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XALAPA.- Luego de la difusión de imágenes en las que agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) emplean bastones retráctiles contra personas migrantes, el abogado y analista político Juan Hernández Mercado cuestionó la legalidad y legitimidad de este tipo de acciones, así como el perfil institucional de quienes dirigen estas dependencias encargadas de proteger derechos fundamentales. “El uso de bastones contra personas desarmadas, que no están ejerciendo violencia ni participando en una manifestación agresiva, puede constituir un abuso de autoridad”, refirió el abogado. Hernández Mercado señaló que el hecho de que los agentes ocultaran los toletes al notar que estaban siendo grabados puede interpretarse como una señal de que ellos mismos eran conscientes de que su actuar podría ser inapropiado o ilegal. Destacó que, de acuerdo con los principios básicos sobre el uso de la fuerza, adoptados por organismos como la ONU y recogidos en la legislación mexicana, el uso de la fuerza debe ser proporcional, necesario y racional, agotando previamente los medios de persuasión, diálogo o contención no violenta. "El uso de armas, incluso las llamadas no letales como los toletes, sólo se justifica si hay una amenaza real e inminente para la integridad de los agentes o de terceros", señaló. Hernández Mercado destacó que en el caso de migrantes desarmados que intentan huir, no hay un riesgo que justifique el uso de objetos contundentes. De igual forma, recordó que la migración irregular no es un delito, sino una falta administrativa conforme al marco legal mexicano y los migrantes no deben ser tratados como delincuentes. En caso de detención, subrayó, debe hacerse respetando su dignidad y derechos humanos. El abogado también se refirió al perfil institucional del INM, señalando que esta situación refleja una tradición de endurecimiento sin enfoque humanitario en la gestión migratoria. Como ejemplo, citó la trayectoria del exdirector del INM, Francisco Garduño, quien tras haber ocupado cargos como comisionado de las prisiones federales y Secretario de Transporte en la CDMX, culminó su gestión en medio de señalamientos por el incendio en una estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas y otras 27 resultaron gravemente heridas. Aunque el proceso en su contra fue suspendido, no se emitieron disculpas públicas a las víctimas, lo cual —consideró— refleja una preocupante falta de sensibilidad institucional. “Es momento de preguntarnos qué perfil debe tener quien encabeza el Instituto Nacional de Migración. ¿Debemos ver la migración como un peligro o como una oportunidad con apego a los derechos humanos?”, cuestionó. Por lo anterior, Hernández Mercado hizo un llamado a retomar el legado de solidaridad que históricamente ha tenido México con personas en situación de refugio, como en el caso de los niños de la Guerra Civil Española durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas. Destacó que hoy no sólo las infancias palestinas, ucranianas o iraquíes necesitan al mundo, también los miles de niñas, niños, mujeres y hombres expulsados por la violencia, gobiernos opresores o el crimen en América Latina. En este contexto, propuso que en lugar de criminalizar la migración, México debería integrarlos a la sociedad para recuperar parte del bono demográfico juvenil e infantil que ha sido capturado por el crimen organizado. “Sí, puede haber personas con perfiles delictivos entre los migrantes, pero para eso existen las instituciones. Se trata de filtrar, no de golpear”, subrayó. El analista político exhortó a la ciudadanía y a organizaciones civiles a documentar y denunciar este tipo de hechos ante la CNDH y comisiones locales, así como a exigir transparencia en los protocolos de actuación del INM y rendición de cuentas sobre el equipo y entrenamiento que reciben sus agentes.
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