Denuncian 62 sindicatos que el IPE aplica criterios de cálculo que reducen hasta en 40 por ciento el monto de las pensiones de quienes se jubilan
MEMORANDUM 2.- Es una tras otra en materia de justicia laboral en Veracruz. Y es que, además de que el gobierno morenista se niega a pagar laudos, con lo que no cumple la ley, representantes de 62 organizaciones sindicales de trabajadores al servicio del Estado denunciaron que el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) aplica criterios de cálculo que reducen hasta en 40 por ciento el monto de las pensiones de quienes se jubilan. La situación ya afecta a empleados de distintos poderes y organismos públicos, y mantiene en incertidumbre a cerca del 50 por ciento de sus agremiados que están por cumplir 30 años de servicio. En ese tenor, la secretaria de Organización del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, Elsy Hernández Cárdenas, informó que los sindicatos solicitaron una reunión directa con la gobernadora Rocío Nahle García, el secretario de Finanzas, Miguel Santiago Reyes Hernández, y el director del IPE, Luis Octavio Hernández Lara, para revisar el caso. De acuerdo con un oficio entregado a la mandataria estatal el pasado 9 de junio y recibido por la Oficina de Correspondencia el 15 de junio, las organizaciones buscan abordar los efectos de la aplicación del denominado salario regulador, previsto en la Ley 287 del Instituto de Pensiones del Estado. Hernández Cárdenas señaló que el problema comenzó a observarse desde finales de 2024, cuando el IPE empezó a aplicar el promedio ponderado de salarios de cotización a trabajadores que ingresaron al servicio público antes de la reforma a la ley de pensiones de 2014. “Nuestra base trabajadora, todos obviamente incorporados y afiliados al Instituto de Pensiones del Estado, están sufriendo un ajuste de hasta un 40 por ciento de reducción en el monto del salario base de cotización último cotizado de los trabajadores al momento de obtener una pensión”. La dirigente explicó que la inconformidad radica en que los empleados incorporados bajo leyes anteriores al actual ordenamiento pensionario consideran que debe respetarse el último salario base de cotización al momento de jubilarse. Señaló que el promedio ponderado debe aplicarse a quienes ingresaron al servicio público después de julio de 2014, no a quienes ya estaban incorporados bajo ordenamientos previos. “Se empezó a aplicar a todos aquellos trabajadores, independientemente de haber ingresado al servicio antes de la última reforma de esta ley que fue el 21 de julio de 2014, pese a haber ingresado al servicio bajo la ley número 5 y bajo la ley número 20”. Hernández Cárdenas sostuvo que el impacto es generalizado entre trabajadores del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de organismos autónomos, la Universidad Veracruzana, el sector salud y el magisterio. Indicó que aproximadamente la mitad de las bases sindicales ya cumplió o está por cumplir los 30 años de servicio requeridos para iniciar su trámite de jubilación, pero muchos han decidido posponerlo ante la disminución en los montos reconocidos por el instituto. “Tenemos prácticamente el 50 por ciento de las bases hoy en día están por cumplir ya los 30 años de servicio o están ya cumpliéndolos y que no han podido programar su beneficio de jubilación ni las bajas porque ahora al ingresar el trámite de acuerdo (…) te está realizando ese tipo de ajustes”. La representante sindical indicó que, en algunos casos, las reducciones alcanzan el 27 por ciento, mientras que en el magisterio llegan hasta el 40 por ciento. Como ejemplo, mencionó el caso de una trabajadora de la Secretaría de Finanzas y Planeación, identificada como Lucila, quien tras obtener ascensos y mejoras salariales pasó a percibir 14 mil 566 pesos mensuales; sin embargo, al solicitar su jubilación, el IPE únicamente le reconoció una base de 10 mil 509 pesos. “La trabajadora obviamente, como es el sentir de muchos, se siente triste, se siente defraudada, porque ella tuvo una disminución en su salario prácticamente del 27 por ciento”. Hernández Cárdenas cuestionó que el cambio de criterio se haya aplicado sin previo aviso a los trabajadores y recordó que anteriormente el propio IPE emitía acuerdos en los que reconocía el 100 por ciento del salario base de cotización. “Queremos que la señora gobernadora, apelamos a su sentido de humanidad y queremos que nos escuche y queremos sobre todo que estamos solicitando que se regrese el criterio de aplicación y de respetar el último salario base de cotización del trabajador al 100 por ciento”. La dirigente señaló que las organizaciones sindicales analizan distintas acciones legales de manera individual, aunque insistió en que la prioridad es privilegiar el diálogo con el Gobierno del Estado para encontrar una solución. En el oficio entregado a la gobernadora, los sindicatos sostienen que atender esta demanda contribuiría a mantener la estabilidad laboral e institucional en Veracruz. Por último, reiteraron su disposición para instalar mesas de trabajo con las autoridades estatales y revisar la aplicación de los criterios de cálculo de las pensiones.