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| Javier Duarte se queda en prisión; caso de desaparición forzada frena su salida. | ||||||
| El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue sentenciado a 9 años de prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa; sin embargo, a cinco meses de cumplir su condena, solicitó el beneficio de la libertad anticipada que este viernes le fue negada. | ||||||
| Viernes 21 de Noviembre de 2025 | ||||||
| Por: animalpolitico.com | ||||||
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Además, la defensa del mandatario no logró acreditar que haya cumplido con el plan de actividades del Reclusorio Norte, que tiene que ver con actividades deportivas, culturales y educativas. De esta forma, la jueza Federal Angela Zamorano Herrera, determino que el exgobernador de Veracruz seguirá pagando su condena de nueve años por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, la cual concluirá en abril de 2026. Recientemente, los abogados de Duarte argumentaron que el exmandatario cumplió con más del 95% de su sentencia, por lo que le restan alrededor de cinco meses, y por ello podía solicitar el beneficio. En la última audiencia, celebrada el 19 de noviembre, el exgobernador tomó la palabra y acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de querer montar un “circo mediático” del caso. Mientras que en un argumento final, la FGR aseguró que existen víctimas y madres buscadoras en Veracruz que piden que el exgobernador no sea liberado, por lo que le pidió a la jueza dejar que cumpla con toda su condena. Caso Javier Duarte Ha pasado casi una década desde que se destapara el mayor escándalo de corrupción en Veracruz bajo la administración del expriista Javier Duarte de Ochoa, quien gobernó la entidad del 1 de diciembre de 2010 al 12 de octubre de 2016. Fue acusado de desvíos millonarios, de la creación de empresas fantasma, y de usar fondos destinados a programas sociales para fines políticos y personales. En 2018, fue sentenciado a nueve años de prisión, tras declararse culpable de los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, luego de aceptar un juicio abreviado ofrecido por la entonces Procuraduría General de la República (PGR). A cambio, consiguió que se le dictara la pena mínima. En mayo de 2016, en pleno proceso electoral, Animal Político publicó una amplia investigación que mostraba la operación de una red de empresas fantasma en el gobierno de Veracruz que derivaron en los desfalcos millonarios detectados por la Auditoria Superior de la Federación (ASF). Javier Duarte utilizó un mecanismo para desviar recursos públicos: le entregó contratos a empresas que no existían y que no daban los servicios para los que eran contratadas, una Estafa Maestra. Tras el caso denunciado por Animal Político en 2016, la entonces PGR acusó a Duarte de dos delitos: lavado de dinero y asociación delictuosa. Esto al considerar que se confabuló con otras personas para desviar recursos públicos durante su gobierno utilizando empresas fantasma y prestanombres. El dinero, de acuerdo con las indagatorias, lo habría utilizado para la adquisición de propiedades y otros bienes. El presunto desvío de recursos federales, perpetrado de 2011 a 2016 en Veracruz, supuestamente destinados a acciones de salud, educación, seguridad, obras y asistencia social, asciende a más de 61 mil millones de pesos. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se trata del mayor caso de manejo irregular de recursos federales del que haya registro a la fecha. El 12 de octubre de 2016 Javier Duarte solicitó licencia al Congreso de Veracruz para separarse del cargo, argumentando que lo hacía para enfrentar las acusaciones en su contra; sin embargo, desapareció de la vida pública. Se fugó. Cinco días después se giró una orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. A finales de ese mes, fue expulsado del PRI. Seis meses después, el 15 de abril de 2017, Javier Duarte fue detenido en Guatemala por agentes federales mexicanos y de aquel país. Tras ser extraditado a México, Duarte fue internado en el Reclusorio Norte donde se le inició un proceso penal en el que, inicialmente, intentó defenderse. Sin embargo, en una audiencia intermedia realizada el 26 de septiembre de 2018, el exgobernador decidió renunciar a su derecho a ir a un juicio y se declaró culpable. A cambio de dicha declaratoria, el juez le impuso las penas mínimas contempladas que, en suma, representaron nueve años de prisión. También se ordenó que se le confiscaran varias propiedades y que pagara una multa, sin que se incluyera ninguna reparación del daño. El exgobernador también fue procesado por desaparición forzada, pero esta acusación no prosperó. Más de ocho años después de que fuera detenido, han salido a la luz contrataciones con compañías fachada que, hasta la fecha, no han sido incluidas en las 71 denuncias presentadas por la ASF contra su administración. Oficialmente, su excarcelación estaba programada para abril de 2026. Por: Alfredo Maza |
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