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Aduanas de Veracruz y Tuxpan, segundo y cuarto lugar con mayor recaudación en lo que va del año: SHCP
MEMORANDUM 1.- Las aduanas de los puertos de Tuxpan y Veracruz han reportado el ingreso en lo que va del presente año de 33 mil 614 millones de pesos, según reportó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En ese sentido Veracruz representa el 19 por ciento de la captación de recursos, mientras que Tuxpan el 13 por ciento. De este modo, con lo que ha recaudado en este 2026, la aduana del puerto de Veracruz ocupa el segundo lugar nacional, sólo por debajo de Manzanillo, mientras que Tuxpan se posiciona en el cuarto lugar. De hecho, precisa que en primer lugar se ubica Manzanillo con 29 mil 500 millones de pesos; Veracruz con 20 mil 200 millones de pesos; Lázaro Cárdenas con 17 mil 113 millones de pesos; Tuxpan con 13 mil 414 millones de pesos, y Altamira con 6 mil 645 millones de pesos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público indicó que las aduanas marítimas concentran la mayor parte del flujo financiero proveniente de la recaudación que permite financiar infraestructura pública y presupuesto social. De igual forma, destacó que su impacto en la cadena de suministro es innegable: no sólo recaudan, sino que regulan la circulación de mercancías asegurando que los productos importados cumplan con las normativas de México, lo que da orden y transparencia al comercio internacional. Así las cosas.
Veracruz segunda entidad nacional con más investigaciones por el delito de tortura y primero por el número de víctimas, con 4 mil 813
MEMORANDUM 2.- De acuerdo con diversas organizaciones de derechos humanos, la tortura continúa siendo una práctica generalizada en el país y en particular, en el estado de Veracruz. Prueba de ello es que, según el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET), Veracruz es la segunda entidad a nivel nacional con más investigaciones por este delito, con 2 mil 594 registros entre 2019 y 2025. A nivel nacional, la entidad ocupa el primer lugar en número de víctimas, con 4 mil 813. Las personas indígenas se encuentran entre los grupos más afectados y la Policía Ministerial figura de manera recurrente como autoridad señalada. En ese tenor, las organizaciones conminaron a través de un documento a la Fiscalía General del Estado a aceptar y dar cumplimiento a las recomendaciones que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Veracruz con relación al caso de tortura en contra del joven indígena Diego Fernando Bonilla. Las ocho organizaciones firmantes precisaron que apenas el pasado 16 de abril de 2026, la CEDH de Veracruz emitió la Recomendación 17/2026, dirigida a la Fiscalía General del Estado (FGE), en la que acreditó que Diego fue privado arbitrariamente de la libertad y sometido a tortura, lo cual fue documentado conforme al Protocolo de Estambul. De igual forma, determinó que la Fiscalía Especializada incumpla su obligación de investigar la tortura de manera diligente. Es decir, la autoridad tendrá que reparar de manera integral el daño, incluyendo atención médica y psicológica desde una perspectiva intercultural; la investigación efectiva de los policías ministeriales señalados como responsables y la adopción de medidas institucionales por parte de la Fiscalía, como la capacitación en derechos de los pueblos indígenas. Insistieron en que la FGE cumpla a la brevedad las recomendaciones como una prioridad ya que, afirman, el caso del indígena Diego no es aislado. Diego Fernando, persona de indígena Ñuhü, de la Sierra Norte de Veracruz, presenció el 29 de mayo de 2023 un homicidio en su comunidad, El Pericón, en Texcatepec. Al día siguiente, fue llevado a la Fiscalía Itinerante de Huayacocotla, perteneciente a la FGE, para rendir su declaración; ahí fue torturado por policías ministeriales para obligarlo a incriminar a otra persona. Diego se negó a declarar hechos que no había presenciado. En la misma sede, frente a la intérprete para la toma de su declaración, Diego le informó que había sido víctima de tortura. No obstante, fue obligado a firmar hojas en blanco, que posteriormente fueron utilizadas para elaborar una declaración que nunca consintió. Dicha declaración fabricada fue empleada para detener a una persona. Con el acompañamiento del Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Diego Fernando presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, radicada bajo el expediente DAI/0161/2023. De igual forma, denunció formalmente los actos de tortura ante la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Tortura, de la FGEV, quien inició la carpeta de investigación XAL/FIM/FEIDT/219/2023. Pese a ello, esta autoridad no realizó una investigación diligente y, en 2025, determinó el cierre del caso. Las organizaciones defensoras de derechos humanos firmantes de documento fueron La Voz Campesina, Toaltepeyolo, Cepiadet. Voz-Justicia-Cultura, RED TDT, Centro Prodh Miguel Agustón Pro Juárez A.C., y otras.
Denuncian productores que el frijol y otros productos como la caña enfrentan falta de precio justo en el campo
MEMORANDUM 3.- Debido a los bajos precios que se les paga por sus productos y al incremento en los costos de producción y ausencia de políticas públicas integrales, productores del campo prevén una crisis. Los campesinos destacaron que no hay precios justos, por lo que las políticas públicas deben fortalecer al campo, a los productores y a la soberanía alimentaria. En ese tenor, Rafael Lindo Chaga, presidente del Frente de Organizaciones Sociales y Económicas del Campo, puntualizó que el principal problema en la producción de maíz no es la cosecha, sino el precio, ya que resulta insuficiente para cubrir los costos. Explicó que el valor del maíz en México está atado a la Bolsa de Chicago, donde se fija con base en el maíz amarillo, pero en el país predomina el maíz blanco para consumo humano, lo que coloca en desventaja a los productores nacionales. “Nuestro maíz debería salir de esos acuerdos, pero el Tratado de Libre Comercio lo impide y no hay intervención del Gobierno Federal para corregirlo”. Esta situación ya impacta a la producción. México ya importa entre 25 y 30 millones de toneladas de maíz, lo que refleja que no se ha alcanzado la autosuficiencia alimentaria, aseguró. “Vamos a terminar importando alimentos que podemos producir. Es un problema grave”, sostuvo. Además, alertó que los productores operan en números rojos. Refirió que el costo por hectárea de maíz oscila entre 55 mil y 60 mil pesos, mientras que los ingresos apenas alcanzan los 45 mil pesos, generando pérdidas de hasta 15 mil pesos por hectárea. A la par, el incremento en el diésel, casetas y transporte eleva los precios al consumidor final, creando una distorsión: se paga poco al productor, pero caro al consumidor. El problema no se limita al maíz, concluyó.

 

JALISCO

 

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