|
|
Foto:
.
|
XALAPA.- Aunque las denuncias derivadas de presuntos actos de corrupción promovidas por el Orfis corresponden a la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que ya fueron judicializadas carpetas de investigación contra funcionarios del Registro Público de la Propiedad señalados por presuntamente falsear documentos en distintos municipios de Veracruz. La fiscal general, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, explicó que la FGE sí ha integrado investigaciones propias relacionadas con irregularidades detectadas en el Registro Público de la Propiedad. “En lo que a nosotros corresponde se han judicializado algunos casos de funcionarios del Registro Público de la Propiedad, se ejecutaron algunas órdenes de aprehensión, gente que ha falseado documentos y demás en diferentes municipios”, aseguró la Fiscal. La funcionaria señaló que la Fiscalía actúa sin distinciones cuando existen conductas ilícitas por parte de servidores públicos. “Entonces no hacemos ningún distingo, ante una conducta ilícita se procede”, sostuvo. Por otro lado, con relación a las investigaciones relacionadas con la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, Jiménez Aguirre reiteró que esos expedientes son competencia de la Fiscalía Anticorrupción, aunque rechazó que exista protección para exfuncionarios involucrados. “Ese es un tema que corresponde a la Anticorrupción, pero no se protege a nadie, no hay impunidad”, aseguró. Las declaraciones ocurren luego de que la gobernadora Rocío Nahle García informó recientemente que aún existen órdenes de aprehensión pendientes derivadas de las investigaciones en la UPAV, algunas relacionadas con exfuncionarios de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV). Entre el 17 y 18 de enero fueron detenidos Sergio “N”, exrector de la UPAV; Víctor de Jesús “N”, exdirector administrativo; y Frida Narayana “N”, exjefa del Departamento de Servicios Financieros. Los tres fueron vinculados a proceso por presuntos delitos de incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad, peculado, tráfico de influencias y ejercicio indebido del servicio público, tras investigaciones relacionadas con la desaparición de 557 millones de pesos de cuotas escolares.
|
