Gilberto Nieto Aguilar
Se educa primero en la familia. Luego en el entorno social, en las relaciones cotidianas, en los medios de comunicación, en el uso del tiempo libre y, finalmente, en los diversos tramos de la educación formal. La adolescencia es una etapa decisiva de tránsito, en la que el menor comienza a cuestionar los valores y normas aprendidos en la infancia y comienza a decidir cuáles serán los suyos. Este proceso no es espontáneo ni aislado: requiere un marco educativo sólido, con reglas claras desde la familia, acompañamiento constante y corresponsabilidad entre escuela y hogar. Cuando alguno de estos elementos falla, aparecen conflictos conductuales, pedagógicos, jurídicos, que afectan el desarrollo pleno del adolescente.
Conocí el caso de un docente de ciencias de una secundaria del lugar, con años de experiencia y buen prestigio, quien detectó que cuatro estudiantes no entregaron ninguna de seis actividades realizadas durante el periodo (septiembre a noviembre). Conforme a su función pedagógica y profesional, decide citar a los padres o tutores para informar la situación y buscar soluciones conjuntas. La respuesta fue variada: un tutor agradeció la intervención y prometió estar más al cuidado de su hijo. Dos no acudieron. Y la otra madre se presentó con una actitud abiertamente agresiva, descalificando al docente e impugnando su capacidad profesional.
Su actitud defensiva fue por proteger a su hijo, sin analizar por qué el cambio abrupto de conducta del alumno, quien pasó de participar y cumplir, a mostrarse indiferente y ausente en sus deberes escolares. El maestro, lejos de sancionar sin indagar, expresó una preocupación legítima y planteó una pregunta clave: ¿Qué está ocurriendo con su hijo? ¿Ha notado algún cambio en él? En busca de la intervención oportuna y el diálogo informado.
El episodio revela confusiones frecuentes en las escuelas. La educación básica se rige por normas que reconocen derechos —a una educación de calidad, al trato digno, a la participación de madres y padres—, pero también establecen deberes —asistencia, cumplimiento académico y respeto a la autoridad escolar—. Si la madre descalifica al docente sin entrar al motivo del llamado, vulnera el debido proceso escolar, resta autoridad moral al educador y obstaculiza la función evaluadora que la ley confiere al profesorado. El desacuerdo es legítimo, pero la descalificación sin sustento, no.
La discusión se trasladó a la subdirección, pero los argumentos se amplían y se diluyen: ya no se cuestiona sólo al docente, sino a la institución y a otros profesores,
sin datos ni pruebas concretas. Al parecer, la única intención es proteger al hijo, no conocer el hecho y buscar una posible solución. Esta estrategia materna, común en contextos de sobreprotección, limita la autonomía del alumno y su capacidad de asumir consecuencias.
La escuela, por su parte, debe actuar con criterios claros y documentados: notificación de incumplimiento, espacios formales de diálogo, planes de recuperación académica y acompañamiento socioemocional. Estas medidas no solo son buenas prácticas pedagógicas, sino garantías de los derechos de los menores a una educación integral.
Esta anécdota pone en evidencia varios problemas que atraviesan la vida escolar moderna, donde educar no es sólo transmitir conocimientos, sino gestionar relaciones humanas dentro de un marco normativo. La familia y la escuela deben colaborar en un mismo propósito, no confrontarse, porque ambas instancias son corresponsables del desarrollo formativo y cognitivo de los menores. Cuando una de ellas renuncia al diálogo, quien pierde una oportunidad formativa crucial para ser una persona libre, pero responsable, es el alumno.
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