MEMORANDUM 1.- Legisladores y el Comité estatal de Morena en Nuevo León presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por actos de corrupción en contra de del gobernador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez, por el uso de recursos públicos para promover su imagen, a través de una supuesta triangulación por mil 400 millones de pesos. La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el estado de Nuevo León, Anabel Alcocer Cruz señaló que el servidor público realizó presuntas operaciones de triangulación de recursos públicos estatales hacia un despacho jurídico vinculado al propio gobernador. Indica: "Empresas proveedoras del gobierno estatal recibían recursos públicos y posteriormente realizaban estas transacciones millonarias a empresas relacionadas para que finalmente terminaran en cuentas vinculadas al despacho Firma Jurídica Fiscal y Abogados. Las operaciones señaladas involucradas en estos movimientos estamos hablando en general de más de mil 400 millones de pesos que salieron del gobierno del Estado que se pagaron a proveedores y que finalmente ciertos porcentajes de esos han caído en este despacho fiscal del cual es socio el papá del gobernador". Señala que los hechos denunciados son graves, porque podrían implicar el desvío de recursos públicos federales y estatales para fines distintos a los autorizados por la ley y como lo contempla el Código Penal de la Federación en su artículo 223, el cual define el delito de peculado, que ocurre cuando un servidor público utiliza o distrae recursos, dinero o bienes del Estado para su beneficio personal o de terceros. "Además existen elementos que justifican plenamente la competencia federal, ya que los recursos podrían provenir precisamente de estos fondos federales y de las operaciones financieras descritas que incluyen estas transferencias interestatales, pero también internacionales, porque estamos hablando de dos empresas que están en Texas y que en una de ellas el socio es el primo del secretario general de gobierno". Por ello, agregó, presentaron ante la FGR la denuncia para que "realicen una investigación seria, objetiva y exhaustiva, lleven a cabo el esclarecimiento de estos hechos y que en caso de acreditarse responsabilidades se actúe conforme a derecho sin privilegios y sin distinción alguna". Por su parte, Alejandro Murat, senador y delegado de Morena en Nuevo León, manifestó que en este asunto se presume el delito de peculado el de acuerdo con el artículo 223. "Lo que queremos es que sea la fiscalía a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que tienen las facultades, las que pueda confirmarle a la ciudadanía si esto es verídico. La trazabilidad financiera una vez que entra el sistema financiero nacional o internacional pues es posible, y queremos asegurarnos de que si eso sucedió pues haya una sanción, y si no, bueno que se le aclare a la ciudad".

27 de Mayo de 2026 / 14:32:32

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MEMORANDUM 2.- Frente a una población que supera los cien mil derechohabientes en la zona sur de Veracruz, la infraestructura actual de la Clínica Hospital del ISSSTE en Coatzacoalcos resulta obsoleta, denunciaron integrantes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE). De acuerdo con Matías Pacheco Cruz, secretario general de la FSTSE, la unidad médica apenas dispone de nueve camas para el área de hospitalización, capacidad que calificó como insuficiente para atender a los usuarios provenientes de municipios que abarcan desde San Andrés Tuxtla hasta Las Choapas. “Es insuficiente, porque para empezar son nueve camas, imagínese si viene gente de Minatitlán, Acayucan, todo eso hay que atenderlo acá y de ahí hacer el traslado a Veracruz. La verdad que sí es insuficiente para una población tan grande”, reiteró el dirigente sindical. La demanda de una ampliación del hospital no es nueva; el gremio recordó que esta obra ha sido una promesa recurrente por parte de diversos directores de la institución a lo largo de más de una década, sin que hasta el momento se haya concretado una solución definitiva. A la saturación del inmueble se suma la carencia de insumos médicos. Pacheco Cruz advirtió que el desabasto persiste, afectando la calidad y prontitud del servicio. “Hay ocasiones en que no hay suficiente para poder abastecer las necesidades de los pacientes, en ese sentido, sí se tiene que hacer una adecuación más profunda, más a fondo”, señaló. La FSTSE reiteró el llamado urgente a las autoridades federales para que dejen de postergar la modernización de la clínica, ya que la salud de los trabajadores del Estado en la región sur sigue supeditada a una infraestructura insuficiente y a la falta de medicamentos básicos. Hace unos días el director del ISSSTE, Martín Batres estuvo en Coatzacoalcos y recibió una serie de reclamos de los derechohabientes de la institución médica, a quienes les prometió que iniciarán el análisis para ampliar la clínica y mejorar los servicios médicos. Así las cosas

27 de Mayo de 2026 / 14:10:03

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MEMORANDUM 3.- El martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó al ejido de San Vicente de Los Planes, del municipio de La Paz, Baja California Sur, para que el Tribunal Superior Agrario (TSA) analice la validez de un título de propiedad del siglo XIX otorgado por el entonces presidente Porfirio Díaz a una empresa privada. El caso deriva de un juicio agrario que llevaba 25 años en tribunales entre el ejido y la empresa Boca de la Salina, a la que acusan de intentar despojarlos de 584 hectáreas colindantes con el Golfo de California. La compañía sostiene que esos terrenos le pertenecen con base en un título expedido por Díaz en 1893. Inicialmente, tanto el tribunal agrario como un tribunal colegiado consideraron que la validez del documento porfirista no formaba parte del litigio. El ejido promovió un amparo al argumentar que no se estudió su planteamiento de que ese título podría ser nulo conforme al artículo 27 constitucional, que invalida ciertos actos de transmisión de tierras realizados entre 1876 y 1917 cuando afectaron ilegalmente a pueblos o comunidades. Por siete votos contra dos, el Pleno de la Corte aprobó el proyecto del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y revocó la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, emitida el 31 de julio de 2025, que había negado el amparo y respaldado la decisión del TSA de no estudiar el cuestionamiento al título de 1893. “La época de Porfirio Díaz en particular, fue una época en la que se agenciaron de propiedades, violando derechos de personas, sociedades y comunidades. Por eso creo que la declaratoria de nulidad que hace la Constitución es una declaración categórica y que no la podemos obviar”, argumentó el ponente.

27 de Mayo de 2026 / 14:00:55

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