MEMORANDUM 1.- De acuerdo con Agustín Corona, especialista en agronegocios y temas agroindustriales, el 90 por ciento de los productos de consumo humano diario son transgénicos y con ello, la salud de la población está en riesgo, “hasta la cerveza, de consumo nacional, contiene granos modificados”, advierte. De entrada, dijo que “el mercado nacional está invadido de productos transgénicos. Granos básicos como la soya, la canola, el maíz, el trigo e incluso la cerveza se producen o se importan con modificaciones genéticas que pasan inadvertidas para la mayoría de los consumidores. En México, cada año ingresan más de 25 millones de toneladas de maíz provenientes de Estados Unidos, de las cuales cerca del 90 por ciento son transgénicas. A esto se suman toneladas de soya, canola, trigo y cereales procesados que saturan la oferta en supermercados y tiendas de conveniencia”, señaló. Lo más alarmante “es que hay organizaciones de la sociedad civil, que advierten que el 97 por ciento de la población desconoce lo que realmente está comiendo, ya que la normatividad mexicana no obliga a las empresas a etiquetar sus productos con la advertencia de que contienen ingredientes transgénicos y aun cuando hay reclamos para que coloquen etiquetas preventivas, no se hace”. Refirió que colectivos ambientalistas y asociaciones de consumidores han intensificado su exigencia al gobierno federal para que establezca regulaciones más estrictas, “y ellos piden que los empresarios coloquen etiquetas claras que adviertan si un alimento está elaborado con organismos genéticamente modificados. La gente tiene derecho a saber qué se lleva a la boca. No solo se trata de maíz o trigo, también hablamos de bebidas como la cerveza, que está elaborada con granos transgénicos y que se consume de manera masiva sin que nadie lo informe”, denunció. En ese sentido, aseguró que “hay especialistas que han documentado que el consumo frecuente de transgénicos puede traer consigo diversas afectaciones. Entre ellas destacan la generación de nuevas alergias, el debilitamiento del sistema inmunológico, alteraciones hormonales e incluso el desarrollo de resistencia a los antibióticos. “Cuando un alimento transgénico ingresa al organismo, no solo aporta nutrientes; también introduce modificaciones que pueden alterar funciones naturales del cuerpo humano”, explicó. “Esto ocurre porque el ADN del producto fue manipulado en laboratorio y rompe con la cadena natural de los alimentos”, refirió. La introducción masiva de semillas transgénicas al campo mexicano afecta la biodiversidad, desplaza cultivos nativos y genera dependencia de los agricultores hacia corporaciones trasnacionales, que controlan las semillas patentadas. A diferencia de países europeos donde el etiquetado de transgénicos es obligatorio, precisa, “en México la legislación avanza lentamente. Las empresas pueden colocar en sus empaques frases como 100 por ciento natural o producto orgánico aun cuando contengan ingredientes modificados genéticamente”. Agregó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) reconoce la presencia de OGM en los alimentos, pero se ha limitado a señalar que “no existen evidencias concluyentes” de daños graves en la salud, aunque organismos independientes insisten en lo contrario. En supermercados de todo el país, desde cajas de cereales para niños hasta aceites de cocina, galletas y panes, contienen maíz, soya o canola transgénicos. Sin embargo, la mayoría de los consumidores nunca lo sabrá, previene. “El problema no es solo la ingesta, sino el desconocimiento. Nos están imponiendo una dieta modificada sin nuestro consentimiento”, reclamó. Uno de los productos que más sorprende a los defensores del consumo informado es la cerveza. Elaborada con cebada y, en algunos casos, con adiciones de maíz y trigo, la bebida favorita de millones de mexicanos también se encuentra en la lista de productos con alto contenido transgénico. Pese a ello, las marcas no tienen obligación de informar sobre los ingredientes modificados genéticamente. México “enfrenta un escenario complejo por un lado, la dependencia de granos importados, en su mayoría transgénicos y por otro, la falta de transparencia en el etiquetado, además, prosigue, hay organizaciones sociales que exigen al gobierno federal que se coloque al consumidor en el centro de la discusión y se garantice su derecho a saber lo que consume. De no hacerlo, el país seguirá sometido a una invasión silenciosa de alimentos que no solo transforman la dieta, sino que podrían estar afectando la salud de millones de mexicanos.

18 de Septiembre de 2025 / 22:15:28

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MEMORANDUM 2.- En el marco de la segunda sesión ordinaria del Segundo Año de Labores, el diputado Héctor Yunes Landa propuso al Pleno de la LXVII Legislatura local una iniciativa de reforma a la Ley de Pensiones del Estado para crear la figura de Pensión Familiar que permitiría a las y los trabajadores que, teniendo un vínculo matrimonial o de concubinato, puedan sumar sus años de servicio y cotización para acceder a este beneficio. El legislador del PRI destacó que su propuesta plantea esta opción voluntaria para aquellas parejas de trabajadores, cuando ambos comparten esa misma condición de haber aportado durante muchos años al Instituto, pero ninguno, en uno u otro caso, alcanza los 15 años de antigüedad que, como mínimo, marca la Ley. De acuerdo con la iniciativa, se reformaría el Artículo 59 Bis para establecer que tendrían derecho a optar por la Pensión Familiar las y los trabajadores que, teniendo un vínculo matrimonial, o de concubinato acreditado ante autoridad jurisdiccional, de 5 años o más y cuando menos 60 años de edad y, no obstante haber cotizado ambos al Instituto, no alcancen, uno u otro, por sí solo, una antigüedad mínima de 15 años para recibir la porción proporcional de una pensión. Para el cálculo del monto de la pensión familiar se sumarían los años de servicio y cotización de ambos cónyuges o concubinos, debidamente acreditados ante el Instituto y, en los casos en los que el resultado de la suma sea igual o mayor a 15 años, se computará como una sola en los porcentajes y términos previstos en los artículos 37 y 39 de la citada Ley. La edad base que observará el IPE para calcular el monto de la pensión conyugal, será aquella que resulte del promedio de edades de ambos cónyuges o concubinos. Los cónyuges o concubinos que opten por esta fórmula, por ese solo hecho, renuncian mutuamente a cualquier derecho individual posterior y asumen la obligación de compartir equitativamente el importe de la pensión.

18 de Septiembre de 2025 / 21:50:02

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MEMORANDUM 3.- Con el objetivo de que las personas agresoras estén obligadas a participar en programas de reeducación, la bancada del PAN en el Congreso del Estado presentó una iniciativa para reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El proyecto fue entregado por los diputados Indira Rosales San Román, Luz Alicia Delfín Rodríguez, Enrique Cambranis Torres y Fernando Yunes Márquez a la presidenta de la Mesa Directiva, Naomi Edith Gómez Santos. Los legisladores señalaron que la atención a la violencia de género se ha concentrado en las víctimas, mientras que los agresores carecen de procesos que les obliguen a modificar sus conductas. En ese tenor, señalaron que “las mujeres son víctimas, pero deben ser protagonistas de su acceso a la justicia; a los hombres agresores no se les somete a programas que inhiban la violencia”, expusieron. De acuerdo con el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), desde 2008 en Veracruz se han registrado más de 21 mil casos, con 18 mil 564 hombres y mil 630 mujeres señalados como agresores. “¿Se les sancionó, se les sometió a programas reeducativos o siguen ejerciendo violencia?”, cuestionaron los diputados. La propuesta busca que la ley defina los Centros de Reeducación para agresores y que éstos funcionen bajo la coordinación de la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud, el Instituto Veracruzano de las Mujeres y el DIF Estatal. Los espacios deberán operar en los 212 municipios y en los centros penitenciarios del estado. El planteamiento incluye que el Poder Judicial ordene en sus sentencias la participación obligatoria en programas de reeducación especializados, gratuitos y con perspectiva de género. Los legisladores advirtieron que, de enero a mayo de 2025, Veracruz acumuló cuatro mil 716 denuncias por violencia familiar y más de ocho mil llamadas de emergencia relacionadas con este delito, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La iniciativa establece que los Centros de Reeducación deberán contar con personal especializado en masculinidades, psicología, derecho y trabajo social, además de vincularse con organizaciones civiles expertas en la materia. “Uno de los objetivos es que los agresores asuman la responsabilidad de su conducta y no repitan los actos de violencia”, se lee en el documento.

18 de Septiembre de 2025 / 21:40:35

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