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Un muerto y un herido de bala en intercambio de disparos deja supuesta revisión de cuerpos de seguridad en Catemaco; Sujetos agreden a reportero durante cobertura de fallecimiento de un varón en anexo de Xalapa
MEMORANDUM 1.- Un intercambio de disparos registrado la tarde de este jueves en la entrada de Catemaco dejó un saldo de una persona sin vida y otra más herida. De acuerdo con los reportes, la agresión ocurrió sobre la avenida Venustiano Carranza donde, según versiones de testigos, se llevaba a cabo una supuesta revisión de seguridad a un grupo de trabajadores conocidos en la zona por desempeñarse como orientadores turísticos. Durante estas acciones, se habría producido un intercambio de disparos entre civiles y elementos que, presuntamente, forman parte de las corporaciones de seguridad, lo que derivó en la agresión armada. De manera extraoficial, pobladores identificaron a la víctima mortal con el sobrenombre de “Copete”, quien laboraba en actividades relacionadas con el turismo local. En tanto, la persona lesionada fue trasladada de urgencia a un hospital por personal de Protección Civil Municipal. Luego de los hechos, elementos de la Policía Estatal y Ministerial acudieron al sitio para asegurar la zona y realizar las diligencias correspondientes. Hasta las 17:00 horas no se había informado oficialmente sobre cómo se desarrollaron los hechos ni sobre la posible responsabilidad de los involucrados. Se prevé que las autoridades emitan información oficial que permita esclarecer lo ocurrido…UN REPORTERO del medio de comunicación digital FotoreporteXalapa fue agredido por varios sujetos cuando realizaba la cobertura en vivo de la muerte de una persona dentro de un anexo en la colonia Vasconcelos, en Xalapa. El incidente se registró la noche de ayer miércoles, cuando el reportero acudió a la calle Manuel Acuña para documentar el fallecimiento de una persona al interior de un supuesto anexo. El periodista grababa en vivo en la plataforma Facebook a varios metros del inmueble dando a conocer lo ocurrido, cuando de pronto varios sujetos que pasaban cerca del comunicador lo intervienen preguntándole si era reportero y de inmediato comenzaron a empujarlo y lo despojaron de su equipo telefónico, cortándose la transmisión. El agraviado pidió apoyo a los elementos de la Policía Estatal que arribaron a bordo de la patrulla número SP-3890. Luego del ataque, los agresores se introdujeron al inmueble que trabaja como un anexo, mismo que no cuenta con alguna identificación, y al parecer se trata de un domicilio particular. La agresión fue vista por miles de personas que se encontraban informándose sobre el suceso. El agraviado tuvo que pedir apoyo al número de emergencias 911, donde le indicaron que serían los mismos policías que le negaron el apoyo, los que se encargarían de la situación. Sin embargo, después de varios minutos llegaron más uniformados de la Policía Estatal de la delegación número 20, quienes lograron que los agresores que estaban dentro de la casa que funciona como anexo regresaran el equipo despojado al reportero. FotoreporteXalapa informó de lo sucedido, y al igual que los demás medios de comunicación y representantes de los medios, condenaron este acto de agresión al ejercicio periodístico, el cual sólo tiene el único objetivo de mantener informada a la población. Se informó que los agresores no fueron detenidos.
Comunidades mayas llaman a la Corte a defender sus derechos y exigen justicia; se les ofreció una reunión virtual, cuando no pueden acceder a internet, que falta de tacto
MEMORANDUM 2.- Comunidades mayas de Hopelchén, Campeche exigieron a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que desechen el proyecto de sentencia de su homóloga María Estela Ríos González, que se discutirá en la sesión de este jueves, ya que plantea devolver el caso a un juzgado de distrito de su entidad federativa, y evita al máximo tribunal “pronunciarse de fondo” sobre la grave situación de contaminación del agua por plaguicidas que enfrentan los habitantes de la región. En conferencia de prensa, señalaron que esta determinación sería un “retroceso”, ya que se prolongará por más tiempo su demanda de justicia, además de que no se toman en cuenta las pruebas que han recabado desde 2016, en colaboración de investigadores, e incluso, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), el cual concluyó que el líquido no era apto para consumo humano. Mencionaron que la ministra propone devolver el expediente al juez de distrito y reponga el procedimiento, bajo el argumento de que hace falta generar pruebas para poder acreditar la contaminación en Hopelchén y vuelva a emitir sentencia, “a pesar de reconocer las múltiples omisiones que cometió este juzgado”. La situación de contaminación en las comunidades ya está “más que acreditada”, aseguraron. Itzel Artega, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) que acompaña el caso, puntualizó que se han aportado diversos estudios y peritajes que evidencian residuos de plaguicidas en el acuífero de la Península de Yucatán, en agua de pozos para el consumo humano, en agua embotellada, e incluso en orina y sangre de personas. Recalcó que estos indicios, con base en el principio de precaución y de prevención de futuros riesgos ambientales, deberían bastar para que la Suprema Corte “pueda entrar al fondo del asunto, con el fin de proteger a las comunidades de daños mayores”. Sostuvo que las comunidades no confían en el juzgado estatal, puesto que no tiene una perspectiva en derechos humanos, ambiental ni intercultural. “No confiamos en las autoridades de Campeche, por eso se buscó a la Suprema Corte y tener la posibilidad de una sentencia mucho más protectora, que tenga un enfoque más integral. Desde ese punto de vista es que nos preocupa que se devuelva el expediente”, enfatiza. Integrantes de las 17 comunidades de Hopelchén recordaron que interpusieron una demanda de amparo en 2020 ante la presencia de plaguicidas en los cuerpos de agua y acuíferos. Sin embargo, la sentencia del juez consideró como no idóneas las pruebas aportadas por las comunidades. Por este motivo, recurrieron al máximo tribunal, cuyo recurso fue atraído en mayo de 2025. Los pobladores intentaron tener un encuentro personal con la ministra María Estela Ríos para exponer la relevancia de su caso. Sin embargo, personal de su ponencia les ofreció una reunión virtual, lo que consideraron como discriminatorio, dadas las dificultades que tienen las comunidades para conectarse a la red de internet.
Propone diputado de Morena regular el uso de dispositivos electrónicos en escuelas ante el incremento de la violencia
MEMORANDUM 3.- Debido al incremento sostenido de la violencia entre jóvenes en México, particularmente en entornos escolares, el diputado local de Morena y secretario general de la sección 56 del SNTE en Veracruz, José Reveriano Marín Hernández, propuso como acciones prioritarias impulsar la regulación del uso de dispositivos electrónicos en el entorno escolar, fortalecer los programas de escuela para padres y dar seguimiento a las políticas públicas en materia de salud mental dirigidas a la juventud. El morenista alertó sobre la crisis de violencia juvenil y llamó a una regulación urgente en escuelas. El diputado local señaló que se trata de un fenómeno que ha dejado de ser aislado para convertirse en una problemática social en expansión que exige atención inmediata y coordinada. El diputado local destacó que hechos recientes, como el ocurrido en Michoacán, evidencian no solo la gravedad de la situación, sino también fallas estructurales más profundas, como el acceso a armas, la influencia de contenidos digitales y la falta de intervención oportuna por parte de adultos. “No es únicamente que un arma haya ingresado a una escuela, sino preguntarnos quién la facilitó, cómo se obtuvo y quién enseñó a utilizarla”. El diputado local explicó que la violencia juvenil se presenta tanto dentro como fuera de los centros educativos y entre distintos grupos, lo que refleja una normalización preocupante. A ello se suma la difusión de peleas en redes sociales sin consecuencias, incluso en presencia de padres o autoridades lo que, dijo, evidencia una crisis de valores y una pérdida de respeto en la convivencia social. Marín Hernández también advirtió sobre el debilitamiento de la autoridad tanto en el hogar como en la escuela, y señaló que muchos docentes enfrentan restricciones para corregir conductas debido al temor a denuncias o sanciones administrativas, lo que ha contribuido a una relajación de la disciplina escolar. Con relación a las acciones institucionales, reconoció iniciativas como la construcción de espacios deportivos en zonas vulnerables, propuesto por la presidenta Claudia Sheimbaum, y la implementación del Plan Nacional de Salud Mental y Prevención de Adicciones 2024-2030, enfocado en atender aspectos emocionales y conductuales de los jóvenes, sin embargo, destacó que estas medidas no son suficientes sin la participación activa de las familias, las escuelas y la sociedad. Dijo que uno de los temas centrales abordados fue el uso de dispositivos móviles y redes sociales en las aulas, pues si bien la tecnología puede ser una herramienta educativa, su uso sin regulación facilita el acceso a contenidos peligrosos, por ello, propuso establecer reglas claras, permitir su uso únicamente con fines pedagógicos y bajo supervisión docente, manteniéndolos fuera del alcance en otros momentos. En ese sentido, planteó la necesidad de impulsar una regulación desde el ámbito federal, incorporando disposiciones específicas en la Ley de Educación que permitan establecer límites claros en el uso de tecnología dentro de las escuelas, así como dotar a los docentes de mayor respaldo para su aplicación. Por último, el diputado local reiteró que la solución a esta problemática requiere una respuesta integral; el gobierno debe legislar y coordinar, las escuelas fortalecer su papel formativo, las familias asumir su responsabilidad en la educación en valores, y la sociedad en su conjunto dejar de normalizar la violencia.

 

QUINTANA ROO

 

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