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Reconoce México ante COIDH responsabilidad en homicidio de un indígena de Tlapa en 2009; pero militares que dispararon ya fueron exonerados... No los pueden volver a juzgar
MEMORANDUM 1.- “Justicia” a medias: Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el estado Mexicano reconoció parcialmente la responsabilidad en el asesinato extrajudicial del indígena nahua Bonfilio Rubioi Villegas, a quien le disparó un elemento del Ejército cuando viajaba en un autobús de pasajeros; sin embargo no hay modo legal de hacer justicia y castigar al militar porque en el juicio fue declarado sin responsabilidad. Por su parte, los representantes de la familia de Rubio Villegas, ejecutado en junio de 2009, indicaron que no están cerrados a la posibilidad de llegar al mencionado acuerdo amistoso, pero aclararon que en dicho pacto no sólo debemos incluirse medidas de reparación personales para quienes resultaron afectados directamente por el asesinato de la víctima, sino también debe incluirse un reconocimiento expreso de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en los hechos e incluir en el debate el tema de la militarización de la seguridad pública, la cual continúa hasta la fecha. En la audiencia realizada el viernes, se recordó que el 20 de junio de 2009 Bonfilio Rubio Villegas perdió la vida luego de que un grupo de soldados abriera fuego contra el autobús de pasajeros en el cual viajaba el hombre de 29 años, durante un retén militar instalado en Guerrero. El incidente ocurrió luego de que el chófer del vehículo reiniciara su marcha sin que al parecer los uniformados lo hubieran autorizado para ello, lo que llevó a algunos de los soldados a disparar contra el camión para detenerlo, lo que resultó en el fallecimiento de Rubio. En el encuentro realizado hoy estuvo presente Verónica González González, cuñada de Bonfilio Rubio, quien narró las circunstancias en las que tuvo lugar la ejecución extrajudicial del indígena nahua, así como los obstáculos legales que enfrentó su familia para la entrega de sus restos mortales y el "acoso" posterior qué enfrentaron por parte del Ejército, para obligarlos a que aceptaran una indemnización económica de 160 mil pesos, a cambio de que ya no reclamaran por el asesinato de su ser querido. De igual forma, expuso ante los comisionados de la CIDH las graves afectaciones emocionales y económicas que padeció la familia de Rubio Villegas por la falta de acceso a la justicia en este caso. Al dar su testimonio González expresó: "Para mí fue triste, porque las autoridades no investigaron el caso como debe ser, prefirieron estar del lado de los culpables y no de las víctimas. Solo quiero justicia y que los responsables sean procesados, porque han pasado 16 años y nomás no veo nada, no veo claro, y que el gobierno reconozca públicamente que fue el Estado quien ejecutó a Bonfilio, para que no vuelva a suceder con otros paisanos indígenas, porque para el gobierno, los indígenas no existimos". Por su parte, Alejandro Encinas, representante permanente de México ante la Organización de Estados Americanos, indicó que la delegación a su cargo no le formularía ninguna pregunta a Verónica González y aseguró que hay condiciones para brindarle la atención necesaria a ella y otros familiares de la víctima, "conforme al derecho que les asiste y el cumplimiento de nuestra responsabilidad". En ese marco, recordó que hace unos días las autoridades mexicanas presentaron un informe sobre el caso en el cual se reiteró la disposición del Estado de llegar a una solución amistosa y formular un reconocimiento parcial de responsabilidad. En respuesta a los planteamientos de Encinas, Saulo Loya, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, resaltó que "cualquier ofrecimiento de un acuerdo amistoso, al cual no nos negamos", pasa primero por un reconocimiento total de la responsabilidad del Ejército en los hechos, incluido el tema del uso desproporcionado de la fuerza, y el castigo a los responsables materiales de la ejecución extrajudicial de Rubio Villegas. Asimismo, hizo ver que las organizaciones que acompañan a la familia del indígena nahua están interesadas no solo en analizar el caso desde el punto de vista de las afectaciones personales a Rubio, sino como un fenómeno estructural en donde persiste la militarización de la seguridad pública, especialmente en el estado de Guerrero. Encinas replicó que podría haber un reconocimiento parcial de violaciones al derecho a la vida, las garantías judiciales y los derechos y libertades personales. Además, planteó una nueva audiencia en 30 días, para determinar qué personas podrían todavía ser sujetas de investigación. Por otro lado, el funcionario ofreció brindar garantías de no repetición y ofrecer una disculpa pública por el caso, en el marco de la solución amistosa.
Matan a balazos a un hombre en la colonia Chihuahua de Tlapacoyan; Aseguran 193 máquinas tragamonedas durante cateo en Córdoba
MEMORANDUM 2.- La noche del viernes se reportó una persona del sexo masculino sin vida por impactos de arma de fuego en la colonia Chihuahua, en el municipio de Tlapacoyan, Veracruz. Tras el reporte acudieron elementos de la Policía Preventiva Municipal y paramédicos de Protección Civil, quienes confirmaron que un masculino se encontraba sobre la vía pública tirado, mismo que presentaba heridas por proyectil de arma de fuego y ya no contaba con signos vitales. Elementos de la Policía Preventiva Municipal procedieron a acordonar la zona para delimitar el área y con ello pedir la presencia de autoridades ministeriales. Asimismo, al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para tomar conocimiento de lo acontecido. Posteriormente arribaron detectives de la Policía Ministerial, quienes iniciaron las primeras entrevistas, dónde se logró saber que la persona fallecida respondía al nombre de Samuel H. Finalmente, personal de Servicios Periciales hizo acto de presencia, dónde se lograron ubicar alrededor de 10 a 12 indicios, casquillos desconociendo el calibre, mismos que fueron asegurados y luego de ello se procedió al levantamiento del cuerpo para ser trasladado al Servicio de Medicina Forense para la necropsia de rigor y poder ser entregado a sus familiares para brindarle cristiana sepultura...COMO RESULTADO de acciones de investigación, dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la Fiscalia General del Estado, a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS), logró el aseguramiento de 193 máquinas tragamonedas en 17 establecimientos en el municipio de Córdoba. En un comunicado se detalla que estas diligencias autorizadas por el órgano jurisdiccional, son el resultado de una acción estratégica coordinada entre la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Secretaria de Seguridad Pública Estatal (SSP). Esta acción representa un resultado tangible de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsada por el Gobierno de México.
Por enésima ocasión, Sheinbaum se pronuncia en contra de que la esposa del Gobernador de SLP sea candidata a la gubernatura
MEMORANDUM 3.- Una vez mas, la Presidenta Claudia Shenibaum se pronuncia en contra del nepotismo familiar, argumentando que, “la gente no está de acuerdo que se quede en la misma familia el poder por muchos años”, respondiendo se esa manera a la insistencia del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, de que su esposa, Ruth González, sea candidata a sucederle en el cargo. En ese sentido, expresó su desacuerdo con lo dicho por el mandatario, de que una eventual candidatura de su cónyuge no sería nepotismo. “Con el gobernador estamos de acuerdo en muchísimas cosas, pero en esto, no… No digo si es buena o no la candidata, sino sencillamente hay cosas que no deben ser. Que haya a cambio y que esperen seis años”. Resaltó que a principios del año pasado envió la iniciativa que “prohibía que “dejes o que sea candidato un familiar directo; es decir, el hijo de un presidente municipal, tendría que esperarse tres años para poder ser candidato. Entre otras razones, porque se presume que hay apoyos del familiar”. Citó que hay muchos casos, como en Coahuila, “donde un hermano fue gobernador y luego otro hermano; o en presidencias municipales, donde la mamá deja al hijo o la esposa, luego otro hijo, el cuñado y luego todo se queda en la misma familia”. Y particularmente “si va de manera directa, siempre hay la presunción de que puede haber un apoyo público, lo cual está prohibido”, y también que no haya relección”. En el caso de San Luis Potosí, la mandataria subrayó que “no estamos de acuerdo en que se quede un familiar directo después de la persona (que gobierna) Y no es un asunto mío, la gente tampoco está de acuerdo”, y así lo expresa en una encuesta, donde plantean rechazo hasta de 80 por cierto al nepotismo. “En general, la gente no está de acuerdo que se quede en la misma familia el poder por muchos años”.

 

QUINTANA ROO

 

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