MEMORANDUM 1.- Debido a la crisis nacional y estatal de personas desaparecidas, el estado de Veracruz figura en el análisis del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, sobre desapariciones ocurridas en México, particularmente en patrones documentados durante la década pasada, que incluyen los periodos de gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El comité examinó información recopilada a lo largo de más de una década de monitoreo entre 2012 y 2026, basada en reportes de organizaciones de derechos humanos y en respuestas proporcionadas por el propio Estado mexicano. El análisis forma parte del seguimiento que realiza el órgano de la ONU encargado de supervisar la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Durante una visita oficial a México realizada entre el 15 y el 26 de noviembre de 2021, una delegación del comité también se trasladó al estado de Veracruz para recabar información de autoridades, colectivos de víctimas y organizaciones civiles. Entre la información revisada por el comité se incluyen denuncias sobre desapariciones de personas reportadas tras su internamiento en centros de tratamiento de adicciones en Veracruz. También se mencionan hechos relacionados con desapariciones de personas LGBTIQ+, en algunos casos presuntamente vinculadas a fuerzas de seguridad o a grupos del crimen organizado que habrían operado con distintos niveles de tolerancia o colusión de autoridades de Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. De acuerdo con los reportes presentados ante el organismo, algunas desapariciones habrían ocurrido en contextos descritos por organizaciones civiles como “limpieza social” o explotación sexual, en ocasiones relacionadas con internamientos en centros de terapias de reconversión. El comité integró estas denuncias en un análisis más amplio sobre patrones de desapariciones en varios estados del país. El organismo estructuró su análisis conforme a los criterios establecidos en el Estatuto de Roma para evaluar posibles crímenes de lesa humanidad. Entre los elementos examinados se encuentra la existencia de desapariciones forzadas y la posible participación de agentes estatales o la colusión con grupos criminales. El informe señala casos en los que policías habrían detenido a personas que posteriormente fueron entregadas a organizaciones criminales, así como el uso de vehículos o instalaciones oficiales en algunos episodios documentados. El comité identificó patrones de este tipo en estados como Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco. También analizó si los hechos pueden considerarse “generalizados” o “sistemáticos”, dos criterios que el derecho internacional utiliza para evaluar la gravedad de estos delitos. De acuerdo con el informe, la escala del fenómeno en México, reflejada en el número de víctimas, la extensión geográfica del problema y el hallazgo de fosas clandestinas, constituye un indicio de la magnitud de la crisis. El informe del Comité también incluye datos sobre solicitudes de acción urgente relacionadas con desapariciones en distintos países. Entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, el organismo registró 40 nuevas solicitudes vinculadas con México. Estas solicitudes forman parte de un mecanismo previsto en la convención internacional que permite al comité intervenir cuando se reporta la desaparición reciente de una persona cuyo paradero se desconoce. Durante ese periodo el organismo recibió 161 solicitudes nuevas en todo el mundo, de las cuales 107 fueron registradas formalmente tras una evaluación preliminar. De las solicitudes registradas, alrededor de 37% corresponden a México. Las entidades con mayor número de casos en ese periodo fueron Chiapas, con 12, seguido por Jalisco con siete. Guanajuato y Sinaloa registraron cinco cada uno, mientras que Oaxaca reportó cuatro. Baja California y Tamaulipas tuvieron dos casos cada uno, mientras que Estado de México, Aguascalientes e Hidalgo registraron uno respectivamente. El informe indica que 65% de las personas desaparecidas en estas solicitudes son hombres o niños, mientras que 35% son mujeres o niñas. Además, 18% corresponde a menores de edad. El comité señaló que el Gobierno de México respondió a la mayoría de las solicitudes de información dentro de los plazos establecidos por el mecanismo internacional. "Si bien el informe se refiere principalmente a hechos ocurridos en el periodo 2009-2017 -administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto– y se circunscribe a cuatro estados, la decisión del Comité es parcial y sesgada. Omite considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo, y lamentamos que haya rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano". En sus respuestas al comité, las autoridades mexicanas también han destacado acciones institucionales para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas, incluyendo mecanismos de coordinación entre fiscalías y sistemas de identificación forense. El informe también señala que el comité ha insistido en la necesidad de contar con registros centralizados de perfiles genéticos que permitan comparar restos humanos con muestras de familiares de personas desaparecidas. Desde que entró en funcionamiento el procedimiento de acción urgente del comité, se han registrado 2,239 solicitudes en todo el mundo. De acuerdo con el organismo, 546 personas desaparecidas vinculadas a estos procedimientos han sido localizadas, incluidas 427 encontradas con vida. En el caso de México, el comité informó que dos personas fueron encontradas con vida tras activarse acciones urgentes durante el periodo analizado.

05 de Abril de 2026 / 22:44:52

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MEMORANDUM 2.- Prueba de que el combate a la corrupción no está entre las prioridades de Morena es que, a pesar de que fue creado hace casi 9 años, el Sistema Estatal Anticorrupción, operado desde una Secretaría Ejecutiva ha tenido muy escasos o nulos resultados para alcanzar su objetivo de proporcionar herramientas y apoyos técnicos al Comité Coordinador para la articulación y consolidación de políticas públicas y procedimientos en materia de combate a la corrupción. Actualmente, coordinado por Adriana Linares Capitanachi, el Sistema se vio obligado a subir a la Plataforma Nacional Digital diversas obligaciones que muestran los nulos o escasos logros. Con corte al 31 de diciembre pasado, el Sistema 1, establecido para la evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración final en el caso de Veracruz tiene un avance del 0 (cero) por ciento. El sistema 2, que es para conocer el nombre de los servidores públicos que intervienen en procedimientos de contrataciones públicas solo tiene un avance del 2 por ciento. El sistema 3 para conocer los nombres de los servidores públicos y particulares sancionados por casos de corrupción, apenas lleva un avance el 2 por ciento. Y el Sistema 6 relacionado a la información pública de contrataciones, tiene sólo un avance del 1 por ciento. Apenas el pasado viernes, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción se vio obligada a subir la información del Sistema 6, tal como lo establece el Sistema Nacional Anticorrupción. Lo anterior para mantener la coordinación entre las autoridades del orden estatal y municipal competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. En los términos de la ley, la determinación de mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información de las materias, que generen las instituciones competentes del Estado y municipios, pero en el caso de Veracruz, es muy bajo.

05 de Abril de 2026 / 22:30:36

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MEMORANDUM 3.- De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en los primeros dos meses de 2026, el estado de Veracruz registró 668 robos a negocios, con más de la mitad cometidos con violencia. Los registros oficiales muestran que 383 casos ocurrieron en enero y 285 en febrero, lo que mantiene a los establecimientos comerciales como el principal objetivo dentro de las distintas modalidades de robo reportadas en la entidad durante el inicio del año. Del total acumulado en el bimestre, 351 robos fueron perpetrados con violencia y 317 sin violencia, según el desglose del organismo federal que compila la incidencia delictiva del fuero común en el país. Con base en las cifras del SESNSP, la violencia estuvo presente en una proporción ligeramente mayor en los robos a comercios registrados entre enero y febrero. Durante enero se documentaron en Veracruz 205 robos a negocios con violencia y 178 sin violencia. En febrero, la incidencia bajó, aunque mantuvo una distribución similar: 146 robos con violencia y 139 sin violencia. Además de los robos a establecimientos comerciales, el informe del SESNSP incluye otras modalidades delictivas registradas en el mismo periodo en Veracruz. En el caso del robo en transporte público individual en Veracruz, las estadísticas reportan 10 incidentes entre enero y febrero. De ese total, seis casos ocurrieron en enero y cuatro en febrero. El desglose indica que cuatro fueron cometidos con violencia y seis sin violencia. En el robo en transporte público colectivo, la incidencia fue menor. El registro señala dos casos en total, uno en cada mes, y ninguno fue clasificado como violento. El informe también reporta un robo a institución bancaria en Veracruz durante el bimestre. Según los datos oficiales, se registró en febrero, clasificado como robo con violencia. En comparación con los robos a negocios, estas modalidades representan una proporción considerablemente menor dentro de la incidencia delictiva reportada en el estado durante el inicio de 2026. De acuerdo con los registros del SESNSP, Veracruz cerró 2025 con 4,204 robos a negocios en total. De esos casos, 2,264 fueron cometidos con violencia y 1,940 sin violencia, lo que significa que más del 53% de los asaltos a establecimientos comerciales involucraron agresiones o amenazas contra las víctimas. El promedio anual equivale a cerca de doce robos diarios a negocios en el estado. Los datos oficiales muestran que el comportamiento mensual del robo a negocios durante 2025 presentó fluctuaciones sin una tendencia lineal. El mes con mayor número de robos fue octubre, cuando se reportaron 403 casos. En contraste, julio registró el nivel más bajo, con 302 robos a establecimientos. En cuanto a los robos con violencia, octubre también encabezó la estadística con 235 reportes, mientras que mayo y julio registraron el mínimo mensual con 170 casos cada uno. El detalle de los registros del SESNSP para 2025 muestra la siguiente distribución de robos a negocios en Veracruz: Enero: 321, Febrero: 389, Marzo: 345, Abril: 385, Mayo: 340, Junio: 377, Julio: 302, Agosto: 325, Septiembre: 340, Octubre: 403, Noviembre: 341 y Diciembre: 336.

05 de Abril de 2026 / 22:15:14

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