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Dice ChiquiFer que convertir a gobierno estatal en operador directo de rutas implicaría una carga técnica y logística difícil de sostener
MEMORANDUM 1.- Al advertir que los transportistas podrían promover recursos jurídicos, aunque ve poco probable que prosperen impugnaciones sobre quién opera las unidades, el exalcalde y diputado local del PAN, Fernando Yunes Márquez, expresó su desacuerdo con que el Gobierno estatal asuma la operación del transporte urbano mediante un fideicomiso, al considerar que debe permanecer en manos de concesionarios privados. El legislador señaló que convertir a la administración en operadora directa de rutas implicaría una carga técnica y logística difícil de sostener. Desde su perspectiva, antes de crear un esquema financiero, debió privilegiarse el acuerdo con permisionarios como vía para resolver diferencias operativas. Yunes Márquez advirtió que, si el Gobierno participa en la prestación, debe hacerlo bajo reglas económicas iguales, sin trato diferenciado en tarifas ni condiciones de competencia. En ese tenor, cuestionó que el fideicomiso como solución se use ante problemas diversos y rechazó que el Estado asuma automáticamente funciones productivas o de servicio. Destacó que el aparato gubernamental enfrenta obstáculos para tareas de gestión operativa diaria, como el manejo del transporte público continuo. Yunes Márquez consideró que trasladar la responsabilidad total al Ejecutivo podría generar más complicaciones que beneficios en un servicio que exige decisiones rápidas y control técnico. Así las cosas.
Acuerda SEV ruta de trabajo orientada a fortalecer igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación en 2026
MEMORANDUM 2.- En un contexto donde la agenda de género enfrenta el reto de traducirse en resultados medibles y no sólo en lineamientos administrativos, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) acordó una ruta de trabajo para 2026 orientada a fortalecer la igualdad sustantiva, la inclusión y la no discriminación al interior de la dependencia. Durante una reunión de coordinación institucional, titulares de áreas y enlaces ante la Unidad de Género definieron ejes estratégicos prioritarios: la institucionalización de la perspectiva de género en los procesos de planeación y evaluación; la capacitación especializada del personal; la prevención y atención de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres; y el seguimiento de indicadores que permitan evaluar avances concretos. La Unidad de Género subrayó que la igualdad sustantiva exige coordinación transversal y corresponsabilidad entre áreas, así como la incorporación efectiva del enfoque de género en los procesos sustantivos y administrativos de la Secretaría. El encuentro también permitió identificar áreas de oportunidad y establecer mecanismos de seguimiento, con la intención de que las acciones no queden en declaraciones formales, sino que impacten en la cultura organizacional y en las condiciones laborales del personal. Así las cosas.
ASF detectó un presunto daño patrimonial de 4.3 mdp en cuenta pública 2024 de la Universidad Veracruzana
MEMORANDUM 3.- Vaya caso, todo parece indicar que la Universidad Veracruzana en tiempos del rector Martín Aguilar Sánchez, también tuvo su Año de Hidalgo. Y es que, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó un presunto daño patrimonial por un monto de 4 millones 359 mil pesos en la casa de estudios. Aunado a ello, también detectó la posible contratación de empresas irregulares, que no han permitido ser revisadas por Instituto Mexicano del Seguro Social ni el Sistema de Administración Tributaria. De igual forma, en el Informe de la Cuenta Pública 2024 que entregó la ASF a la Cámara de Diputados, determinó que la administración del rector de la UV, Martín Aguilar Sánchez tuvo un subejercicio, por lo cual tuvo que devolver dinero que estaba originalmente presupuestado para grupos artísticos de la Universidad. La irregularidad más grave fue que la Universidad Veracruzana adjudicó a un proveedor el suministro de gasolina por medio del contrato número UV/DRM/246/2023 pagados con recursos de las Participaciones Federales, por un monto de 4 millones 359 mil pesos, el cual careció del soporte de los consumos de gasolina realizados por el personal de la universidad mediante monederos electrónicos que permitiera identificar el vehículo asignado, el servidor público beneficiado y la comisión o actividad realizada, por lo que no se acreditó la justificación y destino de los recursos. Por ello, se generó la observación correspondiente por el probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por un monto de 4 millones 358 mil 964 pesos con 4 centavos, más las cargas financieras generadas desde su disposición hasta su reintegro al Gobierno del Estado, por carecer del soporte de los consumos de gasolina. En caso no de solventar, entonces el rector o el funcionario que gozó de ese beneficio, tendría que devolver de dicho monto. La Auditoría Superior de la Federación comunicó la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control competente o su equivalente en la Universidad Veracruzana realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de las personas servidoras públicas que, en su gestión no cotejaron que 30 proveedores presentaran la opinión de cumplimiento emitida por el Servicio de Administración Tributaria y por el Instituto Mexicano del Seguro Social y no verificaron que 10 proveedores no autorizaran al Servicio de Administración Tributaria hacer pública su opinión de cumplimiento. Por lo que se refiere a los recursos del programa de Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, a los Recursos Federales Extraordinarios no Regularizables, del Programa S247 “El Desarrollo Profesional Docente”, del Programa de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos, y de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, la Universidad Veracruzana reintegró a la Tesorería de la Federación 733 mil pesos, que ya no utilizó en beneficiar a sus trabajadores.

 

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