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Paro nacional de transportistas colapsará carreteras tras semana santa: cierres 6 de abril 2026; tenga eso en cuenta previo a su viaje
MEMORANDUM 1.- ¡Tome precauciones! La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) anunció que llevarán a cabo un megabloqueo y paro nacional el lunes 6 de abril de 2026, en pleno regreso a la rutina diaria tras la Semana Santa, después de que las mesas de diálogo no dieran las soluciones esperadas por los transportistas y campesinos. El presidente de la ANTAC, David Estévez, aseguró que existe un “90 por ciento de probabilidad” de que este megabloqueo en distintas carreteras de la República Mexicana se realice en la fecha anunciada por la asociación, asegurando que la inseguridad en carreteras “sigue a todo lo que da”. Las autoridades del gobierno mexicano han habilitado mesas de trabajo y de diálogo con los transportistas y campesinos, sin embargo, Estévez declaró que ninguna mesa de diálogo ha dado los resultados esperados por ambos grupos, por lo que han anunciado un megabloqueo para el día lunes 6 de abril. Mientras que, el gobierno ha señalado que ofrecieron mesas de diálogo para frenar la manifestación del 6 de abril y atender las inquietudes de los campesinos y transportistas, afirmando que existen acuerdos relevantes y seguimiento a las demandas que continúan en proceso administrativo. No obstante, David Estévez señaló que la propuesta del secretario de Economía es una “gota de agua, copia de una propuesta que hizo el presidente Fox”, detallando que la oferta es perjudicial para los transportistas, ya que unidades nuevas no servirían de nada ante la inseguridad todavía presente en las carreteras. A pesar de que el periodo de tiempo entre hoy miércoles 1° de abril y el lunes 6 de abril es reducido a comparación de los meses que transportistas y campesinos han mantenido negociaciones con el gobierno, el presidente de la ANTAC informó que existe una forma para frenar el megabloqueo programado para el inicio de la siguiente semana. “En cuanto al transporte, que nos quiten los retenes, nos han causado muchos problemas, mucha corrupción”, señala, mencionando principalmente el retén de San Luis Río Colorado, San Blas y San Roberto, entre otros en el estado de Sonora. Al mismo tiempo, señaló el precio elevado del diésel, ya que las autoridades aseguraron a transportistas que dialogarían con gasolineros para bajar el costo, sin embargo, no han visto resultados. A pesar de que no se han dado a conocer todos los puntos de la República Mexicana que serán afectados por los bloqueos de la ANTAC y campesinos el lunes 6 de abril, los manifestantes declararon que tienen el objetivo de “paralizar absolutamente todo” para visibilizar sus demandas y presionar a las autoridades. Hasta el momento, se conoce que las principales autopistas del centro del país que serán afectadas en el megabloqueo y paro nacional, son: México-Cuernavaca. México-Querétaro. México-Pachuca. A su vez, existirán bloqueos en autopistas clave de Sinaloa, Sonora, Michoacán, Jalisco y probablemente cruces fronterizos de Ciudad Juárez, Chihuahua. La protesta de transportistas y campesinos en México estalló el año pasado debido a la inseguridad en las carreteras del país, así como actos de corrupción y negligencia en la atención de robo de cargamento y unidades. De acuerdo con el pliego petitorio difundido por la asociación de transportistas, las principales demandas que la ANTAC exige al gobierno, son: Seguridad y vigilancia en carreteras. Garantías líquidas para el pequeño transportista, señalando que las grandes flotas monopolizan el mercado, mientras que el “Hombre-Camión” no cuenta con renovación de unidades ni de mantenimiento. Seguridad Social y Salud, ingreso al IMSS Bienestar. Seguro de vida y pensiones dignas para ciudad. Vivienda digna: Proyecto “Hacerato Vivienda”. Apoyo directo al campo y justicia de precios. Asociaciones agrícolas se unieron a la protesta de transportistas desde el 2025 para exigir apoyo a la producción, establecer precios base no negociables para la tonelada de maíz y seguridad en carreteras contra robos y/o extorsiones que afectan la distribución.
Identifican a las cuatro personas fallecidas en accidente de la avioneta que se dirigía a Poza Rica, en el norte de Veracruz
MEMORANDUM 2.- Las cuatro personas que perecieron en el percance de la avioneta Cessna 172 Skyhawk, que se desplomó en Huejotzingo, Puebla, con destino a Poza Rica, en el norte del estado de Veracruz, fueron identificadas horas más tarde. Se trata de Paulo Antonio V. V. – Piloto, Marcos Omar M. T. – Copiloto, Ramsés Olin Z. B. – Pasajero y Emilio G. R. – Pasajero. De las cuatro personas que viajaban a bordo de la avioneta, Emilio había sobrevivido, pero más tarde se dio a conocer que también falleció. Se informó que uno de los pasajeros, Ramsés Olin Z. B. era instructor de vuelo. El Gobierno de Puebla, a través de Protección Civil, dio a conocer que el accidente ocurrió en las inmediaciones de la carretera San Mateo Capultitlán – Santa Ana Xalmimilulco, en el municipio de Huejotzingo. "Se reportó la caída de una aeronave, en inmediaciones de la carretera San Mateo Capultitlán – Santa Ana Xalmimilulco, en el municipio de Huejotzingo”, refirió. Los hechos ocurrieron cuando la avioneta despegó del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, pero en terrenos de cultivo a un costado del Parque Industrial San Miguel Quetzalcóatl.
Senado recibe iniciativa de Ley General contra feminicidios en México; el problema es que las investigaciones presentan graves lagunas estructurales
MEMORANDUM 3.- Las investigaciones sobre feminicidios en México presentan graves lagunas estructurales, impunidad sistemática y deficiencias en el debido proceso, lo que resulta en una crisis de justicia. Fue este mircoles que el Senado recibió la iniciativa de ley enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum que impone una pena de prisión de hasta 70 años al que cometa el delito de feminicidio, elimina beneficios legales para los agresores y establece la obligación de investigar toda muerta violenta bajo la hipótesis de feminicidio. La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que se recibió esta iniciativa que busca facultar al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en Materia de Feminicidio, para homologar tanto la investigación como la tipificación de este delito en todo el país, ante las diferencias que actualmente existen entre las legislaciones estatales y la FGR emitirá un Protocolo Nacional Homologado. La reforma permitirá avanzar hacia una legislación uniforme que contribuya a erradicar la impunidad y a consolidar mecanismos más eficaces para la atención de este delito. El eje central de la iniciativa no solo es punitivo, sino estructural: busca cerrar vacíos en la investigación, homologar criterios a nivel nacional y garantizar reparación integral a las víctimas indirectas, particularmente niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad. El elemento más relevante del proyecto es que rompe con la discrecionalidad en la persecución del delito, al establecer que: No habrá excusas absolutorias ni atenuantes para feminicidas. El delito será imprescriptible, al igual que la sanción y la reparación del daño. No proceden beneficios legales como amnistías, libertad condicionada o conmutación de penas. La iniciativa establece, penas de 40 a 70 años de prisión, multas de hasta 2 mil UMAs y el incremento de la pena hasta en una mitad cuando existan agravantes. Entre los agravantes destacan que la víctima sea niña, adolescente o adulta mayor, esté embarazada o viva con discapacidad. Que la víctima sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante o que el agresor sea servidor público. Asimismo, que existan actos de extrema violencia, como ataques con ácido o sustancias inflamables. El proyecto también busca terminar con la disparidad legal entre estados al establecer un tipo penal único, definiendo feminicidio como “Privar de la vida a una mujer por razones de género”. Entre estas razones se incluyen: Violencia sexual, antecedentes de violencia, relaciones de poder asimétricas, estereotipos o prejuicios y condiciones de vulnerabilidad como embarazo, discapacidad o edad. Uno de los cambios más relevantes es la obligación de que toda muerte violenta de mujer se investigue como feminicidio desde el inicio. El Ministerio Público debe actuar de oficio e inmediatamente y se utilice perspectiva de género y protocolos especializados. Además, se deben deberán analizar antecedentes de violencia, aunque no existan denuncias previas. También se prohíbe el uso de estereotipos de género en la investigación y la FGR emitirá un Protocolo Nacional Homologado. Más allá de la prisión, la ley contempla consecuencias civiles y administrativas: Pérdida de patria potestad, custodia y derechos sucesorios. Inhabilitación permanente para ocupar cargos públicos. El proyecto pone énfasis en las víctimas indirectas, con medidas como: Atención médica y psicológica inmediata. Asistencia jurídica gratuita. Acceso a la verdad y justicia. Seguridad social para menores en orfandad. La reparación del daño deberá ser: Integral, rápida, efectiva y transformadora, no solo compensatoria. La ley también propone un andamiaje institucional: Creación de un Registro Nacional de menores en orfandad por feminicidio. Integración de datos con fiscalías e INEGI. Campañas de prevención y concientización. Fortalecimiento de refugios y centros de atención. Castillo señala que esta iniciativa será analizada por el Senado como parte de los esfuerzos para fortalecer el marco jurídico en la protección de las mujeres y garantizar justicia en los casos de violencia de género. Expresa: “La analizaremos como una propuesta fundamental que nos permitirá legislar para que nunca más una mujer muera con violencia por el solo hecho de ser mujer”.

 

 

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