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45 % de las empresas en Sinaloa han suspendido operaciones ante crisis de violencia, alerta Coparmex.
La Coparmex alertó que las empresas en Sinaloa han suspendido operaciones por la crisis de seguridad; tan solo en Culiacán cerraron 934 negocios el último año, mientras el sector privado acusa abandono de las autoridades.
Jueves 28 de Mayo de 2026
Por: Noroeste
Foto: Cuartoscuro .
Ciudad de México.- La situación económica en Sinaloa continúa deteriorándose ante el impacto combinado de la inseguridad y la falta de condiciones para la actividad productiva, advirtió la presidenta de Coparmex en el estado, Martha Elena Reyes Zazueta, quien informó que alrededor del 45 % de las empresas han suspendido operaciones.


Durante un posicionamiento público, señaló que únicamente en Culiacán se registró el cierre de 934 establecimientos en el último año, cifra que refleja la presión que enfrentan comerciantes y emprendedores ante el contexto actual.


Reyes Zazueta advirtió que el panorama podría empeorar en los próximos meses, especialmente durante las temporadas de verano y fin de año, periodos en los que prevén una nueva ola de cierres de negocios debido a la incertidumbre económica y los problemas de seguridad que persisten en la entidad.

Cuestionó que hasta el momento no exista una estrategia integral por parte de las autoridades estatales para enfrentar de manera simultánea la crisis económica y la violencia que afecta distintas regiones de Sinaloa.

Indicó que las micro, pequeñas y medianas empresas representan uno de los principales motores de empleo en el estado, ya que cada nuevo negocio puede generar entre dos y cinco fuentes de trabajo directas.

Empresarios piden apoyo al gobierno de Sinaloa
Por ello, pidió al gobierno estatal impulsar programas de apoyo para emprendedores, incluyendo acceso a financiamiento, incentivos fiscales y reducción de trámites administrativos.

Asimismo, alertó sobre el riesgo de que más familias sinaloenses opten por abandonar la entidad ante la falta de oportunidades laborales y las dificultades para sostener actividades económicas.

En cuanto al tema de seguridad, Reyes Zazueta compartió cifras correspondientes al actual periodo de gobierno interino, en el que se han contabilizado 120 homicidios dolosos, 165 personas desaparecidas y 338 robos de vehículos.


También criticó que continúe sin avanzar en el Congreso del Estado una propuesta impulsada por organismos empresariales para eliminar cobros y trámites que deben cubrir las víctimas de robo de automóvil al momento de recuperar sus unidades.

Añadió que más de 50 organizaciones civiles y del sector privado han solicitado en dos ocasiones una reunión con la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde, sin obtener respuesta.

Hizo un llamado a los medios de comunicación para mantener la cobertura de la situación que enfrenta Sinaloa y continuar informando sobre las afectaciones económicas y sociales que atraviesa la población.

Violencia en Sinaloa
En septiembre de 2024, inició una ola de violencia producto de la pugna entre dos facciones del Cártel de Sinaloa. En respuesta, el Gabinete de Seguridad ha desplegado alrededor de 6 mil elementos de seguridad; sin embargo, la situación no ha vuelto a la normalidad.

De acuerdo con el reporte de incidencias de Noroeste, desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 25 de mayo de 2026 se han registrado 3 mil 294 homicidios dolosos, 3 mil 862 personas fueron privadas de la libertad y 11 mil 252 vehículos fueron robados.

José Abraham Sanz, jefe de información de Noroeste, habló con Animal Político y señaló que, “a casi dos años de la guerra, seguimos teniendo violencia en las calles; cadáveres que aparecen en las mañanas, a veces también en las noches”.

“Durante un tiempo, los hechos de alto impacto dejaron de ocurrir. Ahora, coincidiendo con la acusación de Estados Unidos contra Rocha Moya, estamos ante una nueva ‘sacudida’ entre las dos facciones del cártel, ante un reavivamiento de la violencia”, agregó.


Fue el pasado 29 de abril cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos acusó al gobernador Rubén Rocha Moya y a nueve funcionarios más de mantener vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Tras la acusación, dos de los exfuncionarios públicos se entregaron al gobierno estadounidense, mientras la violencia en el Estado se recrudeció. Incluso una antigua casa de Rocha Moya fue baleada.

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