MEMORANDUM 1.- De acuerdo con información oficial de la Fiscalía General de la República (FGR), el estado de Veracruz figura en una lista marginal de entidades con “rastro” o sospecha de tráfico de órganos. El registro coloca a la entidad dentro de un grupo reducido de entidades en que la FGR ha observado investigaciones por hechos tipificados como delitos en los artículos 461 y 462, fracción II, de la Ley General de Salud. No obstante, la información disponible es limitada. La FGR no cuenta con datos que permitan identificar el municipio veracruzano en que ocurrieron los hechos, ni las personas denunciantes o afectadas. El único dato confirmado por la FGR es que Veracruz registra una carpeta de investigación federal por tráfico de órganos iniciada en 2022. Es el único expediente registrado para el estado en un periodo de diez años, de enero de 2014 a diciembre de 2024, de acuerdo con una respuesta institucional emitida por la Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental. En el mismo periodo, la FGR también identificó carpetas de investigación en Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, Colima, Puebla y San Luis Potosí. El tráfico de órganos puede ser competencia federal o local, al estar previsto tanto en la Ley General de Salud como en los códigos penales estatales. Por lo anterior, el registro federal no refleja la totalidad de los casos posibles, sino únicamente aquellos que llegaron al ámbito de investigación de la FGR. Sin embargo, la apertura de una carpeta no implica que el delito esté acreditado, pues esa determinación corresponde a la autoridad judicial. El dato convive con un contexto nacional más amplio en el que el tráfico de órganos se vincula con otros fenómenos. En 2022, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó 1,904 operaciones inusuales relacionadas con delitos de trata de personas y tráfico de órganos. La trata de personas es identificada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como la segunda economía ilícita más rentable, solo por debajo del narcotráfico. En ese tenor, Veracruz figura entra las rutas migratorias del sur y sureste del país, donde personas en situación migratoria irregular enfrentan condiciones de mayor vulnerabilidad frente a redes delictivas. La brecha entre la demanda de órganos y la oferta legal de donación es otro elemento clave. Hasta la semana 40 de 2025, en México se realizaron 2,687 trasplantes: 1,124 renales, 1,105 de córnea, 384 hematopoyéticos, 51 hepáticos, 20 cardíacos y 3 pulmonares, a través de instituciones como el IMSS y el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra). De igual forma, 19,000 personas permanecían en lista de espera a nivel nacional. En ese escenario, Veracruz aportó 41 donaciones de órganos y tejidos, con 94 pacientes beneficiados. La cifra se presenta como parte del sistema legal de donación, pero también como un contraste frente a una demanda que supera con amplitud la oferta disponible, en especial en el caso del riñón. A la par del registro oficial, existen denuncias públicas ocurridas en Veracruz que no han derivado en procesos judiciales. Entre ellas, las presentadas por familiares de víctimas del ataque al bar Caballo Blanco, ocurrido en 2019 en el sur de Veracruz, quienes en 2023 acudieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para denunciar presuntas extracciones ilícitas de órganos. Familiares de víctimas de la masacre del bar Caballo Blanco acusaron ante la CNDH que los cuerpos les fueron entregados "vacíos", presuntamente por extracción ilícita de órganos. De acuerdo con esos señalamientos, los cuerpos habrían sido entregados incompletos. “Los cuerpos en mal estado y completamente vacíos, sin cerebros, sin intestinos, sin nada. Entonces lo que nosotros ahorita estamos viendo eso, que nos respondan como es, que nos cumplan conforme la ley y caiga quien caiga, porque mandaron nuestros cuerpos de nuestros fallecidos a Cosoleacaque y nos lo mandaron vacíos. Tuvimos que pagar todo. Para mí es tráfico de órganos, porque no nos dejaron ni verlos y en las malas condiciones que nos los entregaron, estando tirados en la tierra, quemados, en el sol”, refirió la familiar de una de las víctimas. Hasta ahora, esos hechos no han sido judicializados. Así las cosas.

16 de Enero de 2026 / 22:44:46

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MEMORANDUM 2.- A través de su sitio oficial la Universidad Veracruzana (UV) lamentó que todavía se pueden encontrar casos en escuelas donde niñas, niños y adolescentes son discriminados por ejercer libremente su orientación o identidad de género. Por lo anterior, Irvin Uriel López Bonilla, coordinador de la Clínica de Litigio Estratégico “Transformaciones Jurídicas”, de la UV, indicó que se hace litigio para estudiantes de la comunidad LGBTTTIQ+. El académico de la Facultad de Derecho refirió que la clínica desarrolla una investigación sobre la reparación integral de daños causados por violaciones de derechos humanos (DDHH) en contra de personas de la comunidad LGBTTTIQ+ (lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer). Se busca mapear la obligación específica de reparar los daños que se causan por violaciones a los derechos de personas LGBTTTIQ+, entre las que se incluyen a las y los homosexuales, personas con identidades ces-normativas (cuya orientación no está definida), y las de múltiples expresiones de género. Para ello se ocupa el método del desempaque de DDHH, herramienta metodológica en la cual se desagrega el contenido de cada derecho humano para determinar en qué medida este fue violentado. Y es que los derechos de las personas con orientación sexual diversa no han sido reconocidos por el Poder Legislativo, sino a través de litigios estratégicos. “Algunos de ellos se han realizado en esta clínica de la Universidad Veracruzana, que ha abonado al avance en la validación de estos derechos”, aseguró el académico. López Bonilla señaló que si en México hoy se hiciera un corte de caja con respecto a los derechos de personas homosexuales, “podemos encontrar de manera efectiva el reconocimiento a la protección de la familia; acceso a la seguridad social, a la vivienda y a una adopción sin discriminación”. Cuando se habla de otras disidencias sexuales como personas trans, transgénero, transexuales y personas no binarias, se puede encontrar el derecho a la identidad autopercibida regulada y ya reconocida en la mayoría de las entidades federativas; en el caso de Veracruz, esto se dio el año pasado. Luego de mencionar que esos son algunos de los derechos de mayor referente que se han conseguido en la labor jurisdiccional dentro del marco normativo, López Bonilla concluyó que se utiliza un bosquejo del marco fáctico en el que suceden los hechos violatorios, y la forma en que se reparan las vejaciones causadas. En cuanto a los desafíos que se tienen en la materia, consideró que no son tanto normativos sino sociales y están relacionados con la efectividad de la no discriminación.

16 de Enero de 2026 / 22:30:17

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MEMORANDUM 3.- A pesar de las cuentas alegres del gobierno estatal en materia de seguridad, el mapa delictivo de Veracruz en 2025 registró aproximadamente 70 mil delitos del fuero común perpetrados a lo largo del año, con promedios mensuales que nunca bajaron de los cinco mil casos, y picos que rozaron los siete mil. De ese total, los delitos contra la vida y la integridad corporal concentraron la mayor incidencia. El conjunto de cifras perfila una constante: en Veracruz, durante 2025, la incidencia delictiva no fue episódica ni concentrada en un solo trimestre. Fue sostenida, repetitiva. De acuerdo con información oficial obtenida vía transparencia, el conteo reportó que enero abrió con 5,580 delitos, febrero ascendió a 6,122 y marzo superó los 6,600. Mayo se colocó como el mes con mayor número de registros, con 6,948 casos, mientras que noviembre cerró con 6,128. No hubo interrupciones ni caídas abruptas: la curva se sostuvo durante todo el periodo observado y tan sólo de enero hasta noviembre se alcanzó 69 mil 809 delitos. Dentro del universo total, los delitos contra la vida y la integridad corporal alcanzaron aproximadamente 9,955 casos. El comportamiento mensual osciló sin variaciones extremas, con cifras que se movieron entre poco más de 700 y poco más de mil casos. Marzo y mayo destacaron como los meses con mayor incidencia en este ámbito, ambos por encima del millar. Este bloque incluye homicidios y lesiones, dos categorías que, aunque distintas en gravedad, concentran buena parte del impacto social del delito. Los homicidios sumaron aproximadamente 1,691 casos en el año. De ellos, 749 fueron clasificados como dolosos y 942 como culposos. La diferencia entre ambos no es menor: mientras el doloso se mantuvo por debajo del centenar mensual, el culposo mostró una presencia más constante y elevada. En el homicidio doloso, el uso de arma de fuego fue el principal mecanismo, con 514 casos. Las armas blancas representaron 114 registros y otros elementos sumaron 121. A lo largo del año, septiembre destacó con el mayor número de homicidios dolosos, con 89 casos, seguido de julio y agosto. El homicidio culposo estuvo dominado por los accidentes de tránsito. De los 942 casos registrados, 888 correspondieron a hechos viales fatales. Mes tras mes, este tipo de muertes se mantuvo en rangos similares, con registros que oscilaron entre 60 y 89 casos. Agosto y noviembre compartieron el nivel más alto. Otros mecanismos fueron marginales: 51 casos se atribuyeron a elementos distintos y solo tres involucraron armas de fuego. No se reportaron homicidios culposos con arma blanca. Las lesiones completaron el panorama de los delitos contra la integridad corporal. En total, se contabilizaron 7,975 casos en el año. Marzo, mayo y julio concentraron los mayores volúmenes, todos por encima de los 800 registros mensuales.

16 de Enero de 2026 / 22:14:35

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