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Niega FGR que carpeta relacionada con pensión otorgada en 2004 por Pemex a María Amparo Casar sea cacería de brujas; y sin embargo…
MEMORANDUM 1.- Negando lo innegable, aun cuando sabe de antemano ser un instrumento de represión contra las voces críticas en el País, la nueva Fiscalía General de la República (FGR) dice que “es absolutamente falso que esta institución trabaje por consigna, como dolosamente se ha señalado en algunas publicaciones en redes sociales respecto del expediente relacionado con la pensión otorgada en 2004 por Petróleos Mexicanos (Pemex) a María Amparo Casar, actualmente presidenta de la Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). De igual manera, en un comunicado, la dependencia mencionó a través de "X" que: "el Ministerio Público Federal (MPF) analiza detalladamente la indagatoria, a efecto de verificar que haya sido integrada conforme a derecho". Como fuera, el Ministerio Público Federal judicializó una carpeta de investigación en contra de Casar para que sea juzgada “por su probable intervención en la comisión del hecho señalado en la ley como delito de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades” a través de la cual obtuvo una pensión vitalicia tras el suicidio de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, el 7 de octubre de 2004. En los antecedentes de ese expediente, se debe señalar que en mayo de 2024 el entonces director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, informó que Márquez Padilla García ingresó a Pemex como coordinador ejecutivo de la Dirección Corporativa de Administración el 1° de junio de 2004 —durante el sexenio del panista Vicente Fox— y falleció el 7 de octubre de ese mismo año (sólo colaboró en ese puesto directivo por 129 días). Y es que en una mañanera de mayo de 2024 se dio a conocer que los peritajes correspondientes señalaron que se trató de un suicidio y no de un accidente, y que el 19 de octubre de 2004, se solicitó al área correspondiente el pago de la pensión post-mortem en favor de los beneficiarios con efectos a partir del 8 de octubre, un día después del deceso. El ex director de Pemex, señaló entonces que Casar había incurrido en fraude a la paraestatal por un monto de 31 millones de pesos al haber cobrado 125 mil pesos mensuales. En ese contexto, a través de su cuenta en "X", la FGR señaló: "sobre la información que trascendió sobre una investigación en contra de la presidenta de una asociación civil, la @FGRMexico precisa que el Ministerio Público Federal (MPF) analiza detalladamente la indagatoria, a efecto de verificar que haya sido integrada conforme a derecho, una vez que fue judicializada en el mes de septiembre y no recientemente, como algunas versiones lo han señalado erróneamente. "La #FGR trabaja para realizar investigaciones en el marco de la ley, sin sesgos de ningún otro tipo que no sea el marco jurídico, con la finalidad de respetar los derechos de todas las personas. Es absolutamente falso que esta institución trabaje por consigna, como dolosamente se ha señalado en algunas publicaciones en redes sociales".
Gobierno federal debe hacer un esfuerzo mayúsculo para tecnificar el campo, modernizar su infraestructura y crear esquemas de agua, demanda CCA
MEMORANDUM 2.- El Consejo Consultivo del Agua (CCA) llamó a incrementar la inversión en el manejo del líquido, ante la sequía que generará escenarios “más complejos” en el norte del país, luego de que México alcanzó un “entendimiento” con Estados Unidos para la entrega de más de 249 millones de metros cúbicos de agua. La organización, conformada por organizaciones sociales, el sector empresarial y grandes usuarios del agua, reconoció el acuerdo anunciado ayer, por los gobiernos sobre la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo. Pero pidió al gobierno federal “hacer un esfuerzo mayúsculo” para instrumentar medidas como la tecnificación del campo, modernización de la infraestructura, esquemas eficientes de recuperación de agua y actualización de normas para fomentar el reúso y regeneración del líquido. “Dado que en el norte del país se enfrentarán escenarios cada vez complejos derivados de las sequías, y por tanto de menor disponibilidad de agua superficial, se requieren planes que incluyan medidas concretas para hacer frente a los efectos catastróficos de la sequía”, subrayó el Consejo Consultivo. En un comunicado conjunto, los gobiernos dieron a conocer que alcanzaron “un entendimiento”, mediante el cual el gobierno de México se comprometió a entregar 249.163 millones de metros cúbicos de agua para Estados Unidos a partir de la semana del 15 de diciembre. “Respaldamos la postura de nuestro país, de garantizar en primer lugar el consumo doméstico y para las actividades productivas, y de hacer esfuerzos extraordinarios, después de una sequía prolongada, para la liberación de 249.163 millones de metros cúbicos de agua para Estados Unidos”, reiteró el CCA.
Fue un 2025 intenso en la región de Córdoba y Orizaba, entre crímenes políticos, crisis y protestas sociales
MEMORANDUM 3.- A lo largo del 2025, la región Córdoba–Orizaba estuvo marcada por hechos violentos, conflictos políticos en varios municipios, protestas sociales y una profunda crisis económica en el sector cañero. Crímenes de alto impacto, acusaciones de violencia política y movilizaciones comunitarias definieron un año complejo para el centro del estado. El 7 de enero de 2025, la organización Familiares de Desaparecidos Orizaba y Córdoba sostuvo por primera vez una reunión en la Fiscalía General del Estado en donde se abordaron avances en la investigaciones y protocolos de búsqueda. Entre el 20 y 25 de enero organizaciones cañeras de la región advirtieron que el precio del azúcar cayó a niveles históricos, comprometiendo el inicio de la zafra 2025–2026. El Ingenio El Carmen, en Ixtaczoquitlán, continuó sin operar y arrastrando adeudos, dejando sin ingreso a miles de productores. El 31 de enero la SICT confirmó que se abrió un carril provisional en la autopista 150D Orizaba-Puebla, luego de permanecer bloqueada esa importante vía por tres meses tras un derrumbe de talud a la altura del kilómetro 213, a la altura del Mirador, en Atzitzintla, en el estado de Puebla. En abril, el Tribunal Electoral ordenó registrar al alcalde Alejandro García Hernández en el catálogo de personas sancionadas por violencia política en razón de género, tras agresiones reiteradas contra la síndica municipal, Clementina Yolanda Coyohua Zepahua. Ese mismo periodo, el SAT abrió investigaciones contra el alcalde, el tesorero y regidores de Coetzala por presuntas operaciones simuladas, agravando la crisis institucional del ayuntamiento. A tres meses de su reapertura parcial, a finales de abril se reabrió totalmente el tránsito sobre la autopista Orizaba-Puebla. En mayo, el Tribunal de Justicia Administrativa confirmó sanciones contra la síndica Jovita Cortés Guzmán por retener la firma electrónica oficial del municipio, afectando las finanzas municipales. El conflicto escaló y derivó posteriormente en su remoción por parte del Congreso local. Tras reconocerse la existencia de violencia política en razón de género en agravio de la síndica Janett del Valle Lara, el alcalde de Río Blanco, Ricardo Pérez García, fue objeto de sanciones, entre ellas una económica por 4 mil 811 pesos, además de quedar inscrito en el Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género. En Junio y Julio L a Secretaría de Seguridad Pública reportó varios operativos en Córdoba, Orizaba y Altas Montañas, logrando la detención de más de 20 personas por delitos diversos y la liberación de víctimas privadas de la libertad. El 6 de agosto, un choque armado entre civiles y la Policía Estatal dejó un muerto y un herido en plena autopista 150D, una de las vías más transitadas de Veracruz. El hecho, a la altura del kilómetro 291, cerca de la gasolinera de Los Cafetos, generó temor entre automovilistas y transportistas. El enfrentamiento se generó cuando elementos de la Policía marcaron el alto a un vehículo, pero los ocupantes les respondieron con disparos. A partir de septiembre, se registró un repunte de homicidios, ataques armados, persecuciones y hechos delictivos en Orizaba, Córdoba y municipios de la montaña. Se documentaron emboscadas, homicidios y tiroteos. En Octubre se registran bloqueos y expresión pública de inconformidad por proyecto que considera instalación de casetas en el tramo Córdoba-Mendoza de la autopista Jessica Luna Aguilera, ex candidata del PT a la alcaldía de Yanga, fue asesinada de varios disparos cuando acudía por su hija a la escuela primaria. El vehículo de la joven mujer se estrelló contra la barda del plantel tras resultar herida de muerte. El 26 de octubre el Gobierno de Veracruz presentó ante Banobras el proyecto del nuevo libramiento carretero entre Córdoba y Orizaba, considerado una obra estratégica para aliviar el tránsito pesado y detonar desarrollo regional. Tras las protestas, el gobierno estatal anunció el 27 de octubre que el proyecto no avanzaría, con lo que se desactivó el conflicto. Noviembre: Sectores se congratulan por cancelación de proyecto en la autopista. El 6 de noviembre, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) notifica oficialmente la cancelación de la licitación para el proyecto Vía Rápida Córdoba-Orizaba-Ciudad Mendoza. El 14 de noviembre la gobernadora Rocío Nahle reitera la cancelación del proyecto. El 23 de noviembre fue asesinado Juan Carlos Mezhua Campos, ex alcalde de Zongolica e iniciador de un movimiento político independiente. El 3 de diciembre, un comando armado privó de la libertad al hijo de un constructor de la zona de Jalapilla, desatando una fuerte movilización policial. El caso permaneció hermético, pero generó alarma social. El joven sigue sin regresar. El 4 de diciembre el Congreso local consumó la separación del cargo de Jovita Cortés tras meses de conflicto interno y sanciones administrativas que hicieron ingobernable el ayuntamiento. El 8 de diciembre, la síndica Clementina Yolanda Coyohua reveló que el municipio quedó sin elementos policiales por incapacidad financiera, lo que generó alarma regional ante la vulnerabilidad de la población. El 2025 para la región Córdoba–Orizaba fue un año dominado por violencia, crisis institucional en varios ayuntamientos, tensiones sociales prolongadas y una profunda crisis económica en el sector cañero, lo que dejó como saldo una zona marcada por la incertidumbre, la confrontación política y la exigencia ciudadana de seguridad y justicia.

 

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