De Veracruz al mundo
SCJN confirma responsabilidad por trata de Claudia Sánchez; revierte liberación impulsada por Zaldívar.
Por mayoría de cinco votos, el pleno avaló el proyecto del ministro, Arístides Guerrero García, que confirmó la responsabilidad penal de Sánchez Mayorga, por utilizar el engaño y amenazas migratorias para obligar a dos mujeres extranjeras a prostituirse en el centro nocturno Solid Gold, sitio en la Ciudad de México del que fue identificada como administradora.
Miércoles 06 de Mayo de 2026
Por: La Jornada
Foto: .Roberto García Ortiz
Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dio este miércoles un revés a las gestiones que el entonces ministro presidente, Arturo Zaldívar, impulsó en 2022 para liberar a Claudia Sánchez Mayorga, sentenciada a más de 22 años de prisión por explotación sexual ajena, a quien el ministro en retiro consideró víctima de una “dolorosa injusticia”.

Por mayoría de cinco votos, el pleno avaló el proyecto del ministro, Arístides Guerrero García, que confirmó la responsabilidad penal de Sánchez Mayorga, por utilizar el engaño y amenazas migratorias para obligar a dos mujeres extranjeras a prostituirse en el centro nocturno Solid Gold, sitio en la Ciudad de México del que fue identificada como administradora.

No obstante, el fallo amparó a la mujer para que un tribunal colegiado reduzca su condena de prisión para que no se le aplique la agravante de “pluralidad” de víctimas, prevista en el artículo 42, fracción IX, de la Ley General de Trata de Personas, al considerar que se le estaba castigando dos veces por la misma conducta.

“La autoridad responsable valoró correctamente las pruebas, en especial las declaraciones de las víctimas, apreciadas bajo perspectiva de género sin afectar la presunción de inocencia ni incurrir en responsabilidad objetiva. Por ello, tiene como acreditado el engaño, el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad, la amenaza vinculada a la condición migratoria y la obtención de un beneficio derivado de la explotación sexual con sustento probatorio suficiente”, dijo el ponente.

Claudia Sánchez fue la única detenida en un operativo en septiembre de 2013 en el que se liberó a víctimas de trata. En mayo de 2020 fue sentenciada a 22 años y seis meses de prisión por explotación sexual de dos mujeres extranjeras, pero en noviembre de 2022, por resolución de un tribunal colegiado, obtuvo su libertad con apoyo del Instituto Federal de Defensoría Pública, tras exponer su caso al entonces ministro presidente, Arturo Zaldívar, durante una visita al penal de Santa Martha Acatitla.

Entonces, el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF), informó que, “luego de 9 años de estar presa injustamente”, había obtenido su libertad. Zaldívar añadió en redes que un magistrado revocó la sentencia y ordenó su liberación, al considerar que se había reparado una “dolorosa injusticia”.

Tres ministros votaron en contra del proyecto: Yasmín Esquivel Mossa, Sara Irene Herrerías Guerra e Irving Espinosa Betanzo, al considerar que no se acreditó el delito por el que se le condenó a la mujer.

“El proyecto no lleva a cabo un análisis con perspectiva de género que fuera adecuado, solo anuncia qué debe hacerse, pero realmente no lo desarrolla, pues la valoración de las pruebas se realizó con base en estereotipos de género e ideas preconcebidas de lo que debe ser un trabajo digno y que por ser una mujer que trabaja en un centro nocturno debía saber lo que sucedía ahí y detenerlo”, justificó Esquivel Mossa.

Sin embargo, la mayoría sostuvo que sí se acreditó que la sentenciada obtenía beneficios de la explotación sexual. Entre ellos, la ministra, María Estela Ríos González, expuso que ella “actuaba en nombre de esa empresa” y “sabía exactamente… qué actividades debía realizar”. Además, advirtió que la perspectiva de género no debe aplicarse de forma automática, ya que no todas las mujeres están en situación de vulnerabilidad y “las mujeres también tomamos decisiones”.

En tanto, el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, subrayó que enfrentaban un asunto “complejo y difícil de tolerar” para la sociedad, como la trata de personas. Incluso lo comparó con el caso de los llamados “halcones” del crimen organizado, al advertir que una resolución en sentido contrario podría enviar un mensaje equivocado: “me preocupa que demos una señal en sentido contrario… los llamados halcones podrían decir que no están cometiendo un acto ilícito por estar sentados en un lugar”.

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