Raquel Ivette, jueza que ampara a narcos y empresario acusado de fraude NL, ahora opera en Tamaulipas
MEMORANDUM 3.-
Durante los últimos 20 años, la carrera judicial de la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo ha estado marcada por proteger a presuntos delincuentes mediante amparos contrarios a la procuración de justicia. Así lo demuestra, por enésima vez, el caso de la reciente liberación del empresario Pedro Miguel Babb Villarreal, originario del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, demandado por fraude y delitos patrimoniales en el expediente FGJNL-082090/2025. La Jornada da a conocer que la misma jueza que ha recorrido varios juzgados en distintos estados de la república y fue suspendida de investigación por sus sospechosas resoluciones a favor de varios delincuentes, volvió a su puesto, ahora en el juzgado de distrito en materias de amparo y juicios federales en Matamoros, Tamaulipas. El pasado 3 de marzo amparó a Babb Villarreal y sus socios, José Manuel Mireles Verástegui y Carlos Eduardo González Hernández, contra la orden de aprehensión bajo el expediente 218/2026-VII y el 9 de marzo les concedió la suspensión definitiva. De forma mañosa, la jueza Duarte Cedillo protegió indebidamente a los denunciados, pese a que los domicilios, los hechos del delito, el proceso penal instaurado en su contra y la orden de aprehensión sucedieron en Nuevo León y no en Tamaulipas. El sampetrino Babb Villarreal, de 58 años, asiduo de las revistas de “alta sociedad” de este acaudalado municipio regiomontano, en los pasados 20 años ha creado, junto con su hermano Jaime Alberto, más de 50 empresas fantasmas para operaciones fraudulentas de bienes raíces, lo que consta en el expediente judicial al que ha tenido acceso La Jornada. Ubicado en Florencia 119, colonia San Patricio; en Vereda 206, colonia Veredalta, y en avenida Manuel Gómez Morín 2005, colonia Residencial Chipinque, del mismo municipio, el denunciado –hijo de Pedro Babb Torres– ha gozado de impunidad en una veintena de contenciosos judiciales. “Ha actuado en contubernio para defraudar a mi clienta y despojarla de su patrimonio, que asciende a 57 millones de pesos”, asegura en entrevista Gabriel Garza Fernández, abogado de una de las víctimas, cuya identidad se omite por razones de seguridad. En representación de la empresa Aldea Oceana Holdings, SAPI de CV, Babb Villarreal cometió los presuntos delitos junto con su socio José Manuel Mireles Verástegui, quien en 2022 fue vinculado a proceso penal y liberado mediante un amparo con medida cautelar de firma periódica. “Hacen empresas de papel en las que aglutinan a los clientes en diferentes compañías con porcentajes; luego, no tienen valor más que en papel porque cuando demandas a esa empresa mercantilmente no sirve. Así están muchas víctimas”, asegura el abogado. El negro historial de la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo es amplio. El 23 de febrero del año pasado otorgó un amparo al narcotraficante Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara, para impedir su extradición a Estados Unidos. En el caso de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, el 9 de mayo de 2024 la juez decidió liberar a ocho militares implicados en la desaparición de los jóvenes. Asimismo, absolvió a Sidronio Casarrubias Salgado, presunto líder del grupo criminal Guerreros Unidos. En diciembre del año pasado, Duarte Cedillo, jueza segunda de distrito en materia penal en el estado de México, “absolvió” y ordenó la inmediata libertad del secuestrador Daniel Arizmendi López, El Mochaorejas, argumentando que fue “torturado” para inculparse. También amparó a Abraham Oseguera Cervantes, Don Rodo, contra una orden de detención con fines de extradición, y en junio de 2024 absolvió a Édgar Coronel Aispuro, hermano de Emma Coronel, por la fuga de su cuñado Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, El Chapo, ex líder del cartel de Sinaloa. El 13 de febrero de 2024, la misma jueza exoneró a Fernando Sánchez Arellano, El Ingeniero, por lavado de dinero, quien es sobrino de los líderes del cártel de los Arellano Félix. En noviembre del año pasado, el magistrado Rufino H. León Tovar, del Tribunal de Disciplina de la Ciudad de México, decretó la separación temporal contra esta jueza, por amparar a Florian Tudor, El Tiburon, líder de la mafia rumana en la Riviera Maya, acusado de dirigir una banda de clonación de tarjetas bancarias y de la sustracción de más de mil 200 millones de pesos en cajeros automáticos en esa zona turística. Con el expediente 119/2024, la juzgadora evitó su extradición a Rumania. La suspensión de la jueza se dio sólo por unos meses y luego fue enviada a Tamaulipas, donde otorgó un amparo a favor de Babb Villarreal, por lo que el abogado Garza Fernández ha presentado una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial de la Federación, presidido por Celia Maya García. “La jueza se extralimitó en sus facultades y debe declarase incompetente. Es evidente que existe corrupción porque tiene un largo historial otorgando amparos a presuntos delincuentes. Ella fue un ejemplo para implementar la reciente reforma judicial y a pesar de ello, sigue operando dejando sin certeza jurídica a las víctimas.”