años de prisión, y con sanciones de tres a diez años cuando la víctima es mayor de edad o se encuentra en situación de discapacidad, el secuestro con rescate se ubica en el extremo más grave de la escala penal. El marco legal establece penas diferenciadas según la modalidad del delito. El secuestro exprés contempla sanciones de 20 a 40 años de prisión, por debajo del rango máximo fijado para el secuestro con exigencia de rescate. Para la Corte, esta graduación responde a la intensidad del daño causado a la víctima y al impacto del delito en su libertad personal. La ministra Ríos señaló que la mayor pena no es arbitraria, sino que se explica por la magnitud de la afectación. En palabras de la ponente, las sanciones menores corresponden a conductas con un nivel inferior de daño al bien jurídico protegido, mientras que el secuestro con rescate concentra el mayor castigo penal. El análisis del pleno se dio a partir del caso de una persona sentenciada en 2018 a 35 años de prisión por el secuestro de tres personas. El acusado fue imputado inicialmente por privación ilegal de la libertad y absuelto del delito de delincuencia organizada. Sin embargo, el proceso judicial recorrió distintas instancias, incluyendo un amparo concedido en primera instancia y una posterior confirmación de la sentencia por un tribunal. Por último, el asunto llegó a la Suprema Corte, que este miércoles resolvió negar el amparo solicitado. Con la resolución, la Corte dejó firme la condena impuesta y respaldó la constitucionalidad de la pena prevista en la legislación veracruzana. La ministra Ríos aseguró que la decisión garantiza el derecho del sentenciado a recibir una sanción justa y proporcional, al tiempo que asegura a las víctimas el acceso a la justicia. El fallo consolidó el criterio de que el secuestro con fines de rescate amerita la sanción más elevada dentro del sistema penal estatal, en función de la gravedad de la conducta sancionada. Así las cosas.

12 de Febrero de 2026 / 22:44:46

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MEMORANDUM 2.- Ante la reciente escalada de violencia registrada en la zona sur de la entidad, la gobernadora Rocío Nahle García advirtió que su gobierno mantiene una postura de absoluta firmeza, descartando cualquier tipo de negociación con células criminales y garantizando que se aplicará todo el peso de la ley contra los generadores de violencia. La mandataria estatal sostuvo este jueves una reunión estratégica de seguridad con el presidente municipal de Coatzacoalcos y altos mandos operativos, con el fin de ajustar el despliegue de fuerzas estatales y federales en los puntos críticos donde se han detectado mayores índices delictivos. Entre los eventos recientes se reportó la localización y exhumación de restos humanos en un terreno rural del municipio de Jáltipan, donde las autoridades ministeriales continúan con las investigaciones correspondientes. En Coatzacoalcos, un guardia de seguridad fue blanco de un ataque armado y, posteriormente, un joven fue asesinado al interior de un establecimiento de venta de bebidas alcohólicas. “Aquí no se hace pacto con nadie”, aseguró la mandataria estatal, al señalar que su gobierno sostiene una postura firme contra la delincuencia organizada. Nahle García concluyó que la colaboración entre instancias estatales y municipales es clave para enfrentar la violencia, al tiempo que anunció el reforzamiento de operativos en la región sur para garantizar la protección de la población.

12 de Febrero de 2026 / 22:30:10

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MEMORANDUM 3.- Un juez le dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada al ex gobernador Javier Duarte, ahora por el delito de peculado por 5 millones de pesos, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó este jueves una nueva acusación contra el ex gobernador de Veracruz por el delito de peculado. Además, trascendió que la FGR contaría con otras 20 carpetas de investigación en contra del exgobernador, relacionadas igualmente con el desvío de recursos millonarios. Luego de que la audiencia había sido pospuesta en tres ocasiones, argumentando cuestiones médicas tanto del propio Duarte como de sus abogados, este 12 de febrero finalmente se llevó a cabo. El ministerio público federal señaló durante la audiencia que duró casi siete horas, que Duarte de Ochoa dirigía una red de funcionarios que utilizaban los recursos federales destinados a distintas áreas de desarrollo, para pagar salarios de los trabajadores de la entidad, y para ello mezclaban fondos estatales con federales, y también obtenían beneficios de ello. El ex gobernador rechazó las acusaciones y calificó las pruebas presentadas como «una bola de sandeces» y resaltó que «el Poder Judicial es un instrumento político del Estado». Duarte participó en cuatro ocasiones en el debate, y cuando se discutía el tema de la medida cautelar, señaló que el tema de fondo, «es que no salga de la cárcel». El juez Gustavo Aquiles Villaseñor le respondió que los juzgadores nunca han sido políticos y que él cree en la independencia judicial, pero le decretó la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Durante la audiencia, que inició a las 09:00 de la mañana de este jueves, Duarte de Ochoa pidió la palabra para descalificar las evidencias presentadas ante el juez por los fiscales de la FGR. Dijo que se trata de “una bola de sandeces”, pues solo en tres de los 38 datos de prueba se le menciona. “Pueden decir misa”, reclamó Duarte ante el juez Villaseñor, “pero no hay un solo dato verificable que me vincule con el delito”. También cuestionó que en uno de los tres datos de prueba donde sí se le menciona, sea una declaración hecha por un testigo colaborador de la FGR, cuya veracidad puso en duda. Refirió que otro dato de prueba que se presenta en su contra es un decreto del 19 de diciembre del 2011, “que efectivamente yo emití”, pero que, agregó, no prueba que él haya cometido un delito. Durante la audiencia, Duarte no estuvo acompañado de los representantes legales titulares de su defensa, encabezada por Pablo Campuzano, quien supuestamente convalece en un hospital, pero sí hubo personal del despacho que lo representa. Al final, tras la imputación, Duarte de Ochoa y su defensa solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que será el martes 17 de febrero próximo cuando se defina su situación jurídica. En tanto, el ex gobernador permanecerá preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte. Actualmente, Duarte se encuentra pagando una condena de nueve años de prisión por el delito de asociación delictuosa y lavado de dinero, la cual concluye el próximo 14 de abril. En dicha fecha, el exmandatario veracruzano alcanzaría su libertad al haber pagado ante la justicia; sin embargo, si de nueva cuenta es vinculado a proceso y se le dicta prisión preventiva como medida precautoria, no podrá salir del Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

12 de Febrero de 2026 / 22:14:02

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