MEMORANDUM 1.- La licencia de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa no resuelve el problema que se registra en esa entidad, señala la dirigencia nacional del PAN, por ello insistió al Senado en evaluar de manera inmediata la desaparición de poderes en ese estado. Ello como un mecanismo constitucional para restablecer el orden ante situaciones extraordinarias como las acusaciones sobre presuntos vínculos con carteles del crimen organizado y narcotráfico contra el gobernador –con licencia—de esa entidad, Rocha Moya. “Que el ex gobernador Rocha haya pedido licencia no resuelve el problema, en tanto que no se tomen medidas contundentes para combatir la delincuencia y el crimen organizado en Sinaloa”, recalca el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero. Por ello, indica que, Acción Nacional continúa insistiendo en la desaparición de poderes en esta entidad como medida para solucionar la crisis de inseguridad que vive ese estado de la República y darle a las familias sinaloenses mejores condiciones de vida. indica que no se trata de una medida extrema, sino de una respuesta necesaria frente a una crisis que ha rebasado a las autoridades locales. Sinaloa y su gente merecen un gobierno que sí vea por ellos, y no por los criminales. Romero Herrera, afirma que las acusaciones formales presentadas en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios por delitos relacionados con el narcotráfico confirman una situación que durante años fue advertida y que hoy adquiere una dimensión institucional. Expresa: “Es lamentable que investigaciones de esta magnitud provengan de otro país antes que de nuestras propias autoridades. Esto cambia completamente la dimensión del problema: ya no hablamos solo de corrupción, sino de la posible distorsión de un proceso democrático mediante la participación de grupos criminales”. Romero Herrera advierte que uno de los elementos más delicados es que los señalamientos plantean la posible intervención del crimen organizado en el proceso electoral de 2021. Por ello, sostuvo que el Senado de la República debe evaluar de manera inmediata la desaparición de poderes en la entidad, como un mecanismo constitucional para restablecer el orden ante situaciones extraordinarias. El líder panista advirtió que México no puede permitir que quienes tienen la responsabilidad de combatir al crimen organizado estén bajo sospecha de vínculos con él, y reiteró que se debe garantizar el Estado de derecho y la seguridad de las y los ciudadanos. “Defender el Estado de derecho, la transparencia y la rendición de cuentas es defender a México. Ante esta grave afrenta al bienestar y la integridad de las familias sinaloenses, Acción Nacional no dejará de insistir en que merecemos algo mejor que la supuesta transformación que ofreció un movimiento que ha destruido todo a su paso”, estableció.

04 de Mayo de 2026 / 17:31:04

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MEMORANDUM 2.- En medio de señalamientos por presuntos nexos con el narcotráfico que le imputa una Corte federal de Estados Unidos, Enrique Inzunza Cázarez aclara que no dejará su cargo como senador de Morena y cumplirá con sus tareas legislativas y desde la Cámara alta refutará las acusaciones “falsas y dolosas”. Asegura que acudirá puntual a cualquier llamado que le formule la autoridad competente mexicana, en este caso la Fiscalía General de la República (FGR), y aclaró que se encuentra en su pueblo, Badiraguato, porque “no tengo nada qué temer”; incluso comenzó a prepararse desde ahí para el inicio de trabajos de la Comisión Permanente, de la que forma parte, este miércoles. Con una trayectoria de más de 25 años en el Poder Judicial, 11 de ellos como magistrado presidente del Tribunal de Justicia de Sinaloa –“he dedicado mi vida a la aplicación de la ley”–, Inzunza entró en la política hace cinco años. Fue secretario de Gobierno en la administración de Rubén Rocha Moya, contendió y ganó la senaduría de mayoría y se le mencionaba como uno de los aspirantes a la gubernatura de la entidad para 2027. Insistió en que va a enfrentar sin temor las imputaciones “ignominiosas” que se levantaron en su contra sobre una supuesta colaboración con el cártel de Sinaloa, cargos que se hicieron públicos, resaltó, “justo un día después de que a nombre del grupo parlamentario de Morena defendió en el Senado “el principio básico e irrenunciable de la soberanía de México frente a la inconstitucional actuación de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en territorio nacional, con la complicidad de la aún gobernadora de Chihuahua”, María Eugenia Campos. Aclaró que nunca se ha escondido, como se especuló, y en los últimos días ha estado en su natal Badiraguato, a donde va cada fin de semana a visitar a sus padres.

04 de Mayo de 2026 / 17:17:19

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MEMORANDUM 3.- Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y el ex alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, ya no tienen fuero y pueden ser citados a comparecer ante el Ministerio Público Federal (MPF) respecto de las acusaciones del gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, destacan funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR)...Aunque días atrás la titular señaló que no había pruebas contundentes. En su cuenta de X, el coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, el ministro en retiro Arturo Zaldívar, publicó que “el fuero protege a la función, no a la persona. Quien obtiene una licencia ya no ejerce la función, por tanto, puede ser detenida como cualquier persona, pues ya no goza de la inmunidad procesal”. En tanto, funcionarios federales explicaron que en el tratado de extradición firmado entre México y Estados Unidos existen vacíos legales que impiden procesar penalmente a funcionarios con fuero, por lo cual el único caso que se ciñe a esta circunstancia es el del senador Enrique Inzunza. Integrantes de la FGR señalaron que el Ministerio Público Federal, luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores entregó el jueves de manera formal la solicitud de la fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York para detener a 10 mexicanos, entre ellos Rocha Moya, Gámez Mendívil e Inzunza, inició la integración de su propia investigación de los delitos que en aquel país se les imputan por sus supuestos vínculos con el cártel de Sinaloa, particularmente con la facción que encabeza Iván Archivaldo Guzmán Salazar, El Chapito. Litigantes como Marco del Toro Carazo señalan en redes sociales que el tratado de extradición entre México y Estados Unidos no prevé que “el país requirente exhiba, para la solicitud de detención provisional, ningún tipo de prueba”, y que el “pedimento deberá contener la expresión del delito por el cual se pide la extradición, la descripción del reclamado y su paradero”. Esta es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos solicita detener a funcionarios mientras gozan de fuero. Cuando pidió la entrega, por vínculos con el narcotráfico, de los ex gobernadores de Quintana Roo, Mario Villanueva (1993-1999); y de Tamaulipas, Tomás Yarrington (1999-2004) y Eugenio Hernández (2005-2010), ellos ya habían terminado su gestión y carecían de protección constitucional.

04 de Mayo de 2026 / 17:00:31

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