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Marath Bolaños destaca que bajo el gobierno de la 4T se ha revertido el deterioro de las condiciones laborales dejado por el neoliberalismo y destaca incremento del 256%; mexicanos tienen otros datos y no alcanza ni para la canasta básica
MEMORANDUM 1.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, el secretario del Trabajo y Protección Social, Marath Bolaños, hizo un balance de la política laboral bajo el gobierno de la Cuarta Trasformación (8 años) y aseguró que en este periodo se ha logrado revertir el profundo deterioro de las condiciones de los trabajadores tanto en sus condiciones laborales como en su poder adquisitivo que se registró durante el periodo neoliberal. Subrayó que de la política salarial con incrementos consistentes en términos reales se estima que 6.6 millones de los 13.4 millones de personas que salieron de la pobreza, lo lograron por los incrementos salariales. En una conferencia presidencial inusual por la presencia de líderes sindicales, efectuado en el Centro cultural del México Contemporáneo, del sindicato magisterial, Bolaños comentó que “los derechos de los trabajadores fueron debilitados en esa larga noche neoliberal que dejó una huella profunda de desigualdad con una pérdida de 77 por ciento de poder adquisitivo, que colocaron a México en los últimos lugares ingreso mínimo en términos reales. A partir del incremento de 17 por ciento de incremento al salario mínimo en 2019, se han registrado ocho años consecutivos por lo que el salario mínimo pasó de 88 a 315 pesos, esto es, un incremento de 256 por ciento. El secretario destacó que la política laboral en los últimos años ha revertido la precarización de las condiciones de los trabajadores. Bolaños indicó que en este sexenio en particular se han comenzado a cumplir los compromisos laborales ofrecidos por la presidenta Claudia Sheinbaum, entre las que destacó el inicio del proceso para reducir la jornada de 48 a 40 horas que se irán reduciendo paulatinamente. Será un proceso gradual mediante el diálogo social. Cerca de catorce millones de trabajadores serán beneficiados con esta reforma laboral con lo cual se da mayor valor al trabajo, dando pasos firmes a un modelo laboral más justo y humano. Además, señaló se cumplió el compromiso de otorgar derechos laborales a los trabajadores de las diversas plataformas a efecto de que puedan tener seguridad social, protección frente a riesgos de trabajo y reparto de utilidades. Ante la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, Bolaños destacó se ha aprobado el uso del certificado para exportación a fin de que las empresas en el sector agropecuario garanticen que sus mercancías de exportación se hayan producido garantizando los derechos laborales de los jornaleros agrícolas. Asimismo, entre las modificaciones laborales alcanzadas en los gobiernos desde 2018 también se canceló la subcontratación que era una práctica que afectaba en los derechos de los trabajadores de manera importante.
Empresas de San Quintín deberán dar Seguro Social a jornaleros o no podrán exportar, anuncia Sheinbaum; No habrá excepciones
MEMORANDUM 2.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció la firma del certificado de los derechos de los trabajadores agrícolas del sector de exportación, y un plan especial de justicia para los jornaleros de San Quintín, Baja California. Además, adelantó que la semana próxima se iniciarán programas específicos para productores; se iniciará con el maíz, frijol y arroz – aparte de la producción de leche- y para los de trigo se les está dando un apoyo frente al precio internacional. En cuanto al punto de los trabajadores agrícolas, la mandataria explicó que se busca garantizar que los trabajadores sean inscritos al Seguro Social “y que van a tener sus derechos garantizados, si no, la empresa no va a poder exportar. Eso es el certificado laboral para trabajadores agrícolas”, expresó. De acuerdo con la Presidenta, el objetivo de este certificado es que toda exportación lleve garantizado el número de trabajadores que debe tener la empresa que está exportando y los derechos laborales, incluida la inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social. “Esa es una parte y ayuda muchísimo para la garantía de los derechos laborales de los trabajadores agrícolas, de los jornaleros agrícolas. Además, estamos iniciando con un plan de justicia para San Quintín, un modelo integral de apoyo a las y los jornaleros”, indica. Sheinbaum Pardo señala que la semana pasada fue instalado un centro de justicia para San Quintín, porque no había un espacio de la Secretaría del Trabajo para este grupo, a fin de vigilar que no haya esquemas de terciarización. Este plan incluye vivienda, tanto construcción para los trabajadores temporales como mejora de los espacios en donde habitan temporalmente, para que no sean sitios precarios. También, se están construyendo más escuelas y un hospital del IMSS. La indicación para los funcionarios federales es que no haya contratación incluso a través de empresas de transporte que llevan a los trabajadores a los campos. “Es un modelo integral de justicia para San Quintín; ese modelo lo vamos a consolidar primero ahí, durante el 2026, y ya estamos en el censo para zonas como Cajeme, Sonora, donde hay problemas incluso de adicciones. Sinaloa, recientemente instruí a la secretaria de Gobernación para que vaya a Navolato, donde hay trabajadores agrícolas que llegan migrantes, principalmente de Chiapas y Oaxaca, y que se establezca un plan de justicia. “Entonces –añadió- las zonas más importantes, donde llegan trabajadores agrícolas estamos haciendo los planes de justicia integral para jornaleros, que es uno de los sectores más explotados que viven incluso condiciones de explotación infantil”. Al abundar en el tema, se refirió a las mujeres jornaleras agrícolas, y el origen de esta dinámica. Reiteró que en el periodo neoliberal fue privatizado el ejido, lo cual llevó a la acumulación de tierras y la generación de una producción para la exportación, lo cual derivó en un esquema de sobre explotación del trabajador agrícola: más de ocho horas, contrataciones externas, sin estabilidad, trabajo infantil y uso de plaguicidas, entre otros factores. Con la transformación, destaca, fue expedida una ley para que todos los trabajadores agrícolas estuvieran inscritos en el IMSS "y ahora nos toca a nosotros que se cumplan todos los derechos laborales e incluso que todos los hijos de jornaleros y jornaleras tengan lo adecuado para vivir".
La licencia no sustituye la rendición de cuentas, señala PRI de Sinaloa, ante separación de Rocha y Gámez en medio de investigaciones; Nadie está por encima de la ley, señala… ¿Será?
MEMORANDUM 3.- La solicitud de licencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, “confirma que la crisis es real y de gran magnitud”, afirma el Partido revolucionario Institucional (PRI) en Sinaloa. Antes de terminar la noche del 1º de mayo en una escueta conferencia de prensa Rocha Moya informó que solicitó licencia a su cargo de manera temporal para no dañar al movimiento; además dijo que se iba con la conciencia tranquila. “No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento al que pertenezco y que ha cambiado para bien la vida de millones de mexicanas y mexicanos”. Posteriormente se dio a conocer también la renuncia de Gámez Mendívil. Ante ello, en sus redes sociales, el partido tricolor en el estado solicitó “claridad, no evasivas”. Y añadió que “la licencia no sustituye la rendición de cuentas”. “Sinaloa necesita certidumbre, legalidad y gobierno”, en medio de las acusaciones de Estados Unidos contra los funcionarios: "POSICIONAMIENTO: Ante la solicitud de licencia del gobernador Rubén Rocha Moya y del presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, desde el PRI Sinaloa, expresamos lo siguiente: 1.- La gravedad del momento exige claridad, no evasivas. La solicitud de licencia confirma que la crisis es real y de gran magnitud. 2.- La licencia no sustituye la rendición de cuentas. Separarse del cargo es apenas un primer paso; lo verdaderamente importante es esclarecer los hechos. La ciudadanía merece saber la verdad completa: qué ocurrió, quiénes están involucrados y qué responsabilidad existe. No basta con discursos de defensa política; se requieren resultados claros, investigaciones serias y transparencia total. 3.- Sinaloa necesita certidumbre, legalidad y gobierno. El estado no puede pagar las consecuencias de decisiones, omisiones o posibles complicidades. ¡Exigimos que las instituciones mexicanas actúen con autonomía, firmeza y sin protección política! El PRI reitera que nadie está por encima de la ley, sin importar el cargo o partido. “Sinaloa merece un gobierno que dé la cara, no uno que se oculte ante la crisis. La licencia abre una etapa que debe resolverse con verdad, justicia y responsabilidad”. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este miércoles al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y a otros cargos y exfuncionarios del estado de delitos de narcotráfico y posesión de armas. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York divulgó la acusación contra un total de diez personas por presuntamente “conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos”, indica un comunicado. En la imputación figuran otros dos políticos en activo: Enrique Inzunza Cázarez, actualmente senador y exsecretario general de Sinaloa, y Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de la Fiscalía general del estado mexicano en mención. Según las autoridades estadounidenses, los acusados conspiraron con el Cártel de Sinaloa para traficar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina de México a Estados Unidos y protegieron a los narcos de ser investigados, detenidos e imputados, en esencial ayudándoles en sus actividades ilícitas.

 

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