MEMORANDUM 1.- La Fiscalía General de la República (FGR) a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Veracruz, informó que inició una carpeta de investigación en contra de quien o quienes hayan participado en la comisión del delito de alteración de ductos, previsto y sancionado en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburo. La carpeta de investigación dio inicio en atención a una denuncia interpuesta por personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX), en la que informaron que en el poblado Nuevo Potrero, del municipio de Isla, hubo un alertamiento de baja presión de un ducto relacionado con una toma clandestina de combustible. El Ministerio Público de la Federación (MPF), con apoyo de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF), ambos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), localizaron la toma clandestina y aseguraron dos válvulas de dos pulgadas, una manguera de dos pulgadas de diámetro, aproximadamente de siete metros de largo, por lo que fue inhabilitada para salvaguardar la integridad de la ciudadanía. Durante el operativo se contó con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y elementos Seguridad Física de PEMEX. Lo asegurado quedó a disposición del (MPF), quien continua con la integración de la carpeta de investigación correspondiente, para en su momento ejercer acción penal contra quien resulte responsable. La FGR reafirmó su compromiso con la aplicación de la ley y la prevención de actividades ilícitas, por lo que se invitó a la ciudadanía a denunciar las 24 horas de los 365 días del año, de forma presencial o anónima, en las instalaciones de la Fiscalía General de la República en el estado de Veracruz, con domicilio en Av. J.B. Lobos número 684, Colonia Reserva territorial “El Coyol”, C.P. 91779, Veracruz, Ver, teléfono 2299896334, correo electrónico vua.veracruz@fgr.org.mx....LA FISCAL General del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, participó en la Mesa de Coordinación Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, encabezada por la gobernadora Rocío Nahle García, donde informó de los resultados de cateos en diversos municipios, 4 sentencias condenatorias, 11 vinculaciones a proceso y 9 imputaciones, otorgadas por autoridades jurisdiccionales, derivado de diligencias ministeriales de Fiscalías Regionales y Especializada. De igual forma, señaló que en las pasadas 24 horas se cumplimentaron 9 mandamientos judiciales, se efectuaron 11 detenciones en flagrancia y se logró la localización de 3 personas reportadas como desaparecidas. A su vez, la Fiscalía Regional Coatzacoalcos detalló que el órgano jurisdiccional otorgó 1 sentencia condenatoria de 25 años de prisión por los delitos contra la salud, contra las instituciones de seguridad pública, daños y robo en su modalidad de detentación de vehículo robado, además 3 vinculaciones a proceso y realizó ante la autoridad judicial 3 imputaciones. La Fiscalía Regional Tantoyuca reportó 2 sentencias condenatorias, además de 2 vinculaciones a proceso. La Fiscalía Regional Xalapa informó 1 sentencia condenatoria y 1 vinculación a proceso, y realizó 3 imputaciones ante un juez. La Fiscalía Coordinadora Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas informó 1 vinculación a proceso. Además, la Fiscalía Regional Veracruz informó 1 vinculación a proceso. La Fiscalía Regional Córdoba reportó 1 vinculación a proceso y realizó 1 imputación. La Fiscalía Regional Tuxpan notificó 2 vinculaciones a proceso y realizó 2 imputaciones. Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado reiteró su compromiso de continuar trabajando a favor de la sociedad veracruzana.

18 de Febrero de 2026 / 19:17:17

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MEMORANDUM 2.- El embarazo en niñas de 10 a 14 años no puede verse de forma aislada, pues es un síntoma de una violencia sistemática, señala la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracíbar. En la Primera Reunión Ordinaria 2026 del Grupo de Trabajo "Cero Niñas Madres", sostenida por el Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo (GIPEA), reafirmó su compromiso para erradicar el embarazo infantil en México, una de las formas más críticas de violencia de género y una de las prioridades de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Al acabar con esta problemática, también “estamos erradicando formas de violencia y discriminación", indica. Asimismo, Gómez Saracibar, recordó que cuatro de cada 10 mujeres registradas en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) son menores de 29 años, lo que evidencia agresiones que comienzan desde la niñez. Hace un llamado a las instituciones presentes a trabajar de forma coordinada para alcanzar la meta de "Cero Niñas Madres". Como eje central de esta política, se subrayó el despliegue de la Ruta NAME (Niñas y Adolescentes Madres y/o Embarazadas) en todo el territorio nacional. Esta ruta busca garantizar que, cuando una niña llegue a cualquier servicio público, reciba atención integral, acceso efectivo a la salud sexual y reproductiva, y un acompañamiento jurídico que evite la revictimización. La sesión, encabezada por la subsecretaria Gómez Saracíbar y Lorena Villavicencio, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), sirvió para trazar el programa de trabajo que se alinea con la Fase III de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), cuyo objetivo principal es eliminar la maternidad infantil y reducir significativamente el embarazo adolescente para el año 2030. La subsecretaria enfatizó que el Programa de Trabajo del Grupo “Cero Niñas Madre” se enfoca en tres ejes: la prevención de la violencia sexual, la atención oportuna a las víctimas y la erradicación de los matrimonios y las uniones tempranas forzadas, prácticas que aún persisten en diversos territorios y que limitan el desarrollo y el ejercicio de los derechos de las niñas. Las autoridades y organismos internacionales presentes coincidieron en que este avance requiere de un profundo cambio cultural.

18 de Febrero de 2026 / 19:03:06

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MEMORANDUM 3.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), autoridades penitenciarias de diversos estados, además de varias defensorías públicas y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (Inpi) sostuvieron mesas de trabajo para garantizar que las personas indígenas privadas de la libertad tengan servicios de intérpretes y traductores durante sus procesos penales, al igual que para la instrumentación de acciones que protejan su derecho a la identidad cultural. Asimismo, para el emprendimiento de medidas conjuntas para la salvaguardia de sus derechos, de manera particular el acceso a una defensa técnica intercultural; así como la promoción de beneficios de preliberación o libertad anticipada. Se informa: "Lo anterior, considerando que de acuerdo con el Inpi existen intérpretes y traductores sólo en 22 estados del país, así como con un fondo destinado a la excarcelación de personas indígenas en reclusión”. Indica que las autoridades penitenciarias que participaron en la mesa fueron de las entidades de Chiapas, estado de México, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán. Detalla que en una segunda etapa, también de manera conjunta, se realizaron visitas de seguimiento a 29 centros de reinserción social en las cuales se identificó la instrumentación “de buenas prácticas" por parte de las autoridades monitoreadas, tales como la difusión institucional a través de materiales audiovisuales e impresos, como lonas, trípticos y cartulinas, sobre el régimen disciplinario, así como de los derechos y obligaciones de las personas privadas de la libertad, en las lenguas indígenas predominantes en el centro penitenciario. Igualmente, la existencia de documentación institucional en la lengua indígena de mayor habla en la región; la incorporación de personal hablante de la lengua indígena de la región y su capacitación para fungir como traductores certificados; y la certificación de una persona privada de la libertad como intérprete, a partir de un convenio institucional con una universidad estatal. En materia de salud con enfoque intercultural, el funcionamiento de huertos de plantas medicinales dentro de los centros penitenciarios, con registro de uso; así como la instrumentación de un protocolo para la solicitud de medicina tradicional y otro para regular el ingreso de plantas medicinales o ungüentos conforme a sus usos y costumbres. También, la realización de visitas domiciliarias por parte del personal de las áreas técnicas, a fin de brindar información a las familias sobre la situación jurídica y los requisitos para que acudan a visitar a las personas privadas de la libertad. Asimismo, se observó que, de manera excepcional y bajo condiciones de seguridad previamente establecidas, se permite el acceso de familiares fuera del horario habitual por lapsos breves y en áreas controladas del centro penitenciario. En algunos casos se ampliaron los horarios de visita y se extendió el acceso a familiares hasta el tercer grado de parentesco, como medida para favorecer la reinserción social y la preservación del vínculo familiar. La CNDH señala que observa necesario el impulso de una campaña de concientización efectiva sobre el respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las personas indígenas afrodescendientes y afromexicanas privadas de la libertad; además de las herramientas y mecanismos a las que tienen derecho para una debida defensa, sin dejar de lado la instrumentación de una estrategia reforzada por parte de las autoridades corresponsables en la materia conforme a una perspectiva intercultural.

18 de Febrero de 2026 / 18:30:38

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