Tras sentencia de la CIDH en caso de Ernestina Ascencio, médico legista despedido por contradecir versión oficial exige justicia
MEMORANDUM 3.- Juan Pablo Mendizábal Pérez, médico legista que contradijo la versión oficial en torno a la muerte de la indígena Ernestina Ascencio Rosario, en Zongolica, exige justicia luego de perder su empleo, la estabilidad y casi 19 años de vida profesional. Mendizábal Pérez sigue pagando el precio de haber sostenido, con base científica, que la mujer indígena no murió por una enfermedad común, sino tras sufrir una agresión sexual y tortura, una conclusión que hoy ha sido avalada por instancias internacionales, pero que en su momento fue considerada “incómoda” para el poder. Mendizábal Pérez fue separado de su cargo durante el Gobierno de Fidel Herrera Beltrán, cuando laboraba en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado. Su dictamen médico-legal desmintió la versión oficial que intentó cerrar el caso atribuyendo la muerte de la mujer nahua a una supuesta gastritis mal atendida, la consecuencia fue inmediata, el despido y el descrédito institucional. Aunque posteriormente fue reinstalado, la historia se repitió, en la administración de Javier Duarte de Ochoa cuando volvió a ser cesado, consolidándose un patrón de castigo administrativo contra quien se negó a modificar sus conclusiones periciales, y desde entonces, su situación laboral permanece en el limbo, sin que los cambios de Gobierno hayan significado justicia. Y es que, ni en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, ni durante la administración de Cuitláhuac García Jiménez el peor gobernador de la historia de Veracruz -, ni en lo que va del actual Gobierno Estatal, se ha concretado su reinstalación formal en el puesto que le corresponde, pese a las gestiones legales emprendidas y a la solidez de su trayectoria profesional. En ese tenor, defensores de derechos humanos advirtieron que Mendizábal Pérez suma ya 19 años sin ejercer plenamente su especialidad, lo que califican como una represalia prolongada y sistemática por cumplir con su deber. A ello se suma que, desde hace seis años, fue enviado a laborar a Soledad Atzompa, en una reubicación que ignoró su edad y estado de salud, y que lo mantiene aislado de los espacios donde podría desarrollar su trabajo pericial. El médico ha solicitado reiteradamente su regreso a la Fiscalía con sede en Orizaba, donde anteriormente desempeñó sus funciones y donde existen las condiciones técnicas y humanas para su labor. Su petición, señalan, no sólo es laboral, sino también humanitaria. El caso cobró nueva fuerza tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que responsabilizó al Estado mexicano por la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina Ascencio Rosario, dejando al descubierto que el peritaje de Mendizábal Pérez fue correcto y que su desacreditación obedeció a intereses políticos de los Gobiernos Estatales. Para organizaciones civiles, el fallo internacional exhibe que el médico fue castigado por no prestarse a falsear la verdad y evidencia que las instituciones de justicia en Veracruz aún arrastran inercias de impunidad y simulación. Advirtieron que el Estado mantiene una deuda no sólo con la familia de Ernestina Ascencio Rosario, sino también con quienes, desde dentro del sistema, se negaron a encubrir un crimen. La reinstalación de Juan Pablo Mendizábal Pérez en Orizaba, subrayan, sería un acto mínimo de justicia y una señal clara de que decir la verdad no debería seguir siendo motivo de persecución. Mientras tanto, el médico legista continúa a la espera de una resolución que ponga fin a casi dos décadas de incertidumbre, con la esperanza de que el reconocimiento internacional de los hechos obligue, finalmente, a corregir una injusticia que lleva 19 años abierta