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| Montaña Baja de Guerrero: gobierno retira resguardo a Misión de Observación que viajaba para documentar desplazamientos y violencia. | ||||||
| El gobierno había acordado brindar acompañamiento con fuerzas de seguridad a la Misión Civil de Observación; sin embargo, a 40 minutos de llegar al punto de encuentro, se informó que no habría apoyo. | ||||||
| Viernes 22 de Mayo de 2026 | ||||||
| Por: animalpolitico.com | ||||||
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De acuerdo con la Misión, el grupo conformado por organizaciones, periodistas y observadores de derechos humanos se reuniría con integrantes del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan y con las corporaciones de seguridad del Estado en Tlapa, Guerrero. Sin embargo, a 40 minutos de llegar al punto de reunión, Jesús Plácido, promotor del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (Cipog-EZ), fue informado de que no se contaría con ningún acompañamiento de elementos de seguridad. Lo mismo fue notificado al Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, así como a los beneficiarios del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, agregó el Cipog-EZ en un comunicado. “Llamamos a nuestros hermanos y hermanas de México y del Mundo a denunciar, de acuerdo a sus modos y formas, al estado criminal y a exigir que se brinden las garantías de seguridad para su llegada con seguridad a la comunidad de Alcozacán”, sentenció. La Misión Civil de Observación se dirigía a Alcozacán, donde sus habitantes sufrieron ataques del grupo Los Ardillos el pasado 11 de mayo. Estos se enmarcaron junto a los ataques a la comunidad de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán iniciados el 6 de mayo. Como consecuencia, habría alrededor de 2 mil personas desplazadas, según indicó el Cipog-EZ. Gobierno toma control de Chilapa en la Montaña Baja de Guerrero El pasado 14 de mayo, la Secretaría de Gobernación informó que fuerzas federales y estatales tomaron el control de los pueblos bajo asedio criminal en el municipio de Chilapa de Álvarez, en la región de la Montaña Baja de Guerrero. La dependencia reportó 120 personas desplazadas y seis lesionadas, y dio a conocer que los servicios de luz y telefonía en la zona fueron restablecidos y las carreteras liberadas, tras varios días de bloqueos, datos que contrastan con los del Concejo Indígena y organizaciones, quienes entonces elevaban la cifra a más de 800. En un primer momento, este 12 de mayo, el gobierno federal atribuyó la violencia a una disputa reciente entre dos organizaciones criminales. “La violencia y el asedio se deriva de grupos criminales que son “Los Ardillos” y “Los Tlacos”. Se reforzó la seguridad de manera inmediata”, dijo el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, en la conferencia matutina en Palacio Nacional. No obstante, liderazgos comunitarios y defensores de derechos humanos que conocen la problemática en la región rechazaron esa explicación. Aclararon que la violencia es directa en contra de las comunidades nahuas, con la finalidad de desplazarlas. “La narrativa en el sentido de que se trata de una confrontación entre “Tlacos” y “Ardillos” es totalmente nueva para nosotros. Nosotros reconocemos una confrontación y una violencia de Los Ardillos hacia las comunidades y hacia sus policías comunitarias”, aclaró a Animal Político, Carlos González García, integrante de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena (CNI). Por su parte, el antropólogo Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, recordó que el conflicto se remonta a 2015, cuando comunidades nahuas de los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera conformaron su propia policía comunitaria que se rige por usos y costumbres. “Se da una disputa por el control territorial y ahí es donde se han dado enfrentamientos. Este grupo “Los Ardillos” no percibe a las comunidades que están en resistencia como parte de un proyecto más autonómico de defensa de sus comunidades, los percibe más como parte de otro grupo de la delincuencia”, explica Barrera. “Los ve como antagónicos, como decir: ‘no podemos permitir que en nuestro territorio estén grupos de otra organización criminal’. Los ven como un rival a vencer, no como policía comunitaria”, añade. |
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