MEMORANDUM 1.- Aún décadas antes de que el huachicol fiscal se convirtiera en un problema en las finanzas públicas, buques e instalaciones de Pemex ya eran utilizadas con fines criminales. A finales de la década de los 40 y principios de la década de 1950, mientras el mundo se recuperaba de la guerra contra las potencias del Eje, el Gobierno mexicano investigó como los buques de la paraestatal eran utilizados para traficar cigarros desde Estados Unidos. De acuerdo al expediente 19-10-49 de la extinta Dirección Federal de Seguridad, antigua agencia de inteligencia del Estado mexicano, en 1951 se halló un esquema por parte de trabajadores Pemex para traficar tabaco originario de la Unión Americana en territorio nacional. El mecanismo era el siguiente: en el puerto de Brownsville, Texas, buques de la petrolera mexicana adquirían cigarrillos a precios especiales, con la finalidad de revenderlos posteriormente en la República mexicana. Décadas después, con venia de altos funcionarios federales y la Marina, se utiliza un esquema similar para adquirir combustible desde Estados Unidos, haciéndolo pasar por aditivos o aceites, con la finalidad de pagar menos impuestos y luego revenderlo en el país. Ese esquema es conocido como huachicol fiscal, que ha provocado al Gobierno pérdidas de hasta 200 mil millones de pesos anuales. A diferencia del huachicol tradicional, que implica el robo físico de combustible de los ductos de Pemex, el fiscal se basa en declaraciones aduaneras falsas, clasificando el combustible como lubricantes, aditivos o residuos para evitar pagar los impuestos que aplican para gasolina o diésel. Este delito representa un daño muy severo para las finanzas públicas. Se estima que entre 2018 y 2024 dejó una evasión fiscal de más de 809 mil millones de pesos, según PETROIntelligence. Además, las redes que lo operan suelen involucrar corrupción en aduanas, complicidad institucional y empresas fachada para dar apariencia legal al combustible importado ilegalmente.

25 de Noviembre de 2025 / 17:00:40

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MEMORANDUM 2.- Iván Cepeda Castro, candidato a la presidencia de Colombia por el Pacto Histórico (PH), puntero en estas etapas iniciales del proceso electoral que culmina el 31 de mayo de 2026, apuesta por la continuidad del proyecto que inició Gustavo Petro, pero también por “su radicalización en algunos casos y por la corrección y enderezamiento de cosas que se han hecho mal”. Cepeda es senador por el partido Polo Democrático Alternativo, parte de la coalición del PH. Fue quien emprendió el juicio penal contra el poderoso ex presidente Álvaro Uribe, acusado por compra ilegal de testigos para el encubrimiento del paramilitarismo y declarado culpable, aunque en una segunda instancia lo absolvió un tribunal superior. Durante su paso por México, en entrevista con La Jornada formuló uno de los problemas que considera primordiales para su país, para la región y para estos tiempos: “¿Vamos a seguir en la guerra contra las drogas, que es la guerra del eterno fracaso? ¿Vamos a seguir en esa ficción estéril que nos ha llevado a sacrificar la vida de miles de personas? ¿O vamos a buscar soluciones fundamentales por medio de un diálogo de gran alcance?” Lo dice mientras, como telón de fondo en la región, el gobierno de Donald Trump ha ordenado el despliegue del portaviones más grande del mundo, el Gerald Ford, preparado para una operación bélica de dimensiones inciertas en el Caribe. “Estamos asistiendo a la aparición de una estrategia internacional en la que hay acciones recíprocas entre las derechas nacionales y la derecha en Estados Unidos para consolidar nuevos poderes extremistas. El gobierno de Trump es eso, un gobierno de derecha extrema, fascista, que busca beneficiar a derechas pares de otros países. En Argentina, El Salvador y en Colombia, por supuesto”. “Ahí podemos ver la vieja relación de Álvaro Uribe con la extrema derecha de Miami y con el secretario de Estado Marco Rubio, que hemos documentado desde largo tiempo. Lo que menos les importa es el narcotráfico. Es una estrategia intervencionista, de desestabilización y eventualmente de intervención militar”.

25 de Noviembre de 2025 / 16:44:14

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MEMORANDUM 3.- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, volvió a abrir el debate para modificar la unidad de medida para calcular las indemnizaciones a trabajadores derivadas del fallecimiento e incapacidad. El eje de la discusión es si la compensación económica debe calcularse con base en el Salario Mínimo, actualmente ubicado en 278.80 pesos; o mediante la UMA (Unidad de Medida y Actualización), actualmente de 113.14 pesos. En su propuesta, Batres Guadarrama impulsa que dichas prestaciones se calculen con la UMA, por lo según especialistas, reduciría gravemente la compensación por muerte e incapacidad. Por lo anterior, diversos sectores han mostrado su preocupación, pues buscan una reparación integral y justa para las víctimas de daños y sus familias, ya que se argumenta que el uso de la UMA afecta el monto final de las compensaciones, perjudicando económicamente a los trabajadores y sus herederos. Según los cálculos la indemnización por muerte con base en UMAS, que es el criterio propuesto por Batres, sería de 566 mil 700 pesos, derivado de la unidad multiplicado por los 5 mil días que señala la Ley Federal del Trabajo (LFT)]; mientras que con el Salario Mínimo de 278.80 pesos, multiplicado por los 5 mil días, el monto sería de 1 millón 394 mil pesos. En el caso de la indemnización por incapacidad, el monto con base en UMAS, impulsada por la autollamada ministra del pueblo, sería de 124 mil 239 pesos, derivado de la unidad multiplicado por los mil 095 días que señala la LFT; mientras que con el Salario Mínimo de 278.80 pesos, multiplicado por los mil 095 días que establece la LFT, la cantidad sería de 1 millón 394 mil pesos. La referencia al cuádruplo del salario mínimo es un elemento central de la contradicción entre las Primera y Segunda Salas, motivo por el cual se hizo la reforma al Código Civil Federal que dio origen a este conflicto. El criterio planteado por la ministra Batres, a discutirse el jueves 27 de noviembre en el pleno de la Corte, declara que el pago de la indemnización por causa de muerte debe calcularse con base en la Unidad de Medida y Actualización, postura que justifica con la desindexación del salario mínimo, ordenada por la reforma constitucional de 2016, prohíbe su uso como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza laboral.

25 de Noviembre de 2025 / 16:30:38

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