| IGNACIO MORALES LECHUGA |
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| 2024-10-22 /
19:51:45 |
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| Paraiso de impunidad |
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En un país de impunidad, los primeros que pierden su libertad son los ciudadanos. Cómo atender la inseguridad cuando el poder político es una de las principales fuentes de delitos de corrupción, como el caso Segalmex, y de violencia, como el caso Sinaloa.
La facilidad con que los criminales actúan por encima de la ley pone en evidencia la relación entre el poder político y la delincuencia organizada. Hace unos días los ganadores del Nobel de Economía exponían el riesgo del amiguismo entre el Estado y grandes consorcios que resultaban en jugosos negocios y concesiones para los amigos de gobernantes y legisladores.
Lo mismo ocurre en materia de inseguridad, donde también hay bandas o grupos criminales apoyados por el Estado. De qué otra manera se explica el crecimiento exponencial de homicidios en los últimos 12 años y el incremento de otro tipo de delitos a causa del inexistente estado de Derecho.
No hay nada que incentive más la delincuencia que el hecho de que los miembros del crimen organizado se sepan cobijados por la ineficiencia y complicidad de un sistema de justicia que deja sin castigo 98% de los delitos cometidos a lo largo y ancho del territorio nacional. Delitos tan graves como la extorción son ocultados por las propias víctimas por miedo a las represalias, además muchos saben que pase lo que pase o digan lo que digan, no va a ocurrir nada.
Según las estimaciones, 2024 terminará con 30 millones de delitos, de los cuales 27.5 millones no serán investigados. ¿Qué significa esto? Si el 92% de los crímenes ni siquiera llega a instancias de un juez, la reforma que modifica solamente al poder judicial y mantiene el resto de la estructura del sistema de justicia, no tendrá el efecto que aseguran sus defensores.
La impunidad se termina sólo hasta que hay una sentencia. Si se quiere hacer una reforma que realmente acabe con la impunidad, es necesario tocar los tres eslabones del sistema de justicia: Policía, Ministerio Público y Poder Judicial.
¿Cuántos jueces, ministerios públicos y policías se requieren para atender en promedio 82 mil delitos al día? ¿De dónde saldrán los centros de readaptación social para ingresar a tantos delincuentes si hoy los penales no albergan correctamente ni a 250 mil personas en condiciones de sobrepoblación y hacinamiento?
En un año como 2025, con déficit fiscal y las arcas vacías ¿De dónde saldrán los recursos y presupuestos, la infraestructura pericial, de equipamiento y tecnología para enfrentar, no solo el rezago acumulado, sino el tracto diario por la persecución judicial de los delitos?
Ante la suma total de las incapacidades reales y manifiestas ¿cómo se decidirá la prioridad para elegir cuáles delitos deben atenderse? ¿Harán como con los aspirantes a jueces, a punta de suerte y vueltas de manivela? Y ya prestos en poner el aparato de justicia en manos del azar ¿se hará otra tómbola para determinan la culpabilidad o la inocencia de los acusados?
Si esta es la nueva realidad de México ¿qué nos espera? No lo tengo claro. La reforma judicial sólo traerá inexperiencia y sesgos interpretativos de nuevos jueces designados no por sus méritos sino por la simpatía y el “apoyo popular”. Por su parte, la adscripción de la Guardia Nacional a la SEDENA deja la seguridad pública en manos de fuerzas que no saben ejercer funciones de policía y cuya profesionalización requiere tiempo, constancia y fuertes inversiones de capital para ser una solución real capaz de revertir el cuadro actual de impunidad.
El panorama es oscuro y desalentador. El problema no es sólo de forma, sino de fondo. Por más esfuerzos que se hagan, no se cuenta ni con 10% de la infrestructura necesaria para atender el problema. ¿Cómo salir del hoyo en el que nos han dejado 6 años de abarazos a los delincuentes? Lo ignoro, pero me niego a aceptar que hemos perdido la batalla y resignarme a la idea de que el México como lo conocimos ha quedado atrás, me niego a aceptar dejarle a mis nietos un país de en el que gobierna la delincuencia.
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