MEMORANDUM 1.- Derivados de la fiscalización de las Cuentas Públicas de los años 2019 a 2024, periodo correspondiente a la administración del ex gobernador de Morena, Cuitláhuac García Jiménez – el peor gobernador de la historia de Veracruz –, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó 204 Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias y 75 Pliegos de Observaciones en investigación relacionados con el Gobierno del Estado de Veracruz. Los datos forman parte del apartado “Estado de trámite de las acciones derivadas de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2019 a 2024 por Entidad Responsable del Seguimiento”, incluido en el Informe sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, con corte al 31 de marzo de 2026. De acuerdo con el documento, el Gobierno del Estado registra en total 412 acciones de seguimiento relacionadas con la fiscalización de recursos públicos federales. El rubro con mayor número de registros corresponde a las Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias (PRAS), con 204 acciones. De estas, 201 aparecen como promovidas y 3 se encuentran en tránsito de notificación. Las PRAS son acciones mediante las cuales la ASF promueve ante las autoridades competentes el inicio de procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas de personas servidoras públicas o particulares vinculados con el manejo de recursos públicos. De igual forma, el informe reporta 145 Pliegos de Observaciones (PO) relacionados con el Gobierno del Estado de Veracruz. De ese total, 75 pliegos aparecen “En DGI”, es decir, en una etapa de investigación dentro del seguimiento de la ASF. Otros 62 permanecen en seguimiento y solo 8 aparecen como solventados. Dentro de los pliegos que siguen en trámite, 36 están registrados como no solventados, 4 fueron notificados y están en espera de respuesta, mientras que 22 tienen respuesta en análisis. Los Pliegos de Observaciones son acciones que la ASF emite cuando presume un posible daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de entes públicos, por lo que requieren aclaración, solventación o continuidad en los procedimientos correspondientes. Como antecedente, la Secretaría de Salud de Veracruz (SESVER) acumula observaciones por un presunto daño patrimonial cercano a 2 mil 700 millones de pesos, derivado de contratos con empresas que no habrían justificado sus servicios, de acuerdo con las revisiones de las Cuentas Públicas 2023 y 2024 realizadas por la ASF, correspondientes a los últimos dos años del gobierno de Cuitláhuac García. En la revisión de la Cuenta Pública 2024, la ASF señaló irregularidades por 1,008 millones de pesos en contratos con empresas que ya habían sido observadas en 2023, cuando una auditoría forense identificó un presunto daño por 1,600 millones de pesos. Además, en el primer informe parcial de la Cuenta Pública 2024, la ASF detectó irregularidades por 70.3 millones de pesos en el ejercicio de recursos federales en Veracruz, también correspondiente al último año de la administración estatal anterior. En conjunto, las observaciones referidas a SESVER suman cerca de 2 mil 700 millones de pesos en recursos públicos cuyo uso no fue comprobado ante la autoridad fiscalizadora. El informe también incluye 52 Recomendaciones y 11 Solicitudes de Aclaración relacionadas con el Gobierno estatal; sin embargo, los mayores registros corresponden a las acciones sancionadoras y a los pliegos de observaciones. Así las cosas.

23 de Junio de 2026 / 22:44:41

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MEMORANDUM 2.- Para destrabar los litigios legales de la marca Tiburones Rojos y devolverle la identidad al puerto jarocho, la gobernadora Rocío Nahle García informó que se reunirá con el empresario Fidel Kuri. Refirió que el objetivo es devolverle a la afición veracruzana su equipo histórico frente a la inminente llegada de Piratas FC. En ese tenor, la mandataria estatal confirmó su intención de dialogar directamente con el exdirigente del club. El objetivo principal es conocer a fondo el avance de los procesos legales que mantienen secuestrada la marca. Actualmente, el nombre y los colores del equipo se encuentran en medio de una compleja disputa jurídica. Esta situación ha impedido que cualquier nueva franquicia utilice la identidad que por décadas representó al estado veracruzano. La desafiliación del equipo en diciembre de 2019 dejó un vacío enorme en la cultura y la economía local. Desde entonces, los intentos por revivir a la escuadra han chocado constantemente con un muro de deudas y embargos. Mientras los problemas legales en los tribunales continúan, el balón está a punto de volver a rodar en el puerto. El renovado Estadio Luis "Pirata" Fuente ya se prepara para abrir sus puertas al fútbol profesional tras una profunda remodelación. Sin embargo, el equipo que saltará a la cancha no llevará el nombre que los aficionados esperan. La nueva franquicia ha sido registrada bajo el nombre de Piratas FC, una alternativa temporal ante la imposibilidad de usar la marca original. Esta situación no termina de convencer a la afición ni al gobierno estatal, quienes consideran que la identidad jarocha es irremplazable. Por lo anterior, la intervención de Rocío Nahle busca acelerar una solución definitiva que permita recuperar la tradición futbolística de la región. El impacto económico de tener un equipo de primera línea es fundamental para la zona conurbada. Mientras tanto, los comerciantes y prestadores de servicios alrededor del estadio anhelan el regreso de las multitudes vestidas de rojo. El conflicto por los Tiburones Rojos de Veracruz no es nuevo y tiene múltiples frentes abiertos. Fidel Kuri ha mantenido una larga y mediática batalla legal contra la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y otras entidades privadas, incluyendo televisoras. A lo largo de los últimos años, el empresario orizabeño ha defendido su derecho sobre el nombre, el escudo y los activos del equipo. Recientemente, se ha reportado que Kuri ha ganado terreno en los tribunales, obteniendo fallos a su favor que le devuelven el control de la marca. Entre otros, los puntos clave del conflicto legal son: La disputa principal: El embargo de la marca por deudas pasadas, falta de pagos a jugadores y conflictos directos con la FMF. La postura del gobierno: Rocío Nahle ha expresado en diversas ocasiones que la marca debería pertenecer al pueblo de Veracruz y ser administrada por el Estado para evitar futuros malos manejos. La disposición de Kuri: El exdirectivo ha mostrado apertura en el pasado para ceder los derechos, siempre y cuando se respeten las resoluciones a su favor. El factor tiempo: La inminente llegada de Piratas FC presiona a las autoridades para resolver el tema de identidad lo antes posible y no dividir a la afición. En este sentido, el encuentro entre la gobernadora y el empresario será determinante para trazar una ruta legal clara y definitiva. Si logran un acuerdo, el gobierno estatal podría intervenir como mediador para facilitar la liberación total de la marca ante las autoridades correspondientes. Por ahora, los seguidores del equipo tendrán que conformarse con apoyar al nuevo proyecto deportivo que ocupará el coloso del fraccionamiento Virginia. La resolución de este caso sentaría un precedente histórico en el fútbol mexicano y en la gestión deportiva gubernamental pues demostraría cómo la voluntad política y la resolución de conflictos privados pueden devolverle a una ciudad su mayor símbolo deportivo. Sin embargo, el éxito de las gestiones no solo depende de las firmas en un papel, sino de la viabilidad financiera para sostener un equipo de alto nivel.

23 de Junio de 2026 / 22:31:59

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MEMORANDUM 3.- La Secretaría de Relaciones Exteriores determinó negar el acceso al expediente relacionado con la solicitud de extradición de Karime Macías Tubilla, ex presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Veracruz y exesposa del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, y mantener la reserva por cinco años. En ese tenor, la SRE aplicó una reserva total al expediente, aunque la solicitud de transparencia requería información administrativa y financiera específica, entre ella comunicaciones diplomáticas, contratos, pagos a despachos externos en el Reino Unido y desglose de honorarios legales. En la petición también se solicitó que, en caso de contener datos sensibles, la documentación fuera entregada en versión pública, con datos personales o información legalmente reservada testados, conforme al principio de máxima publicidad. El Gobierno de Veracruz señaló en su momento a Macías Tubilla por un presunto daño patrimonial o fraude específico por 112 millones de pesos, relacionado con el manejo de recursos públicos durante su paso por el organismo asistencial, motivo por el cual se promovió su proceso de extradición desde el Reino Unido. Sin embargo, la determinación de reserva fue emitida por el Comité de Transparencia de la SRE mediante la resolución CTA-155/2026, en respuesta a una solicitud de información sobre el expediente remitido a las autoridades británicas, así como documentos, escritos y pruebas presentados por el Estado mexicano ante la Corte de Magistrados de Londres. La reserva también alcanza las comunicaciones oficiales entre la SRE, la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía de Veracruz y la Embajada de México en Reino Unido, además de minutas, reportes internos y documentos de seguimiento del caso. Entre la información solicitada también se encontraba pagos a despachos de abogados externos en Europa, como el relacionado con Mark Summers. Para justificar la reserva, la Cancillería argumentó razones de seguridad nacional, al sostener que la difusión del expediente podría afectar las relaciones internacionales y la cooperación jurídica penal que México mantiene con otros países. La SRE también señaló que la causa penal de origen, radicada en el Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, continúa abierta, en trámite y sin causar estado. De acuerdo con la resolución, la difusión de la información podría poner en riesgo investigaciones en curso, alertar a personas involucradas, obstruir actividades de persecución del Ministerio Público Federal y afectar el debido proceso. La Cancillería sostuvo además que revelar pruebas antes de una sentencia firme podría vulnerar la presunción de inocencia de la persona reclamada, al generar un juicio público anticipado. Parte del expediente también fue clasificada como confidencial de manera permanente, debido a que contiene datos personales sensibles, entre ellos nombres y fotografías de testigos, víctimas, fiscales investigadores y jueces relacionados con el caso, aunque se pidió información testada. Uno de los puntos centrales de la solicitud de información, fue conocer el monto de recursos públicos destinados al proceso de extradición, incluidos honorarios legales, gastos diplomáticos y traslados. Sin embargo, la SRE declaró que, después de una búsqueda en sus archivos, no localizó constancias documentales sobre la información financiera solicitada. La dependencia federal argumentó que, conforme a la Ley de Extradición Internacional, las solicitudes activas formuladas por autoridades mexicanas se tramitan por conducto de la Fiscalía General de la República. Con ello, la Cancillería remitió la responsabilidad de la información financiera a la FGR, al señalar que dicha institución interviene procesalmente en el caso y podría contar con los datos desagregados sobre la estrategia jurídica y los costos del procedimiento.

23 de Junio de 2026 / 22:14:49

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