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Organizaciones de periodistas de Veracruz y ARTICLE 19 rechazan criminalización de la labor periodística, tras detención de Lafita León
MEMORANDUM 1.- Hay quienes dicen que alguien tuvo la ocurrencia de hablarle al oído a la fiscal Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, para que dejara pasar una orden de aprehensión en contra del periodista Lafita León, en el sur del estado, por los presuntos y absurdos delitos de “terrorismo y contra la seguridad pública” – dicen que el pretexto fue la cobertura que dio el reportero a un accidente que involucró a la hija de una abogada del sur del estado, que públicamente lo amenazó con hacerle “un desmadre” -, orden de aprehensión que fue ejecutada en plena Navidad, el 24 de diciembre, lo cual ha sido interpretado como un claro mensaje al periodismo crítico del estado para que deje de dar lata. El problema es que la Fiscalía y las autoridades del Estado lograron exactamente lo contrario, pues no solo unieron al gremio periodístico en apoyo del reportero de nota roja, sino que la organización internacional ARTICLE 19 emitió un pronunciamiento a la FGE para que respete el debido proceso y se abstenga de criminalizar la labor periodística. En el caso de la entidad, el gremio periodístico de Veracruz emitió un comunicado en el que expresa su profunda preocupación y rechazo ante la detención de Rafael León Segovia, “Lafita” bajo la acusación de terrorismo. “Consideramos que esta imputación es desproporcionada y contraria a los principios básicos de un Estado democrático, pues el ejercicio del periodismo, la denuncia de abusos y la crítica a las autoridades no constituyen actos de terrorismo, sino derechos constitucionales protegidos por la libertad de expresión y el derecho de información”. En ese tenor, afirman: “Nos solidarizamos plenamente con nuestro colega y exigimos: 1. La inmediata aclaración del caso por parte del Gobierno de Veracruz y la Fiscalía General del Estado. 2. El respeto irrestricto a la libertad de prensa y de expresión, pilares fundamentales de la democracia. 3. Garantías de seguridad y debido proceso para nuestro compañero y para todos los periodistas que ejercemos nuestra labor en condiciones de riesgo. Reconocemos y agradecemos la intervención de Artículo 19, organización internacional que ya ha tomado conocimiento del caso y ha exigido respuestas claras a las autoridades. Su acompañamiento refuerza nuestra convicción de que este proceso debe ser transparente y ajustado a derecho. El periodismo no es un crimen. La denuncia ciudadana y la labor informativa son esenciales para la vida pública y para la defensa de los derechos humanos. Criminalizar estas actividades bajo la figura de terrorismo es un intento de intimidación que no aceptaremos. El gremio periodístico de Veracruz permanecerá unido y vigilante. Seguiremos informando, denunciando y defendiendo la verdad, porque nuestra responsabilidad es con la sociedad y con la democracia”. En este marco, la organización internacional ARTICLE 19 exhortó a la Fiscalía General del Estado de Veracruz a respetar el debido proceso y a abstenerse de criminalizar la labor periodística, tras la detención del reportero Rafael León Segovia, acusado de terrorismo por su cobertura de la fuente policial. En un pronunciamiento, la organización defensora de la libertad de expresión dirigió una exigencia a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) y al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas: evaluar de manera inmediata el nivel de riesgo del periodista y otorgarle medidas de protección adecuadas. El objetivo, según ARTICLE 19, es "salvaguardar su integridad y garantizar el ejercicio periodístico". La organización expuso que la cobertura de hechos de violencia o de interés público no puede ser utilizada como base para imputar delitos a periodistas, en el caso del reportero conocido como "Lafita", detenido en el sur de Veracruz el 24 de diciembre en Coatzacoalcos bajo cargos que también incluyen terrorismo y delitos contra la seguridad del estado. El llamado de ARTICLE 19 sostuvo que el periodismo no es un delito, estableciendo el caso como un precedente de vigilancia. La orden de aprehensión del reportero se concretó en el proceso penal COA 718/202, girada por el Juez de Primera Instancia del Poder Judicial del estado en Coatzacoalcos. Rafael León tiene más de diez años cubriendo la fuente policíaca y es conocido como “Lafita”. Ha laborado para las empresas Olmeca TV, Sureste Sur, Vanguardia de Veracruz, y actualmente su portal “Lafita León Noticias”, con transmisiones de choques, ataques armados, detenciones y denuncias ciudadanas. También forma parte de la Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos (APEC). Un llamado internacional para proteger a "Lafita". La intervención pública de la organización no se da en un vacío. Su propio registro documental sitúa a Veracruz como el estado con más casos de acoso judicial contra periodistas en México durante 2025. De 51 procesos nacionales documentados entre enero y julio, 10 se concentran en esta entidad. ARTICLE 19 ha identificado en Veracruz un patrón donde "una misma figura política denuncia por violencia política de género a decenas de personas, a medios y organizaciones por una mera mención" crítica. El Organismo Público Local Electoral de Veracruz continúa, según su informe, enviando notificaciones por estas denuncias masivas. A la par, la prensa en el sur de Veracruz se ha visto infiltrada por publi-relacionistas de grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Chivos. ARTICLE 19 concluyó su posicionamiento advirtiendo que "dará seguimiento puntual al caso".
Proyecto de resolución del TEPJF anularía elecciones municipales de Tamiahua, aunque no ven viable que avance; Jáltipan es un hecho
MEMORANDUM 2.- A pesar de que, como dicen en el argot beisbolero, el juego no termina hasta que termina, es decir, hasta que cae el último out, el proyecto de resolución del magistrado Reyes Mondragón que plantea anular las elecciones municipales de Tamiahua ya echó las campanas al vuelo en aquella zona del norte de Veracruz. Y es que, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesionará el próximo 30 de diciembre para abordar el caso, al igual que el de Jáltipan, que ya fue anulado por el Tribunal Estatal Electoral. El problema en el caso de Tamiahua es que la alcaldesa electa, Citlaly Medellín, es del PVEM, un partido aliado de Morena, y muy cercana al Diputado Javier Herrera Borunda, por lo que se duda que el proyecto de anulación pueda avanzar, a menos que Morena quiera medirle el agua a los camotes y se arriesgue al rompimiento de la alianza con el PVEM. Como fuera, dicen que el Congreso del Estado ya prepara la olla para cocinar un eventual Consejo Municipal. Se ha dado a conocer que la Sala Superior del TEPJF sesionará el próximo 30 de diciembre, para resolver no sólo el caso de Tamiahua, sino también el de Jáltipan, el cual ya ha sido determinado como anulado por haberse presentado violencia política en razón de género en contra de la candidata de Morena. También afirman que los diputados locales ya han perfilado quienes pudieran integrar el Consejo Municipal en Jáltipan. Sin embargo, en el caso de Tamiahua, se prevé que sea confirmada la validez de la elección, pero ante la remota posibilidad de que se anule, también se debe ir perfilando a los posibles integrantes del Consejo Municipal. Y debido a que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesionará el próximo 30 de diciembre, los diputados locales tendrán que trabajar el 31 de diciembre a más tardar, para que sean nombrados los consejos municipales, ya sea sólo el de Jáltipan o también el de Tamiahua. Incluso ha trascendido que la sesión podría ser virtual, con el objetivo de que los miembros de los consejos municipales puedan rendir protesta desde sus municipios y estén en condiciones de poder hacer la entrega-recepción. Así las cosas.
Revela SESNSP que Coatzacoalcos y Papantla son los municipios más críticos de Veracruz en violencia contra mujeres
MEMORANDUM 3.- Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Coatzacoalcos y Papantla son los municipios más críticos de Veracruz en violencia contra mujeres. Prueba de ello es que en 2025, el estado reportó 26 feminicidios, cuatro de ellos en agravio de menores de edad. Coatzacoalcos encabeza la lista de municipios con más incidentes de violencia contra mujeres. Papantla, aunque más pequeño, registra una alta incidencia. La combinación de homicidios dolosos, desapariciones y feminicidios coloca a ambos municipios en el centro de la crisis de seguridad para las mujeres en Veracruz. Las cifras reflejan un incremento sostenido desde 2021, con escasa prevención efectiva. De acuerdo con Estela Casados González, coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias Contra las Mujeres, los casos de desaparición han aumentado de manera sostenida y desproporcionada desde 2021. “Se atiende la violencia solo cuando ya ocurrió, pero no se trabaja de manera efectiva en la prevención”, sostuvo. La activista refirió que la Fiscalía General del Estado enfrenta problemas persistentes de impunidad. “Los resultados de la Alerta de Violencia de Género emitida en 2016 no se conocen de forma clara. La falta de información pública sobre los avances limita la capacidad de seguimiento y protección de las víctimas. La ausencia de resultados contribuye a que los homicidios y desapariciones continúen sin respuesta efectiva”. Los expertos coinciden en que es indispensable garantizar justicia en todos los casos de feminicidio, homicidio de mujeres y desaparición. Se requiere seguimiento riguroso de las alertas de género y políticas preventivas que puedan reducir la violencia. La sensibilidad institucional hacia las víctimas y sus familias es clave para asegurar que los casos sean investigados y sancionados adecuadamente. La violencia sostenida y la falta de resultados judiciales crean un ciclo de riesgo: las familias permanecen expuestas y la seguridad cotidiana es limitada, concluyó.

 

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