MEMORANDUM 1.- El mandato del Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es monitorear la aplicación de la Convención en la materia, “no el de reinterpretarla”, asegura el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería mexicana, Enrique Ochoa. Como parte del gobierno mexicano para restarle importancia, el funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) afirmó que los informes de ese grupo “representan exclusivamente la opinión de sus 10 expertos independientes y no la de la ONU en su conjunto, ni de sus órganos principales como la Asamblea General, el Consejo de Seguridad o el secretario general”. Uno de los argumentos del subsecretario es que los diez miembros del CDF son electos por 78 Estados Parte de la Convención de Desapariciones Forzadas, “menos de la mitad de la membresía de la ONU”. Aunque no aclaró que el resto de las naciones que conforman las Naciones Unidas no han ratificado dicha Convención, por lo que no son parte de la misma. En un mensaje en sus redes sociales difundido la noche del lunes, Ochoa expuso los artículos de varias convenciones referentes a desaparición forzada y delitos de lesa humanidad, a fin de dar sustento a su afirmación que el CDF no puede reinterpretar la Convención. Refirió que el artículo 2 de la Convención asienta: “…se entenderá por ‘desaparición forzada’ el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”. Asimismo, agrega que el artículo 7 del Estatuto de Roma dice: “se entenderá por ‘crimen de lesa humanidad’ cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. Ese estatuto, indica, en lo referente a desaparición forzada de personas señala que “entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado”.

08 de Abril de 2026 / 14:42:20

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MEMORANDUM 2.- Un tribunal Colegiado le negó el amparo al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, con el cual pretendía que autoridades del Centro Federal de Reinserción Social Número 1 Altiplano, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, le brindaran atención médica pese a que en abril del año pasado fue trasladado a un penal federal de Coahuila. En su demanda, Abarca, a quien autoridades lo relacionan con el cártel “Guerreros Unidos” y con la desaparición forzada en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, reclamó la omisión de las autoridades penitenciarias responsables de proporcionar atención médica especializada en gastroenterología, cirugía vascular, nefrología, nutrición, siquiatría, odontología, oncología, endocrinología, medicina interna y traumatología. No obstante, los directivos del Altiplano notificaron a la juez que se declaraba materialmente imposibilitados para efecto de dar cumplimiento a la demanda, toda vez que, el quejoso ya no formaba parte de la estadística penitenciaria albergada dentro de esta Unidad Administrativa, en razón a que, el 30 de abril de 2025, egresó de estas instalaciones federales para ser trasladado e ingresado al Centro Federal de Reinserción Social No. 18 de Coahuila, donde a la fecha permanece. El exalcalde de Igual impugnó el fallo de la jueza federal. El caso se turnó al colegiado para que determinara si la ratificaba, modificaba o revocaba. Al respecto, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del estado de México confirmó el fallo de la titular del juzgado segundo de distrito en materia penal, Raquel Ivette Duarte Cedillo, quien anuló el juicio de amparo y determinó que eran improcedentes los actos reclamados del quejoso. De acuerdo con el expediente, las magistradas Ana Marcela Zatarain Barrett, Lorena Basurto Lucas y la secretaria en funciones de Magistrada, Sofía Dávila Estrada, declararon infundados los agravios declarados por Abarca Velázquez, entre ellas, donde indicó que se le debió requerir para que manifestara si es que era su deseo ampliar su demanda de amparo en contra director del centro penitenciario de Coahuila donde actualmente se encuentra interno. Las magistradas reiteraron: “Debe indicarse que no le asiste la razón, toda vez que no existe obligación por parte del juzgado de amparo de requerir a la parte quejosa para que ampliara su demanda como lo pretende; en virtud, de que ante la modificación en su entorno jurídico debido al traslado que sufrió, ello no puede ser materia de análisis en el juicio de amparo indirecto que se analiza, ya que es materia de un nuevo amparo, que en su momento promueva la parte quejosa, puesto que los actos reclamados no tiene estrecha relación entre sí, es decir, la omisión de las autoridades penitenciarias de brindar atención médica, con el traslado a diverso centro penitenciario”.

08 de Abril de 2026 / 14:10:55

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MEMORANDUM 3.- La tarde de este miércoles se registró una agresión a balazos en la colonia Pancho Villa de Veracruz, trascienden varios heridos. En la zona hay una fuerte movilización policiaca y de personal de la Fiscalía de Veracruz, quienes realizan las diligencias correspondientes. Se conoce que al menos dos personas resultaron heridas, que fueron trasladadas a un hospital privado...ESTE MIÉRCOLES se llevó a cabo un operativo de seguridad en un inmueble ubicado sobre la calle Reforma Agraria, en la colonia Rafael Hernández Ochoa, a unos metros de la zona donde habitualmente se instala un mercado sobre la avenida Ébano. En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General del Estado, Policía Estatal y Ejército Mexicano, quienes resguardaron el perímetro para garantizar la seguridad en la zona. De acuerdo con los primeros reportes, el despliegue se realizó mediante la orden de un juez, lo que derivó en una movilización de corporaciones de seguridad. Durante el desarrollo de las diligencias, la vialidad fue cerrada en ambos sentidos, afectando la circulación con dirección hacia Acueducto y la avenida Ébano. Hasta el momento, se está a la espera de un comunicado oficial por parte de las autoridades competentes para dar a conocer los resultados de este cateo, en la zona se pudo constatar que retiraron varios objetos y algunos animales, así como el aseguramiento de un hombre y una mujer.

08 de Abril de 2026 / 14:00:19

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