El que no actúe bien se va, advierte Nahle tras detención de seis policías estatales en Xalapa
MEMORANDUM 2.-
La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, asegura que en su administración no habrá impunidad para los elementos de seguridad que incurran en conductas ilícitas, luego de la detención en Xalapa de ocho policías estatales presuntamente relacionados con delitos de desaparición forzada. La mandataria estatal recordó que desde el inicio de su gobierno se reforzaron los procesos de evaluación y depuración dentro de la Secretaría de Seguridad Pública, mediante la aplicación de exámenes de control de confianza a los elementos policiales. Indica que actualmente cerca del 92 por ciento de los integrantes de la corporación cuentan con estas evaluaciones, mientras que quienes no aprobaron o decidieron no someterse al proceso fueron separados de la dependencia. Nahle García añadió que también se ha solicitado a los 212 ayuntamientos del estado que sus policías municipales cumplan con los exámenes de control de confianza, aunque reconoció que aún existen entre 30 y 35 municipios cuyos directores de seguridad no han acreditado o no han realizado dichas evaluaciones. Respecto a los seis elementos detenidos, señala que las investigaciones continúan y que el área de asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Pública trabaja en la integración de los expedientes correspondientes. Precisa que aún no puede confirmarse alguna posible relación con grupos delictivos, pues esa línea de investigación sigue en proceso. La gobernadora afirma que desde hace un año y medio se emprendieron acciones para ordenar las tareas de seguridad en el estado, incluyendo la eliminación de retenes que, aseguró, se prestaban a irregularidades. “El que no actúe bien se va”, enfatiza la mandataria, al destacar que además de fortalecer la capacitación policial, su administración ha mejorado salarios y prestaciones para los elementos de seguridad. Finalmente, reitera que la política de su gobierno es de cero impunidad y advierte que cualquier servidor público que incumpla con su responsabilidad deberá enfrentar las consecuencias legales correspondientes.