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Cinco sujetos, cuatro hombres y una mujer, despojan con violencia de su unidad y pertenencias a motociclista, en Córdoba; Camioneta se impacta y derriba poste de CFE y deja cables energizados expuestos en la colonia Úrsulo Galván, en Coscomatepec
MEMORANDUM 1.- Un motociclista fue tundido a golpes por un grupo de sujetos que lo interceptó en calles de Córdoba para despojarlo de su unidad y pertenencias, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido, aprovechando la nula vigilancia policiaca. El ataque ocurrió sobre la avenida 3, entre las calles 6 y 8, cuando la víctima fue rodeada por al menos cinco sujetos, cuatro hombres y una mujer, quienes de forma agresiva le exigieron entregar las llaves de su motocicleta. Al oponer resistencia, el agraviado fue sometido a golpes hasta que los agresores lograron su cometido. Los delincuentes escaparon con una motocicleta marca Vento, modelo Tornado 300cc, año 2025, color negro con acabado tornasol, rines rojos y la leyenda “Diabla” en el tanque, con placas 53YWP9 y número de serie 3MUAAKCD6S1313778. Luego del asalto, los responsables huyeron con rumbo desconocido sin que hasta el momento se reporte su detención, evidenciando nuevamente la falta de vigilancia en la zona. Familiares del afectado solicitaron el apoyo de la ciudadanía para recuperar la unidad, poniendo a disposición el número 271 316 3994 para cualquier información que ayude a localizarla, además de pedir la difusión del caso. De igual forma, presentaron una denuncia penal por robo de vehículo con violencia ante las autoridades de la Fiscalía General del Estado en contra de quién o quiénes resulten responsables. El robo ha generado preocupación entre la población ante el incremento de robos con violencia, principalmente durante la noche, cuando la presencia policial resulta insuficiente. Hasta el momento, las autoridades no han emitido postura oficial por este atraco, aunque se espera que se inicie la carpeta de investigación correspondiente para dar con los responsables y recuperar la unidad….UNA CAMIONETA se impactó contra un poste de energía eléctrica en la colonia Úrsulo Galván, en Coscomatepec, derribándolo y dejando cables energizados sobre la vía pública, lo que generó una situación de alto riesgo para vecinos y automovilistas. El percance ocurrió la mañana de este domingo, cuando el conductor de una unidad Chevrolet perdió el control debido a que iba en completo estado de ebriedad, terminando por estrellarse contra la estructura, la cual no resistió el impacto, colapso y cayó, afectando la circulación y el suministro eléctrico en la zona. Luego del percance, al sitio acudieron paramédicos y elementos de seguridad, así como Bomberos Municipales quienes brindaron atención al conductor, confirmando que no presentaba lesiones de gravedad. Debido al peligro que representaban los cables expuestos, el área fue acordonada, mientras personal especializado de la Comisión Federal de Electricidad realizaba maniobras para retirar el poste dañado y trabajar en la restitución del servicio eléctrico. El conductor presuntamente responsable fue detenido por elementos de la Policía Municipal y trasladado a los separos para ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes para los delitos que le resulten.
Se quejan colectivos de que en la revisión del Registro Nacional de desaparecidos no se tomó en cuenta a los colectivos
MEMORANDUM 2.- Como siempre sucede, a los colectivos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones civiles que los acompañan, no los tomaron en cuenta en la revisión de los datos del Registro Nacional que presentó el gobierno federal, no en la metodología para asegurar que de los 132 mil 534 casos, en 46 mil 742 los datos son insuficientes para su localización y en 43 mil 128 no se tiene actividad reportada. Ello, manifestaron, muestra que “continúa la estrategia de minimizar” la crisis. Tras el desglose de cifras, Grace Fernández, de Búscame Buscando Desaparecidos México, lamenta que las autoridades tampoco presentaran las acciones que llevarán a cabo para obtener más información sobre los más de 46 mil sin datos suficientes. Esto, enfatizó en entrevista, “es negar la responsabilidad que tiene el Estado” de investigar y dar con su paradero, al tiempo que afirma que del análisis del Registro Nacional “no se consultó con las víctimas”. Al igual que Jorge Verástegui, activista que busca a su hermano Antonio y a su sobrino Antonio de Jesús, desaparecidos en 2009, reconoció que el jueves pasado hubo una reunión en la Secretaría de Gobernación a la que se convocó a un grupo de familiares, pero éstos “no son representativos de plataformas o movimientos amplios”. Verástegui también señala que “es un error metodológico” tratar de dimensionar la problemática de las desapariciones a partir de que el Ministerio Público inicie una carpeta de investigación. Y es que la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, indicó que sólo en 3 mil 869 casos se cuentan con carpeta de investigación abierta. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) indicó por su parte que acotar a 43 mil 128 el número de desaparecidos reduce la dimensión de la crisis. Las deficiencias del registro “son responsabilidad de las autoridades, no de quienes denuncian”. María Luisa Aguilar, directora de la organización, recordó en entrevista que la base de datos, que surgió desde 2017, se nutre de información de fiscalías, comisiones locales y reportes de las familias. Las autoridades “tendrían la obligación de asegurar que no hubiera registros mezclados o incompletos”. Aparte, en un comunicado conjunto, organizaciones como Serapaz, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, igualmente expresaron su preocupación por que “desde el discurso oficial se sostenga la idea de que en México ya no existen desa­pariciones forzadas, reduciendo el fenómeno a la actuación exclusiva del crimen organizado y borrando con ello la posible participación de agentes estatales”.
Senadores y diputados locales morenos se tendrán que ponerse a trabajar regresando de semana santa para aprobar plan B de la Presidenta y leyes secundarias
MEMORANDUM 3.- Ahora si los legisladores, sobre todo los del Senado tendrán que trabajar, pues una vez de regreso de las vacaciones de Semana Santa, deberán laborar de forma acelerada para sacar los pendientes, en especial modificar las leyes secundarias que permitan aterrizar los nuevos ordenamientos constitucionales en materia electoral, contenidos en el plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum. Con ello se dará cumplimiento a lo señalado en el artículo segundo transitorio de la reforma electoral, aprobada ya en el Senado y pendiente en la Cámara de Diputados, en el que se da al Congreso de la Unión un plazo “a más tardar al 30 de mayo” para armonizar los marcos jurídicos de las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) y Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, entre otras. Dado que en San Lázaro se tiene programado aprobar el plan B el próximo miércoles 8 de abril, y se calcula que su paso sea meteórico por la mitad más uno de los congresos de los estados, la reforma electoral se estará promulgando el 14 de ese mismo mes, por lo que las cámaras del Congreso tendrán sólo 15 días para aprobar la legislación reglamentaria en el periodo ordinario, que concluye el 30 de abril. De lo contrario, para poder cumplir con el plazo fijado en la Constitución (al 30 de mayo), tendrían que convocar a un periodo extraordinario. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, Enrique Inzunza Cázarez, consideró que sí podrán hacerlo en ese periodo corto. Especialmente la Legipe, que requiere ser publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 90 días antes del inicio de las elecciones intermedias de 2027. Explicó que la Legipe tiene que ser actualizada en relación con los cambios al artículo 115 constitucional, que conforman una nueva estructura de los ayuntamientos –que sólo podrán ser integrados por una sindicatura y hasta 15 regidurías–, a fin de que esa representación política sea funcional y financieramente responsable para la hacienda pública. Asimismo, la legislación electoral deberá aterrizar las modificaciones “para consagrar la ampliación del principio de paridad e igualdad de género, en sus vertientes vertical y horizontal” en la integración de los ayuntamientos. Inzunza Cázarez precisó que se requieren también modificaciones a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en relación con el artículo 134 de la Carta Magna, que ajusta los ingresos de consejeros y magistrados electorales, así como del personal ejecutivo y de áreas técnicas del INE y de los tribunales comiciales estatales, a fin de que no superen el salario del titular del Poder Ejecutivo. Esa ley se armonizará también con la disposición constitucional de no contratar o adquirir seguros de vida, de gastos médicos y de retiro, así como pensiones privadas ni ningún otro régimen especial con recursos públicos. Igualmente, detalló, los estados deberán armonizar sus marcos jurídicos con las nuevas normas constitucionales a más tardar el 30 de mayo.

 

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