Carlos A. Luna Escudero
En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, que se celebró este lunes 9 de diciembre, surgen nuevas cifras que subrayan el impacto devastador de este fenómeno en México y, particularmente, en Veracruz. Según la International Chamber of Commerce México (ICC México), la corrupción cuesta al país cerca del 5% del Producto Interno Bruto (PIB) anual, lo que equivale a pérdidas de más de 500,000 millones de pesos. Estas cifras no son solo números fríos: representan el obstáculo más grave para el desarrollo y la competitividad de nuestra economía.
En Veracruz, este problema no es nuevo. De acuerdo con lo que señalan en el sector empresarial por los moches que han tenido que pagar a servidores públicos y a varias estimaciones de académicos, la corrupción estatal equivale también al 5% del PIB local. Si tomamos en cuenta el valor del PIB estatal, que en 2023 rondó los 1,068,000 millones de pesos (cifras del lNEGI), esto implica un costo anual de 53,400 millones de pesos aproximadamente. Este monto equivale a una suma capaz de financiar infraestructura, educación y salud para miles de veracruzanos, pero que, en cambio, se desvanece en prácticas deshonestas.
El costo económico es solo la punta del iceberg. Las empresas en Veracruz reportan destinar hasta un 20% de sus ingresos en sobornos, especialmente para ganar contratos de obra pública o realizar trámites básicos. Esta dinámica no solo reduce la competitividad del sector privado, sino que inhibe la creación de empleos y limita el crecimiento económico regional.
A esto se suma un impacto social profundo: los ciudadanos desconfían de sus autoridades. La percepción de que la corrupción está presente en todos los niveles—desde un simple trámite hasta las licitaciones multimillonarias—socava la legitimidad del gobierno y alimenta un ciclo de impunidad que parece interminable.
Los ejemplos abundan: desde la adjudicación de obra pública sin licitación hasta proyectos incompletos o de pésima calidad, como las pésimas obras del gobierno saliente, los puentes sobre Lázaro Cárdenas en la capital estatal por ejemplo. El lavado de recursos públicos a través de empresas fantasmas a lo que se suman escándalos como la compra de medicinas caducas y los “igualas” sistemáticas en trámites cotidianos. Estos casos no solo son evidencia de la corrupción endémica, sino que también exponen al estado a un descrédito nacional e internacional.
La corrupción no solo afecta la economía; también es un catalizador de la inseguridad. Los sobornos permiten que criminales eviten sanciones, obstaculizan la denuncia ciudadana y perpetúan la impunidad. Mientras estas prácticas continúen, será imposible construir un estado seguro y próspero.
Es claro que la corrupción en Veracruz no es solo un problema ético, sino un obstáculo estructural para el desarrollo. Para enfrentarlo, se necesitan acciones inmediatas y decididas:
1. Transparencia real: Implementar sistemas de auditoría independientes y acceso público a la información gubernamental.
2. Fortalecimiento de la denuncia ciudadana: Garantizar protección para quienes reporten actos de corrupción.
3. Rendición de cuentas: Asegurar que los responsables enfrenten consecuencias legales.
4. Educación cívica: Invertir en la formación de una ciudadanía crítica que exija honestidad y ética en el servicio público.
La corrupción no es un fenómeno inevitable. Es un cáncer que puede ser extirpado si la sociedad, el sector privado y el gobierno trabajan juntos. Veracruz tiene el potencial de ser un estado ejemplo en transparencia y desarrollo, pero solo si se rompe el círculo de impunidad que ha lastrado su crecimiento durante décadas.
Mientras no se tomen acciones contundentes, seguiremos pagando un costo insostenible—económico, social y moral—por un problema que debería ser historia, no actualidad.
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