MEMORANDUM 1.- Aunque sin tener claridad y con un largo debate, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cambió criterios de sus antecesores, al avalar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloquee cuentas bancarias sin intervención del Ministerio Público, orden judicial ni solicitud extranjera, cuando existan indicios de delitos de origen nacional como lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. La ministra Lenia Batres Guadarrama argumentó que los criterios anteriores permitieron, entre 2018 y 2025, el desbloqueo masivo de cuentas por más de 32 mil millones de pesos, al resolverse a favor de los quejosos 2 mil 838 amparos, sin analizar a fondo los indicios detectados por la dependencia. Los nuevos criterios jurisprudenciales se fijaron ayer al resolver una acción de inconstitucionalidad y dos amparos; en uno de ellos se negó el amparo a una empresa vinculada al supuesto sobrino de Ismael El Mayo Zambada para descongelar sus cuentas. Los ministros concluyeron que el bloqueo de cuentas no es una sanción penal, sino una medida cautelar administrativa y preventiva para proteger el sistema financiero nacional. Por seis votos contra tres, el pleno avaló el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf en la acción de inconstitucionalidad 58/2022, promovida por legisladores de oposición, y declaró constitucional el artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, que permite a la UIF incluir personas en la lista de bloqueados por motivos de origen nacional. La ministra Yasmín Esquivel Mossa votó en contra y defendió la jurisprudencia 46/2018, al advertir falta de certeza jurídica, pues no se definen causas ni duración del bloqueo, lo que podría propiciar abusos. “No debemos autorizarla (a la UIF) para que tenga una facultad tan abierta sobre las personas cuentahabientes del país”, externó. En el mismo sentido se pronunciaron Arístides Guerrero García y Giovanni Figueroa Mejía, quien afirmó que el bloqueo “somete a la persona a una consecuencia punitiva basada en la mera sospecha”. En contraste, la ministra María Estela Ríos González sostuvo que el artículo 116 Bis 2 sí garantiza el derecho de audiencia y permite apartarse de ese criterio sin comprometer derechos, además de evitar depender de autoridades extranjeras: “estaríamos sujetando nuestra soberanía”. El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz también discrepó del criterio de la segunda sala que limitaba el bloqueo a solicitudes internacionales y sostuvo que procede por operaciones inusuales ligadas a actividades ilícitas. “Creo que este pleno debe tener presente las condiciones actuales del país, a situación en la que opera la delincuencia organizada y, también, la agilidad con la que opera el sistema financiero... hoy basta una tecla para que ocurran las operaciones financieras”, afirmó, al señalar que la medida no afecta a todos los usuarios, sino a quienes realizan operaciones irregulares.

08 de Abril de 2026 / 17:00:57

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MEMORANDUM 2.- Tras los múltiples rechazos del gobierno de México al informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de Naciones Unidas, el presidente de este organismo, Juan Pablo Albán, señaló que si bien “el desacuerdo es legítimo, la descalificación es cuestionable”. En su cuenta de X, reviró las afirmaciones que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde afirmó que “no es un comité de Naciones Unidas, es un comité de expertos que está vinculado con Naciones Unidas”. Albán explicó que los órganos de tratado sí forman parte del sistema de Naciones Unidas. Indica: “Somos mecanismos creados por tratados internacionales adoptados en el seno de la ONU por los estados miembros, y nuestra función es supervisar su cumplimiento”, cuyos integrantes son elegidos por los propios estados partes. “Actuamos con independencia, pero no al margen del sistema de Naciones Unidas”. El presidente del CDF precisa que es fundamental preservar el respeto institucional hacia los órganos de supervisión de derechos humanos y sus integrantes. Destaca que los objetivos comunes deben seguir siendo el fortalecimiento de la prevención de las desapariciones, buscar a las personas desaparecidas, investigar los casos de desaparición y erradicar el fenómeno, todo ello en beneficio de las víctimas y sus familias. Aunque remarca que el artículo 34 de la convención es claro en cuanto al procedimiento, ya que cuando el comité recibe información que contiene “indicios bien fundados” de desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático, puede “(...) llevar urgentemente la cuestión a la consideración de la Asamblea General de Naciones Unidas, por conducto del secretario general”. Agrega que el análisis del CDF no se limita a un periodo cerrado. La decisión adoptada examina la evolución de la situación hasta la actualidad, a la luz de las interacciones que han tenido con el Estado desde 2012 y que hoy continúan teniendo, concluyó.

08 de Abril de 2026 / 16:45:10

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MEMORANDUM 3.- Este mes iniciará con la credencialización de los ciudadanos para acceder al servicio universal de salud. El gobierno federal informó que la credencial se convertirá en una identificación oficial, al nivel de la de elector o el pasaporte. La titular de esa dependencia, Ariadna Montiel, indica que el registro iniciará con los mexicanos mayores de 85 años —y sus acompañantes a los módulos—, del 13 al 30 de abril. La ubicación del sitio de registro se puede consultar en la página de la Secretaría Bienestar: gob.mx/bienestar, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indica que éste es el primer paso para la universalización de los servicios de salud sobre todo en las 24 entidades que opera el IMSS-Bienestar. Para ello, se emitirá un decreto presidencial que creará este esquema, en el que se incluirán todos los sistemas de salud: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) e IMSS-Bienestar. La mandataria indicó que el objetivo es que cualquier persona, sin importar a qué institución de salud tenga derechohabiencia, pueda ser atendida en cualquier hospital, recibir medicamentos, estudios, diagnósticos, entre otros. Indica: “El objetivo es que, cuando dejemos el gobierno, cualquier mexicano pueda ir a atenderse de cualquier padecimiento a cualquier institución de salud y pueda ser recibido. Si es derechohabiente del IMSS, que pueda ir al IMSS-Bienestar o al Issste. Se hará eficiente el sistema con esto, se pueden compartir servicios. Es un paso histórico que estamos dando”. La jefa del Ejecutivo plantea que los primeros “beneficios” de este esquema se comenzarán a notar a partir del enero de 2027. En tanto, la secretaria Montiel afirma que en el primer registro para obtener la credencial se registren 2 millones de mexicanos.

08 de Abril de 2026 / 16:30:47

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