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| SRE turna a la FGR solicitudes de extradición de EU contra Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa; afirma que fueron presentadas sin pruebas. | ||||||
| El gobernador Rubén Rocha Moya rechazó “categórica y absolutamente” las imputaciones anunciadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, al asegurar que carecen de veracidad y que las desmentirá “con toda contundencia” en su momento. | ||||||
| Miércoles 29 de Abril de 2026 | ||||||
| Por: animalpolitico.com | ||||||
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La cancillería, a través de un comunicado, señaló este miércoles que turnó los documentos a la Fiscalía General de la República para su análisis y que enviará un extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos por la manera en que se difundió públicamente la información. La dependencia detalló que “el 28 de abril a las 18:00 horas se recibieron solicitudes de extradición de diversas personas por parte del gobierno de Estados Unidos”, y explicó que, conforme a la Ley de Extradición Internacional, los documentos “se han turnado a la Fiscalía General de la República para que se evalúen dichas solicitudes conforme a la legislación mexicana”. La SRE subrayó que los documentos entregados por la Embajada estadounidense “no cuentan con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición”. Señaló que será la Fiscalía General de la República la encargada de determinar si existen elementos probatorios y la viabilidad jurídica de las solicitudes. La dependencia añadió que los tratados internacionales aplicables establecen condiciones de confidencialidad, por lo que “se enviará un extrañamiento a la Embajada de los Estados Unidos por la forma en que se dio a conocer” la información. Rocha Moya rechaza las acusaciones y las atribuye a un ataque político Tras el anuncio del Departamento de Justicia, el gobernador Rubén Rocha Moya difundió un mensaje en sus redes sociales en el que afirmó: “Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno”. Aseguró que las acusaciones no solo lo afectan a él, sino al movimiento político al que pertenece: “Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa”. También calificó el caso como parte de “una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable”. La acusación de EU: cargos por narcotráfico, protección al Cártel y violencia La acción judicial dada a conocer por Estados Unidos implica a 11 funcionarios actuales y anteriores de Sinaloa, incluido el mandatario estatal. De acuerdo con la fiscalía estadounidense, los acusados presuntamente conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de drogas a Estados Unidos a cambio de protección política, apoyo institucional y sobornos millonarios. El anuncio lo realizaron el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole. El caso quedó asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla. Los señalados en la acusación son Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázares, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, identificado como “Cholo”, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”. Los delitos atribuidos incluyen tráfico de drogas y conductas relacionadas con armas de fuego, así como secuestro y asesinato en uno de los casos. Respecto al gobernador, la fiscalía afirma que se le acusa de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como de conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. De ser declarado culpable, enfrenta una condena de cadena perpetua o, en su defecto, una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión. Alegaciones de corrupción y cooperación con Los Chapitos De acuerdo con los documentos judiciales, los funcionarios acusados habrían protegido a líderes del Cártel de Sinaloa frente a investigaciones, arrestos y procesos judiciales; proveído información confidencial a aliados; instruido a policías estatales y municipales para custodiar cargamentos; y permitido actos de violencia. A cambio, habrían recibido pagos millonarios. La fiscalía estadounidense asegura que todos los señalados mantuvieron colaboración estrecha con la facción de Los Chapitos. En el caso del gobernador Rocha Moya, sostiene que fue electo con apoyo de esa facción, cuyos miembros habrían intimidado a rivales políticos, y que antes y después de asumir el cargo asistió a reuniones donde “presuntamente prometió protegerlos mientras distribuían drogas hacia Estados Unidos”. También se acusa a Dámaso Castro Zaavedra, subprocurador estatal, de recibir pagos mensuales para advertir sobre operativos; y a Juan Valenzuela Millán, mando policial de Culiacán, de facilitar el control territorial del cártel mediante arrestos, secuestros y asesinatos, incluidos los de una fuente confidencial de la DEA y un familiar de esta en 2023. |
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