| Visitas: |
|
| Autoridades, cómplices y omisas ante desapariciones en México: Frayba. | ||||||
| En un comunicado difundido este domingo señaló que “en el caso de Chiapas, a raíz del levantamiento armado en 1994, el Estado mexicano implementó acciones de contrainsurgencia contenido en el llamado plan de campaña Chiapas 94”. | ||||||
| Domingo 11 de Mayo de 2025 | ||||||
| Por: La Jornada | ||||||
 |
||||||
“Este fenómeno tiene una raíz histórica tanto en México como en otros países de nuestro continente. Ha sido una práctica para controlar, infundir miedo e incluso para exterminar a personas y grupos subversivos que el Estado los considera un peligro o sus enemigos. Así ocurrió antes, durante y después del 68, en el periodo llamado guerra sucia, tales desapariciones fueron efectuadas por agentes estatales (fuerzas armadas y policías de seguridad)”, agregó. En un comunicado difundido este domingo señaló que “en el caso de Chiapas, a raíz del levantamiento armado en 1994, el Estado mexicano implementó acciones de contrainsurgencia contenido en el llamado plan de campaña Chiapas 94”. Manifestó que “una de las formas para desarticular al movimiento zapatista fue fomentar la creación, adiestramiento y operación de grupos paramilitares en las zonas de mayor influencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), acciones paraestatales que derivaron en desplazamientos, en la masacre de Acteal, municipio de Chenalhó, el 22 de diciembre de 1997, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales”. Afirmó que “la política contrainsurgente impulsada por el Estado mexicano entre 1995 y 2000 en la zona norte de Chiapas, concretamente en los municipios de Yajalón, Palenque, Salto de Agua, Sabanilla y Tila dejó 38 personas desaparecidas a manos de un grupo paramilitar y 32 combatientes zapatistas desaparecidos”. Por otro lado, abundó, “la incursión policiaca que masacró a varias personas en el poblado Viejo Velasco, municipio de Ocosingo en 2006, dejó desaparecidas 4 personas. Varios de estos casos están en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. El Frayba recordó “la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló al Estado mexicano, en diciembre de 2024, como responsable por desaparición forzada Antonio González Méndez, ocurrida en Sabanilla en 1999, base de apoyo zapatista, cuya desaparición fue perpetrada por un grupo de paramilitares fomentado y creado por el mismo Estado como parte del Plan de Campaña Chiapas 94”. Dijo que el organismo internacional ordenó o a México “la creación de un registro único de personas desaparecidas y la categorización clara de desapariciones forzadas para facilitar su investigación y erradicación”. El organismo que preside el obispo emérito de Saltillo, Coahuiila, Raúl Vera López, resaltó que “al 10 de mayo de 2025, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) contabiliza más de 128 mil 331 personas desaparecidas y mil 546 desaparecidas en Chiapas al día de hoy. El incremento es alarmante: entre 2019 y 2023, el número de desapariciones creció un 358por ciento, concentrándose en territorios disputados por grupos criminales que actúan con tolerancia de autoridades locales, estatales y federales, así como empresas transnacionales”. Agregó que el estado “supera ampliamente el promedio nacional en desaparición de mujeres, representando más del 60 por ciento de los casos, muchas vinculadas a redes de trata y explotación sexual. Esta violencia responde a una estrategia estructural que busca imponer control social mediante el terror y el silenciamiento. Sigue pendiente la instalación del Consejo Estatal Ciudadano, contemplado en la Ley estatal de desaparición, esencial para garantizar la participación de las víctimas en la formulación de políticas públicas”. Concluyó: “La desaparición de personas en México es una herida abierta; la impunidad y el abandono institucional no pueden seguir perpetuando el dolor de las víctimas y sus familias. Las autoridades tienen el deber ineludible de respetar, proteger y reparar los derechos humanos vulnerados. Ante el clamor incansable de las madres buscadoras y sus familias, el Estado debe responder. El silencio no es opción, los murmullos por la verdad y la justicia van creciendo hasta encontrarles”. |
||||||
|
|
||||||
Nos interesa tu opinión |
||||||
|
||||||
| > Directorio > Quiénes somos |
| ® Gobernantes.com Derechos Reservados 2016 |