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CDMX.- Impresionante y trascendente informe han presentado quienes integraron la Misión Civil de Observación sobre impactos y afectaciones del proyecto Tren Maya (construcción y uso de las vías del tren y desarrollos colaterales) en los estados de Quintana Roo y Campeche, que en abril de 2025 realizaron un recorrido por sus tramos 5, 6 y 7 (https://ccmss.org.mx/ acervo/mision-civil-de-observacion-sobreimpactos-y-afectaciones-del-proyecto-trenmaya-informe-2025/), con el fin de escuchar el testimonio de personas que habitan el territorio, organizaciones de base, investigadores con estudios de campo, usuarios del agua, productores agropecuarios, dueños de la tierra, empleados de negocios asociados al tren, hoteles, Parque Jaguar y otros. Se hicieron reconocimientos del terreno, se tomaron notas, fotos y videos.
Esta Misión Civil fue convocada por seis organizaciones: Coordinación del Congreso Nacional Indígena, Centro Comunitario U Kúuchil k Chiibalo’on, Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, Cenotes Urbanos, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza, a las cuales se sumaron el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Greenpeace, Jaltun Investigación y Acción Colectiva, Kanan Derechos Humanos, Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, Observatorio de Multinacionales en América Latina y Territorios Diversos para la Vida. También participaron tres investigadores de la UAM y del INAH y, como observadora, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a solicitud de las organizaciones participantes.
En sus 60 páginas, el informe da cuenta, con detallada y fundada información, de lo siguiente 1. Creciente militarización con graves impactos socioambientales. La ocupación territorial y corporativa de las fuerzas armadas en la región, que se expande aceleradamente, pone en riesgo el estado de derecho, así como los derechos humanos y colectivos de los pueblos. 2.- Incremento exponencial de las violencias criminales e institucionales, vinculado al “progreso y desarrollo” que el Tren Maya se propone detonar. 3.- Afectaciones ambientales y ecocidio por las mutaciones territoriales que el megaproyecto está impulsando. 4.- Especulación inmobiliaria y despojo de tierras y territorio, que impactan en una acelerada urbanización en desmedro de los ecosistemas selváticos y la integridad de los territorios, que hasta ahora han representado el sustento de cientos de comunidades rurales, lo cual impulsará un incremento de la desigualdad y la exclusión de amplios sectores sociales. 5.- Inaccesibilidad a la justicia y violaciones al marco jurídico vigente. El Estado no sólo no ha sido garante de los derechos humanos, sino que ha provocado la vulneración de éstos, mediante diversas formas, entre ellas, el incumplimiento de leyes y la desprotección de los derechos de las personas y los pueblos. 6.- Tejido social resistente. Es relevante la centralidad de los procesos organizativos locales –que van desde las asambleas ejidales, a colectivos de afectados, científicos y académicos–, que muestra un tejido social vivo a pesar de los agravios y el amedrentamiento que ejercen sobre ellos los diversos sujetos armados y la intervención institucional clientelar y corporativa.
El informe denuncia el despojo de la cultura y la identidad maya, la destrucción y el saqueo de su patrimonio arqueológico, la mutación violenta de modos de vida: Las comunidades reportan pérdida de libertad de tránsito, niños que no pueden jugar en la calle, miedo constante, abandono del trabajo campesino por puestos precarizados, clínicas cerradas, acueductos inconclusos, escuelas ocupadas como cuarteles. La Sedena no sólo construyó el tren, lo convirtió en negocio: administra hoteles, aeropuertos, museos y hasta cobro de acceso a playas públicas bajo la marca Grupo Mundo Maya. Un decreto presidencial en 2022 declaró al Tren Maya de “Seguridad Nacional”, colocándolo por encima del estado de derecho. Paralelamente, los precios de terrenos se dispararon hasta 400 por ciento desde 2019. Más de 600 desarrollos inmobiliarios brotaron entre 2023-2024, la mayoría sin permisos ambientales. Así, se reportan 11 mil 482 hectáreas de selva deforestadas (sólo para 18 por ciento se contaba con autorización de cambio de uso de suelo). Quince mil pilotes de concreto perforaron el sistema de cuevas subterráneas más grande del mundo, dañando al menos 125 cenotes. Más de 95 bancos de materiales devastaron mil 500 hectáreas. Espeleólogos, biólogos e hidrólogos coinciden: el daño al acuífero maya y los ecosistemas es irreversible. Lo que sigue es detener la devastación que el tren de carga y los proyectos colaterales están implicando y proceder de manera urgente a la reparación de daños y el cumplimiento de indemnizaciones a las comunidades y personas afectadas por este megaproyecto.
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