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Detecta Orfis presunto daño patrimonial de más de 74 mdp en Cuenta Pública 2024 del municipio de Sayula de Alemán
MEMORANDUM 1.- Acaso dando la razón a los ediles que renunciaron en marzo de este año acusando a la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas de malos manejos financieros, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) detectó un presunto daño patrimonial por más de 74 millones de pesos, en la revisión de la Cuenta Pública 2024 del municipio de Sayula de Alemán. De acuerdo con el documento del Orfis, se detectaron 55 observaciones en total, de las cuales catorce están relacionadas con el área financiera-presupuestal y representan un presunto quebranto por 40 millones 52 mil 579 pesos. Las 41 observaciones restantes corresponden a obra pública y suman un probable daño por 34 millones 078 mil 529.83 pesos. El Orfis explicó que estas observaciones derivan de la falta de cumplimiento de normas legales, así como de deficiencias en los procedimientos administrativos, ya sea por errores, omisiones o negligencias. Por esa razón, el organismo de fiscalización ordenó al Órgano Interno de Control (OIC) del municipio que dé continuidad a las investigaciones, que promueva las acciones jurídicas que procedan y que informe al propio órgano fiscalizador sobre los expedientes y resoluciones que se emitan en cada caso. Acerca de las recomendaciones, el Orfis refirió que estas tienen carácter preventivo y están orientadas a mejorar los sistemas de control interno y la gestión financiera del Ayuntamiento. El OIC de Sayula deberá informar también qué medidas preventivas o correctivas se implementan para evitar que se repitan los incumplimientos. Entre las irregularidades detectadas se encuentra que algunas obras ya finiquitadas y con garantía de vicios ocultos no fueron registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). De igual forma, no se entregaron las bitácoras ni las actas de entrega-recepción al Comité de Contraloría Social, lo cual incumple con los procesos de transparencia y supervisión establecidos. Otra de las irregularidades destacadas es que las pólizas de cheques revisadas no cuentan con la firma del síndico ni del regidor cuarto, lo que representa una omisión en la validación de los movimientos financieros. Estas fallas, según el Orfis, forman parte del conjunto de observaciones que suman más de 74 millones de pesos en presunto daño patrimonial. Desde marzo pasado, la alcaldesa arrastra señalamientos de malos manejos financieros y el municipio se encuentra en una crisis de gobernabilidad tras la renuncia de varios ediles del cabildo. Así las cosas.
Denuncia dirigente de la CROC demolición de viviendas históricas en el centro de Río Blanco; pide investigar a fondo
MEMORANDUM 2.- De acuerdo con el dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), César Silva Reyes, la demolición de viviendas ubicadas en el centro histórico de Río Blanco, cercanas a la emblemática fábrica textil donde nació el movimiento obrero, debe someterse a una investigación a fondo. De igual forma, exigió que se esclarezca el origen de los permisos con los que se autorizó el derribo de estas casas que forman parte del patrimonio histórico de Río Blanco. Las casas fueron construidas por la entonces empresa Cidosa a finales del siglo XVIII, con materiales de Europa, aseguró el dirigente obrero. “Casualmente lo platicaba ayer, esas casas sobrevivieron al terremoto del 73 y en un rato de inconsciencia las están demoliendo, seguramente con permisos del propio ayuntamiento. Es una ofensa a la historia de nuestra ciudad”, reiteró. Silva Reyes pidió la intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para verificar si emitió alguna autorización y, en caso contrario, proceder legalmente contra quienes hayan dado luz verde a la demolición. “Si el INAH no autorizó nada, entonces que se aplique la ley y se suspenda de inmediato el derrumbe”, exigió. El dirigente aseguró que detrás de estas acciones podría haber intereses económicos que buscan aprovechar los terrenos para nuevas construcciones que no respetarían el valor histórico de la zona. “Seguramente planean un negocio con construcciones que nada tienen que ver con la plazoleta cívica e histórica. Eso sería un atropello más a la memoria del movimiento obrero”, advirtió. Los inmuebles demolidos se encuentran en las inmediaciones de la antigua fábrica textil, espacio emblemático de la huelga de 1907 que marcó un precedente en la lucha obrera en México. Para los habitantes de Río Blanco, la pérdida de estas construcciones no solo es material, sino simbólica, pues representan parte de la identidad del municipio. Silva Reyes también señaló la presunta complicidad del gobierno local en este proceso. El propietario de los inmuebles, se conoció, es el extesorero municipal y excandidato a la alcaldía José Gómez Deyta lo que hace presumir un respaldo directo del presidente municipal. “Indudablemente fue el visto bueno del alcalde, pues el dueño, al parecer, es su tesorero y quien perdió la campaña. No hay otra explicación para que hayan permitido un daño de esta magnitud”. Vecinos de la zona también manifestaron su inconformidad y lamentaron que las autoridades municipales no hayan informado con claridad sobre los permisos otorgados. Señalaron que la demolición comenzó de manera repentina, sin avisos previos ni explicación pública, lo que ha generado suspicacias sobre el verdadero fin de los trabajos. En ese tenor, la CROC llamó a detener de inmediato las obras y advirtió que, de ser necesario, recurrirán a movilizaciones para exigir respeto al patrimonio. “No podemos permitir que intereses privados pasen por encima de la historia y la cultura de Río Blanco. Si es necesario salir a las calles, lo vamos a hacer”, aseguró Silva Reyes. Hasta el momento, ni el Ayuntamiento ni el INAH han emitido un posicionamiento oficial sobre la demolición, lo que mantiene la incertidumbre entre los pobladores. Lo cierto es que la desaparición de estas viviendas vuelve a poner sobre la mesa la falta de políticas claras para proteger los espacios históricos del municipio y la región. La exigencia de la CROC es clara, dice, “suspender de inmediato la demolición, investigar el origen de los permisos y sancionar a quienes resulten responsables. Mientras tanto, Río Blanco presencia cómo parte de su historia corre el riesgo de ser borrada por intereses particulares”, así las cosas.
Reportan otro ataque con drones explosivos en Coxquihui; Cuerpos de seguridad realizan operativos en 7 municipios con saldo de siete detenidos así como droga y vehículos asegurados
MEMORANDUM 3.- Otro ataque con drones explosivos se reportó este jueves en el municipio de Coxquihui, al norte del estado de Veracruz. De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron sobre la carretera Oriente Medio Día - Coxquihui, cuando sujetos desconocidos arrojaron los explosivos en la zona. Se informó que los pobladores que se encontraban en dicho sitio buscaron refugio debido a lo ocurrido. Hasta el momento, no se tiene el reporte de personas lesionadas o detenidas por el atentado. Se trata del segundo hecho similar en este municipio, luego de que el pasado 10 de septiembre de este año, se registró una balacera y atentado con explosivos contra la casa del alcalde electo de Coxquihui, Lauro Becerra. Previamente, la Fiscalía General del Estado informó de la localización sin vida de Ramón Valencia, excandidado a la alcaldía de Coxquihui, por el partido Morena….LA SECRETARÍA de Seguridad Pública informó que se llevaron a cabo operativos en los municipios de Martínez de la Torre, Cerro Azul, Tuxpan, Jalcomulco, Xalapa, Maltrata y Amatlán de los Reyes. La dependencia señaló que en coordinación con la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Fiscalía General del Estado, realizó diversos cateos en los municipios citados, donde 7 personas fueron detenidas y se aseguró 1 paquete, 13 dosis y 2 bolsas de presunta marihuana, así como 56 dosis de presunto cristal, 3 armas de fuego, cargadores y cartuchos útiles, radios portátiles, cámaras de video vigilancia, celulares y dinero en efectivo así como 3 motocicletas con reporte de robo. Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, así como los objetos asegurados.

 

 

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