Consejo de la Judicatura Federal dejó un déficit de 14 mil millones de pesos para la operación financiera en el Poder Judicial de la Federación
MEMORANDUM 3.-
El extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF), dejó un déficit de 14 mil millones de pesos para la operación financiera en el Poder Judicial de la Federación (PJF), faltas graves de mantenimiento en inmuebles, carencia de recursos materiales para la labor jurisdiccional, como son impresoras y escáneres, y que estuvo en riesgo el que no se cubriera el sueldo de 50 mil trabajadores durante la primera quincena de septiembre, por lo que el presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas Solano,
Ya dio vista de ello a la Contraloría. Estamos “frente a un hecho histórico, se están extinguiendo en el Poder judicial las personas e intereses que se creían intocables. Aquellas redes internas que solo protegían y servían a unos cuantos y que desconocían las demandas de las personas juzgadoras y de la base trabajadora”, afirmó Vargas Solano al rendir su primer informe de labores (que abarca los primeros 100 días al frente del OAJ). El funcionario señaló que detectaron, entre otros problemas, un déficit de recursos financieros por casi 14 mil millones de pesos; una falta grave de mantenimiento en inmuebles y en los equipos multifuncionales de impresión y escaneo, así como una falta de coordinación entre las distintas áreas del extinto Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior ante los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), representantes del Congreso de la Unión y de Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El presidente del OAJ afirmó que las anomalías detectadas iban en “detrimento de la impartición de la justicia federal”, ya que se puso en evidencia “que no se contaba con un tabulador de pago vigente, pues el extinto Consejo de la Judicatura decidió que el anterior tabulador feneció el 31 de agosto de 2025, poniendo en riesgo el pago de los salarios de más de 50 mil trabajadores a nivel nacional en la primera quincena de septiembre”. En su mensaje indicó que “no se habían generado los estudios jurídicos presupuestales y financieros, a fin de determinar la situación de las personas que señala el artículo 10º transitorio de la reforma constitucional al Poder Judicial relativa al pago ahí previsto”, es decir los pagos para aquellos jueces y magistrados que decidieron competir en el proceso electoral de junio pasado, o que renunciaron a sus cargos con motivo de la elección judicial. Expuso que en materia de archivos judiciales, encontraron “un serio problema sobrecarga de expedientes en espacios destinados para labores jurisdiccionales, falta de depuración de archivos para su transferencia, y depósitos documentales con una ocupación cercana a 98 por ciento de la capacidad instalada”.
Ante el cúmulo de anomalías, en las primeras semanas de septiembre el OAJ “determinó tomar una serie de acciones a fin de corregir a la brevedad errores, fallas y omisiones del extinto Consejo de la Judicatura Federal en materia de remuneraciones. Se creó un tabulador de salarios para el personal del OAJ y del TDJ, incluyendo los cargos que no existían antes de la reforma judicial, afectando a los niveles 12 al 11 de la estructura orgánica”, y aseguró que los niveles 12 al 34 de la plantilla laboral no se vieron afectado en ninguna de sus prestaciones laborales. Refirió que con este nuevo tabulador se eliminaron los seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizada para quienes ocupan los principales niveles tabulares y al personal de nuevo ingreso. Expuso que en “102 días de actividades, el OAJ ha sentado las bases de un sistema judicial capaz de responder a las exigencias de un país en constante evolución, gracias a una estructura depurada, renovada y fortalecida”, en donde “la separación clara entre funciones jurisdiccionales y administrativas” y se esto se realiza a través de una gestión responsable de los recursos públicos. Un punto relevante en el documento denominado Primer Informe de Labores, es lo relativo a que la “Coordinación de Seguridad del Poder Judicial de la Federación (CSPJF) está modificando el Plan Estratégico de Seguridad Institucional 2023-2026; el Protocolo de Seguridad y Vigilancia en las Instalaciones; el Procedimiento sistemático de operación en caso de disturbio, manifestación o toma de instalaciones; la Guía para la elaboración de planes operativos de seguridad y Formato de registro de datos para elaborar el plan operativo de seguridad; el Protocolo para la Atención de Emergencias; el Procedimiento de seguridad en caso de agresión con arma de fuego en inmuebles administrados por el OAJ, así como la normatividad para la asignación, empleo y retiro de medidas de seguridad y los avisos de privacidad de las medidas de seguridad para los inmuebles del OAJ y personas que los ocupan o visitan”.