MEMORANDUM 1.- En medio de la preocupación que se ha generado, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, admite que si no hay consensos y acuerdos alrededor de temas polémicos como la reducción o eliminación de legisladores plurinominales y el financiamiento público de partidos políticos, no podrá salir la reforma electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum. Dice: “Si no hay consensos, yo creo que no va a poder proceder una reforma electoral”. Si bien, Castillo Juárez se dijo en contra de que desaparezcan en su totalidad los legisladores plurinominales, si se mostró a favor de que se reduzcan. La legisladora de Morena indica que, si bien existe un amplio consenso social sobre la necesidad de reducir los costos del sistema electoral, no se comparte la idea de eliminar por completo las figuras plurinominales, ya que estas permiten que fuerzas políticas minoritarias tengan presencia en los congresos. “Desde luego no estaríamos de acuerdo con que se redujera completamente o que no hubiera plurinominales, sino que tendría que haber una forma de que las minorías también estén representadas en los congresos”, dice. En ese sentido, reconoció que temas como la reducción del financiamiento público a los partidos, la disminución del número de legisladores y una mayor fiscalización han generado debate, pero insistió en que sin acuerdos amplios no será posible avanzar en una reforma de gran calado. En un intento por defenderla, Castillo Juárez aseveró que la eventual reforma electoral que impulsará la presidenta Sheinbaum no contempla la desaparición de los diputados y senadores de representación proporcional, sino una revisión integral que garantice austeridad sin afectar la representación de las minorías políticas. Durante una conferencia de prensa en el Senado, la legisladora de Morena menciona que, si bien existe un amplio consenso social sobre la necesidad de reducir los costos del sistema electoral, no se comparte la idea de eliminar por completo las figuras plurinominales, ya que estas permiten que fuerzas políticas minoritarias tengan presencia en los congresos. Explica que el proyecto de reforma electoral aún no ha sido presentado formalmente al Senado, por lo que cualquier discusión se dará una vez que llegue el documento y bajo un esquema de construcción de consensos, particularmente con los partidos aliados de Morena, como el PT y el Partido Verde Ecologista de México.

21 de Enero de 2026 / 17:00:58

Twittear

MEMORANDUM 2.- Los índices de corrupción en el sector de seguridad, tanto pública como privada, alcanzan hasta 86.7 por ciento, lo que agrava la impunidad y la falta de acceso a la justicia, y son con los impuestos de los mexicanos como se financia al crimen organizado infiltrado en gobiernos, factor de riesgo, que facilita la inestabilidad del país, con asesinatos de políticos, y que han operado en casos también como el “huachicol” fiscal, Odebrecht y Segalmex, de acuerdo con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Esto debido a la falta de una ley secundaria para regular a más de diez mil empresas de seguridad privada, que dan servicio intramuros a dependencias e institutos de la administración pública, datos que ha consignado el Consejo Nacional de Seguridad Privada. Al inaugurar el foro el Sistema Nacional Anticorrupción, presentación de propuestas de reforma a la ley, la presidenta del SNA, Vania Pérez, advirtió de la gravedad por la que atraviesa el país de no combatirse la corrupción “de manera transversal mediante una política de Estado, y no como una política de gobierno limitada a ciertos sectores”. La funcionaria federal resalta que uno de los intereses de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es que el combate a la corrupción se consolide como una política de Estado mexicano que “transversalice y fortalezca la política pública en todo el país”. “El tema de corrupción y de crimen organizado ha traspasado las fronteras, permeando en los recursos públicos que están financiando al crimen organizado, campañas electorales, grupos empresariales y proyectos ilícitos, así como una amenaza importante para la estabilidad y la gobernanza del país, que se perciben con casos alarmantes como “huachicol” fiscal, Odebrecht y Segalmex -este diario ha obtenido información que desde la seguridad privada se ha atacado de manera mortal a políticos mexicanos-. Pérez Morales expresó que los actos de corrupción se han impregnado a los diferentes grupos políticos, en el aparato de seguridad y justicia limitando la soberanía del Estado mexicano y de algunos gobiernos, y poniendo en riesgo la estabilidad del país. “De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los índices de corrupción en el sector de seguridad alcanzan hasta el 86.7 por ciento, lo que agrava la impunidad y la falta de acceso a la justicia”. Hace un llamado a los diputados de todos los partidos a acompañar la reforma del SNA con otros cambios legislativos que fortalezcan el Estado de derecho y eliminen prácticas que propician privilegios e impunidad, como el uso indebido del fuero. Desde el SNA se hizo énfasis en que la corrupción también representa una amenaza para la estabilidad económica y democrática de los Estados, al debilitar las instituciones y generar desconfianza social. Por ello presentó las líneas estratégicas que delinean hacia dónde debería transitar la reforma del SNA, las cuales servirán como base para fortalecer su estructura y funcionamiento. Se dividen en 15 grandes temas, como rediseñar la política nacional anticorrupción, dotar de legitimidad y autoridad al Comité de Participación Ciudadana y fortalecer la presidencia ciudadana del comité coordinador. Dice que se deben emitir las recomendaciones no vinculantes en cualquier momento, fortalecer la Plataforma Digital Nacional (PDN), modificar la conformación del Comité Coordinador, ejes de fortalecimiento institucional del Comité Coordinador, y la presidencia del SNA deberá presentar anualmente un informe, las sanciones a las autoridades que no atiendan las atribuciones conferidas en la Ley General del SNA. Pérez Morales habló de la incorporación de un enfoque de derechos humanos, igualdad sustantiva y lenguaje incluyente en la ley, fortalecer la participación ciudadana y los mecanismos de denuncia ciudadana, establecer mecanismos necesarios para recuperar los recursos y los activos desviados por actos de corrupción, además de realizar reuniones anuales. Resalta que se necita también la incorporación de un enfoque de derechos humanos, igualdad sustantiva y lenguaje incluyente en la ley, fortalecer la participación ciudadana y los mecanismos de denuncia ciudadana, establecer mecanismos necesarios para recuperar los recursos y los activos desviados por actos de corrupción, además de realizar reuniones anuales.

21 de Enero de 2026 / 16:47:14

Twittear

MEMORANDUM 3.- El Congreso del Trabajo demandará a los organismos de seguridad social, IMSS e ISSSTE dejar de utilizar la UMA (Unidad de Medida y Actualización) como vía para llevar a cabo el pago de pensiones a los trabajadores en retiro, toda vez que es ilegal que éstos perciban menos de un salario mínimo vigente, indica el Secretario General de la Federación de Agrupaciones Obreras (FAO), Iván Navarro Morales. detalla que en México cerca de un millón de personas se encuentran en esta situación y no se debe negarles, tras toda una vida laborable, su calidad de trabajadores cuando se encuentran en el retiro. El líder de la FAO explica que tanto el IMSS como el ISSSTE argumentan que no pueden usar el parámetro de “salarios mínimos”, porque la relación de los trabajadores en retiro ya es administrativa y no laboral, hecho que es violatorio para las y los obreros. Dice que el pleno de dirigentes del Congreso del Trabajo respaldó la medida por lo cual buscarán una cita con las autoridades del IMSS y a la representación gubernamental federal, con el fin de que expliquen el motivo por el que los trabajadores con pensiones de riesgo de trabajo, están financiando con sus propias subcuentas de cesantía, vejez y cuota social, el pago de pensiones por accidente laboral. El también abogado Navarro Morales sostuvo que es ilegal que las y los obreros en retiro ganen menos de un salario mínimo vigente, bajo el argumento de que su relación con los organismos de seguridad social es administrativa y no laboral, perdiendo de vista que la pensión que reciben es la que sustituyó su salario. En este sentido comenta que la Constitución en su Artículo 123 es clara, al establecer que los patrones son los únicos responsables de los accidentes laborales y por ende, cuando se establezca una pensión por accidente laboral, ni el IMSS, ni las aseguradoras deben tomar los recursos que están destinados para financiar el retiro laboral, como lo es la Subcuenta de cesantía y vejez de la AFORE para establecer la cuantía de las pensiones de accidente de trabajo.

21 de Enero de 2026 / 16:30:53

Twittear