MEMORANDUM 1.- De acuerdo con funcionarios involucrados en el proyecto, el gobierno federal fortalecerá la CURP biométrica y analiza la creación y entrega de una nueva credencial de identificación que contenga también la afiliación de los ciudadanos a los servicios de salud. Se trata de una iniciativa impulsada desde la Agencia de Transformación Digital, la cual busca que el documento muestre los 18 dígitos de la CURP, fotografía, QR con información de biométricos y se le agregaría la institución de salud que atiende al ciudadano, es decir, IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar, además del tipo de sangre y si es donador o no de órganos. “La Agencia pidió parar la emisión de la CURP porque está proponiendo esta nueva credencial”, explicó. Esta medida serviría para vincular la CURP con el Registro del Sistema Nacional de Salud. De acuerdo con el proyecto que se está analizando en el gobierno federal, la Secretaría de Salud sería la encargada de emitir las más de 130 millones de nuevas identificaciones, pues incluiría tanto a adultos como a menores de edad. El cálculo preliminar es que cada credencial tenga un costo de entre 10 y 15 pesos dependiendo el proveedor. Es decir, el costo para el estado por llevar a cabo esta credencialización sería de al menos mil 300 millones de pesos. “Por ahora las CURP se mantendrán en stand by hasta que haya una línea clara desde la presidencia”, agregó. Si se aprueba el proyecto, el gobierno buscaría empezar a emitir las nuevas credenciales lo antes posible con el objetivo de terminar de entregarlas en un año. En este contexto, el Registro Nacional de Población tiene listos los datos de 25 millones 207 mil 58 personas para empezar a emitir su CURP biométrica. De acuerdo con las autoridades, estos datos, con corte al 30 de diciembre de 2025, incluyen los que ya tenían instituciones como la Secretaría de Relaciones Exteriores, el SAT, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y del Instituto Nacional de Migración. Esta información corresponde a 19.9 millones de personas mayores de edad (79%), 4.6 millones a adultos mayores (18%) y 582 mil 34 a niños, niñas y adolescentes (2%). Sin embargo, hasta la fecha no se ha emitido ninguna CURP bajo el nuevo formato que se había anunciado, el cual incluye fotografía y dos QR con información biométrica de todos los ciudadanos del país. En agosto, se dio a conocer que la nueva CURP no sería una nueva credencial, sino que el documento se recibiría por correo y cada ciudadano tendría que imprimirla y enmicarla para portarla como identificación oficial. Funcionarios del gobierno han asegurado que este documento contará con todas las medidas de seguridad para que las personas puedan utilizar la CURP biométrica como identificación ante autoridades y trámites privados. Por lo tanto, una de las prioridades a cuidar es que solo el interesado tenga acceso a la descarga de la nueva CURP. El plan de trabajo original consistía en que la CURP tuviera dos códigos QR, uno que al escanearlo abra los datos reflejados por la CURP tradicional y el segundo con la información de los datos biométricos, a los cuales solo podrá tener acceso la autoridad a través de un programa especializado. Desde el 16 de octubre de 2025, el CURP es considerado por ley como una identificación oficial en todo el país. Desde ese día, el gobierno debió empezar a emitir las primeras CURP con fotografía, pero hasta ahora no lo ha hecho. De acuerdo con las modificaciones que realizaron a la Ley de Población, el nuevo documento debe contener nombres y apellidos, fecha de nacimiento empezando por año, mes y día, sexo o género, lugar de nacimiento y nacionalidad, huellas dactilares y fotografía. “Será el documento nacional de identificación obligatorio, de aceptación universal y obligatoria en todo el territorio nacional, y estará disponible en formato físico y digital”, señala la ley publicada en el Diario Oficial el 16 de julio del año pasado. También señala que deberá ser empleada en los procesos de validación y autenticación de la identidad de las personas en medios digitales. De igual forma, que todo ente público o particular estará obligado a solicitar la Clave Única de Registro de Población para la prestación de sus trámites y servicios. “Las autoridades de los tres órdenes de gobierno y particulares que incumplan con las obligaciones previstas en el artículo 91 Bis de esta Ley, previo apercibimiento por el reiterado incumplimiento, serán sancionadas con multas de 10 mil a 20 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”, destacó. Aunque ya está en vigor la ley, todavía no se ha vuelto una práctica generalizada la solicitud de la CURP para realizar los trámites públicos o privados en el país. Además de identificar a los ciudadanos, el proyecto está pensado para mejorar la búsqueda de personas desaparecidas. “El Registro Nacional de Población contará con una Plataforma Única de Identidad, para la consulta, validación y gestión de las Claves Únicas de Registro de Población que permita la integración de los datos”.

18 de Enero de 2026 / 19:31:42

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MEMORANDUM 2.- Un juez de control dictó prisión preventiva justificada por un año contra los tres exfuncionarios de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) detenidos e imputados por los delitos de incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad, peculado, tráfico de influencia y ejercicio indebido del servicio público, dentro del proceso penal 17/2026, y ordenó la continuación de la audiencia inicial para el próximo viernes a las 9:40 horas. La medida cautelar fue impuesta a Sergio “N”, exrector de la institución; Víctor de Jesús “N”, exdirector administrativo, y Frida Narayana “N”, exdirectora de Educación Superior y exjefa del Departamento de Servicios Financieros, detenidos en operativos realizados entre la madrugada y la noche del sábado 17 de enero. Durante la audiencia celebrada este domingo en el penal de Pacho Viejo, en Coatepec, el juez consideró procedente la solicitud de la Fiscalía General del Estado para mantener a los imputados privados de la libertad mientras se desarrolla el proceso penal, al estimar la existencia de riesgos procesales. Frida Narayana “N” fue detenida la noche del sábado en la colonia Coapexpan, en Xalapa, por elementos de la Policía Ministerial, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones. Tras su aprehensión, fue trasladada al centro penitenciario de Coatepec para quedar a disposición de la autoridad judicial. Sergio “N” fue capturado horas antes en Xalapa, mientras que Víctor de Jesús “N” fue detenido en el municipio de Medellín de Bravo. Ambos fueron ingresados al penal de Pacho Viejo para enfrentar la audiencia inicial por los mismos delitos. Las detenciones se registran luego del relevo en la rectoría de la UPAV anunciado en septiembre de 2025 por la gobernadora Rocío Nahle García, quien informó que intervendría ante presuntos señalamientos administrativos y financieros en la institución. “Sí, a ver, yo ya me involucré. El día de ayer firmé el cambio del nuevo rector o director, este, porque necesito meterme. Debe de haber orden, las escuelas son para que nuestros jóvenes vayan a aprender, se les atienda, no son para otra cosa”, aseguró la mandataria en aquella ocasión. Sergio “N” permaneció nueve meses al frente de la universidad y dejó el cargo en septiembre de 2025, en medio de inconformidades de estudiantes y trabajadores por problemas administrativos y pagos pendientes. En el caso de Víctor de Jesús “N”, fue separado del cargo como director administrativo el 6 de noviembre de 2025. En su momento, se difundieron señalamientos sobre un presunto uso indebido de recursos por alrededor de 1.8 millones de pesos, sin autorización de instancias administrativas estatales. Con la prisión preventiva dictada, los tres exfuncionarios permanecerán recluidos en tanto el juez define su situación jurídica en la continuación de la audiencia programada para el próximo viernes.

18 de Enero de 2026 / 19:15:12

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MEMORANDUM 3.- Con base en estudios internacionales y análisis oficiales, el embarazo infantil y adolescente no sólo representa una grave violación a los derechos de niñas y adolescentes, sino que también tiene un costo económico cuantificable y de largo plazo para México. Estimaciones retomadas por organismos internacionales señalan que el impacto económico del embarazo infantil y adolescente en México, asciende a alrededor de 76,000 millones de pesos anuales, cifra equivalente a cerca de 0.3% del Producto Interno Bruto (PIB). Estas pérdidas derivan de la combinación de menor escolaridad, menor participación laboral, menores ingresos a lo largo de la vida y una reducción en la recaudación fiscal. El reciente caso de una niña de 10 años que dio a luz en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, tras un embarazo producto de violencia sexual, volvió a colocar el tema en la agenda pública. Según datos de la Secretaría de Salud, tan sólo en 2024 se registraron más de 92,000 nacimientos en adolescentes de 15 a 17 años y casi 8,000 en niñas de 10 a 14 años. En este último grupo, especialistas y organismos internacionales coinciden en que el embarazo es siempre consecuencia de abuso sexual, lo que evidencia fallas estructurales en prevención, detección y atención. De acuerdo con el estudio El precio de la desigualdad, elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), publicado en marzo de 2025, el embarazo adolescente y la maternidad temprana generan pérdidas económicas significativas para los países de América Latina y el Caribe al reducir el capital humano, limitar la trayectoria educativa de las mujeres y disminuir sus ingresos futuros. El impacto no se limita a la productividad, ya que los embarazos en niñas y adolescentes suelen ser de mayor riesgo médico, lo que incrementa el gasto público en salud por complicaciones obstétricas y neonatales. A ello se suma una mayor dependencia de programas sociales a lo largo del tiempo, tanto para las madres jóvenes como para sus hijas e hijos. Organismos como el Banco Mundial advierten que la maternidad temprana implica una carga adicional para los sistemas públicos de salud, educación y protección social, costos que terminan siendo absorbidos por el Estado y, en última instancia, por toda la sociedad. El caso ocurrido en Chiapas expone además una dimensión crítica del problema. Organizaciones civiles como Reinserta subrayan que cada embarazo infantil es una forma extrema de violencia sexual y una señal de omisión institucional cuando no es detectada ni detenida a tiempo. En México, 9 de cada 10 delitos sexuales no se denuncian, de acuerdo con datos oficiales, lo que agrava la impunidad y permite la repetición del daño. En entidades como Chiapas, donde persisten altos niveles de pobreza, rezago educativo y desigualdad, el embarazo infantil y adolescente reproduce ciclos intergeneracionales de pobreza, profundizando brechas sociales y económicas. Prevenir cuesta menos que sostener las consecuencias. Los estudios coinciden en que invertir en prevención resulta más costo-efectivo que asumir los efectos acumulados del embarazo infantil y adolescente. Por lo anterior, el UNFPA, la Organización Mundial de la Salud y otros organismos recomiendan fortalecer la educación sexual integral, garantizar servicios de salud sexual y reproductiva, mejorar los mecanismos de denuncia y brindar atención médica, psicológica y legal inmediata a las víctimas. Por último, organizaciones especializadas plantean que la respuesta del Estado no debe limitarse a la sanción, sino incluir programas de intervención con agresores sexuales para prevenir la reincidencia. Así las cosas.

18 de Enero de 2026 / 19:01:50

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