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Asegura agrupación Agua para Todos que iniciativa de Sheinbaum sobre el agua perpetuará ley salinista
MEMORANDUM 1.- Aunque de dientes para afuera dicen que en la 4T no son neoliberales, la organización Agua para Todos criticó que de frente a la discusión del dictamen a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Cámara de Diputados perpetuará una “ley salinista”, con discrecionalidad en el cobro de derechos a los grandes concesionarios industriales y de servicios, que actualmente sólo pagan derechos sobre 20% de los volúmenes concesionados. En sus señalamientos, aseguró que el dictamen “creado” por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) incluye un capítulo dedicado a “promover y fomentar” la privatización de obras hidráulicas, y permite la privatización de sistemas de agua y saneamiento, pese “a las desastrosas” experiencias al respecto en todo el país. “En Agua para Todos alertamos el intento de perpetuar la ‘ley salinista’, con cambios mínimos, cuando por mandato constitucional la Ley de Aguas Nacionales tendría que ser reemplazada con una Ley General de Aguas que garantice el acceso equitativo y sustentable a través de una verdadera participación ciudadana y gubernamental”, destacó la organización. Refirió que el proyecto legislativo de la Conagua fue dictaminado sin integrar las propuestas generadas en los Parlamentos Abiertos Ciudadanos y en las Audiencias Públicas organizadas por el Poder Legislativo. También destacó que permanece la discrecionalidad en el cobro de derechos a los grandes concesionarios industriales y de servicios, que actualmente sólo están pagando derechos sobre el 20% de los volúmenes concesionados. “Se mantienen los Consejos de Cuenca, y sólo están representados los grandes concesionarios, como única instancia de coordinación gobierno-ciudadanía”, aseguró la organización. Agua para Todos señala que el dictamen excluye el reconocimiento de los derechos al agua de los pueblos y comunidades indígenas, así como cualquier medida para corregir el sobreconcesionamiento, o para prevenir la contaminación de acuíferos kársticos o la destrucción de acuíferos por el fracking. “Seguiremos buscando que el poder Legislativo defienda la Constitución y los Pactos Internacionales vinculatorios con el Estado mexicano, a la vez que nos construyamos como un contrapeso frente a la violación sistemática de derechos por parte de la Conagua, a través de actos y omisiones ampliamente documentados en los Parlamentos Abiertos Ciudadanos y en las audiencias públicas”, concluyó la ONG en su pronunciamiento.
Revela NYT conversación telefónica Trump-Maduro, pero avance militar de USA en el Caribe no se detiene
MEMORANDUM 2.- Aunque el avance militar norteamericano en el Caribe no se detiene, de acuerdo con el diario estadounidense The New York Times”, el presidente de Estados unidos, Donald Trump y su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvieron una conversación telefónica en la que al parecer ya se manejó el futuro inmediato para el país sudamericano. Según el rotativo, en la conversación telefónica, el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, que participó en la llamada, crítico del régimen de Maduro en la que finalmente ambos mandatarios no acordaron planes concretos para un posible encuentro, apunta el Times que citó a fuentes anónimas familiarizadas con el asunto y no ofreció más detalles sobre lo conversado. De acuerdo con el artículo, la charla ocurrió antes del lunes pasado, día en el que el Departamento de Estado designó oficialmente como terrorista a un grupo que denomina Cartel de los Soles y que vincula con Maduro, aunque el líder chavista cree “es un invento”. Ni el Gobierno de EU ni de Venezuela han comentado hasta ahora de forma pública sobre la supuesta llamada, aunque tampoco han negado que haya ocurrido. La noticia se da a conocer un día después de que Trump advirtiera que sus Fuerzas Armadas actuarán “muy pronto” en tierra contra supuestos “narcotraficantes de Venezuela”, mientras mantiene el despliegue naval en el Caribe, que es el más grande de la historia del país norteamericano desde la primera Guerra del Golfo Pérsico (1990-1991), según un estudio de expertos del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales. En tanto, el Ejército de Estados Unidos está instalando un nuevo radar en Trinidad y Tobago, que está a solo 11 kilómetros de la costa más cercana de Venezuela, según confirmó este viernes la primera ministra de la isla, Kamla Persad-Bissessar. El radar se ubicará en Tobago -la más pequeña de las dos islas que tiene el país insular- y tiene el objetivo de monitorear actividades dentro y fuera del territorio trinitense, según las declaraciones de Persad-Bissessar publicadas por los medios locales. Por su parte, Venezuela ha alertado en reiteradas ocasiones que Trinidad y Tobago presta su territorio para el “plan de guerra” de Estados Unidos y el propio Maduro afirmó que la primera ministra “hipotecó” su país para “amenazar a Venezuela”. Sin embargo, Persad-Bissessar aseguró recientemente que EU no ha solicitado a su país servir como “base para ninguna guerra contra Venezuela”. Aun así, la funcionaria ha permitido la realización de ejercicios militares estadounidenses en la isla en el marco del Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas, que permite el entrenamiento conjunto y la cooperación. Unos 350 efectivos de la 22 Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina de Estados Unidos realizaron ejercicios de entrenamiento conjuntos con la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago entre el 16 y 21 de noviembre.
Pagan indemnizaciones a 561 jueces y magistrados cesados o que renunciaron a participar en la elección judicial: OAJ
MEMORANDUM 3.-Pese a que el universo total son 800 jueces y magistrados “que declinaron su participación en el proceso de ratificación previsto para 2027 o no resultaron ganadores en la pasada contienda electoral” de 2025, como informó el Órgano de Administración Judicial (OAJ) el pasado 10 de noviembre, este órgano reveló que ya realizó el pago único y extraordinario de indemnizaciones a 561 jueces y magistrados que fueron cesados o renunciaron a participar en la elección de junio pasado. Sin embargo, la dispersión de recursos se realizó a un menor número de ex juzgadores que los que se habían reconocido inicialmente, de acuerdo con los inconformes. La institución explicó que a través de transferencias electrónicas ayer se ejecutaron 561 pagos de los 563 programados. Aclaró que en los dos casos restantes fueron rechazados “por causas ajenas al Órgano”. De acuerdo con ex juzgadores,. Las indemnizaciones incluyeron tres meses de salario más 20 días por cada año laborado, además de las prestaciones de fin de año. “Los montos pagados corresponden a lo establecido en la Constitución y en las disposiciones legales aplicables, así como a las características laborales de cada caso”, puntualizó la institución.

 

 

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