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Trump seguirá golpeando al T-MEC, seguirá golpeando a México, CCE; declaraciones son golpes políticos
MEMORANDUM 1.- El dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora Icaza, asegura que las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de no buscar la renovación del T-MEC son “golpes políticos que no tienen que ver con la relación comercial”. “Hay que estar preparados, el presidente Trump seguirá golpeando al T-MEC, seguirá golpeando a México”, señala el líder del organismo cúpula después de participar en el Consejo Nacional del CCE. Medina Mora Icaza recordó que de no renovar el tratado trilateral, este continúa por 10 años con revisiones anuales. Si en esta renovación los tres países acuerdan renovarlo, el pacto se extiende por 16 años con revisiones cada seis. Externó: “A lo que se refiere (Trump) es que simplemente seguirá 10 años con revisiones anuales. Para nosotros en el sector empresarial lo importante es que el tratado sigue”. “Seguiremos viendo este tipo de golpes, hay que entender que son golpes políticos que no tienen que ver con la relación comercial”, señaló. El dirigente del CCE indicó que, a diferencia del año pasado cuando muchas empresas dudaban en invertir hasta no tener claridad de cuál iba a ser esta revisión del tratado, “hoy se han dado cuenta de que el presidente Trump ha metido una incertidumbre más y no es nada más con México, es con todo el mundo, especialmente con los aranceles, cambia las condiciones del comercio internacional, genera incertidumbre”. Destaca que dentro de toda esta incertidumbre geopolítica mundial, las empresas extranjeras consideran que México está en lugar de privilegio, pues hay firmas que traen el capital “huyendo de guerras y conflictos geopolíticos que hay en otras partes del mundo y aprovechando que México tiene acceso al mercado más grande del mundo que es Estados Unidos”. Indica: “Cuando nos dicen que el presidente Trump no le interesa el tratado, pues hay que recordar que México es el país que más le vende a Estados Unidos, arriba de China, arriba de Taiwán, arriba de Canadá y también es el país que más le compra. México es el mercado número uno para 24 sectores económicos, Estados Unidos y México es el mercado número uno o número dos para 26 estados de la Unión Americana”. Adelantó que la próxima semana acompañará a los negociadores del gobierno mexicano en la segunda ronda con Estados Unidos, donde se tocarán temas como el intercambio comercial agrícola. De acuerdo con fuentes del sector privado, se tratará el tema de la estacionalidad para productos agrícolas, una condición que buscan volver a llevar a la mesa los productores más apegados a Trump. No obstante, habría un buen ambiente sobre ese tema con los negociadores de la parte estadunidense.
Nueva NOM de la SSa redefine la planificación familiar; clínicas y hospitales deberán actualizar protocolos de atención
MEMORANDUM 2.- La Secretaría de Salud (SSa) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM 005-SSA-2026, sobre Servicios de Planificación Familiar y Anticoncepción. En la publicación la dependencia especifica que esta NOM entrará en vigor a los 180 días siguientes de su publicación en el DOF y que su vigilancia y aplicación le corresponde, así como a los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia. Al respecto IPAS Latinoamérica y el Caribe (IPAS Lac) indicó que esta actualización se logra tras más de 6 años de trabajo técnico convocado por el Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva de la SSa y añadió que “la nueva norma coloca a México a la vanguardia internacional en la regulación de servicios de anticoncepción y planificación familiar.” Ipas LAC, junto con otras instituciones, sumó aportes clínicos y jurídicos que reforzaron el enfoque desde los derechos sexuales y reproductivos. Tras un proceso, México cuenta con una nueva NOM que redefine el estándar para la provisión de servicios de anticoncepción y planificación familiar en el país. La nueva versión de la Norma incorpora la evidencia científica más reciente, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y un enfoque de derechos sexuales y reproductivos que establece con claridad cómo deben brindarse estos servicios en todas las unidades de salud del país. “Contar con una norma de este tipo es fundamental porque establece los criterios obligatorios que deben cumplir todas las unidades de salud y el personal, no solo en términos técnicos, sino también legales”. Y es que de acuerdo a IPAS LAC tiene información clara y suficiente para la toma de decisiones, orientación adecuada durante la atención y consentimiento informado y revocable. Asimismo, proporciona confidencialidad estricta y gratuidad de los métodos anticonceptivos, entre otros aspectos. También garantía real de métodos en las unidades de salud, acceso a métodos anticonceptivos postevento obstétrico, esto es parto, cesárea o aborto. “Ipas LAC participó en el proceso de actualización como organización experta en salud sexual y reproductiva, aportando observaciones clínicas y jurídicas que fortalecieron el enfoque de derechos y autonomía en el texto final”, señaló Marisol Escudero Martínez, subdirectora de Incidencia en Ipas LAC.
Samuel García enfrenta juicio político en Nuevo León por presunto desvío millonario ¿será otra caja china?
MEMORANDUM 3.- MEMORANDUM La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó este viernes el inicio de un juicio político contra el actual gobernador Samuel García Sepúlveda, por presuntos actos de triangulación de recursos públicos y posibles irregularidades relacionadas con el manejo de cerca de mil millones de pesos. En una sesión extraordinaria, el dictamen fue avalado con seis votos a favor —de legisladores del PRI, PAN y una diputada de Morena— y un voto en contra, emitido por la representación de Movimiento Ciudadano. Con esta decisión, el expediente será turnado al Pleno del Congreso local para continuar con el procedimiento correspondiente. Como parte del proceso, el Congreso notificará al mandatario estatal para que, en un plazo de 15 días hábiles, presente su declaración o los argumentos que considere pertinentes, ya sea de manera presencial, por escrito o a través de un representante legal. La solicitud de juicio político fue promovida por la dirigencia estatal de Morena, que el pasado 8 de junio presentó una denuncia por presuntos delitos de peculado, corrupción y desvío de recursos públicos. De acuerdo con la acusación, existiría una supuesta triangulación de recursos hacia empresas vinculadas con el entorno familiar del gobernador. La sesión legislativa estuvo marcada por momentos de tensión debido a la ausencia de tres integrantes de la Comisión Anticorrupción: los diputados de Morena, Mario Soto y Rodrigo Otoniel Montemayor, así como la legisladora del Partido Verde, Claudia Chapa, quienes justificaron su inasistencia por compromisos previos y motivos de salud. Incluso, algunos legisladores solicitaron que se revisaran las justificaciones presentadas y plantearon descuentos salariales en caso de ser procedentes. Además de este nuevo procedimiento, Samuel García enfrenta otros dos juicios políticos relacionados con resoluciones emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las que fue declarado responsable de violaciones a la equidad en el proceso electoral local de 2024 y del uso indebido de recursos públicos. Durante la discusión, diputados del PAN señalaron que este nuevo expediente podría avanzar con mayor rapidez al haber sido promovido por Morena, partido cuyos legisladores, afirmaron, anteriormente habían frenado otros procesos similares. Sin embargo, representantes de Movimiento Ciudadano pidieron respetar el debido proceso y evitar pronunciamientos anticipados. El dictamen aprobado establece que el Congreso únicamente tiene facultades para iniciar el procedimiento y recibir la defensa del servidor público señalado. En caso de que el proceso prospere, corresponderá al Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León determinar una eventual sanción, que podría incluir la destitución o inhabilitación, conforme a lo establecido en la legislación local. Con este acuerdo, el Congreso de Nuevo León abre una nueva etapa de confrontación política y jurídica en torno al gobierno estatal, en un contexto donde el mandatario enfrenta diversos señalamientos y procedimientos relacionados con el uso de recursos públicos y su actuación durante el pasado proceso electoral.

 

 

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