|
|
Foto:
.
|
XALAPA.- Es una tras otra al interior de la Universidad Veracruzana. Y es que, por si no fuera suficiente con los pronunciamientos de protesta en contra de la prórroga del rector Martín Aguilar Sánchez, durante la reciente sesión del Consejo Universitario General de la Universidad Veracruzana se registró un hecho que fue calificado como grave, irregular e inaceptable, luego de que al menos 23 consejeras y consejeros universitarios fueron excluidos del acceso a la sesión, lo que vulnera los principios de legalidad, representación democrática, deliberación colegiada y autonomía universitaria. A través de un comunicado, el Dr. Rafael Vela Martínez, consejero universitario y ex aspirante a la Rectoría, aseguró que entre las personas excluidas se encuentran consejeros alumnos de las facultades de Pedagogía, Antropología y Biología, así como consejeras académicas del Instituto de Ciencias de la Salud, del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales y del Instituto de Investigaciones Biomédicas, lo que implicó la sustracción de voces representativas de distintos sectores y áreas del conocimiento de la comunidad universitaria. En el pronunciamiento se recuerda que el Consejo Universitario General es el máximo órgano colegiado de gobierno de la Universidad Veracruzana, de acuerdo con su Ley de Autonomía, Ley Orgánica y Estatuto General, por lo que su integración plena no constituye una concesión administrativa, sino una exigencia normativa. La exclusión se habría justificado en un retraso ocasionado por un hecho fortuito y verificable, derivado de un accidente vial mortal ocurrido en el bulevar Xalapa–Banderilla. Sin embargo, se denunció que esta medida carece de razonabilidad y proporcionalidad, sobre todo ante la existencia de precedentes en los que, frente a situaciones similares, se ha ampliado el margen de tolerancia para garantizar la representación completa del órgano. De acuerdo con el pronunciamiento, esta decisión vicia de origen la deliberación y pone en entredicho la validez política y eventualmente jurídica de los acuerdos adoptados. El comunicado advierte como particularmente preocupante que el acceso al anexo de la Sala Tlaqná haya sido resguardado por personal de seguridad privada, identificado como escoltas, situación que se considera inédita pero que comienza a convertirse en una constante en la historia reciente del Consejo Universitario General. “La presencia de estos dispositivos de control, sumada a la negativa de acceso a consejeros críticos, es señalada como un ambiente de intimidación incompatible con un órgano colegiado autónomo”, refirió. La gravedad de los hechos, se subraya, se acentúa debido a que el Consejo Universitario General sesionaba para discutir asuntos de la mayor trascendencia jurídica e institucional, relacionados con la prórroga del mandato rectoral. En ese contexto, se recuerda que la normatividad universitaria establece que el cargo de rector o rectora tiene una duración determinada, que su designación y relevo deben sujetarse a procedimientos expresamente previstos y que no existe disposición normativa que faculte una prórroga automática, extraordinaria o discrecional. Ante la existencia de dudas fundadas sobre la legalidad de una decisión de la Junta de Gobierno, se afirma que el Consejo Universitario General no solo puede intervenir, sino que tiene la obligación institucional de hacerlo, ya que cada consejera y consejero universitario representa a una comunidad académica y estudiantil, no a una autoridad administrativa. La exclusión, se afirma, no es un hecho individual, sino colectivo y estructural, que afecta la legitimidad del órgano y sienta un precedente considerado peligroso al permitir que la participación en el Consejo pueda condicionarse cuando la deliberación resulta incómoda. Por lo anterior, académicos y estudiantes de la Universidad Veracruzana exigieron públicamente que se reconozca y documente la exclusión ocurrida, que se informe formalmente al Consejo Universitario General sobre lo sucedido y sus implicaciones, que se cuestione la validez política y procedimental de las decisiones adoptadas sin representación plena y que se reafirme el carácter autónomo, deliberativo y colegiado del máximo órgano de gobierno universitario. Por último, Vela Martínez sostuvo que la autonomía se defiende ejerciéndola y que la legalidad se preserva exigiéndola, al tiempo que llamó a garantizar claridad, legalidad y respeto a las instituciones universitarias. Así las cosas.
|
