MEMORANDUM 1.- La Fiscalía General de la República (FGR) a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Veracruz, solicitó y obtuvo autorización del juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Veracruz, autorización para la ejecución de una orden de cateo en un domicilio en la colonia Malibrán, en el municipio de Veracruz. En el operativo, las autoridades que conforman el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México aseguraron seis máquinas de coser tipo industrial, una máquina cortadora de tela, seis chalecos verdes camuflados, seis chalecos color negro, algunos con insignias de la Policía Estatal, un chaleco verde con café camuflado, un rollo de tela color café con verde y rojo camuflado, un tramo de tela bordado con el nombre de una institución de las Fuerzas Armadas de México. El operativo se llevó a cabo como parte de las diligencias realizadas dentro de una carpeta de investigación iniciada por el delito de falsificación o uso indebido de uniformes, divisas, insignias o siglas de las Fuerzas Armadas y fue desahogado por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), en coordinación con peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF), ambos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con apoyo de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina – Armada de México (Marina) y Policía Estatal (PE), quienes brindaron seguridad perimetral en el lugar. El inmueble y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, el cual continúa con las diligencias de ley para resolver estos hechos. Con estas acciones la FGR reafirma el compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal, por lo que se invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año, de forma presencial o anónima, en las instalaciones de la Fiscalía General de la República en el estado de Veracruz, con domicilio en Av. J.B. Lobos número 684, Colonia Reserva territorial “El Coyol”, C.P. 91779, Veracruz, Ver, teléfono 2299896334, correo electrónico vua.veracruz@fgr.org.mx.

19 de Enero de 2026 / 16:20:44

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MEMORANDUM 2.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró el Hospital General “Ignacio Zaragoza” del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se ubica en Iztapalapa, mismo que sustituyó a la clínica 25 que se vio severamente afectada por el sismo de 2017; su antecesor Andrés Manuel López Obrador no le dio tiempo terminarla. Adelanta que entre febrero y marzo se llevará a cabo la credencialización para la unificación del sistema de salud, al tiempo en que insistió que en el periodo neoliberal el acceso a la salud fue considerado como una mercancía. Indica: "Este año, entre la mitad de febrero y marzo, vamos a iniciar un proceso de credencialización. Todos los mexicanos y mexicanas van a tener su credencial de la salud, van a saber a qué clínica le corresponde o a qué centro de salud, a qué hospital”. Con esa credencial, indica, tendrán expediente médico que podrá ser compartido, de tal manera que “aunque estén aquí en el Zaragoza o si van de vacaciones y tienen alguna enfermedad y van al hospital allá, pues se comparte el expediente”, como parte del sistema de salud universal. Destaca el trabajo de ingenieros militares para la construcción del Hospital General Regional No. 25. "Costó mucho trabajo hacer el hospital, no fue porque no se quisiera, sino que es muy difícil construir aquí en Iztapalapa… Es un suelo complicado… primero había que demoler y la demolición no era fácil (...)”, dijo. El director del IMSS, Zoé Robledo, explicó que el hospital atenderá a casi 500 mil personas. El nosocomio tuvo una inversión de 2 mil 435 millones de pesos. Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México resaltó que este hospital era una “deuda histórica con los miles de habitantes” de la capital del país. “Esto confirma nuestra visión de la salud como un derecho, como un derecho y no como un negocio de unos cuántos”, aseguró. Me siento “muy orgullosa de ser parte de un gran movimiento que, en su momento con el presidente (Andrés Manuel) López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, lograron detener la agenda privatizadora de la salud”, dijo.

19 de Enero de 2026 / 16:00:32

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MEMORANDUM 3.- El pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ) aprobó de manera unánime el acuerdo de disciplina presupuestaria 2026, que considera duras medidas de austeridad para todos los órganos del Poder Judicial de la Federación (PJF) –incluidos la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación–, entre ellas la reducción de 10 por ciento del costo total anual de las “estructuras orgánicas”, lo que se debe cumplir a más tardar al cierre de este mes. El documento, fue aprobado el 11 de diciembre de 2025 y ya genera incertidumbre entre miles de funcionarios con plazas temporales y definitivas, así como en cientos de empleados por honorarios, ya que se han cancelado plazas. El ordenamiento señala que la contratación de servicios profesionales (honorarios) está condicionada a convenios de tres meses y a un máximo de seis meses durante el ejercicio fiscal. También, disminuirán en 50 por ciento, en relación con el gasto ejercido en 2025, los recursos para el servicio de comedor en todas las instalaciones y los gastos destinados a viáticos y comisiones. César Mauricio López Ramírez, secretario ejecutivo del pleno del OAJ, certificó el acuerdo cuando aún no renunciaba la magistrada Lorena Josefina Pérez Romero, sobre quien el OAJ no ha emitido ninguna información, a pesar de que a principios de este mes se exigió la renuncia a decenas de funcionarios que laboraban con ella y las oficinas donde despachaban se encuentran selladas. El documento, firmado por López Ramírez y el presidente del OAJ, Néstor Vargas Solano, dispone que a más tardar el último día hábil de febrero deberá publicar “sus lineamientos y el monto correspondiente a la meta de ahorro”. Se establece la reducción de plantillas en 10 por ciento de su costo total anual, además de “reducir al mínimo los recursos previstos para la creación de plazas durante el ejercicio fiscal 2026”, para lo cual cada entidad deberá contar con autorización de la Comisión de Administración y del pleno del OAJ. De igual manera se define la “optimización de plazas” y que se deberán “cubrir las necesidades promoviendo el traspaso” de las vacantes, y en todo caso aplicando “movimientos compensados de cancelación/creación de plazas”. La norma, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF, señala que “cuando una plaza quede vacante en comisiones permanentes, secretarías generales, secretarías ejecutivas, áreas administrativas, de vigilancia, órganos auxiliares y de apoyo, será obligatorio que permanezca desocupada por lo menos 30 días naturales”, y que los puestos que presenten vacancia superior a cuatro meses se pondrán a disposición del OAJ. Sólo se podrán contratar servicios profesionales cuando cubran “necesidades extraordinarias” y no estén “contenidas en ninguno de los perfiles de puestos de las plazas autorizadas” y cuando cumplan “necesidades temporales” y brinden “servicios especializados en materias diferentes a la jurisdiccional”. Los contratos se podrán firmar siempre que se emita un dictamen positivo de recursos humanos de cada institución, y de aprobarse “no se podrán celebrar contratos de servicios profesionales consecutivos para el mismo prestador de servicios”. De hacerlo, deben transcurrir al menos 30 días entre cada contratación “no pudiendo exceder en el mismo ejercicio fiscal, el plazo total de seis meses considerando todos los instrumentos celebrados con el mismo prestador de servicios”.

19 de Enero de 2026 / 15:30:30

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