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A comisiones, tres iniciativas presentadas por la gobernadora de Veracruz.
En la tercera sesión del Segundo Periodo Ordinario, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Tanya Carola Viveros Cházaro, envió a las comisiones permanentes unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto la propuesta de modificación a la Carta Magna estatal.
Viernes 25 de Abril de 2025
Por: Congreso del Estado
Foto: Congreso de Veracruz.
Xalapa, Ver.- La Mesa Directiva de la LXVII Legislatura turnó a comisiones las iniciativas presentadas a este Congreso por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, relativas a reformas a la Constitución Política del Estado, en materia de transparencia y acceso a la información pública, así como al Código de Derechos y al decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, ejercicio fiscal 2025.

En la tercera sesión del Segundo Periodo Ordinario, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Tanya Carola Viveros Cházaro, envió a las comisiones permanentes unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto la propuesta de modificación a la Carta Magna estatal.

Esto, en cumplimiento de las disposiciones emanadas de la reforma constitucional en materia de simplificación administrativa y que obliga a las entidades federativas a eliminar de sus legislaciones las figuras de organismos autónomos garantes del derecho de acceso a la información y protección de datos personales, para dar paso a la definición de competencias en los órganos encargados de la contraloría u homólogos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como demás sujetos obligados de garantizar tal derecho.

De esta manera, se derogaría la fracción IV del Artículo 67 de la Constitución local que refiere al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) y, por consiguiente, se ajusta el texto de los artículos 67 Bis, 77 y 78 que aludía al citado organismo o sus integrantes.

El Congreso del Estado tendrá un plazo máximo de 60 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto para realizar las adecuaciones necesarias a las leyes que correspondan para darle cumplimiento. Una vez que entre en vigor la legislación referida, se entenderá extinto el IVAI.

Por otra parte, fue enviada a la Comisión de Hacienda del Estado la iniciativa que reforma el primer párrafo del Artículo 53 del similar número 223 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, ejercicio fiscal 2025, con la que se busca la efectividad en el manejo de los recursos humanos, consolidando número y monto de los servicios personales mediante el establecimiento y aplicación de criterios, programas, reglas administrativas y presupuestarias.

Se precisaría en el citado artículo que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) realizará el pago correspondiente a las nóminas del Poder Ejecutivo directamente a los trabajadores, a través de transferencias electrónicas a sus respectivas cuentas bancarias, por cuenta y orden de las dependencias y entidades con cargo a su presupuesto autorizado.

Por lo anterior, es responsabilidad de las dependencias y entidades verificar que los movimientos de personal autorizados se encuentren debidamente incorporados en la nómina con la que se generan dichos pagos.

Por último, la Comisión de Hacienda del Estado analizará la propuesta que adiciona la fracción XI, al Artículo 19 y los artículos 59 Quinquies y 59 Sexies, al Código de Derechos del estado, por la que se establece que todos los ingresos públicos estatales deben ser concentrados en la Sefiplan, a través de la Oficina Virtual de Hacienda.

De esta forma, se aseguraría que los recursos que deriven de las entradas del Parque Naturalia y Aquarium del puerto de Veracruz sean gestionados de manera centralizada, transparente y conforme a los procedimientos establecidos para la administración del gasto público.

Adicionalmente, se incluyen los servicios prestados por la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste, los cuales son exclusivos del Estado y tienen como finalidad fortalecer la preparación y profesionalización de los operadores del sistema de justicia, tanto en formación inicial como continua.

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