MEMORANDUM 1.- Desde este espacio expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos de Don Marcos López Mora, quien falleció este lunes. Dos veces alcalde de Poza Rica, ex Diputado Federal y Local, Don Marcos tuvo una fructífera trayectoria política al servicio de sus paisanos y de Veracruz. Priista de toda la vida, fue amigo de varios gobernadores, en especial de Don Fernando Gutiérrez Barrios. En su primera gestión como alcalde de su ciudad natal, fue reconocido como el mejor alcalde del país por el entonces presidente José López Portillo. Con relación a su persona, afirma el diputado local del PRI, Héctor Yunes Landa: “fue un hombre cabal, quien siempre honró dos cualidades a lo largo de su vida: la honestidad y la lealtad…Fue titular de la Dirección de Tránsito del Estado, Administrador de la Aduana Marítima de Veracruz y delegado de Migración en el estado. Reconocer las virtudes de un hombre hecho de otra madera, la de los principios, la amistad y la honestidad, es un acto de absoluta justicia. Me honro de haber contado siempre con su amistad y su cariño, el que le sigo correspondiendo. Envío mis más sinceras condolencias a doña Rosa Hilda, su muy amada esposa y a sus hijos Isabel y Marcos, a quienes reitero mi cariño de siempre. El orgullo de su ejemplo siempre hace más soportable la pérdida. Descanse en paz.”

02 de Marzo de 2026 / 17:00:18

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MEMORANDUM 2.- Desde hace cinco años se debate en los tribunales de justicia un caso que trasciende al propio contencioso legal entre Emilio Lozoya Austin y Lourdes Mendoza para centrarse en la oportunidad de fijar un precedente de protección a los llamados alertadores o testigos colaboradores con el gobierno en hechos de corrupción. “En este caso no se juega una bolsa Chanel”, indica Alejandro Rojas Pruneda, abogado del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) en entrevista con La Jornada. “Aquí nos estamos jugando la figura del alertador o testigo colaborador del gobierno. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene la oportunidad de marcar un precedente para definir el derecho a la verdad de la sociedad mexicana a través de esta figura legal”. Lozoya Austin, hijo de Emilio Lozoya Thalmann, ex secretario de Energía en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, está acusado por los delitos de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita; se convirtió en alertador del gobierno en el caso Odebrecht y la planta Agronitrogenados y decidió denunciar en agosto de 2020 a 17 funcionarios por corrupción, entre ellos a los ex presidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Carlos Salinas de Gortari; también a gobernadores, secretarios de Estado o legisladores. A continuación, Mendoza demandó civilmente a Lozoya por daño moral, porque en su denuncia, el ex director de Pemex señaló que, por órdenes del entonces secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, compró una bolsa Chanel con valor estimado entre 4 y 5 mil dólares para entregársela y que además también pagaban la colegiatura de su hija, algo que la periodista negó. Este caso será resuelto en definitiva el próximo 4 de marzo por el pleno de la SCJN con la ministra Sara Irene Herrerías Guerra como ponente del amparo directo en revisión 555/2024. Tras casi tres años en la cárcel, Lozoya Austin estuvo otros dos años y tres meses en prisión domiciliaria y actualmente usa un brazalete como medida cautelar. De acuerdo con el abogado, su cliente ha estado en “grave riesgo”, particularmente por las filtraciones de la propia Fiscalía General de la República (FGR) a cargo del entonces titular Alejandro Gertz Manero. “Yo no puedo afirmar que fue el fiscal Gertz quien filtró. Lo que si puedo decir es que la denuncia salió de la FGR. Son los riesgos derivados de la filtración ilegal de un extracto de la denuncia. Eso fue inaceptable. O sea, a los pocos días de presentarse la denuncia ya estaba de manera parcial en todos los medios de comunicación”. Rojas Pruneda afirma que Lozoya Austin asumió riesgos al colaborar como testigo para el gobierno, pero las filtraciones terminaron creando muchos obstáculos. “A Emilio casi lo matan en la cárcel. Caundo salía área jurídica tenía que ir escoltado y con chaleco antibalas, señala. El abogado va más allá: “Finalmente, las filtraciones dinamitaron la investigación. La denuncia que presentó Emilio Lozoya en agosto de 2020 fue una en la que, a pesar del gran riesgo que asumió, relató y delineó el modus operandi de la política de los sexenios previos a los del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue un documento calificado por él mismo como de lectura obligatoria, puesto que denunció temas muy delicados, de gran trascendencia, y, sobre todo, porque aportó múltiples pruebas”. Para el abogado, este caso judicial quedará como referente en jurisprudencia de cómo una bolsa se convirtió en una estrategia para intentar dinamitar un complejo caso de corrupción que involucra a ex presidentes, funcionarios de todos los niveles y legisladores. Añade: “La bolsa ya no es materia de este asunto. El tema es que la SCJN proteja a los testigos colaboradores, a los alertadores, que no permita que una persona que denuncia un hecho delictivo sea sentenciado por daño moral”. De acuerdo con su interpretación, este caso se convirtió en relevante porque afecta también a los periodistas y la libertad de expresión. “¿Qué vamos hacer con los alertadores? La Corte debe señalar qué tipo de garantías le vamos a dar a los alertadores. Esa es la oportunidad que tienen los ministros. Tienen que existir garantías mínimas. El caso de Lourdes y Emilio es perfecto para la derecha porque es un asunto de 500 mil pesos. El tema no es el dinero, sino lo que significa; lo que hay detrás de este caso. ¿Quién va alertar sobre los casos de corrupción si no hay garantías para proteger a los alertadores?”. Para el abogado Rojas Pruneda este caso es una “barbaridad, un escándalo brutal”. Lozoya ha perdido en diferentes instancias. “¿En qué país se condena a una persona por haber denunciado hechos de corrupción? Yo te puedo asegurar que las sentencias que ha resuelto este caso, es decir, las de primera y segunda instancia y el amparo son sentencias que tenían la intencionalidad de criminalizar la denuncia de Lozoya en general, no sólo la que tiene que ver con Lourdes Mendoza”. La ministra Sara Irene Herrerías advierte en la ponencia pública que será revisada por el pleno de la Corte el próximo miércoles no hay tema de interpretación constitucional. “Pienso que no le quiere entrar al tema, pero aquí es necesario fijar un criterio que sirva para otros tribunales. La Constitución protege a la figura de los alertadores de hechos de corrupción.”

02 de Marzo de 2026 / 16:45:30

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MEMORANDUM 3.- La propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum llegará al Congreso este lunes 2 de marzo, por ello horas antes Pablo Gómez Álvarez, responsable de la Comisión Presidencial para dicha reforma, salió a defender los cambios propuestos como resultado de su labor, en especial la reducción de una cuarta parte del gasto político del país por medio de distintas medidas, como el ajuste estructural de los órganos del sector. Por ejemplo, quitar el carácter permanente a las 300 juntas distritales del Instituto Nacional Electoral (INE). En entrevista, aseguró no afectará tareas como la actualización del padrón electoral o la expedición de la credencial para votar; también precisó que las adecuaciones en la estructura de los órganos electorales aplicarían hasta 2028. Expresó: “La reforma es un paso en el sentido de una democracia política menos contradictoria, más abierta al electorado, y un financiamiento de la actividad política más moderado, a fin de canalizar esos recursos, en un país pobre, a educación y salud.” En 2024, todos los organismos electorales administrativos y judiciales, así como los partidos políticos, recibieron 62 mil millones de pesos, “y de eso, la mitad se la llevó el INE solito”, incluidos los contratos que le dan a sus “cuates”, expresó. Por tanto, justificó, una reducción de 25 por ciento no parece ser demasiado drástica, porque ahora estamos pagando estructuras burocráticas muy altas. Gómez señala que no se tocará al personal relacionado con el Registro Federal Electoral, “sino a los ayudantes de los ayudantes, ésos son los que se van a ajustar; no será la junta distrital completa”. Al contrario, asegura, el INE quedará más fortalecido, sobre todo en su autoridad en materia de fiscalización de partidos y candidatos. Detalla que en primer lugar, 25 por ciento es lo que se va a aplicar como reducción del financiamiento público de los partidos, es decir, una cuarta parte de lo que están recibiendo ahorita; el recorte al INE y a los Oples (organismos públicos locales electorales) no va a venir el año que entra, porque hay elecciones. “La atrofia burocrática del INE y de los Oples se da porque tienen la misma estructura cuando no hay elecciones, y cuando hay, ya nada más contratan a los ayudantes para instalar casillas, como 5 mil personas, pero ellos tienen a mucho personal permanente, antes eran honorarios, pero ahora los cambiaron a estructura y no tienen mucho que hacer”. Los consejeros advierten que en las juntas distritales tienen actividades permanentes, como el monitoreo de los tiempos oficiales –se le insistió. “Eso se puede hacer en el INE, ¿qué les pasa? Hay una hipertrofia burocrática. Nunca dicen lo que ganan, lo que gastan. Los consejeros y la secretaria ejecutiva ganan más que la Presidenta de la República, 167 mil; los directores ejecutivos, 162 mil; los integrantes de la dirección del secretariado y la coordinadora de Asuntos Internacionales, 133 mil, que yo no sé para qué existe eso”. “Ésos llegan solos, con sus gastos. No, (el objetivo de la Coordinación de Asuntos Internacionales) son los viajes que se organizan. Recibir más de lo que las leyes señalan es un delito. Ahora, con prestaciones andan... es ofensivo eso, y no es contra ellos, ellos no lo hicieron, sino el antecesor, el señor Lorenzo Córdova”. Además, dijo, hacen maniobras para subejecutar las partidas y generar excedentes presupuestales, mismos que reparten en la Junta General Ejecutiva como les da la gana, incluyendo fideicomisos, de tal forma que termina el año, y en lugar de devolver lo que no ejercieron, se lo quedan. Eso no es legal; autonomía no quiere decir manipular los presupuestos. “El INE tendrá el dinero que necesite, pero no va a vivir en la hipertrofia burocrática cuando no hay elecciones. La diferencia de gasto –entre un periodo y otro– debería ser gigantesca, pero no lo es porque tienen un aparato permanente que no tiene trabajo”, agregó.

02 de Marzo de 2026 / 16:45:19

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