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Mayoría de mexicanos que detiene el ICE tienen más de dos décadas viviendo en EU y contribuyendo a su economía; pero a gobierno de Trump eso no le importa
MEMORANDUM 1.- Gran parte de los mexicanos recluidos en centros de detención migratoria en Estados Unidos “han echado raíces”, pues tienen más de dos décadas viviendo y contribuyendo a la economía de ese país, revela encuesta que aplicó el consulado general de México. Las entrevistas se realizaron del 6 al 27 de marzo de 2026 en Los Ángeles a mil 809 connacionales detenidos en el centro de reclusión del centro de esa ciudad. California es el estado en el que más mexicanos han muerto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y en operativos, a raíz del endurecimiento de las políticas antimigratorias del presidente Donald Trump en su segundo mandato. Hasta ahora, 14 connacionales han fallecido en esa situación, de los cuales cinco corresponden a California. Del total de entrevistados, mil 660 (92 por ciento) son hombres, y 149 (8 por ciento), mujeres. En el marco de la conferencia organizada la semana pasada tras la muerte del ciudadano mexicano José Guadalupe Ramos Solano, el cónsul general de México en Los Ángeles, Carlos González Gutiérrez, informó que los resultados de la encuesta revelan que los mexicanos detenidos por las políticas migratorias tienen varios años de estancia en Estados Unidos. Cinco de cada 10 han pasado en promedio más de una década residiendo en territorio estadunidense. Asimismo, 15 por ciento han radicado en el país entre 21 y 25 años; 9 por ciento, de 26 a 30 años, y otro 9 por ciento, de 16 a 20 años. “Es gente que ha echado raíces en este país”, apuntó el cónsul. Además, 36 por ciento de los encuestados tienen hijos nacidos en Estados Unidos y todos contribuyen a la economía del país. “Se trata de miembros integrados a la comunidad de la que han formado parte por décadas”, señaló el cónsul. En las entrevistas, los connacionales reportaron indignas condiciones de salubridad y falta de garantía de derechos en los centros de reclusión, así como un casi nulo flujo de información a las familias de los migrantes detenidos. Royer Pérez Jiménez, migrante de 19 años y quien fue hallado muerto en un centro de detención de Florida el pasado 16 de marzo, fue velado en su comunidad indígena tsotsil de San Juan Chamula, Chiapas. El ICE señaló que se suicidó.
La pura simulación: Ministros, magistrados y titulares del PJF son inmunes a la austeridad; conservan esquema de sus antecesores
MEMORANDUM 2.- El renovado Poder Judicial de la Federación (PJF) aplicó medidas estrictas de racionalidad y austeridad republicana para viajes oficiales del personal administrativo, pero dejó intactos a ministros, magistrados y titulares de órganos, por lo que conservan los esquemas de viáticos y pasajes de sus antecesores, así como la facultad de autorizar sus propias comisiones oficiales nacionales y al extranjero, sin transparentar sus facturas bajo el argumento de “seguridad nacional”. Desde marzo, los trabajadores administrativos de ese poder redujeron al menos 50 por ciento sus viáticos para viajes de trabajo, conforme a los nuevos lineamientos del Acuerdo General del Pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ) sobre políticas de racionalidad, gasto eficiente y disciplina presupuestaria para 2026. Pero el acuerdo mantiene la facultad de los titulares de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal de Disciplina Judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el OAJ –ahora electos por voto popular– para autorizar sus propias comisiones, nacionales e internacionales, así como las de su personal, sin límites en acompañantes, pasajes o hospedaje. Asimismo, establece como única obligación rendir informes trimestrales a la Comisión de Administración. En tanto, el resto del personal debe tener autorización previa de sus unidades o de la propia comisión de su órgano y cuenta con plazos limitados para comprobar los gastos. Además, se mantiene la práctica de clasificar como “reservados por seguridad personal y nacional” los viáticos y gastos de transporte de ministros, magistrados y titulares, con sustento en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Así ocurre en la página de la SCJN, donde se reportan montos y motivos de las comisiones, pero no se publican comprobantes. Por ejemplo, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz registró en noviembre pasado 10 mil 145.12 pesos en viáticos en la Ciudad de México, pero las facturas no son públicas. Para lograr un recorte de 50 por ciento a los viáticos, las medidas en el Acuerdo del OAJ obligan a limitar las comisiones oficiales a una sola persona –salvo justificación–, planear los viajes con al menos cinco días de anticipación y ajustar los vuelos estrictamente a clase turista, así como el hospedaje al menor costo disponible. Dicho acuerdo entró en vigor el 28 de febrero pasado y dos empleados de la SCJN bajo condición de anonimato afirmaron a La Jornada que en la práctica se han “extralimitado” sobre la norma para garantizar todavía mayores ahorros. Declararon que han desembolsado recursos propios ante la falta de anticipos de viáticos, bajo la promesa de rembolso; sin embargo, éste suele ser parcial, con el argumento de irregularidades en la comprobación o falta de justificación. Los trabajadores añadieron que existe la instrucción de priorizar traslados por carretera en vehículos oficiales para evitar vuelos, aun cuando impliquen trayectos de más de 12 horas.
Gasolineros laboran en condiciones de 'esclavitud' problemática que se ha ido pasando de sexenio en sexenio
MEMORANDUM 3.- Desde hace varios gobiernos se ha exhibido que los despachadores de gasolina carecer de contrato laboral, salario, seguridad social y prestaciones, a eso se le suma que deben pagar un derecho de piso para poder trabajar en alguna de las más de 13 mil 500 estaciones de servicio del país, donde únicamente dependen de las propinas para llevar el sustento a sus hogares. En esta industria, que a diario registra operaciones de millones de pesos, las condiciones laborales “de esclavitud” persisten debido a los múltiples abusos, que van desde ser obligados a vender aditivos o aceites para motor, hasta realizar composturas en otros negocios de los franquiciatarios. De acuerdo con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la remuneración de un gasolinero debería ser de 326 pesos diarios; sin embargo, no todos la reciben, lo cual repercute en otros derechos como el aguinaldo, el reparto de utilidades, ni mucho menos acceso a una vivienda o a una pensión para el retiro. La Jornada entrevistó a Raúl, quien ha despachado combustible desde hace cuatro años en un expendio de Pemex en la carretera Picacho-Ajusco, al sur de la Ciudad de México, donde dice pagar derecho de piso de 100 pesos diarios (hace unos meses eran 150) que son descontados de las propinas que recibe de los automovilistas para laborar alguno de los tres turnos de ocho horas. El joven de 22 años de edad cuenta que su ingreso promedio diario de propinas es de alrededor de 600 pesos, a los cuales descuenta esa cuota; además debe costear el uniforme y calzado. El caso de Oswaldo no es muy distinto; comenta que llegó a pagar 150 pesos de sus propinas, pues además debía comprar artículos de limpieza para el mantenimiento de la estación. Cuando tenía 19 años comenzó a trabajar en la estación Olesma, en Milpa Alta; en un principio no les cobraban, pero después sí y al finalizar su turno sólo se quedaba con 350 o 400 pesos, insuficientes para solventar sus gastos y los de su familia. Externa: “Los tratos de la gerente y del dueño eran como de esclavitud, porque si tenía una emergencia y no me presentaba a trabajar, nos ponían a hacer talacha: después de laborar ocho horas en la estación, me tenía que quedar cuatro más a pintar otro negocio que tenía el patrón o nos llevaba a su casa a hacer alguna compostura”. El despachador, ya con 27 años de edad, indica que estas condiciones cambiaron luego de que se afilió al Sindicato Nacional de Trabajadores de Servicios, Casas Comerciales, Oficinas y Expendios, Similares y Conexos de la República Mexicana, que obtuvo la titularidad del contrato colectivo en dicha estación, donde en diciembre estalló una huelga por el despido injustificado de 11 trabajadores. Aunque hay más de 13 mil 500 estaciones en el país, según datos oficiales, aclara que esta situación se da principalmente en la capital del país –donde 85 por ciento de los despachadores no tienen salario–, además del estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro y lugares turísticos como Acapulco o Cancún. A la falta de libertad sindical y la existencia de los sindicatos de protección, se suma el hecho de que las autoridades laborales no hacen ninguna inspección. Mientras, los despachadores “andan deambulando” en estaciones, el gremio se conoce y entre unos y otros recomiendan espacios donde ya despidieron personal.

 

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