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Siete años después de los hechos, rectifica FGE y acepta recomendación de CEDH relacionada con ataque a bar Caballo Blanco donde fallecieron 34 personas
MEMORANDUM 1.- Ya sin Verónica Hernández Giadáns al frente de la Fiscalía General del Estado, y sin Cuitláhuac García en la gubernatura, siete años después del ataque al bar Caballo Blanco, en Coatzacoalcos, el organismo de procuración de justicia rectificó su postura y aceptó la Recomendación 030/2025 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, CEDH, con la que se acreditan violaciones a la dignidad y a los derechos de víctimas y familiares del caso. La titular del organismo autónomo, Minerva Regina Pérez López, confirmó que la autoridad ministerial dio marcha atrás al rechazo inicial, lo que abre la ruta para el cumplimiento de medidas de reparación integral del daño en favor de las víctimas indirectas de la masacre ocurrida el 27 de agosto de 2019. La Recomendación 030/2025 documentó un conjunto de violaciones graves en la atención institucional del caso. Entre ellas, la CEDH señaló trato indigno hacia víctimas y familiares, negligencia en la preservación de evidencias, deficiencias en los procesos de identificación y entrega de cuerpos, así como falta de acompañamiento institucional a los deudos. “La del caso del bar en Coatzacoalcos, de Caballo Blanco había sido rechazada y ya fue aceptada”, aseguró la titular de la CEDH. Con esta decisión, la Fiscalía no solo reconoce la recomendación emitida por el organismo autónomo, sino que también asume la obligación de atender los puntos establecidos en el documento, entre ellos una disculpa pública, el inicio de procedimientos administrativos para deslindar responsabilidades y el reconocimiento formal de la calidad de víctimas. “En el momento de aceptar la recomendación, la autoridad en este caso, la Fiscalía se compromete a dar cumplimiento a los puntos que se establecieron en la recomendación”, aseguró la ombudsperson. Pérez López indicó que, una vez aceptada la recomendación, la Fiscalía dispone de 15 días hábiles para remitir un informe en el que detalle qué acciones realizará y en qué plazos prevé cumplir cada una de las medidas ordenadas. “En un lapso de 15 días hábiles nos tienen que mandar un oficio con las acciones que van a realizar y los tiempos estimados para dar cumplimiento a cada uno de los puntos recomendatorios”, señaló. La aceptación ocurre después de que familiares de las víctimas impugnaron la negativa inicial de la Fiscalía, al considerar que el rechazo desconocía las irregularidades documentadas en la investigación y prolongaba la revictimización de quienes han exigido justicia desde hace casi siete años. Para la presidenta del organismo, la rectificación de la Fiscalía representa una señal de apertura institucional en un contexto marcado por cambios en la titularidad de esa dependencia, lo que, dijo, ha derivado en una mayor disposición para aceptar las resoluciones de la Comisión. “Es importante reconocer cuando hay voluntad de las autoridades y a raíz del cambio que hubo (de titular) en la Fiscalía se ha tenido un nivel de aceptación alto de nuestras recomendaciones”, sostuvo. La funcionaria afirmó que la aceptación de la recomendación tiene un efecto inmediato en el reconocimiento de las víctimas, al validar que existieron violaciones a sus derechos durante la actuación de las autoridades encargadas de investigar y atender las consecuencias del ataque. “Implica para las víctimas un gran apoyo, y se sienten sobre todo reconocidas en su calidad por parte de la autoridad y les abre un camino a la reparación integral”, aseguró. El caso Caballo Blanco se mantiene como uno de los episodios de mayor impacto en la historia reciente de Veracruz. La noche del 27 de agosto de 2019, un grupo armado incendió el bar ubicado en Coatzacoalcos, con saldo de al menos 34 personas fallecidas. Desde entonces, familiares de las víctimas han demandado justicia, sanción para los responsables y garantías de no repetición.
Obtiene FGE 60 sentencias condenatorias en contra de responsables de los delitos de homicidio, pederastia y violación
MEMORANDUM 2.- Como resultado del trabajo de investigación ministerial, en el periodo comprendido del 8 al 14 de abril, la Fiscalía General del Estado informó que logró un total de 60 sentencias condenatorias en contra de responsables de los delitos de homicidio en sus diferentes modalidades, pederastia y violación. En ese tenor, con relación a la zona norte de la entidad, la autoridad judicial dictó 7 sentencias condenatorias, de las cuales 1 es de la Fiscalía Regional Tantoyuca y 6 por la Fiscalía Regional Tuxpan, una de ellas de 210 años por secuestro agravado. De igual forma, en la zona centro, las fiscalías regionales lograron un total de 24 sentencias condenatorias dictadas por jueces en distintos municipios, distribuidas de la siguiente manera: La Fiscalía Regional Córdoba informó sobre 7 sentencias condenatorias, mientras que la Fiscalía Regional Xalapa logró un total de 13 sentencias dictadas por el órgano jurisdiccional. Por otro lado, la Fiscalía Regional Veracruz comunicó acerca de 3, mientras que la Fiscalía Regional Cosamaloapan informó 1 sentencia condenatoria. Por último, en la zona sur, la Fiscalía Regional Coatzacoalcos informó 16 sentencias condenatorias. Estas resoluciones fueron emitidas contra infractores de la ley, cuya responsabilidad penal fue acreditada en delitos que vulneran la integridad de las y los veracruzanos, tales como: contra las instituciones de seguridad pública, homicidio en sus diferentes modalidades, lesiones en sus diversas modalidades, narcomenudeo y robo en sus distintas modalidades. Por otro lado, la Fiscalía Coordinadora Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas logró 13 sentencias condenatorias, dictadas contra personas infractoras cuya responsabilidad penal fue plenamente acreditada por el órgano jurisdiccional en los delitos de pederastia, violación y violencia familiar en sus modalidades de agresión física y psicológica. Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado reiteró su compromiso de conducir las investigaciones con diligencia y transparencia hasta su conclusión, garantizando que quienes vulneran la ley sean sancionados conforme a derecho y que se procure justicia para las víctimas.
Hallan sin vida a trabajador municipal de Orizaba desaparecido en Río Blanco; Trasciende presunto fraude de venta de plazas en el Cobaev, donde más de 60 víctimas habrían pagado 250 mil pesos por una plaza
MEMORANDUM 3.- La violencia sigue desatada en Veracruz. Este miércoles trascendió que fue encontrado sin vida el trabajador municipal de Orizaba que fue reportado como desaparecido en Río Blanco. Se trata de Juan Iván Pérez Romero, quien había sido privado de la libertad días antes en el municipio de Río Blanco, donde este miércoles se reportó que fue hallado sin vida. Desde su desaparición, familiares y allegados mantenían activa su búsqueda a través de las redes sociales, solicitando el respaldo de la ciudadanía para dar con su paradero. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un posicionamiento oficial que detalle las circunstancias en las que ocurrió el crimen. No obstante, se prevé que en las próximas horas se brinde información que permita avanzar en el esclarecimiento del caso. Este hecho se suma a una serie de episodios violentos registrados recientemente en el corredor Ciudad Mendoza- Córdoba, una zona que ha experimentado un incremento sostenido en la incidencia delictiva, generando preocupación tanto en habitantes como en distintos niveles de gobierno….UN PRESUNTO fraude en el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (Cobaev) se ha dado a conocer en los últimos días de personas que aseguran pagaron hasta 250 mil pesos para obtener una plaza de docente que no les ha sido otorgada. Según ha trascendido, se habla de 60 víctimas quienes habrían sido estafadas con la promesa de obtener una plaza laboral. De este modo, la gestión de la Directora del Cobaev Lorena Martínez Cabrera, muy cercana al subsecretario de Educación Media Superior, David Jiménez Rojas, se ha visto empañada por los señalamientos. Y es que, la cercanía política genera ruido, mientras las víctimas exigen una investigación a fondo y castigo a los responsables de este fraude.

 

 

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