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Misionero católico de Edomex abusó sexualmente de su hijo de 3 años, busca 'solucionarlo' con dinero; la madre vive todo un calvario
MEMORANDUM 1.- Cuando Janet Aline Quiroz Islas conoció al misionero católico José Misael Rivas Vargas, en el altar del santuario de la Divina Misericordia de Tocuila, Otumba, en el estado de México, pensó que era una señal divina, un mensaje de Dios sobre el hombre que sería después su esposo. Ilusionada, contrajo nupcias el 17 de mayo de 2019 en esa misma iglesia, con 35 años. Vivieron en la casa de la madre de él, algo que afectó inmediatamente la relación. El matrimonio sólo duró 11 meses, tiempo suficiente para que Aline comprendiera que cometió un error y se preguntara por qué nadie de la comunidad católica de San Francisco Javier le alertó sobre las patologías y desórdenes siquiátricos de su ahora ex esposo de 29 años. Durante esos escasos meses de unión conyugal, Aline, maestra de profesión, dice que sufrió violencia física y sicológica, aun durante su embarazo: bofetadas, empujones, jaloneos, gritos, humillaciones, insultos y amenazas de muerte. Un trato de desprecio que no estaba dispuesta a tolerar: “No fue hasta el matrimonio que me fui enterando de algunos conflictos y quejas que tenía dentro de la iglesia, pero nadie inició denuncia formal contra él”, dice en entrevista con La Jornada. Con tres meses de embarazo, José Misael la golpeó mientras conducía porque fue visitada por su madre y hermana. Dice que perdió completamente la visión de un ojo y le diagnosticaron catarata traumática: “Él estaba descontrolado y furico; me exigía que le entregara mi celular, y como no se lo di, me golpeó la cara con la mano abierta y provocó que perdiera completamente la visión en ese momento”. Aline decidió poner fin al matrimonio el 29 de abril de 2020, luego de otra agresión frente a su hijo recién nacido y después de descubrir “su secreto”: “Ese día lo confronté por sus infidelidades y conductas de atracción hacia personas de su mismo sexo, esperando que él simplemente lo aceptara; sin embargo, su respuesta sólo fue más violenta. Al siguiente día, el 30 de abril de 2020, estando él fuera de casa, salí definitivamente de ahí”. Interpuso una denuncia por violencia familiar con el número de carpeta ECA/CGV/JME/034/198525/21/07, pero ante la falta de avance, la revictimización y los gastos que implicaban su traslado a la fiscalía, el proceso quedó abandonado. Antes empezaron sus juicios de pensión alimenticia, convivencia y guarda y custodia de su hijo con el número de expediente 422/2020 en el juzgado segundo civil del distrito judicial de Otumba, mientras José Misael sólo daba 200 pesos de pensión. A pesar de sus antecedentes violentos, el juez fijó las connivencias para los sábados de 9:30 a 16 horas. Durante un tiempo todo parecía fluir bien. Pero cuando el niño tenía alrededor de tres años empezó a mostrar actitudes de miedo y rechazo hacia su padre: “Comenzó a presentar retraso del lenguaje, pesadillas nocturnas, problemas con el control de esfínteres y de conducta en la escuela. Estaba irritable. Mordía a sus compañeros”. Finalmente, en febrero de 2025, decide acudir a una sicóloga cognitiva conductual para someter a su hijo a terapia. Luego de una serie de pruebas y juegos especiales, le dijo: “El niño refiere que su papá le mordió el pene”. La noticia de la agresión sexual fue un jarro de agua fría para Aline, quien finalmente decide el 22 de febrero interponer una denuncia penal por abuso sexual con el número único del caso CGV/JME/034/053611/25/02. “El niño me lo dijo hasta que ya tenía cuatro años; me contó que su papá le mordió el pene cuando estaban en el baño de su casa, ubicada en la comunidad San Martín Ahuatepec. Dice que le dolió. Poco a poco ha dicho más cosas. La familia de su papá es cómplice. Me dijo que una tía le puso pomada en el pene y que otra tía le puso un curita en la herida del pene. Luego el niño me dijo que su papá le chupaba el ano y sus glúteos”. A pesar de las pruebas periciales presentadas sobre la agresión sexual al menor, el juez decidió que el niño debía seguir viendo a su padre bajo un régimen de convivencias supervisadas en el Centro de Convivencia Familiar (Cecofam) de Ecatepec, a partir del 12 de octubre de 2025. La supervisora de ese organismo se negó a tomar en cuenta la voluntad del menor, que se negaba a reunirse con su padre, y lo obligó a verlo. Aline dice que ante la inasistencia a las visitas sabatinas tuvo muchos problemas legales porque su ex esposo inició nuevo juicio civil para solicitar la guarda y custodia y la pensión alimenticia, con el argumento de que ella obstaculizaba dichas convivencias paterno-filiales: “Decía que quedó sin empleo nuevamente. En ese juicio expuse la denuncia por abuso sexual y a pesar de ello, el juez le concedió al agresor un nuevo régimen de convivencias supervisadas en Cecofam”. Relata que inició un nuevo juicio civil de violencia familiar en noviembre de 2025, y sus abogados solicitaron medidas de protección de emergencia con la finalidad de proteger y salvaguardar la integridad del menor. Fue así como finalmente lograron la suspensión temporal del régimen de visitas y convivencia. Y a continuación, el juez giró orden de aprehensión el 1º de diciembre de 2025. Posteriormente, en la audiencia inicial del proceso, efectuada el 6 de diciembre, se dictó al agresor auto de vinculación a proceso y prisión preventiva en el reclusorio de Tepachico en Otumba, por el delito de abuso sexual agravado. Aline afirma que pese a que su ex esposo ya está en prisión, su hijo y ella continúan sufriendo las consecuencias de la violencia familiar. Dice que poco a poco se fue enterando de las conductas de su ex esposo. Le contaron que fue acosador de alumnos cuando daba clases en la secundaria: “Desconozco si alguna otra víctima ha iniciado una denuncia contra él. No era la primera vez que él cometía este tipo de delitos. Un sicólogo me preguntó: ‘¿por qué crees que abusó de tu hijo?’ Yo le dije que porque él se reprime en su sexualidad homosexual, fue su manera de mostrar su inclinación sexual hacia los varones”. Cuenta que desde su luna de miel en Europa se dio cuenta de que su entonces esposo observaba mucho a los hombres con ojos de “admiración”, algo que le parecía extraño: “Íntimamente no teníamos una relación normal: él me rechazaba mucho”. Aline se siente agotada después de años de procesos judiciales. Han pospuesto en tres ocasiones la audiencia para escuchar a su hijo. Dice que la defensa de su ex esposo se comunicó con su abogado para solicitar su intervención y llegar a un acuerdo: “Ahora quieren que acepte 300 mil pesos porque él está desesperado allá adentro del reclusorio. Luego me ofrecieron que se compromete a irse lejos y que no le falte la pensión alimenticia a mi hijo”. Agrega: “Yo quiero justicia, protección para mi familia. Pienso que esto que están ofreciendo es como un soborno”.
El senador Enrique Inzunza niega que esté negociando entregarse a Estados Unidos, como ya lo han hecho otros de los señalados; asegura que está en Sinaloa
MEMORANDUM 2.- El senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez advierte que no se entregará a Estados Unidos y atenderá puntualmente cualquier requerimiento que le formulen “exclusivamente las autoridades mexicanas” en torno a las imputaciones que desde una corte federal de Nueva York se le hacen por presuntos nexos con el crimen organizado, ya que otros ya negociaron su entrega. En declaraciones a La Jornada, lamentó las versiones que han circulado en el sentido de que ya estaría en Estados Unidos, al igual que dos funcionarios del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quienes se entregaron al vecino país del norte. Indica: “Es falso lo que se ha divulgado; no he tenido contacto alguno con autoridades estadunidenses”, sostuvo el senador Inzunza Cázarez. Es obvio, dijo, que tampoco fue capturado por la DEA en San Diego, como también se difundió en redes. “Estoy en Culiacán, en mi tierra, en mi estado, del que estoy orgulloso”. Consultado sobre la posibilidad de que decida finalmente seguir el camino de los ex secretarios de Seguridad y de Finanzas en el gobierno de Rocha Moya, el legislador y ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Sinaloa respondió que no hay ninguna. Insiste en que las acusaciones que desde una corte de Estados Unidos se formulan en su contra no tienen sustento, porque su motivación “es política, no jurídica, y así quedará demostrado”. Además, el legislador confirmó que a finales de este mes presentará su declaración patrimonial ante las autoridades hacendarias y “le pondré opción de consulta pública en el Senado”, para que todo el que quiera la pueda consultar.
El gobierno de Chihuahua mantiene una 'estrecha colaboración' con agencias de EU, asegura medio estadounidense... a Entidades federativas les está prohibido celebrar alianza, recordó la FGR
MEMORANDUM 3.- El gobierno de Chihuahua mantiene una “estrecha colaboración” con agencias de Estados Unidos, con la supuesta aprobación de autoridades federales mexicanas, confirmó un portavoz de la entidad al medio de noticias Drop Site. De acuerdo con la publicación, representantes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) trabajarán en el piso 18 de la Torre Centinela. La semana pasada, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que se investiga si las autoridades de Chihuahua invadieron competencias federales en el operativo para asegurar un narcolaboratorio en el que participaron agentes estadunidenses, probablemente de la CIA. La FGR detalló que la indagatoria que inició sobre el narcolaboratorio derivó de una llamada telefónica de autoridades de la Fiscalía General de Chihuahua del 18 de abril, dos días después del operativo en el que fallecieron dos agentes estadunidenses. Acusó que los agentes estatales no entregaron con cadena de custodia el laboratorio, los indicios o las sustancias dentro del lugar, lo que consta dentro de la carpeta federal. Por ello, afirmó, los elementos ministeriales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizaron el aseguramiento del lugar previa elaboración de un acta circunstanciada en la que anotaron las anomalías. Indica: “El lugar se mantiene resguardado por fuerzas federales y que no ha sido desmantelado, ya que actualmente se encuentra en curso el proceso de destrucción y traslado de las sustancias y los objetos encontrados, en cumplimiento al marco normativo aplicable y bajo las condiciones más seguras para el personal interviniente. Lo más destacable al respecto es reiterar que la FGR trabaja en el esclarecimiento de los hechos para dar con las personas responsables que participaron en los mismos”. Por separado, la FGR abrió una carpeta de investigación por delitos en materia de seguridad nacional, misma que se encuentra en la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos. El pasado 12 de mayo. Se informó que 40 de los 47 funcionarios de Chihuahua que fueron citados a declarar ante la FGR, y que participaron en el operativo, ya acudieron ante el ministerio público federal. La FGR precisó que los siete faltantes no asistieron a las citas que les fueron fijadas, por lo que ya fueron convocadas nuevamente para recabar sus entrevistas en los próximos días. Explica que la Federación tiene competencia exclusiva para investigar, perseguir y sancionar delitos relacionados con delincuencia organizada, como es el caso de un laboratorio clandestino de drogas sintéticas como el que fue objeto del operativo de Chihuahua. “La conducción de la política exterior, al igual que las funciones en materia de seguridad nacional, son atribuciones exclusivas del Gobierno de la República y a las entidades federativas les está prohibido celebrar alianza, tratado o coalición con cualquier otro Estado o país”, enfatiza. “Dichas circunstancias abrieron una nueva línea de investigación, con el fin de determinar si con motivo del operativo realizado los días 17 y 18 de abril, la Fiscalía General del Estado, dependiente del Gobierno del Estado de Chihuahua, invadió la competencia federal y si es que ha continuado infringiéndose el diseño constitucional de atribuciones federales”.

 

 

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