Pueblos indígenas y afromexicanos exigen participación y representación política efectiva de esos grupos en la reforma electoral
MEMORANDUM 1.- Siempre desdeñados por el poder aunque les llamen pueblo bueno y se apele a su condición para justificar atrocidades, el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI), en representación de los 70 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano, presentó a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, un conjunto de propuestas y consideraciones que garanticen de manera efectiva el derecho a la participación y representación política de los pueblos indígenas y afromexicanos. En ese contexto, el Consejo Nacional reitera que, a más de 200 años de vida independiente, los pueblos indígenas y el afromexicano “siguen excluidos del sistema electoral del país, al ser un sistema ajeno a la representación política desde nuestra visión colectiva y que además, desconoce la realidad de los pueblos y las comunidades. El actual sistema electoral carece de representantes que tengan el respaldo de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas”, detalla, el documento presentado. También afirma que la reforma en materia judicial y la reforma en materia de derechos indígenas, que modificaron el artículo 2o. de la Constitución Federal, constituyen la base fundamental para impulsar el cambio de las y los representantes de elección popular a través de los procedimientos y normas de los propios pueblos, y con ello garantizar los derechos colectivos en esta materia. Para ello, el CNPI propone a la Comisión Presidencial se tome en consideración las sugerencias de este órgano colegiado de construir una propuesta de redacción que permita armonizar la Reforma Político-Electoral con el texto del artículo 2o. Constitucional, que garantice el anhelo de participación y representación política de nuestros pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público. Con ello, se busca garantizar la representación política de todos los pueblos en el Congreso de la Unión, así como en las legislaturas de las entidades federativas. Así mismo, que se reconozca el derecho a que los pueblos indígenas para presentar sus candidaturas de manera directa, las cuales deberán ser electas de conformidad con sus normas y procedimientos. En el ámbito municipal, el CNPI plantea el reconocimiento de la elección mediante sistemas normativos indígenas respetando las decisiones que tomen las comunidades mediante sus Asambleas Generales, además, en los municipios que se eligen mediante el régimen de partidos políticos que los representantes indígenas y afromexicanos cuenten con todas las prerrogativas para participar de manera plena. También se propone, que sea reconocida la coordinación y asociación de los municipios y comunidades indígenas en el ámbito regional, tomando en consideración su filiación étnica, cultural, lingüística, territorial e histórica, teniendo el carácter de sujetos de derecho público. De igual forma, se pretende establecer de manera expresa la obligación de los Institutos y Tribunales Electorales a garantizar los principios de pluriculturalidad, interculturalidad, pluralismo jurídico y libre determinación. El Consejo expone que las propuestas presentadas cuentan con un amplio proceso de consulta y diálogo iniciado en 2019, en materia de derechos indígenas, las cuales fueron debatidas en 54 foros regionales realizados en los meses de junio y julio de 2019, así como en 62 Asambleas Regionales en el año 2021. En ese sentido, el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas refrenda su compromiso para colaborar con la Comisión Presidencial, pero subraya que este esfuerzo no es solo una propuesta justificada, sino el clamor histórico de miles de voces, respaldada y forjada en amplios foros y asambleas regionales. “Esta iniciativa constitucional representa el anhelo irrenunciable de nuestros pueblos por ejercer su derecho a la representación y participación plena y efectiva”, y añade que la Reforma Electoral no sea una oportunidad perdida, sino el momento fundacional que finalmente permita a los pueblos indígenas y afromexicano ejercer sus derechos en su carácter de sujetos de derecho público, consolidando de una vez por todas la pluriculturalidad y la justicia democrática en nuestra nación. El órgano colegiado apunta que es tiempo de que el voto y la voz colectiva de las comunidades indígenas y afromexicanas tengan el peso y el espacio que merecen en la estructura política de toma de decisiones del país.