MEMORANDUM 1.- La gobernadora Rocío Nahle García lamentó el asesinato del reportero Luis Ángel López Valdez, ocurrido en el municipio de Poza Rica, y aclaró que, de acuerdo con las indagatorias preliminares de la Fiscalía General del Estado (FGE), el crimen no estaría vinculado con su ejercicio profesional. De acuerdo con lo informado por la mandataria, la Fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación para esclarecer los hechos. “No es por su trabajo periodístico propiamente. En mi gobierno hay absoluta libertad de expresión; a nadie se reprime. Se respeta la libertad de expresión de todos. Lo dije desde un principio: el respeto es de ida y vuelta”, afirmó Nahle, quien reiteró su respeto al gremio periodístico. Respecto al caso de Poza Rica, la gobernadora señaló que la FGE analiza un video que circula en redes sociales, en el cual se observa que el comunicador viajaba a bordo de un taxi de su propiedad, acompañado por otra persona, al momento del ataque. “Se están ampliando las líneas de investigación, se está trabajando”, aseguró la mandataria estatal, y añadió que la familia del reportero solicitó medidas de protección, las cuales fueron otorgadas de manera inmediata. Por otra parte, Rocío Nahle abordó la situación de la periodista Roxana G., reportada como desaparecida en el municipio de Nanchital. Informó que existe coordinación con las fuerzas federales y que la Fiscalía General de la República (FGR) determinó atraer el caso. Finalmente, la gobernadora, con base en el reporte de la fiscal Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, confirmó que las brigadas y autoridades competentes continúan con los esfuerzos coordinados para la búsqueda de la comunicadora.

15 de Junio de 2026 / 13:19:58

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MEMORANDUM 2.- El diputado Héctor Yunes Landa señala que el uso político y selectivo de las órdenes de aprehensión y de la prisión preventiva constituye uno de los riesgos más graves que enfrenta el Estado de Derecho en México y representa una de las principales preocupaciones derivadas de la reciente reforma al Poder Judicial. Cuando un fiscal solicita una orden de aprehensión sin haber integrado debidamente la carpeta de investigación; cuando un juez la autoriza sin que existan datos de prueba suficientes o cuando determina una prisión preventiva infundada, se produce un ataque directo a la presunción de inocencia y a la libertad. El abuso de poder se agrava cuando existe una relación de dependencia o subordinación política entre los órganos de investigación, los fiscales y los jueces encargados de autorizar medidas cautelares o librar órdenes de aprehensión. Expone que, en tales circunstancias, el sistema deja de actuar bajo criterios jurídicos objetivos y comienza a responder a intereses políticos, electorales o de grupo. El resultado es una justicia desigual: indulgente para unos y severa para otros. En estos casos, cuando el interés político impera sobre la justicia, ¿qué consecuencias jurídicas derivan de una decisión tomada por afinidad política o la dependencia a otro de los poderes del Estado? ¿Quién juzga a los jueces?, cuestiona. Como resultado de estas consideraciones, el viernes pasado presenté en el Congreso local una iniciativa de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales para que los Jueces y Fiscales que intervengan, ordenen o soliciten dichos actos, serán de manera inmediata separados de sus cargos y sujetos a los procedimientos administrativos y penales. Esto sucederá cuando incurran en supuestos como el incumplimiento de las formalidades esenciales del proceso, cuando no existan datos suficientes para establecer que se ha cometido un hecho con apariencia de delito o la probable participación del imputado; que de los propios datos aportados resulte evidente que los hechos carecen de apariencia delictiva; y que el hecho denunciado no sea sancionado con pena privativa de libertad. La privación de la libertad mediante una orden de aprehensión ilegal o una prisión preventiva infundada representan una de las formas más graves de afectación a los derechos humanos, pues coloca al ciudadano en una situación de vulnerabilidad frente al poder público. Así sucedió ha sucedido con el empresario veracruzano Fidel Kuri, quien debió enfrentar procesos legales consecuencia de una persecución política y empresarial. Al final se resolvió que las acusaciones de fraude procesal en su contra no constituían un delito y que no existían elementos suficientes para sostener la imputación penal. Por ello, la defensa de la presunción de inocencia, del debido proceso y de la independencia judicial no constituye una protección para delincuentes, sino una garantía para todos los ciudadanos. La independencia judicial no significa impunidad. Nadie, ni siquiera quien la imparte, puede sustraerse de la acción de la justicia. La venganza que se oculta en procesos judiciales viciados e inducidos nunca será un acto de justicia. Según las versiones de los propios periodistas, este lunes podría iniciar el proceso de extinción de la CEAPP. El gobierno prescindirá de los servicios de una institución que servía de su vocera y de sus barbeiros.

15 de Junio de 2026 / 12:45:45

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MEMORANDUM 3.- Como parte de estrategia operativa orientada a fortalecer la paz social, del 8 al 14 de junio, la Fiscalía General del Estado de Veracruz, a través de sus Fiscalías Regionales, realizó 33 cateos autorizados por la autoridad judicial en 25 municipios, logrando la detención en flagrancia de 32 personas presuntamente vinculadas a actividades ilícitas. Estas acciones se llevaron a cabo en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP) y autoridades municipales, lo que permitió intervenir distintos puntos de incidencia delictiva en los siguientes municipios: ZONA NORTE Tlachichilco, Pánuco, Tuxpan, Poza Rica y Coxquihui. ZONA CENTRO Córdoba, Fortín, Zongolica, Cuitláhuac, Lerdo de Tejada, Santiago Tuxtla, Otatitlán, Playa Vicente, Boca del Río, Veracruz, Nautla, Tlapacoyan, Xico, Colipa, Perote, Tepetlán y Yecuatla. ZONA SUR Minatitlán, Sayula de Alemán y Acayucan. En seguimiento, se aseguraron diversos indicios para el fortalecimiento de las carpetas de investigación, entre ellos armas de fuego de distintos calibres, armas blancas, cargadores, cartuchos balísticos, dosis de sustancias ilícitas, teléfonos celulares, vehículos, motocicletas, así como indicios tecnológicos y objetos relacionados con el probable consumo y distribución de enervantes. Las personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial para definir su situación jurídica conforme a derecho.

15 de Junio de 2026 / 12:16:12

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