Por Rafael Arias Hernández
Inocultable, la problemática en el país se hace presente y no puede ignorarse o minimizarse, sobre todo porque se supone que la conocida institución de educación superior, es distinguido espacio del pensamiento y del conocimiento , sobre todo crítico y creativo, eficiente y preventivo.
Y además, porque se viven tiempos de cambio múltiple y diverso, de transformaciones en todos los contextos mundial, nacional y local; mismos que ocasionan modificaciones y efectos, de diversa intensidad y alcance en organizaciones, empresas e instituciones públicas y privadas.
Consecuentemente, en términos generales, es natural y entendible, pero no justificable y aceptable, que tanto en los mercados, pero sobre todo en dependencias e instituciones oficiales, haya quienes defiendan (y se refugien en) privilegios, beneficios y ventajas, hoy insostenibles e improcedentes, o cuando menos sujetos a revisión y ajuste. Quien quiera escuchar que escuche y atienda.
En este cambiante marco de referencia y de operación. La Universidad Pública es espacio de las libertades y derechos individuales y colectivos; y, sobre todo, órgano autónomo de auténtica e ineludible responsabilidad pública, ya que es la sociedad su origen y destino, la que la apoya y sostiene a través del Estado y sus ámbitos de gobierno.
La sociedad ha estado y está, antes que la Universidad que, como toda institución gubernamental, debe y tiene que ser fiscalizada y evaluada permanentemente, por su origen y destino; es decir por esa misma sociedad.
Responsabilidad institucional que, por cierto, ineludiblemente empieza con verdaderas transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y evaluación ciudadana y social.
Cualidades que se supone deberían caracterizarlas, pero que en la actualidad, excepciones aparte, con frecuencia son cuestionadas, por estar ausentes o ser insuficientes en su funcionamiento cotidiano, en donde persiste mediocridad y perversidad, al comprobarse que, en muchas formas, ha llegado a permitirse y facilitarse el uso y abuso de atribuciones y recursos públicos, ocasionando, numerosos casos de ineficiencia y corrupción. Casos que, incluso han trascendido, para convertirse en históricos escándalos, hasta hoy en la impunidad.
“La estafa maestra”, la privatización y concesión de servicios universitarios, la disposición arbitraria o injustificada de apoyos, estímulos y subsidios, el injustificado enriquecimiento; y muchos otros ejemplos, muestran y demuestran que la universidad pública puede ser afectada, de muchas formas, por ineficiencia y corrupción.
Corrupción e ineficiencia que, como es tradición o costumbre en los ámbitos gubernamentales, son alentadas o apoyadas por procuración y encubrimiento “carnal”; por seguimiento y control a “modo”; por contralorías internas auto designadas; y por la simulación y el entretenimiento de hacer como que se hace.
Lamentable, que la problemática o crisis, sin política financiera actualizada, ha llegado a afectar o debilitar, la capacidad económica institucional, hasta suspender total o parcialmente importantes gastos, como sueldos y prestaciones de los trabajadores universitarios.
Sin duda, hay mucho de que hablar al respecto, y más cuando, en muchas formas, los cambios en estructuras y funciones institucionales, se hacen presentes en casi todos los frentes. Como los relacionados con la Reforma de Estado, a la que hay que ajustarse; la actualización de la legislación en educación pública vigente, para su reorientación y fortalecimiento, a todos los niveles.
Oportuno y conveniente aclarar desde ahora, que los efectos y daños causados, así como la debilidad e ineficiencia, o la fortaleza y ventaja, en su funcionamiento y capacidad de servicio, no es igual en todas. Hay contadas Universidades Públicas, con algunas ventajas.
Importante diferenciar situación y perspectiva de cada una, para fortalecer estructura y funciones, así como prever y evitar daños mayores.
Consecuentemente, para mejorar y fortalecer, hay que apoyar y respaldar sus funciones, como sus contralorías internas, protegidas y definidas por su carácter autónomo; y también, hay que fortalecer la contraloría externa, establecida y aplicable a toda forma de gobierno y sus instituciones, aspecto central de la fiscalización institucional que es derecho y facultad irrenunciable de la sociedad.
EL TAMAÑO DE LOS DAÑOS.
Desde hace años la crisis de la Universidad Pública, primero se hizo recurrente en algunas, extendiéndose hasta afectar a más de 25 instituciones, destacándose la atención inmediata y efectiva de la problemática económica y financiera, para no padecer las consecuencias, como la paralización total o parcial, según el caso.
No está por demás apuntar que el subsistema de educación superior, requiere de atención; y que están en puerta cambios importantes en la legislación secundaria, que obligaran a realizar los ajustes internos correspondientes
Las problemáticas referidas, afectan de manera diferente, tanto a universidades federales, como a las estatales y al subsistema referido.
Identificándose en general, como principales factores de decisión: el gobierno federal, los gobiernos estatales, las autoridades universitarias, y las organizaciones sindicales. Todos, con capacidad de dialogo y solución, sin excluir a la determinante comunidad universitaria, muchas veces marginada por la inexistente democracia; o manipulada y contenida, por la absurda y obsoleta distorsión, en su interior.
En los últimos años, el problema afecta a más de 25 universidades y se estiman necesarios 17 mil millones de pesos, para atender situación y reclamos en aumento,y evitar paro de actividades, o movilizaciones de inconformidad y protesta.
Hasta hoy, los trabajadores universitarios afectados, cuentan con apoyo y solidaridad de organizaciones sindicales, encabezadas por la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), que han logrado soluciones momentáneas o parciales.
Debe destacarse, que el gobierno federal no adeuda y ha obligado a toda Universidad a mejorar su transparencia, austeridad y eficiencia. Que en los conflictos suscitados y presentes, la responsabilidad se concentra en la capacidad de respuesta de los Gobiernos estatales, en la eficiencia y honestidad de las autoridades universitarias, y en la representatividad y congruencia de las organizaciones sindicales.
En los casos de Nayarit, Michoacán, Oaxaca, Edo. de México, Chiapas, Zacatecas, Morelos, Sinaloa y otros afectados por el paro y la movilización por inconformidad, la intervención de la CONTU ha sido y es determinante.
En fin, tan solo por la afectación a decenas de miles de trabajadores y sus familias, así como a cientos de miles de jóvenes universitarios, el problema exige atención inmediata. Seguiremos.
-Academico.IIESESUV @RafaelAriasH,Facebook:VeracruzHoydeRafaelAriasH |
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