MEMORANDUM 1.- Comunidades mayas de Hopelchén, Campeche exigieron a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que desechen el proyecto de sentencia de su homóloga María Estela Ríos González, que se discutirá en la sesión de este jueves, ya que plantea devolver el caso a un juzgado de distrito de su entidad federativa, y evita al máximo tribunal “pronunciarse de fondo” sobre la grave situación de contaminación del agua por plaguicidas que enfrentan los habitantes de la región. En conferencia de prensa, señalaron que esta determinación sería un “retroceso”, ya que se prolongará por más tiempo su demanda de justicia, además de que no se toman en cuenta las pruebas que han recabado desde 2016, en colaboración de investigadores, e incluso, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), el cual concluyó que el líquido no era apto para consumo humano. Mencionaron que la ministra propone devolver el expediente al juez de distrito y reponga el procedimiento, bajo el argumento de que hace falta generar pruebas para poder acreditar la contaminación en Hopelchén y vuelva a emitir sentencia, “a pesar de reconocer las múltiples omisiones que cometió este juzgado”. La situación de contaminación en las comunidades ya está “más que acreditada”, aseguraron. Itzel Artega, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) que acompaña el caso, puntualizó que se han aportado diversos estudios y peritajes que evidencian residuos de plaguicidas en el acuífero de la Península de Yucatán, en agua de pozos para el consumo humano, en agua embotellada, e incluso en orina y sangre de personas. Recalcó que estos indicios, con base en el principio de precaución y de prevención de futuros riesgos ambientales, deberían bastar para que la Suprema Corte “pueda entrar al fondo del asunto, con el fin de proteger a las comunidades de daños mayores”. Sostuvo que las comunidades no confían en el juzgado estatal, puesto que no tiene una perspectiva en derechos humanos, ambiental ni intercultural. “No confiamos en las autoridades de Campeche, por eso se buscó a la Suprema Corte y tener la posibilidad de una sentencia mucho más protectora, que tenga un enfoque más integral. Desde ese punto de vista es que nos preocupa que se devuelva el expediente”, enfatiza. Integrantes de las 17 comunidades de Hopelchén recordaron que interpusieron una demanda de amparo en 2020 ante la presencia de plaguicidas en los cuerpos de agua y acuíferos. Sin embargo, la sentencia del juez consideró como no idóneas las pruebas aportadas por las comunidades. Por este motivo, recurrieron al máximo tribunal, cuyo recurso fue atraído en mayo de 2025. Los pobladores intentaron tener un encuentro personal con la ministra María Estela Ríos para exponer la relevancia de su caso. Sin embargo, personal de su ponencia les ofreció una reunión virtual, lo que consideraron como discriminatorio, dadas las dificultades que tienen las comunidades para conectarse a la red de internet.

26 de Marzo de 2026 / 19:30:32

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MEMORANDUM 2.- Debido al incremento sostenido de la violencia entre jóvenes en México, particularmente en entornos escolares, el diputado local de Morena y secretario general de la sección 56 del SNTE en Veracruz, José Reveriano Marín Hernández, propuso como acciones prioritarias impulsar la regulación del uso de dispositivos electrónicos en el entorno escolar, fortalecer los programas de escuela para padres y dar seguimiento a las políticas públicas en materia de salud mental dirigidas a la juventud. El morenista alertó sobre la crisis de violencia juvenil y llamó a una regulación urgente en escuelas. El diputado local señaló que se trata de un fenómeno que ha dejado de ser aislado para convertirse en una problemática social en expansión que exige atención inmediata y coordinada. El diputado local destacó que hechos recientes, como el ocurrido en Michoacán, evidencian no solo la gravedad de la situación, sino también fallas estructurales más profundas, como el acceso a armas, la influencia de contenidos digitales y la falta de intervención oportuna por parte de adultos. “No es únicamente que un arma haya ingresado a una escuela, sino preguntarnos quién la facilitó, cómo se obtuvo y quién enseñó a utilizarla”. El diputado local explicó que la violencia juvenil se presenta tanto dentro como fuera de los centros educativos y entre distintos grupos, lo que refleja una normalización preocupante. A ello se suma la difusión de peleas en redes sociales sin consecuencias, incluso en presencia de padres o autoridades lo que, dijo, evidencia una crisis de valores y una pérdida de respeto en la convivencia social. Marín Hernández también advirtió sobre el debilitamiento de la autoridad tanto en el hogar como en la escuela, y señaló que muchos docentes enfrentan restricciones para corregir conductas debido al temor a denuncias o sanciones administrativas, lo que ha contribuido a una relajación de la disciplina escolar. Con relación a las acciones institucionales, reconoció iniciativas como la construcción de espacios deportivos en zonas vulnerables, propuesto por la presidenta Claudia Sheimbaum, y la implementación del Plan Nacional de Salud Mental y Prevención de Adicciones 2024-2030, enfocado en atender aspectos emocionales y conductuales de los jóvenes, sin embargo, destacó que estas medidas no son suficientes sin la participación activa de las familias, las escuelas y la sociedad. Dijo que uno de los temas centrales abordados fue el uso de dispositivos móviles y redes sociales en las aulas, pues si bien la tecnología puede ser una herramienta educativa, su uso sin regulación facilita el acceso a contenidos peligrosos, por ello, propuso establecer reglas claras, permitir su uso únicamente con fines pedagógicos y bajo supervisión docente, manteniéndolos fuera del alcance en otros momentos. En ese sentido, planteó la necesidad de impulsar una regulación desde el ámbito federal, incorporando disposiciones específicas en la Ley de Educación que permitan establecer límites claros en el uso de tecnología dentro de las escuelas, así como dotar a los docentes de mayor respaldo para su aplicación. Por último, el diputado local reiteró que la solución a esta problemática requiere una respuesta integral; el gobierno debe legislar y coordinar, las escuelas fortalecer su papel formativo, las familias asumir su responsabilidad en la educación en valores, y la sociedad en su conjunto dejar de normalizar la violencia.

26 de Marzo de 2026 / 19:18:18

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MEMORANDUM 3.- Las mujeres en general enfrentan en el mundo una serie de barreras que impiden su desarrollo profesional y laboral, así como sus alcances de los mismos resultados que los varones, señala Ana Heatley Tejada, de la Oficina Nacional de Género de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Durante el encuentro Mujeres Trabajadoras: Derechos y Liderazgos, detalló que hay tres puntos clave en su interacción con el mundo del trabajo, entre ellos la discriminación ocupacional. "No es casualidad que haya muy pocas mujeres en los puestos de liderazgo, en los oficios más lucrativos, en los puestos de mayor prestigio social. Las mujeres van siendo relegadas a otro tipo de actividades que se relacionan más con los cuidados familiares, con lo femenino, por el ideario social que tenemos". Externó: “Eso todavía es muy claro en la sociedad. Y si en cierto estrato con más privilegio de acceso, por ejemplo a la universidad, todavía lo vemos, abajo de eso es aún más evidente las barreras. Aún hay muchísimas mujeres a las que se les prohíbe estudiar, participar del mercado laboral por lógicas de discriminación de género. Entonces, eso quiere decir que cuando llegan a participar en el mercado laboral, no es tan lucrativo para ellas hacerlo como para los varones, y lo hacen en condiciones de desventaja". En el acto que organizó la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) de México dijo que lo anterior se suma a la sobrecarga y responsabilidad de cuidados, que al mismo tiempo que lo hacen, tienen que encargarse de ver que en casa haya comida, ropa limpia, medicamentos y que estén las provisiones., lo que ocasiona que tengan una doble jornada de trabajo con el desgaste que eso implica. Indica: "El rendimiento y el bienestar social no va a ser el mismo. Hay que sumarle la violencia y el acoso, tanto laboral como sexual, que está no sólo en el entorno de trabajo, sino en las calles, en las familias, en todos lados". Heatley Tejada, indica que lo anterior genera que las mujeres enfrenten una serie de barreras cotidianamente que van limitando su participación, resultados y beneficios que las forza a optar alternativas como, por ejemplo, empleos informales o de medio tiempo para poder sostener otras responsabilidades, o que tengan que renunciar porque vivieron violencia y no fue atendida, o prefieran cambiarse de trabajo porque alguien las está acosando, ya que no hay un sistema de justicia laboral efectivo. Al respecto apuntó que en el país hay cuatro instrumentos para avanzar en romper estas barreras. "El primero es el Convenio 100 de Igualdad Salarial, ya está ratificado por México, y en ese convenio el punto clave a rescatar es que se establece que debe haber igual salario por trabajo de igual valor. A partir de estos principios del Convenio 100 podemos empezar a repensar muchas cosas e ir a negociar contratos colectivos de trabajo". El segundo, que también está ratificado por México, es el Convenio 190, que es sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y establece responsabilidades muy claras para, prevenir, pero también investigar, sancionar y reparar los casos de violencia y de acoso en el mundo del trabajo, reconociendo que la violencia y el acoso puede venir no solo de un superior, sino de alguien subordinado, de colegas y de clientes". Agregó que el tercero es el Convenio 156 que habla sobre trabajadoras con responsabilidades familiares, "es decir, de cuidados. Deben ser consideradas en las políticas laborales y en la seguridad social. De esta manera, las necesidades de todas y todas están reflejadas en estas dos instancias y no se segrega esa responsabilidad únicamente a las mujeres, reproduciendo las desigualdades tan claras que tenemos actualmente". Y, por último, indicó, es la Resolución de 2024 sobre el trabajo decente y la economía del cuidado, que es uno de los instrumentos más recientes que tiene la OIT, y que habla de que el cuidado es trabajo. " A partir de esta lógica, podemos empezar a repensar la organización social del cuidado y también la protección a estas trabajadoras no remuneradas del cuidado, porque estemos o no en el mercado laboral, cumplimos trabajo de cuidados no remunerado”. "Con estos instrumentos y problemáticas, la invitación sería a que desarrollemos estrategias políticas, negociaciones, que visibilicen estos obstáculos que enfrentan las mujeres en beneficio de toda la sociedad, no sólo de las mujeres".

26 de Marzo de 2026 / 19:00:39

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