De Veracruz al mundo
La SCJN sesionará hoy en Chiapas sobre amparo de autogobierno de comunidad.
El asunto que abordará será de alcance nacional, pues la Corte se pronunciará sobre si los gobiernos comunitarios indígenas deben ser reconocidos como un cuarto nivel de gobierno, junto con los ámbitos municipal, estatal y federal.
Jueves 26 de Febrero de 2026
Por: La Jornada
Foto: .Germán Canseco / Archivo
Chiapas.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrirá hoy un nuevo capítulo en su historia al celebrar su primera sesión extraordinaria en Chiapas. En 201 años sólo había sesionado en sedes de la Ciudad de México, San Luis Potosí y Querétaro.

El asunto que abordará será de alcance nacional, pues la Corte se pronunciará sobre si los gobiernos comunitarios indígenas deben ser reconocidos como un cuarto nivel de gobierno, junto con los ámbitos municipal, estatal y federal.

La renovada integración del Pleno del máximo tribunal busca que las sesiones fuera de su sede acerquen la justicia al territorio, especialmente a las comunidades más vulnerables, y que sus deliberaciones sean abiertas y accesibles para toda la población.

Durante la llamada sesión itinerante, los ministros discutirán tres proyectos sobre temas indígenas y charrería, pero el asunto central que los llevó al municipio de Tenejapa –en los altos chiapanecos– es el análisis de un amparo promovido por la comunidad tsotsil La Candelaria, en el que piden ordenar al Congreso local legislar y reconocer formalmente su autogobierno, lo que marcaría un precedente nacional.

Para el abogado Simón Hernández León, de la Universidad Iberoamericana Puebla, quien acompañó el amparo del Ejido Candelaria, la sesión en Chiapas será “histórica” por acercar la justicia a comunidades indígenas, pero advierte que su impacto debe reflejarse en una sentencia que consolide las reformas de 2021 y 2024, “que las comunidades indígenas puedan ejercer la autonomía, la libre determinación; se reconozca el derecho que tienen al ejercicio de presupuesto público y al estatus de sujetos de derecho público”.

No obstante, expresó a este medio su preocupación porque el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf aclara que la autonomía no implica un “cuarto orden de gobierno”, lo que –advierte– podría limitar el alcance del pluralismo jurídico y diluir el reconocimiento constitucional de las autoridades indígenas.

“No altera el diseño federal”

El proyecto va por amparar a La Candelaria, pero aclara que “no implica la creación de un ‘cuarto nivel de gobierno’ ni altera el diseño federal o municipal”, sino que es una forma de libre determinación que coexiste con las estructuras ordinarias.

Añade que “no otorga privilegios”, sino que establece condiciones para “garantizar igualdad sustantiva” y avanzar en la plena efectividad de sus derechos.

Hernández León considera que aunque el proyecto representa avances importantes, como fijar plazos al Congreso de Chiapas y generar efectos para la futura legislación general en materia indígena, el fallo podría quedar corto si no aborda el problema estructural del reconocimiento pleno de un nivel de gobierno indígena.

“Sería un fallo que no tendría los alcances, sobre todo a la altura de esta nueva Corte… se quedaría corta al sólo resolver en favor de la comunidad, pero no resolver el problema estructural”, comentó el académico.

La institución académica que representa, dijo, mantendrá el acompañamiento a la comunidad y, en su caso, impulsará acciones posteriores de incidencia legislativa.

Fuentes del alto tribunal informaron que a la sesión –programada para las 12 horas en la explanada de la Casa de la Cultura de Tenejapa– fueron invitados representantes de la Secretaría de Gobernación; el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, así como autoridades de gobiernos municipales.

También fueron convocados organismos e instituciones, como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), el Órgano de Administración Judicial, el Instituto Federal de Defensoría Pública, el Poder Judicial de Chiapas, y autoridades de las comunidades de La Candelaria y del propio

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