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La Corte frena proyecto contra reformas antiaborto en Aguascalientes, al parecer la iglesia católica gana, por ahora
MEMORANDUM 1.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retiró de la lista de asuntos a discutir a inicios del próximo año el proyecto del ministro Irving Espinosa Betanzo, el cual propone revertir la reforma de Aguascalientes que redujo de 12 a seis semanas el plazo máximo para abortar, esta decisión se da luego de que la Arquidiócesis Primada de México acusó al organismo de “despreciar la vida”. Hasta el lunes pasado, el proyecto se mantenía público y programado para su análisis el próximo 6 de enero. Ese mismo día, el ponente afirmó que la iniciativa ya había sido difundida y que el pleno determinaría su eventual aprobación. “Hay que decir algo, el aborto ya está despenalizado en México desde 2023”, dijo Espinoza al ser interrogado sobre la crítica clerical. La Arquidiócesis publicó el pasado domingo el editorial “El desprecio por la vida humana en la Corte”, en el semanario católico Desde la fe, en el que acusó que el proyecto en el máximo tribunal del país busca la “despenalización total” de la interrupción del embarazo. “La mayor sorpresa consiste en los alcances que se buscan en la sentencia: eliminar el tipo penal de aborto, es decir, permitir el aborto de seres humanos en desarrollo, durante los 9 meses de embarazo, sin tomar en cuenta el bienestar de la madre ni del niño”, señaló el editorial. La reforma del 23 de septiembre de 2024 al Código Penal y la Ley para la Protección de la Vida del Estado de Aguascalientes fueron impugnadas mediante las acciones de inconstitucionalidad 172/2024 y 173/2024, promovidas en octubre de 2024 por la entonces consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). En su proyecto, Irving Espinosa concluye que criminalizar el aborto autoprocurado o consentido en Aguascalientes vulnera el derecho a decidir, a la salud y la igualdad, y que fijar un plazo de seis semanas es una medida regresiva que obstaculiza una decisión informada. Por ello, propone invalidar en su totalidad los artículos 101, 103 y 196 del Código Penal local, eliminando la criminalización del aborto voluntario, con efectos retroactivos a la entrada en vigor de esas normas. Aunque el proyecto puede volver a enlistarse, hasta ahora se desconocen las razones de su retiro y la fecha en que sería reprogramado.
Inhabilita Buen Gobierno a empresa por falsear información en licitación de compra de medicamentos, también pagará multa de casi 150 mil pesos
MEMORANDUM 2.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que la empresa Productos y Servicios Integrales Especializados Xoco, S.A. de C.V. fue inhabilitada por un periodo de un año y tres meses, además de recibir una multa económica, tras determinarse que falseó información durante una licitación para la adquisición de medicamentos realizada en 2022. A través del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se impuso dicha sanción administrativa que impide a la compañía participar, por sí misma o a través de intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la administración pública federal. Aunado a la inhabilitación temporal, la autoridad aplicó una multa de 144 mil 330 pesos. De acuerdo con la información oficial, la penalización deriva de la conducta de la empresa durante su participación en la Adjudicación Directa número AA-050GYR024-E588-2022. En este procedimiento, la firma presentó una carta de apoyo del fabricante que contenía información falsa, documento requerido para la validación del contrato de suministro. Aunque la notificación a la empresa se realizó el pasado 9 de diciembre, la resolución fue publicada este 17 de diciembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación. Consecuentemente, la razón social ha sido inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que oficializa el bloqueo para acceder a nuevas contrataciones con el Gobierno de México. La dependencia federal precisó que las medidas se emitieron conforme a la ley, considerando los criterios de proporcionalidad y la gravedad de la falta cometida. Si bien la empresa mantiene su derecho a impugnar la resolución, la Secretaría indicó que defenderá la firmeza de la sanción por haber sido impuesta con apego a derecho y en protección del interés público.
FGR suspende licitación para arrendar vehículos por 3 mil mdp relacionada con el excontralor Arturo Serrano
MEMORANDUM 3.- Por segunda ocasión, la Fiscalía General de la República (FGR) suspendió el arrendamiento de 2 mil 522 vehículos que utilizarían funcionarios de esa institución en el periodo 2025-2028. Los montos de los contratos van de 2 mil 480 a 3 mil 794 millones de pesos, lo que equivaldría a pagar más de un millón de pesos por unidad durante la vigencia del contrato. Esta licitación se inició durante la gestión de Alejandro Gertz Manero y tiene como antecedente un supuesto intento de corrupción que derivó en el despido del ex contralor de la FGR Arturo Serrano Meneses y uno de sus colaboradores y en el inicio de indagatorias en su contra. En el acuerdo de suspensión, la Unidad de Recursos Materiales tomó esta decisión “considerando que no se persigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de interés general” hasta que el Órgano Interno de Control “resuelva lo conducente”. En el proceso de licitación participan la Oficialía Mayor, la Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria, así como la Unidad de Recursos Materiales y la Administración Especializada de Adquisición de Bienes, de acuerdo con el expediente E-2025-00109641. El procedimiento de contratación está identificado como servicio de arrendamiento de vehículos sin opción a compra, y la operación se realizaría con cargo al ejercicio presupuestal 2025. La convocatoria original para este proceso fue avalada el 23 de septiembre pasado y la contratación sería de “cobertura nacional, para las actividades sustantivas, operativas y administrativas de las y los servidores públicos adscritos a las áreas que integran la institución”. En la lista de vehículos solicitados destacan 320 tipo sedán, 20 vehículos sedán híbridos, 368 camionetas pick-up 4 x 4 de doble cabina y doble tracción, 80 motocicletas de 249 centímetros cúbicos, 829 vehículos tipo sedán básicos, 643 camionetas pick-up 4 x 4 de doble cabina y dos puertas, para un total de 2 mil 522 unidades. El concurso considera una erogación mínima de 2 mil 480 millones 166 mil 219.43 pesos y una máxima de 3 mil 794 millones 617 mil 280.35 pesos, incluido impuesto al valor agregado (IVA). En agosto pasado, la FGR destituyó a Serrano Meneses, quien duró seis años en el encargo, el mismo tiempo que llevaba Gertz Manero. El entonces titular del órgano interno de control –quien no tenía voto, pero sí voz en el comité de adquisiciones– fue despedido junto con Martín Javier Morales Ramírez, su secretario particular; José María Peña Domenech, secretario técnico; Carlos Enrique Rascón Irízar, titular del área de responsabilidades, y cinco funcionarios más. Serrano Meneses y Rascón Irízar han comparecido en tres ocasiones (dos vías videoconferencia) ante un juez del Reclusorio Oriente para conocer una acusación penal por el delito de intento de cohecho, pues presuntamente solicitaron 6 millones de pesos por avalar la renta de vehículos. Sin embargo, la audiencia en la que se darían a conocer los cargos no se ha llevado a cabo porque la FGR no había entregado hasta hace unas semanas el expediente completo y fueron los propios representantes del Ministerio Público quienes solicitaron que se difiriese la diligencia hasta enero, tras reconocer que no contaban con los documentos originales que permitirán conocer el contenido de varios dictámenes. La FGR continuó con la licitación y tenía previsto dar a conocer el fallo el miércoles; sin embargo, el 8 de diciembre, de acuerdo con el oficio FGR/OIC/UJCEP/0651/2025, se notificó a los interesados: “Con fundamento en el artículo 100 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de aplicación supletoria al acuerdo A/OM/006/2025, por el que se emiten disposiciones en materia de recursos, materiales, servicios generales y contrataciones públicas de la FGR, se decreta la suspensión provisional de los actos del procedimiento de contratación y los que de éste se deriven”.

 

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