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No da una Gómez Cacharrín; Corte lo vuelve a exhibir por aprobar ley que viola derechos de personas con discapacidad
MEMORANDUM 1.- Por enésima ocasión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo una reforma aprobada por la anterior Legislatura del Congreso local – de mayoría morenista encabezada por Juan Javier Gómez Cazarín, actual delegado de Bienestar en la entidad - al advertir que era violatoria en derechos humanos en temas relacionados con la custodia de personas con discapacidad en un divorcio. Como la ignorancia es atrevida, tanto de Gómez Cazarín como de sus asesores, la reforma aprobada en octubre de 2024, fue combatida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues estableció que los diputados locales de la pasada Legislatura aprobaron una ley contraria a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como a los derechos a la igualdad y no discriminación. La Corte precisa que la reforma adoptó un enfoque paternalista que trata a las personas con discapacidad como sujetos diferenciados, al posicionarlos como sujetos de protección y no como titulares plenos de derechos. Lo anterior, porque legislaron que las personas con discapacidad deberán quedar bajo tutelas tras el divorcio, por lo cual se transgrede su derecho a que en todo momento les sea reconocida su capacidad jurídica. En ese tenor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también consideró que la norma aprobada por los ex diputados locales es contraria al derecho de seguridad jurídica y al principio de legalidad, toda vez que no resulta claro cuáles son ni cómo se determinan las medidas de protección que deben quedar establecidas en la sentencia de divorcio. “Esta ambigüedad se agrava al considerar que la norma no faculta expresamente a las personas con discapacidad a participar en la determinación de dichas medidas, lo que sugiere que tal atribución corresponderá exclusivamente al juez”, añade la sentencia. Apenas ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también declaró la invalidez al Código Hacendario Municipal de Tlapacoyan que también fue aprobado por la pasada Legislatura, donde prácticamente facultaba a ese Ayuntamiento a poder hacer cobro doble de impuestos y derechos municipales. Así legislan las mayorías morenistas en Veracruz. Vaya caso.
Con operadores de Rogelio Franco y sin invitar al coordinador estatal, un puñado de integrantes de MX presumen que ya tienen el registro
MEMORANDUM 2.- Urgidos de reflectores y ávidos de protagonismo, así sea a costa de repetir las viejas prácticas políticas que dicen que van a superar, pues olvidaron invitar a su conferencia de prensa al coordinador estatal de la agrupación, y en cambio sí sentaron en la mesa a operadores del ex secretario de Gobierno y ex dirigente estatal del PRD, Rogelio Franco Castán, un puñado de integrantes del movimiento Somos México salió a pararse el cuello presumiendo que ya rebasaron los requisitos establecidos por el Instituto Nacional Electoral (INE) para constituirse como partido político nacional, por lo que confían en obtener su registro oficial en los próximos meses. En Xalapa, integrantes del colectivo señalaron que superaron tanto el número mínimo de asambleas como el de afiliaciones exigidas por la autoridad electoral. Y dicen que el más contento es el propio Rogelio Franco que les mandó a varios de sus ayudantes para acuerpar la conferencia ante los medios. Ángel Ku, uno de los voceros del movimiento, destacó que el avance logrado coloca a Somos México en una posición sólida frente al proceso de validación del INE. El activista explicó que el requisito mínimo de 200 asambleas nacionales ya fue superado y que el número seguirá incrementándose antes del cierre oficial del plazo. Por su parte, Carlos Luna – quien ha andado en el PAN, PRI y MC - precisó que hasta ahora se han realizado 235 asambleas en distintas entidades del país, y estimó que al finalizar el periodo autorizado se alcanzarán entre 265 y 270 encuentros, lo que afirmó, fortalece la viabilidad del registro. En cuanto a la afiliación ciudadana, dijo que el mínimo requerido es de alrededor de 256 mil personas, mientras que el movimiento prevé cerrar con aproximadamente 330 mil afiliados, cifra que consideran suficiente para evitar observaciones de fondo por parte del INE. En el caso de Veracruz, Carlos Luna señaló que se han celebrado 15 asambleas, con una más programada en el municipio de Álamo Temapache, y que la entidad suma cerca de 20 mil afiliaciones. Las actividades se han desarrollado en municipios como Xalapa, Córdoba, Orizaba, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Papantla, Huatusco, Martínez de la Torre, Cosamaloapan, Emiliano Zapata y Jilotepec, entre otros. A su vez, Raúl Arias Lovillo – ex candidato perdedor de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Xalapa - sostuvo que el surgimiento de Somos México responde a un contexto de deterioro institucional, social y económico, marcado por la violencia, el debilitamiento democrático y los rezagos en sectores como salud, educación e infraestructura. El ex rector de la UV afirmó que el proyecto político tiene su origen en la movilización ciudadana conocida como la “ola rosa”, la cual dijo, ahora busca traducirse en una opción electoral organizada. Los dirigentes reconocieron la desconfianza ciudadana hacia los partidos políticos, pero aseguraron que su propuesta contempla mecanismos distintos, como elecciones internas primarias, rechazo a la imposición de candidaturas y la separación entre dirigencias partidistas y cargos de elección popular. También subrayaron que sus estatutos garantizan la participación de jóvenes, al reservar al menos una tercera parte de candidaturas y cargos internos para personas menores de 35 años. Al ser cuestionados sobre la posibilidad de un rechazo por parte del INE, los representantes afirmaron que, con los números actuales, no existen elementos para negar el registro, y estimaron que el dictamen oficial podría emitirse en un plazo aproximado de dos meses. Informaron que la afiliación continúa abierta a través de plataformas digitales y redes sociales bajo el nombre de Somos México. Así las cosas.
Publica Nahle decreto que otorga un beneficio fiscal del 3.55 por ciento de UMA en pago de derechos de control vehicular en 2026
MEMORANDUM 3.- A través de un decreto que entró en vigor a partir de este miércoles, la gobernadora Rocío Nahle García autorizó otorgar un beneficio fiscal equivalente al 3.55 por ciento, respecto de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en el pago de los derechos de control vehicular durante el ejercicio fiscal 2026. El documento autoriza a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) emitir las reglas de operación en apoyo a los contribuyentes y en él se establece que el beneficio fiscal se otorgará a los propietarios de vehículos que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia vehicular y que la unidad cuente con el holograma respectivo del periodo vigente que ampare la verificación vehicular correspondiente. De igual forma, el beneficio será para las personas físicas y morales propietarias de unidades que realicen el canje de placas, tarjeta de circulación y calcomanía numeral, en el presente ejercicio fiscal. En el decreto, la gobernadora establece que el beneficio también será por el pago de los derechos por la expedición de licencia tipo C para conducir automóviles y motocicletas de servicio particular y licencia tipo D para conducir vehículos de 2 o más ruedas, respecto del ejercicio fiscal 2026, a los contribuyentes que realicen el pago en el presente ejercicio. En caso de no cumplirse con los requisitos previstos en el decreto, los beneficios fiscales referidos serán inaplicables en el ejercicio fiscal que transcurre. La mandataria estatal justificó que el otorgamiento de este beneficio fiscal en materia vehicular contribuye directamente a que las actividades económicas en el Estado continúen su curso normal, incentivar la regularización, el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y la permanencia de actividades productivas, fortaleciendo así la economía regional y el desarrollo sostenible y sin comprometer la estabilidad financiera del Estado.

 

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