MEMORANDUM 1.- Ocho mexicanos, siete de ellos del poblado de La Cruz Huanacaxtle, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, y otro de la comunidad de Corrales, de Cabo Corrientes, Jalisco, estuvieron entre las víctimas mortales de dos de los ataques a lanchas perpetrados por Estados Unidos el 16 de febrero, aseguraron lugareños de la primera localidad, aunque las autoridades federales no confirmaron esa información. Familiares afirmaron que el sábado que fueron avisados de lo sucedido por personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores; sin embargo, esto no fue confirmado o desmentido por la dependencia. Los siete fallecidos de La Cruz Huanacaxtle fueron identificados por los lugareños, que se manifestaron ayer, como Edgar Hermelindo, Diego, Pedro Adrián, Luis Carlos, Carlos, Abel y José Francisco; todos “muy jóvenes” y ampliamente conocidos, dijeron. Vecinos del lugar comentaron que los jóvenes lancheros llevaban gasolina “y surtían a ya sabes quiénes”. Uno de ellos prometió que este era el “último viaje y de verdad lo fue”, lamentaron. El pasado16 de febrero el Comando Sur de Estados Unidos informó que “la Fuerza Operativa Conjunta Southern Spear llevó a cabo tres ataques letales contra tres embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas”, pero sin ofrecer las pruebas de sus afirmaciones. Precisó que “once narcoterroristas murieron durante estas acciones, cuatro en el primer barco en el Pacífico oriental, cuatro en el segundo barco en el Pacífico oriental y tres en el tercer barco en el Caribe”; no se especificaron las coordenadas. Según los deudos, los mexicanos habrían perdido la vida en las dos primeras embarcaciones. Los nayaritas narraron que ya se hizo esta semana una misa en la iglesia de este lugar en honor a los fallecidos y luego una ceremonia de despedida a bordo de lanchas en los que viajaban parientes y amigos, con fotos de ellos.

23 de Febrero de 2026 / 17:30:26

Twittear

MEMORANDUM 2.- La presidenta Claudia Sheinbaum propuso la reactivación de Altos Hornos de México (AHMSA) como parte de una estrategia para dinamizar la economía en la región de Monclova-Ciudad Acuña, Coahuila. Ante la petición de los trabajadores de justicia social. Adelantó que aun cuando la decisión sobre el futuro de AHMSA está en manos del Poder Judicial, el gobierno federal ha expuesto claramente dos condiciones como alternativa al conflicto en la subasta de la empresa a efectuarse el 27 de abril, con un valor mínimo de referencia de mil 127 millones de pesos. Externó: “Les quiero decir en qué vamos con AHMSA: esto lleva un proceso jurídico, porque no sólo depende de la Presidenta, sino que hay jueces que llevan este proceso. Ya se hizo una subasta. ¿Qué le pedimos nosotros a la jueza y al síndico? Le dijimos: queremos justicia para los trabajadores. Que si se va a liquidar, se haga conforme a la ley y tengan todos sus recursos. Nada de primero pagar a los acreedores y luego a los trabajadores. ¡No! Primero van los trabajadores de AHMSA. La declaración fue hecha durante un evento oficial Monclova, Coahuila, donde la mandataria federal destacó la importancia de la industria siderúrgica para la generación de empleo y el tejido productivo regional. Según sus planteamientos, la reactivación de AHMSA podría beneficiar directamente a miles de familias y dinamizar otras actividades económicas vinculadas. AHMSA es uno de los principales complejos siderúrgicos en México y ha enfrentado problemas financieros y de producción en los últimos años. La planta, que históricamente ha sido un motor económico en el norte del país, se ha visto afectada por deudas, baja producción y mercados internacionales competitivos. La propuesta de Sheinbaum busca que el gobierno, sindicatos y empresarios trabajen en un esquema que permita retomar operaciones, garantizar empleo y fortalecer la cadena productiva local. Sheinbaum Pardo subrayó que, ante cualquier proceso de reestructura o concurso mercantil, el pago prioritario debe ir a las y los empleados. Esto significa que si AHMSA enfrenta dificultades financieras que requieren reordenar deudas, primero se cubran las remuneraciones, indemnizaciones y prestaciones laborales pendientes antes que a acreedores externos. Dirigentes sindicales de AHMSA manifestaron su respaldo a la propuesta de priorizar los pagos laborales. Argumentan que durante años hubo retrasos en salarios y prestaciones, lo que afectó la economía familiar de muchas trabajadoras y trabajadores.

23 de Febrero de 2026 / 17:01:29

Twittear

MEMORANDUM 3.- Nuevamente, los gobiernos municipales se han convertido en la principal fuente de irregularidades detectadas en el gasto público revisado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pues seis de cada 10 pesos de recursos federales transferidos a municipios no fueron debidamente comprobados por las administraciones locales, principalmente en el Estado de México, Nuevo León, Morelos, Veracruz, Chiapas e Hidalgo. De acuerdo con la tercera entrega de informes de la cuenta pública 2024, correspondiente al último ejercicio del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, presentada a la Cámara de Diputados, la ASF practicó mil 56 auditorías a igual número de municipios y alcaldías del país con un nuevo modelo de revisión integral, que incluyó recursos de los fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. El monto fiscalizado ascendió a 58 mil 363.5 millones de pesos, y de esa cantidad se determinó una suma por aclarar de 35 mil 74.7 millones, equivalente a 60.1 por ciento de la muestra auditada. Esa cifra representa 59.1 por ciento de los más de 54 mil 344 millones de pesos cuyo destino está pendiente de aclaración en todo el sistema subnacional, es decir, estados y municipios, y casi siete veces el importe de las probables irregularidades detectadas en el gobierno federal, que fue de poco más de 5 mil millones de pesos. La principal anomalía detectada fue la falta de documentación justificativa o comprobatoria del gasto, que explicó 97.2 por ciento del monto por aclarar en municipios, equivalente a 34 mil 88.5 millones de pesos. En menor medida se identificaron recursos ejercidos en conceptos que no cumplen los objetivos específicos de cada fondo y otras inconsistencias administrativas. El informe señala que 85.2 por ciento de los municipios y alcaldías auditados presentaron al menos una observación que derivó en acciones correctivas o preventivas. En más de 85 por ciento de las auditorías municipales se emitieron promociones de responsabilidad administrativa o por uso indebido de recursos federales, lo que implicó el incremento de más de 147 por ciento respecto de la cuenta pública 2023. En el balance general, la cuenta pública 2024 integró 2 mil 264 auditorías, la cifra más alta en la historia de la ASF. De ellas, mil 566 correspondieron a la tercera entrega, y el grueso se concentró en el gasto federalizado ejercido por estados y municipios. En el orden federal, más de 5 mil millones de pesos quedaron pendientes de aclarar por el Poder Judicial, órganos autónomos y entidades de la administración pública federal. La ASF advirtió problemas recurrentes en el control documental, la integración de expedientes, los procesos de contratación y la coordinación interna en los municipios, lo que limitó su capacidad para acreditar plenamente el destino del dinero público y abrió la puerta a un volumen inédito de observaciones.

23 de Febrero de 2026 / 16:45:35

Twittear