Hoy y mañana se llevará a cabo la XV Asamblea Plenaria de la Conferencia Permanente de Congresos Locales COPECOL 2022, cuya sede será uno de los lugares paradisiacos de nuestro país: la Riviera Nayarit, dado que es el Congreso local el anfitrión, a través de la Diputada Presidenta Alba Cristal Espinoza Peña e Irma Leticia González, presidenta de COPECOL
La COPECOL se divide en seis regiones, y aglutina a mil 400 legisladoras y legisladores a lo largo y ancho del país, de los 32 congresos locales “que sumando y trabajando en equipo, se lograrán grandes cosas para nuestros estados y para México”, (esto útimo es frase de la invitación).
Pues bueno, en este contexto, una de las asistentes a esta plenaria, cuyo antecedente inmediato fue en Guanajuato, es la diputada veracruzana por el PVEM Citlali Medellín Careaga, de quien en anterior entrega le hacíamos la observación que es un gran activo político no sólo para el Verde y no hay que perderla de vista… y enseguida me dio la razón.
Resulta que –como los porteros, no hay uno bueno sin suerte- Citlali llega a esta Asamblea con dos nombramientos machuchones (AMLO dixit), el primero de ellos como Presidenta de Asuntos Legislativos de la Federación Latinoamericana de Municipios (FLACMA), cargo en el que confirmada por segundo ejercicio consecutivo, pero además, llega también como Coordinadora Nacional de los Diputados Locales del PVEM.
Además de la agenda de COPECOL, lo más interesante del asunto es que hay un par de invitados especiales de singular importancia, tango para el país como para Veracruz mismo y se trata del secretario de Gobernación Adán Augusto López y del Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna (quien por cierto viene de Sonora a donde asistió al Informe de Labores de su esposa, la diputada local Diana Karina Barreras).
Pero como lo de Citlali no es sentarse a esperar fechas que se cumplan, esta semana que hoy termina (y que a ella no le importa) estuvo repartiendo paquetes de útiles escolares (que compró de su peculio) en varios municipios del norte de Veracruz (Tamiahua y Tuxpan, entre otros) como un apoyo para familias que lo necesitan, dadas las circunstancias de carestía que sufrimos. En Tihuatlán tuvo una actividad “especial” a la que nos referiremos más adelante, pues se trata de una Unidad de Manejo Ambiental (UMA), que merece más atención.
Pues bien, este es el contexto en el que inicia hoy la Plenaria de Copecol 2022, a donde -hasta el momento de cerrar esta columna-, no teníamos confirmación de algún otro diputado jarocho más. Éxito a la tamiahuense.
Citlali estará a la vista de los scouts de Grandes Ligas. ¡Órale!
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Desde que el mundo es mundo, hay un dicho que se recicla siempre: “trabajo mata grilla”.
Por eso le podemos explicar que el tristemente célebre alcalde de San Andrés Tuxtla, Manuel Rosendo Pelayo, deberá pagar más de 25 millones de pesos por daños patrimoniales que han quedado reconocidos por la autoridad jurisdiccional, es decir, que están firmes
A cuestionameinto directo sobre los procedimientos instruidos por el ORFIS en contra de la administración municipal 2014-2017 de San Andrés, la Auditora General, Delia González Cobos, dijo que los procesos de fiscalización y seguimiento, “requieren de exhaustividad en las diligencias que se realizan”.
San Andrés Tuxtla no es la excepción y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado ha promovido dos acciones legales, una administrativa y otra penal.
En materia penal, se presentó la denuncia de hechos ante la Fiscalía General del Estado, que dio entrada a la Carpeta de Investigación FGE/FIM/F2/C.I./155/2018, por un presunto daño patrimonial de 16 millones 664 mil 016 pesos y 17 centavos.
Mientras que en materia administrativa, este año la Primera Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV), dictó acuerdo en el expediente 343/2018/1a-IV por el que determinó que ha causado ejecutoria la sentencia de fecha 10 de diciembre de 2020, es decir, que no existe medio de impugnación alguno que pueda promover el ente fiscalizado, confirmándose la validez de la sanción impuesta por el ORFIS a Manuel Rosendo Pelayo y otros ex servidores públicos del ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, por un monto total de 25 millones 829 mil 225.06 pesos; que se compone de 16 millones 664 mil 016.17 pesos correspondiente al daño patrimonial derivado de la fiscalización superior y los restantes 9 millones 165 mil 208.89 pesos de sanción o multa.
Además, Delia González informó que se tiene un expediente de investigación bajo el número ORFIS/DGAJ/SI/093/2018 del que derivarán otras responsabilidades.
Finalmente, puntualizó que en los Decretos de los ejercicios 2014 y 2015, el Congreso del Estado aprobó los informes del resultado del municipio de San Andrés Tuxtla sin determinar daño patrimonial, por lo que el ORFIS no tiene asuntos pendientes por atender al respecto. ¡Tómala!
Si bien dicen que ¡para toros del jaral, los caballos de allá mesmo!
¡Qué barbaridad!
deprimeramano.2020@gmail.com
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