Por Miguel Ángel Cristiani G
Y cuando el aroma se filtra desde los ductos de la política hasta las páginas de la auditoría, conviene encender las alarmas. No por paranoia, sino por experiencia. La columna Templo Mayor de Reforma puso el dedo en una llaga que en Veracruz nunca terminó de cerrar: el nombre de Cuitláhuac García Jiménez vuelve a aparecer donde más incomoda, entre responsabilidades técnicas no asumidas y cuentas públicas que no cuadran.
El primer frente es coyuntural, pero delicado. Como director del Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS), García Jiménez tiene bajo su responsabilidad una infraestructura estratégica para el país. La megatormenta de nieve que azota el centro y el este de Estados Unidos no es un fenómeno menor ni inesperado. Ya ocurrió en 2021, con consecuencias graves: cortes de suministro, alzas de precios y vulnerabilidad energética para México. La pregunta es obligada: ¿se tomaron las previsiones necesarias o se volvió a apostar a la improvisación?
En materia energética, la omisión también es una forma de negligencia. CENAGAS no es un cargo decorativo ni una recompensa política. Es un puesto técnico, de alta responsabilidad, donde la planeación y la anticipación no son virtudes opcionales, sino obligaciones. Si el gas falla, no solo se apagan industrias y hogares; se exhibe la fragilidad de un Estado que sigue confundiendo lealtad política con capacidad operativa.
Pero si el primer motivo de preocupación es preventivo, el segundo es estructural y mucho más grave. Las cuentas de la gestión de Cuitláhuac García como gobernador de Veracruz siguen oliendo a gas. Y no precisamente al natural, sino al de la corrupción mal ventilada. El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) detectó irregularidades de varios dígitos en el ejercicio del gasto de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP). No se trata de errores administrativos menores ni de tecnicismos contables: se habla de posibles desfalcos que inevitablemente salpican al entonces titular del Ejecutivo estatal.
Aquí conviene separar hechos de discursos. Durante el sexenio de García Jiménez se construyó una narrativa de austeridad, honestidad y combate frontal a la corrupción. Sin embargo, las auditorías —esas ingratas enemigas del relato— cuentan otra historia. Obras infladas, contratos opacos, pagos sin sustento y proyectos inconclusos. La SIOP, pieza clave del gasto público, se convirtió en un foco rojo permanente. Y cuando el desorden es sistemático, la responsabilidad no se diluye: se concentra.
El argumento recurrente de “yo no sabía” ya no alcanza. Un gobernador no administra la ignorancia, administra el poder. Y el poder implica control, supervisión y rendición de cuentas. Si hubo desfalco, hubo omisión. Si hubo omisión, hubo responsabilidad política. Así de simple. Así de incómodo.
El problema no es solo legal; es ético y político. Veracruz arrastra una historia reciente marcada por el saqueo, la impunidad y el cinismo institucional. La sociedad veracruzana fue golpeada por un sexenio de corrupción brutal y luego seducida por la promesa de un cambio que terminó diluyéndose entre incompetencia y opacidad. Hoy, cuando los órganos fiscalizadores vuelven a encender focos de alerta, el mensaje es devastador: el péndulo no cambió de fondo, solo de discurso.
Y mientras tanto, el protagonista se mueve de cargo en cargo, del gobierno estatal a una posición estratégica en el sector energético nacional, sin que las cuentas pendientes se aclaren ni se salden. La política mexicana tiene esa extraña habilidad para premiar la falta de resultados con nuevos encargos. No es casualidad; es sistema.
La referencia irónica de Templo Mayor no es gratuita. “¡El gaaas!” resume en una expresión lo que muchos piensan y pocos dicen: que el problema no es el fenómeno climático ni la tormenta en Estados Unidos, sino la tormenta de irregularidades que sigue persiguiendo a ciertos personajes públicos. El gas, cuando no se controla, explota. Y cuando se oculta, asfixia.
La responsabilidad cívica exige algo más que sarcasmo. Exige respuestas claras, investigaciones a fondo y consecuencias reales. No para vengar, sino para sanar. No para exhibir, sino para corregir. Veracruz —y México— no pueden darse el lujo de normalizar la sospecha permanente.
Porque cuando un funcionario huele a gas en dos frentes —el técnico y el financiero—, el verdadero riesgo no es el corte de suministro, sino la explosión de la impunidad.
|
|
