SCJN mantiene blindaje a alcaldesa de Acapulco acusada de desvío millonario; la morenista tiene el respaldo de la 4T eso la hace intocable
MEMORANDUM 3.- Sin dar sorpresas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó las medidas cautelares otorgadas a la alcaldesa morenista de Acapulco, Abelina López Rodríguez, que desde hace siete meses la protegen, de manera indefinida, de un juicio de revocación de mandato y de una auditoría por el presunto manejo irregular de 898 millones de pesos en recursos federales. Las suspensiones fueron concedidas en junio del año pasado bajo la integración anterior del pleno, por la ministra, Yasmín Esquivel Mossa y el ahora ministro en retiro, Javier Laynez Potisek, y permanecerán vigentes hasta que el pleno resuelva las controversias constitucionales promovidas por la edil contra las acciones impulsadas por el Congreso de Guerrero y la Auditoría Superior del Estado (ASE). El fallo de la Corte se dio al declarar infundados cuatro recursos de reclamación, tres promovidos por el poder Legislativo local y uno por la auditoría guerrerense, que pedían echar atrás la admisión de las controversias 174/2025 y 176/2025 promovidas por Abelina López, y las suspensiones que le fueron otorgadas. En el proyecto del ministro, Giovanni Azael Figueroa Mejía, sobre el recurso de reclamación 41/2025-CA contra la suspensión otorgada a la edil contra la auditoría, se concluye declarar infundados los motivos de agravio hechos valer por el Poder Legislativo local, “y se propone confirmar el acuerdo por el que se concedió la medida cautelar”. “Se estima satisfecha la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora debido a que existen actos de ejecución respecto de responsabilidades específicas, que derivan de la solicitud de información respecto de recursos federales como lo son las aportaciones federales (FISMDF), donde únicamente la Auditoría Superior de la Federación puede llevar a cabo el procedimiento conducente de fiscalización; y no las autoridades locales, como la Auditoría Superior del Estado de Guerrero”, señala. La edil promovió las controversias, a través del síndico municipal, Miguel Jaimes Ramos, para frenar un posible proceso de revocación de mandato y los requerimientos de información formulados por la auditoría local sobre la fiscalización de la Cuenta Pública 2023, en particular respecto al uso de recursos federales del Ramo 33 y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN). Los recursos de reclamación se resolvieron bajo tres proyectos, de María Estela Ríos González, Sara Irene Herrerías Guerra y de Giovanni Azael Figueroa Mejía, que declararon infundadas las impugnaciones de la ASE y del Congreso local, y el recurso de revisión 41/2025 contra el incidente de suspensión, del ministro, Giovanni Figueroa. A diferencia de los tres proyectos anteriores, en el 39/2025 —también de la ministra Herrería Guerra— la Corte da la razón a la ASE para reconocerla como autoridad demandada, luego de que en su momento el ministro Laynez la excluyera del juicio.