'Era jugarse la vida': secuestros, amenazas y urnas robadas marcaron las elecciones de 2021 en Sinaloa

jueves 14 de mayo de 2026

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'Era jugarse la vida': secuestros, amenazas y urnas robadas marcaron las elecciones de 2021 en Sinaloa.

Candidatas, operadores políticos y periodistas locales relatan cómo vivieron el proceso electoral que llevó a la gubernatura a Rubén Rocha Moya, acusado por EU de vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Miércoles 13 de Mayo de 2026

Por: animalpolitico.com

Foto: .@PaolaGarateV

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Ciudad de México.- “Yo estaba encañonada de pies a cabeza”. Así recuerda Paola Iveth Gárate Valenzuela las más de 9 horas que —asegura— pasó privada de la libertad un día antes de la elección del 6 de junio de 2021 en Sinaloa.

Gárate, quien en ese momento era candidata a una diputación local por la alianza que conformaron PRI, PAN y PRD, es de las pocas personas que hablan públicamente de lo que vivió en esas campañas. Actualmente, se desempeña como diputada local priista en el Congreso estatal.

Testimonios como el suyo y las denuncias sobre los incidentes ocurridos en aquel proceso electoral, están de vuelta en el centro de la discusión pública nacional, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos diera a conocer una acusación formal contra el ahora gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales por presuntamente colaborar con “Los Chapitos”, una facción del Cártel de Sinaloa. Se trata del primer caso de la justicia estadounidense contra un gobernador mexicano en funciones por presuntos vínculos con el narcotráfico.

El Departamento de Justicia indica, en particular, que los señalados habrían recibido sobornos para facilitar las actividades del grupo criminal y destaca que los líderes de “Los Chapitos” habrían contribuido —mediante “el secuestro y la intimidación de sus rivales”— a la victoria de Rocha Moya, quien contendió por Morena.

Respecto a la acusación, la Fiscalía General de la República informó sobre el inicio de una investigación y este martes, medios como Milenio y El Universal informaron que la FGR habría retomado las indagatorias sobre la presunta intervención del crimen organizado en la elección de 2021 en el estado, sin que hasta ahora se haya confirmado de forma oficial.

“Fue un calvario de más de 9 horas”
El sábado 5 de junio de 2021, un día antes de que abrieran las casillas, Paola Iveth Gárate fue convocada a una reunión con otras candidatas y candidatos. Al salir, según su testimonio, fue interceptada por un convoy de camionetas con hombres encapuchados, pecheras y armas largas.

“Fue como si hubiesen querido ir a levantar a un gobernador. No exagero la cantidad de camionetas y de personas armadas que ahí nos detuvieron. A partir de ahí fue el calvario de más de nueve horas, de un lugar a otro, trasladándome de un carro a otro”, relató en entrevista con Animal Político.

Gárate recuerda que estaba amarrada, encapuchada y con la cara cubierta. No podía ver, pero escuchaba gritos, golpes, disparos y voces de otras personas retenidas. De acuerdo con su relato, entre estas personas había operadores territoriales del PRI.

“Un partido funciona con una organización de una estructura de gente en territorio, en cada sección, en cada manzana, en cada ruta. Hay activismo, hay representación electoral. En Sinaloa hay más de 3 mil 500 secciones electorales y esas personas son de las que fueron levantadas”, explica.

Para la diputada priista, lo ocurrido en aquellas campañas cambió su forma de entender la política: dejó de ser una competencia para ganar o perder votos y se convirtió en una disputa por sobrevivir.

“Era jugarse la vida. Ya no era participar en una elección, en una democracia para ganar o perder, sino para no perder la vida”, dice.

Su caso forma parte de una cadena de hechos denunciados antes y durante la jornada que llevó al morenista Rubén Rocha Moya al gobierno de Sinaloa: operadores políticos privados de la libertad, candidatos presionados, urnas robadas, casillas cerradas por presencia de grupos armados y expedientes que, cuatro años después, siguen sin una resolución clara.

Las denuncias que ya existían desde 2021
Desde 2021, candidatos opositores, periodistas locales y organizaciones documentaron una jornada marcada por la violencia en Sinaloa.

Ese año, la entidad eligió gubernatura, 40 diputaciones locales y 18 ayuntamientos. De acuerdo con el cómputo estatal del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, Rocha Moya, candidato común de Morena y el Partido Sinaloense (PAS), obtuvo 624 mil 225 votos, equivalentes al 56.60 %; Mario Zamora Gastélum, candidato de la alianza PAN-PRI-PRD, obtuvo 358 mil 313 votos, el 32.49 %.

La diferencia oficial fue amplia, pero la disputa no terminó en las urnas. El PRI pidió anular la elección al argumentar que la violencia impidió votar en condiciones de libertad y afectó la certeza del resultado.

La base de datos de Votar entre balas, proyecto que registró agresiones político-criminales contra autoridades, candidaturas, militantes y personas vinculadas a partidos, documentó en Sinaloa durante 2021 nueve víctimas asociadas a siete eventos de violencia: seis secuestros, dos asesinatos y una amenaza. Siete de esas víctimas se concentraron entre el 3 y el 6 de junio, los días inmediatos a la votación.

Animal Político documentó días después que, entre el sábado 5 y el domingo 6 de junio, al menos nueve operadores electorales del PRI y de Morena fueron secuestrados en distintos municipios de Sinaloa. Entre los casos identificados estuvo el de José Alberto Salas Beltrán, secretario de Organización del PRI estatal, y el de Martha Yolanda Dagnino Camacho, regidora de Morena en Guasave, ambos liberados con vida.

La Fiscalía estatal informó entonces que ocho casos ocurrieron en Culiacán y uno en Badiraguato. Todos fueron localizados con vida, aunque algunos presentaban golpes. Además, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa registró 23 casillas vandalizadas en Ahome y Guasave, mientras que la Junta Local del INE reportó el robo de 51 urnas en los distritos 1, 3 y 4.

Una jornada marcada por levantones y urnas robadas
Marcos Vizcarra, editor de Revista Espejo y periodista que documentó la jornada electoral, recuerda que la tensión no comenzó el domingo de la elección, sino desde los días previos, con la privación de la libertad de José Alberto Salas Beltrán, secretario de organización del PRI estatal.

“Esa jornada fue bien compleja, aunque se anticipó que podía ser difícil: el viernes antes de la elección desaparece una persona, un priista, uno de esos cargos importantes de temas electorales, de los movilizadores políticos, que estaba dentro del Comité Ejecutivo Estatal”, relató en entrevista con Animal Político.

Según Vizcarra, después de ese caso empezó una operación más amplia contra militantes, operadores y candidaturas. Una de las víctimas fue Paola Gárate, privada de la libertad la tarde del sábado y liberada durante las primeras horas del domingo, ya en la jornada electoral.

El periodista también recuerda el caso del hermano de Guadalupe Iribe, candidata de la alianza PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Badiraguato. Según su reconstrucción, fue privado de la libertad, golpeado y despojado de dinero destinado a la movilización electoral.

“Hubo un montón de personas. Hay periodistas o personas como Paola Gárate que dicen: fuimos más de 100. Hay incluso quien dice que fueron mil. Sabemos que por lo menos hubo 50 desapariciones de personas, de las que se presentaron ocho denuncias ante el Ministerio Público formalmente. A la fecha ninguna ha sido resuelta. Ni una sola. Y esos son datos de la Fiscalía”, apuntó Vizcarra.

Durante la jornada, la violencia también llegó a las casillas. En el norte del estado hubo robo y quema de urnas. En Cosalá, recordó Vizcarra, un reportero de El Debate fue encañonado, despojado de su equipo y obligado a retirarse.

“Fue una jornada violenta en ese sentido, pero también, sobre todo en el norte, hubo acciones importantes como fuego, robo de urnas, amenazas muy fuertes en aquella elección”, dijo.

La impugnación que no anuló la elección
El 17 de junio de 2021, 11 días después de la elección y cuatro días después del cómputo estatal, el PRI presentó un recurso de inconformidad para pedir la nulidad de la elección de gobernador de Sinaloa. El documento fue dirigido contra el acuerdo que validó los resultados, declaró la elección y entregó la constancia de mayoría a Rubén Rocha Moya.

El partido alegó violaciones a la libertad del voto, la equidad y la certeza. En la impugnación enlistó hechos ocurridos antes y durante la votación: la privación de la libertad de José Alberto Salas Beltrán; ataques a casas de campaña; personas privadas de la libertad en Culiacán; el caso del hermano de Guadalupe Iribe; amenazas a candidatos; 50 denuncias por privación de la libertad y amenazas a simpatizantes del PRI; robo de urnas; 19 casillas suspendidas en Ahome por presencia de grupos armados; 27 paquetes electorales desaparecidos en el municipio de Sinaloa, y 42 carpetas por delitos antes y durante la votación.

Mario Zamora, entonces candidato de la alianza PAN-PRI-PRD al gobierno de Sinaloa, recuerda en entrevista con Animal Político que el domingo de la elección recibió una llamada de Guadalupe Iribe. “Me habla desesperada, llorando, y me dice: ‘Mario, necesito que me ayudes ahorita mismo. Voy a ir yo a la radio, voy a hablar a la radio, a decir que me bajo de la elección, que no voten por la alianza, que voten por Morena, porque se acaban de llevar a mi hermano y te pido que me ayudes a que me lo regresen sano y salvo’”.

Zamora sostiene que esos hechos fueron incluidos en la impugnación y después llevados ante la Organización de los Estados Americanos, en Washington. “Tú no puedes ganar una campaña contra alguien que tiene una metralleta cruzada al brazo”, resumió. El PRI sostuvo que esos hechos no podían repararse con un recuento de votos, porque el problema no era sólo cuántos sufragios se contaron, sino en qué condiciones se votó.

Indicios, pero no prueba plena
La elección no fue anulada. El Tribunal Electoral de Sinaloa reconoció que las notas periodísticas y publicaciones presentadas por el PRI generaban indicios sobre la situación vivida durante la jornada electoral, especialmente en Ahome, Guasave, Badiraguato y Culiacán. Sin embargo, sostuvo que esos elementos, por sí solos, no constituyen prueba plena.

El tribunal también señaló que sólo se acreditaron actos de violencia en 23 casillas, equivalentes al 0.46 % de las 4 mil 986 casillas instaladas en Sinaloa. Por eso concluyó que no se acreditó violencia generalizada ni determinante para anular la elección.

También consideró que la diferencia de votos entre Rocha Moya y Zamora era demasiado amplia para modificar el resultado: Rocha obtuvo 56.60 % de la votación, frente al 32.49 % de Zamora.

La elección fue validada y Rocha Moya recibió la constancia como gobernador electo. Las denuncias quedaron en expedientes, notas periodísticas, testimonios y señalamientos que volvieron a tomar relevancia por las acusaciones de Estados Unidos.

Al ser cuestionada sobre la acusación de que en los comicios de Sinaloa de 2021 hubo intervención del crimen organizado, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, dijo que “si alguien descubrió y documentó, y tiene hechos que comprueben estos dichos, me parece que quedó sin cumplir su función. En aquel entonces debió presentar la denuncia. No ahorita, a toro pasado”, agregó.

Un historial de señalamientos en Sinaloa
Los señalamientos sobre presuntos vínculos entre política y crimen organizado en Sinaloa no comenzaron con la elección de 2021. En una columna publicada en Animal Político, Víctor Manuel Sánchez Valdés sostuvo que desde la década de los sesenta existen acusaciones de infiltración del narco en gobiernos estatales de distintos partidos.

Entre los antecedentes que menciona están la cercanía de Miguel Ángel Félix Gallardo con el gobierno de Leopoldo Sánchez Celis (PRI); las acusaciones contra Antonio Toledo Corro (PRI) por presuntamente permitir la operación del Cártel de Guadalajara; señalamientos contra funcionarios del gobierno de Francisco Labastida Ochoa (PRI), y el caso de Mario López Valdez (PAN-PRD-Convergencia), acusado en un video por un exescolta de proteger al Cártel de Sinaloa, señalamientos que él negó.

Para el columnista, esos episodios muestran que las acusaciones sobre vínculos entre política y crimen organizado en Sinaloa rebasan partidos y administraciones.

La acusación de EU y la respuesta del gobierno
El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios, actuales y anteriores de Sinaloa, por presuntos delitos de narcotráfico y armas. Entre los señalados están Enrique Inzunza Cázarez, senador y exsecretario general de Gobierno; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, así como exfuncionarios y exmandos de seguridad estatales y municipales.

Según la acusación, los señalados habrían conspirado con líderes del Cártel de Sinaloa para traficar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos. En el caso de Rocha Moya, el Departamento de Justicia sostiene que “Los Chapitos” presuntamente lo ayudaron a llegar al gobierno de Sinaloa en 2021 mediante el secuestro e intimidación de rivales.

Según esas versiones, el Ministerio Público integra estos hechos en una sola investigación y, hasta ahora, Rocha Moya no ha sido citado a declarar. La acusación de Estados Unidos no equivale a una sentencia: el propio Departamento de Justicia señaló que los cargos son acusaciones y que los señalados se presumen inocentes mientras no se pruebe su culpabilidad ante un tribunal.

Ante los señalamientos, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que se presenten pruebas “contundentes e irrefutables” para que sean revisadas por la Fiscalía General de la República. También sostuvo que su gobierno no encubre a nadie que haya cometido un delito, pero advirtió que, si no hay pruebas claras, la acusación puede tener un objetivo político.

Rocha Moya rechazó la acusación, la calificó como falsa y sostuvo que se trata de un ataque político contra él y contra el movimiento de la Cuarta Transformación.

La elección de Sinaloa de 2021 también ocurrió en medio de la pandemia de Covid-19, bajo protocolos sanitarios del INE. Sin embargo, cuatro años después, los testimonios de candidatas amenazadas, operadores privados de la libertad, urnas robadas y denuncias que llegaron a tribunales, aunque no modificaron el resultado, vuelven al centro de la discusión pública por las acusaciones que se han hecho en Estados Unidos en contra del gobernador de Sinaloa.