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| CNDH determina omisiones de fiscalía y forenses de Jalisco en procesamiento de indicios del Rancho Izaguirre. | ||||||
| El organismo concluyó que las acciones y omisiones de personal de ambas instituciones derivaron en violaciones a los derechos humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica y al acceso a la justicia, al no garantizar una investigación exhaustiva ni la adecuada preservación del lugar de intervención y de los indicios encontrados. | ||||||
| Jueves 05 de Marzo de 2026 | ||||||
| Por: animalpolitico.com | ||||||
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El organismo concluyó que las acciones y omisiones de personal de ambas instituciones derivaron en violaciones a los derechos humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica y al acceso a la justicia, al no garantizar una investigación exhaustiva ni la adecuada preservación del lugar de intervención y de los indicios encontrados. En marzo de 2025, cuando colectivos de familias buscadoras denunciaron que el Rancho Izaguirre funcionaba como un centro de adiestramiento y posible campo de exterminio operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Desde entonces, familiares de personas desaparecidas han intentado identificar objetos localizados en el lugar para esclarecer el paradero de sus seres queridos. Omisiones en el procesamiento de indicios De acuerdo con el análisis de la CNDH, durante las primeras diligencias en el inmueble se documentó la presencia de diversas evidencias que no fueron adecuadamente procesadas por el personal pericial y policial que intervino en el lugar. El organismo indicó que, pese a que las evidencias fueron registradas en material fotográfico y reportes iniciales, no todas fueron identificadas, levantadas ni sometidas a procesamiento técnico, lo que comprometió la preservación del sitio y la cadena de custodia de los posibles elementos probatorios. Según el dictamen en materia de criminalística citado en la recomendación, “diversas evidencias localizadas al interior del Inmueble 1 no fueron mencionadas ni sometidas a procesamiento pericial”, a pesar de que su presencia quedó documentada durante las primeras diligencias. La CNDH agregó que tampoco se encontraron constancias que acreditaran el aseguramiento de algunos objetos ni los registros correspondientes de cadena de custodia, lo que evidenció fallas en la preservación del lugar de los hechos y en la conducción de la investigación. Medidas ordenadas por la CNDH Como parte de la reparación del daño y de las medidas de no repetición, la CNDH emitió diversas recomendaciones dirigidas a ambas instituciones. Entre ellas, instruyó a la fiscalía de Jalisco y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses a realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa por las violaciones a derechos humanos acreditadas, el cual deberá llevarse a cabo en un plazo máximo de seis meses después de aceptar la recomendación. Asimismo, ambas dependencias deberán elaborar o actualizar un protocolo de actuación para la preservación de lugares de intervención, el procesamiento técnico-científico de indicios y el manejo de la cadena de custodia. También tendrán que designar a una persona servidora pública de alto nivel que funja como enlace con la CNDH para dar seguimiento al cumplimiento de las medidas recomendadas. El organismo también solicitó que las dos instituciones colaboren en los procedimientos administrativos que se inicien en sus contralorías internas contra las personas servidoras públicas señaladas por posibles irregularidades en el caso. La recomendación incluye, además, acciones específicas para cada institución. En el caso de la fiscalía de Jalisco, se le instruyó implementar un ciclo de formación especializado en derechos humanos y en la conducción de investigaciones, enfocado en la preservación de escenas del crimen, el procesamiento de indicios y el manejo de la cadena de custodia, el cual deberá desarrollarse en un plazo de seis meses. Por su parte, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses deberá poner en marcha un programa de capacitación similar para su personal de campo y emitir una circular con lineamientos técnicos sobre el procesamiento de indicios y el manejo de la cadena de custodia, también en un plazo de dos meses después de aceptar la recomendación. Familias buscan respuestas Las fallas señaladas por la CNDH se suman a los cuestionamientos que familiares de personas desaparecidas han hecho a las autoridades sobre la investigación del Rancho Izaguirre. Entre ellos está el caso de Patricia Sotelo, madre de Fanny Areli Quezada, desaparecida en marzo de 2021 en el municipio de El Salto, Jalisco. En diciembre de 2024, mientras observaba una transmisión en vivo realizada por el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco desde el rancho Izaguirre, creyó reconocer una cangurera café que podría pertenecer a su hija. “Es una bolsita chiquita, tipo cartera. Más o menos como de unos 20 centímetros de alto. Como con rombos al frente. El bolso es de color café y las costuras camel”, recuerda. “Como mamá, me acuerdo cuando ella me lo enseñó”. La mujer explicó que la cangurera tenía un orificio característico hecho con un tenedor caliente, una marca que su hija utilizaba para identificar sus pertenencias. Durante meses solicitó revisar el objeto para confirmar si pertenecía a Fanny, pero no obtuvo acceso a él. Cuando en marzo de 2025 la fiscalía de Jalisco organizó un recorrido en el rancho para familiares, defensores de derechos humanos y periodistas, el lugar ya había sido vaciado de las prendas y objetos hallados. “Salí desatada del rancho porque sí me dio mucho coraje. Yo no fui a un tour y nos llevaron, como tal, a un tour”, reclamó. Otros familiares enfrentan situaciones similares. La tía de Eleazar, un joven de 22 años desaparecido en marzo de 2024 tras salir de Irapuato por una oferta laboral, identificó en fotografías difundidas por colectivos una maleta negra con ribetes rojos que asegura haberle prestado. A pesar de que notificó a la fiscalía estatal sobre el posible hallazgo, hasta ahora no ha recibido confirmación ni información adicional sobre el objeto. |
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