INE se lava las manos; dice que no le corresponde indagar si un candidato está vinculado a conductas criminales, temen hacer investigaciones
MEMORANDUM 1.- Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) se lavan las manos y aclaran que el órgano electoral no tiene responsabilidad alguna en cuanto a las indagatorias para determinar si una persona está o no vinculada a conductas criminales. En entrevistas por separado, Arturo Castillo y Martín Faz explicaron que en la iniciativa de reforma legal se deberá especificar qué se entiende por “riesgo razonable” de un aspirante y, además, hacer énfasis en la transparencia de los resultados de las indagatorias a potenciales candidatos. Castillo, presidente de la comisión de Quejas y Denuncias, explicó que la verificación de candidaturas propuesta debe ser obligatoria. Externó: “Me parece bien que se estén tomando ya en consideración la necesidad de poner más atención en las postulaciones de las candidaturas de los partidos políticos. Sin embargo, creo que hay que analizar con mucho más detalle las implicaciones que tiene la creación de una comisión de esta naturaleza; aspectos de ¿por qué es voluntario y no obligatorio?, me parece que podría ser obligatorio para todas las candidaturas y todos los partidos”. Es necesario -añadió- “definir con muchísima claridad la función del INE en comparación con la función de los demás órganos integrantes de esta comisión”. Es decir, recalca Castillo, las autoridades de seguridad son las responsables de las actividades de inteligencia en materia de narcotráfico y crimen organizado. Al INE eso no le toca”, destaca. Menciona que debe quedar muy claro que la atribución del INE sería solo de vinculación, de presentarle a las autoridades de seguridad los nombres de las candidaturas y en su caso, traer de regreso la respuesta de las autoridades hacia los partidos. “Pero esto no significa bajo ninguna circunstancia ni que el INE tiene la responsabilidad de que los partidos presenten su información, ni que tiene la responsabilidad de validar la información que están presentando las autoridades de seguridad”. Comenta que valdría la pena analizar a detalle cuáles son los alcances de la reforma en materia de transparencia. “¿A qué voy? Es información muy delicada, creo que en la presentación en la mañanera, el día de hoy, también dejaron muy claro que esta información que en su momento aportarían las autoridades de seguridad no sería pública; me parece bien, pero creo que hay un tramo que sí tendría que ser público, es decir, qué partidos políticos han solicitado información respecto de qué personas. Y en su caso, si las autoridades de seguridad dieron o no dieron respuesta”, apuntó. Igualmente, tener elementos para transparentar el esfuerzo tanto de los partidos como de los responsables de las postulaciones y el de las autoridades de seguridad. ¿No se afectaría la garantía de inocencia? -No, porque justamente no se estaría haciendo público el contenido de la respuesta, nada más la pregunta es si la UIF está atendiendo o no está atendiendo el requerimiento. El consejero Martín Faz, presidente de la comisión de Organización, puntualizó que el INE no tiene responsabilidad alguna en la investigación de personas. Con base en las líneas generales que se presentaron hoy en Palacio Nacional, consideró que con este proyecto se busca incorporar al INE en esquemas de evaluación preventiva de riesgos criminales y atribuciones que “no son del Instituto “. O sea,” es meter al INE, una autoridad de carácter administrativo, a esquemas que tienen que ver con información de inteligencia y asuntos de riesgos criminales que no le corresponden al instituto. Y creo que es una línea que nosotros siempre habíamos dejado en claro que no le conviene cruzar al INE”. Expuso que en el momento en que las organizaciones criminales identifiquen al instituto como alguien vinculado a las autoridades de inteligencia de combate a la criminalidad, se le coloca en una situación de mucho riesgo, particularmente operativo. “Entonces, veo riesgos”. Además, el mecanismo podría no cumplir plenamente su objetivo, que es la posible infiltración del crimen organizado en candidaturas y estructuras políticas, que efectivamente nadie discute que es una realidad, pero se dejaría a los partidos la decisión de la postulación, pese a las advertencias de riesgo razonable. “Y entonces nosotros les informamos y nada más vamos y le decimos: existe riesgo razonable, pero como esa información está protegida por esquemas de reserva y confidencialidad, porque forman parte de una investigación “, expuso. Otro asunto es que como el partido de todos modos tomará su decisión, se le trasladaría al INE la responsabilidad. “Si el día de mañana sale alguien que tenía vínculos van a decir, ah, pues que el INE no hizo lo que tenía que hacer. Cuando nosotros, pues simplemente somos ahí unos intermediarios que ni disponemos de la información en su conjunto”, advirtió. Agregó, como opinión personal, que es un riesgo para los consejeros que eventualmente se integren a esa comisión de verificación de candidaturas. Aparte, ni siquiera sabemos qué se va a entender como riesgo razonable. “Y eso podría afectar derechos políticos electorales, la potencial afectación al derecho a ser votado, la presunción de inocencia”.