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FGR detiene a asesora de exsecretario García Luna por lavado de dinero y delincuencia organizada.
En una orden de aprehensión que se giró en 2023 en contra de 61 personas que formaban parte de la supuesta red de corrupción del exsecretario García Luna se mencionó a María Vanesa “N” por los delitos de lavado de dinero.
Miércoles 17 de Diciembre de 2025
Por: animalpolitico.com
Foto: .FGR y Archivo Cuartoscuro
Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de María Vanesa “N”, asesora de Genaro García Luna, exsecretario de seguridad pública federal, por la presunta comisión de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), María Vanesa “N” posiblemente tuvo participación como apoderada legal de la empresa Nunvav, Inc., la cual habría utilizado el sistema financiero para fondear recursos que, al parecer, provienen de la delincuencia organizada.


Además, las investigaciones señalan a María Vanesa “N” por el supuesto desvío de fondos del Organismo Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), de la Secretaría de Gobernación (Segob), y la Tesorería de la Federación, que habrían tenido como beneficiario final, entre otros, a Genaro García Luna e integrantes de su familia.


En una orden de aprehensión que se giró en 2023 en contra de 61 personas que formaban parte de la supuesta red de corrupción del exsecretario García Luna se mencionó a María Vanesa “N” por los delitos de lavado de dinero, señalado como un “delito continuado”, por lo que podrían pedir penas de 7.5 a 22.5 años de prisión, así como el de delincuencia organizada, que amerita de 20 a 40 años de prisión.

Nunvak y el litigio penal de García Luna en México


A principios de 2019, agencias norteamericanas, particularmente la DEA y el FBI, informaron a autoridades mexicanas sobre el desarrollo de una investigación relacionada con el exprocurador y ministro Eduardo Medina Mora, en el que había un presunto nexo entre él y García Luna al inicio del gobierno de Felipe Calderón.


Por ello, cuando García Luna fue detenido en Estados Unidos, a finales de 2019, la UIF presentó dos denuncias: una en la extinta Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO, hoy FEMDO) y otra en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y operaciones de lavado de dinero.

Las investigaciones encontraron que entre el año 2006 y 2007, cuando empezó la llamada “guerra contra las drogas”, se comenzó a desarrollar también un programa llamado “nice track” para espionaje telefónico en el que participaron también los hermanos Mauricio Samuel Weinberg y Jonathan Alexis Weinberg, quienes proveyeron los insumos necesarios para efectuar este espionaje.


Pero casi al finalizar el sexenio, en 2011, una empresa en Panamá de nombre Nunvak abrió una filial en México que, durante los años 2011-2012 y del 2012 al 2018 (ya en la administración de Enrique Peña Nieto), fue “contratada de manera sistemática por el gobierno mexicano” para el mismo fin.


“En ese proceso encontramos nosotros la contratación por 77 millones de dólares directamente del gobierno mexicano, llámese Secretaría de Gobernación, Comisión Nacional de Seguridad, en ese momento existente, el organismo especializado de los Centros de Readaptación Social y también inclusive de las propias Fuerzas Armadas” en las que se encontraban servicios en temas de seguridad, informática, aviones no tripulados, entre otros servicios, señaló Santiago Nieto en una entrevista con Animal Político.

El monto total, aparte de los 77 millones de dólares en la contratación, fue de 2 mil 600 millones de pesos para Nunvak y las transferencias de dinero fueron enviadas a Panamá y de ahí a Estados Unidos, donde el Gobierno mexicano asegura que se utilizó para “pagar el modo de vivir de García Luna”.


Pero también se encontró dinero que iba a Tel Aviv, para el pago de los servicios de inteligencia israelí, y de ahí a países como Letonia y Curazao, entre otros.

Por otra parte, las investigaciones llegaron hasta una empresa mexicana llamada GLAC, que incluso disponía de espacios en medios de comunicación en el que se presentaba a diversos exfuncionarios en calidad de “colaboradores”, y que durante la administración de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México recibió diversos contratos, el más importante por 32 millones de pesos con la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, que la contrató para hacer un supuesto diagnóstico sobre la Fiscalía de Combate al Secuestro.

Al final, las autoridades presentaron las denuncias correspondientes contra Nunvak y GLAC S.A. de C.V., donde los accionistas eran Linda Cristina Pereyra y Gloria García, esposa y hermana del exfuncionario, respectivamente, así como contra el propio García Luna, lo que motivó el congelamiento de cuentas de 10 personas morales y por lo menos seis personas físicas vinculadas a la operación.

La relación entre María Vanesa “N” y García Luna: podría pasar más de 60 años en prisión
Por lo anterior, el 22 de mayo de 2023, la FGR informó que obtuvo de un juez federal órdenes de aprehensión para 61 personas, entre ellas Génaro García Luna y los hermanos Alexis y Mauricio Samuel Weinberg, quienes presuntamente se coludieron con el exsecretario de seguridad para realizar un saqueo de recursos públicos de cárceles federales durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón.

“Lo anterior, a fin de canalizar esos recursos ilícitos a empresas controladas por Genaro “G”, sus socios y cómplices, tanto del sector público como del privado, a través de diez contratos ilícitos, por la suma de cinco mil 112 millones de pesos, que fueron sustraídos a través de diversas triangulaciones criminales a nivel internacional”, informó la FGR mediante un comunicado.


Por ello, tanto a García Luna como a las otras 60 personas se les giró orden de aprehensión e incluso ficha roja —para los que habían huido del país— por estar relacionados con los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

En dicha orden de aprehensión se mencionó a María Vanesa “N” por los delitos de lavado de dinero, señalado como un “delito continuado”, por lo que se podría pedir en su contra una pena de 7.5 a 22.5 años de prisión, así como el de delincuencia organizada, que amerita de 20 a 40 años de prisión.


Desde dicha orden de aprehensión, el MP indicó al juez la autorización para mandar a las mujeres al Cefereso 16 de Morelos, el único penal federal construido exclusivamente para mujeres, y que ambos delitos se señalan en la Constitución como de “oficio”, por lo que se puede ejercer acción penal sin contar con mayor requisito.

“De la investigación se desprende la existencia de una organización criminal innominada operada por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal, quien tiene funciones de supervisor en la organización de facto por lo menos a partir de junio de 2011 a diciembre de 2019”, se puede leer en la orden de aprehensión a la que tuvo acceso Animal Político.

Asesora de García Luna será enviada al Cefereso 16 de Morelos
Por este motivo, en seguimiento a trabajos de inteligencia, agentes de la FGR cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de María Vanesa “N”, por su probable participación en la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocido como lavado de dinero, y delincuencia organizada.

La asesora de García Luna fue ubicada en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, quienes han mantenido coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, particularmente con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de la Marina (Marina) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

De acuerdo con un comunicado de la FGR, al ser localizada, a María Vanesa “N” le fueron leídos sus derechos para ser trasladada para su certificación médica, a efecto de ser puesta a disposición de una autoridad judicial con sede en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos, a fin de que el Ministerio Público Federal (MPF) solicite audiencia inicial para formularle imputación.









Por: Alfredo Maza

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