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Condena CIDH asesinato del periodista Carlos Castro, y llama a realizar una investigación 'coordinada, diligente y exhaustiva'
MEMORANDUM 1.- Aunque sea para mal, Veracruz está de moda. Y es que, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato del periodista Carlos Castro, perpetrado el pasado 8 de enero, en Poza Rica, y llamó a las autoridades a realizar una investigación “coordinada, diligente y exhaustiva”, así como a identificar y sancionar a los responsables, al igual que otorgar medidas de protección a los familiares y colegas de la víctima. A través de un comunicado, el organismo refirió que según los reportes públicos, sujetos desconocidos ingresaron al local comercial donde se encontraba Castro y le dispararon directamente, para luego darse a la fuga a bordo de una motocicleta. Refirió que el gobierno de México expresó a la RELE “su más profundo pesar por los asesinatos de profesionales de la comunicación y reiteró su compromiso con la libertad de expresión y con la investigación exhaustiva de los hechos conforme a la ley”. La relatoría especial refirió que se informó que existen diversas líneas de investigación que aún se encuentran en curso y sujetas al debido proceso. De igual forma, señaló que organizaciones de la sociedad civil indicaron que Castro era reportero de la fuente policíaca y director del medio digital Código Norte Veracruz, especializado en temas de seguridad. En 2024 habría sido víctima de amenazas e intimidaciones, por lo que recibió medidas de protección de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) de abril a octubre de ese año y se desplazó de Poza Rica, municipio al que regresó en el último trimestre de 2025. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, en octubre de 2024 concluyeron las medidas de protección y no hubo reportes nuevos por parte del periodista. La RELE destacó que de conformidad con la Declaración de Principios de sobre Libertad de Expresión, el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, “viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”, señaló. Concluyó que corresponde a las autoridades esclarecer de manera efectiva las motivaciones del crimen, con pleno respeto al debido proceso y a los principios de independencia judicial. Así las cosas.
Denuncian a familia Mantecón Rojo por ataques violentos, quema de viviendas y agresiones contra indígenas Zoque Popolucas de Acayucan
MEMORANDUM 2.- Durante su más reciente marcha realizada en San Andrés Tuxtla para exigir el reconocimiento a sus derechos, autonomía y respeto a la soberanía nacional, integrantes del Movimiento Indígena Territorial Originario (MITO), originarios del sur del estado, denunciaron una serie de ataques violentos, que incluyen la quema de viviendas y agresiones con armas de fuego, en contra de familias de origen Zoque Popoluca en la congregación de Corral Nuevo, municipio de Acayucan. Los ataques, que se han intensificado desde diciembre de 2025 afectan directamente a las comunidades de Manantial La Sabana, El Zapote, La Sabana Morenita y Laguna de Cabezo. De acuerdo con los afectados, grupos de civiles armados, presuntamente respaldados por fuerzas policiales, han irrumpido en los asentamientos para desalojar a los pobladores mediante la violencia y el fuego. La organización MITO ha señalado directamente a los integrantes de la familia Mantecón – acusando a Jaime, Lourdes y Ramón Mantecón Rojo – como los autores intelectuales de estas agresiones. Los pobladores denunciaron que esta familia busca apoderarse de tierras estratégicas mediante el tráfico de influencias, utilizando el aparato judicial y policial del estado para ejecutar "acosos jurídicos" y detenciones arbitrarias. Señalaron que luego de los atentados del pasado mes de diciembre, son más de 20 menores de edad que duermen a la intemperie bajo las inclemencias de los recientes frentes fríos, sin techo, sin calma, con temor a seguir siendo víctimas junto con todas las familias zoques popolucas, que han sido amedrentadas con violencia y desplazadas de sus tierras por una familia de modernos terratenientes. "No solo nos queman las casas, nos persiguen con patrullas como si fuéramos criminales por defender el lugar donde hemos vivido siempre", aseguró una de las afectadas, del movimiento que solicitó el anonimato por temor a represalias. Señalaron que el trasfondo de esta violencia parece estar vinculado al desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT). La ubicación de estas comunidades en el municipio de Acayucan las coloca en una zona de alta plusvalía para proyectos industriales y logísticos, lo que ha despertado el interés de grupos económicos por "limpiar" el territorio de asentamientos indígenas. No es secreto que el activismo del Movimiento Indígena Territorial Originario ha tendido a frenar atropellos contra los pueblos originarios durante el avance de este megaproyecto que deja al margen a las comunidades indígenas y va favoreciendo a potentados tal como lo vienen denunciando. Por lo anterior, otro de sus reclamos es el respeto al Plan de Justicia presentado y ya aprobado por el Gobierno Federal. Ante la presunta colusión de las autoridades locales y estatales con los intereses de la familia Mantecón, el movimiento MITO ha hecho un llamado urgente al Gobierno Federal y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que se detenga el hostigamiento policial en contra de los comuneros, exigiendo que se investigue la quema de las viviendas como un acto criminal y de desplazamiento forzado, y que se garantice la seguridad de las familias Zoque Popoluca que temen por su vida tras los recientes ataques armados. Mientras tanto, reclamaron que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz no ha emitido un comunicado oficial sobre la participación de sus elementos en estos operativos, mientras que el clima de tensión en Corral Nuevo sigue en aumento. De este modo, lo que inició como una disputa legal por la tenencia de la tierra se ha convertido en una crisis humanitaria en el sur de Veracruz. Así las cosas.
Frente frío y heladas dañan pastizales y afectan actividad ganadera en la región de las Altas Montañas
MEMORANDUM 3.- Tras señalar que las afectaciones alcanzan hasta el 30 por ciento de las superficies de pastoreo, con impacto directo en los costos de producción, ganaderos de la región de las Altas Montañas señalaron que el frente frío que impactó las faldas del Pico de Orizaba provocó heladas que dañaron pastizales y forrajes, afectando la actividad ganadera en varios municipios. Los productores reportaron que la caída de nieve y aguanieve en zonas elevadas quemó los pastizales destinados a la alimentación del ganado. Juan Artemio Rodríguez Maceda, integrante del Comité Regional Campesino, señaló que ante la escasez de forraje algunos rancheros optaron por reducir sus hatos. “Se han visto forzados a sacrificar animales para evitar mayores costos durante la temporada invernal”, indicó. El dirigente explicó que, si las condiciones climáticas mejoran, los terrenos podrían recuperarse hasta en un 80 por ciento con nuevos brotes. Sin embargo, reconoció que el daño productivo ya es irreversible en varias comunidades. Dijo que la situación es más severa en municipios de mayor altitud como La Perla y Mariano Escobedo, donde el frío fue más intenso. A lo anterior se suma la sequía acumulada y la cercanía del periodo de incendios forestales. Por lo anterior, ganaderos de la región solicitaron la intervención de las autoridades municipales, estatales y federales para acceder a apoyos emergentes y créditos en especie, principalmente para la reposición de ganado, con el objetivo de evitar el deterioro del sector pecuario en Altas Montañas.

 

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