MEMORANDUM 1.- Mientras el gobierno federal se preocupa más por lo que ocurre en otros países el desplazamiento forzado interno "se ha agudizado" en estados como Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Sinaloa y Quintana Roo, debido a las crecientes violencias ocasionadas en su mayoría por el crimen organizado, advierte el Colectivo de Personas Víctimas de este fenómeno. Al mismo tiempo, denuncia que la personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, debido a la "incertidumbre jurídica” en que se encuentran y ante la falta de atención por parte de los tres órdenes de gobierno. Alerta que, “No existe una ley federal ni políticas públicas adecuadas” para garantizar la protección, procuración de justicia diligente y eficaces para investigar los actos de violencia que derivaron a los desplazamientos”. Las familias víctimas de la inseguridad dejaron su territorio, para salvaguardar sus vidas, y evitar riesgos como el reclutamiento forzado, desapariciones, extorsión y violencia criminal generalizada, explica. El Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado –conformado por 12 comunidades de personas desplazadas y 16 organizaciones civiles– acusó que la atención institucional ha sido “insuficiente y limitada”, debido a que las autoridades de los gobiernos municipales y estatal “han menospreciado la gravedad” de las emergencias. Señala que la situación es crítica en Chihuahua, donde los pasados 24 y 25 de febrero más de 200 familias, entre quienes había mujeres y niños, fueron desplazadas de manera forzada y abandonaron la zona serrana de Atascaderos, en los límites de Durango y Sinaloa, para buscar refugio en Hidalgo del Parral ante la “impune operación” de grupos criminales. Un caso similar ocurrió en Apatzingán, Michoacán, la cual “destaca como la demarcación con mayor cantidad de víctimas documentadas”. En esta entidad, a pesar de contar con un reglamento especializado desde octubre de 2024, el colectivo denunció que este "nunca ha sido ejercido por el gobierno municipal". Menciona que el operativo de seguridad realizado el 22 de febrero, en el que resultó abatido Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, ex líder del cártel Jalisco Nueva Generación, “abrió un periodo para que grupos criminales potencialicen el incremento de la violencia armada, despojo y control territorial que puede traer consigo repercusiones en cada entidad”. Al respecto, indicó que dos semanas antes de esto, Tecoanapa, Guerrero, “una comunidad entera” huyó incluso aun con la presencia de la Guardia Nacional. Hasta la fecha, "no hay registro oficial de las personas desplazadas porque han sido coaccionadas a no nombrar el conflicto en su localidad", lo que impide el acceso a ayuda humanitaria básica. Ante esta crisis, las organizaciones integrantes como Serapaz, la Red TDT, entre otras, demandaron a los gobiernos de los tres niveles a proporcionar garantías de protección y atención humanitaria para las comunidades desplazadas, además de generar acciones interinstitucionales para su reubicación temporal.

04 de Marzo de 2026 / 19:36:55

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MEMORANDUM 2.- Luego de reportes ciudadanos que alertaban sobre la acumulación constante de basura en un predio que, presuntamente, no cumplía con las condiciones establecidas por la normatividad ambiental para el manejo adecuado de desechos, la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) clausuró un tiradero a cielo abierto que era utilizado para la disposición de residuos sólidos en el municipio de Amatlán de los Reyes. Durante la diligencia, personal técnico de la PMA realizó un recorrido de inspección para verificar las condiciones del sitio, el tipo de residuos depositados y el posible impacto ambiental. En el lugar se constató la presencia de desechos sólidos urbanos expuestos a la intemperie, sin infraestructura adecuada para su confinamiento. La revisión incluyó la evaluación de medidas de control sanitario, posibles afectaciones al suelo y riesgos derivados de la disposición inadecuada de basura. Tras la verificación, la dependencia estatal procedió a colocar los sellos de clausura. El Ayuntamiento, encabezado por la alcaldesa Guillermina Méndez López, había señalado que el espacio funcionaba como un centro de transferencia. De acuerdo con la versión municipal, el predio servía para concentrar temporalmente la basura recolectada en comunidades del municipio, con la finalidad de trasladarla posteriormente a su destino final en Nogales. No obstante, tras la inspección, la PMA determinó la suspensión de actividades en el lugar. Desde el inicio de operaciones, el sitio generó inconformidad entre los pobladores, quienes denunciaron la acumulación constante de residuos, malos olores, presencia de fauna nociva y posibles riesgos para la salud. La Procuraduría informó que integrará un expediente técnico para determinar si existen irregularidades administrativas o incumplimientos a la legislación ambiental vigente. En caso de confirmarse, podrían establecerse medidas correctivas, sanciones económicas o disposiciones para la remediación del predio. Hasta el momento, la alcaldesa Guillermina Méndez López no ha emitido un posicionamiento público posterior a la clausura. Las autoridades estatales indicaron que el procedimiento continuará conforme a lo establecido en la ley ambiental y que se dará seguimiento al cumplimiento de las disposiciones impuestas.

04 de Marzo de 2026 / 19:20:30

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MEMORANDUM 3.- La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Veracruz, informó que solicitó y obtuvo del juez de Control autorización para la ejecución de una orden de cateo para dos inmuebles ubicados en el municipio de Veracruz, como parte de las investigaciones dentro de una carpeta iniciada en contra de quien haya participado en la comisión del delito de violación a la Ley Federal de Juegos y Sorteos. El Ministerio Público de la Federación (MPF) inició la carpeta de investigación en atención a una denuncia ciudadana que advertía sobre menores de edad haciendo uso de maquinitas tipo minicasino. Con el fin de corroborar los hechos, el MPF, a través de la Policía Federal Ministerial (PFM), ejecutó las órdenes de cateo, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de la Marina – Armada de México (Marina) y Policía Estatal (PE), quienes brindaron seguridad perimetral en el lugar. En el primer domicilio ubicado en la calle Nicolás Bravo, de la colonia Centro, en el municipio de Veracruz, los efectivos federales aseguraron 30 máquinas tragamonedas, tres cajas con cerradura, un bote de plástico con numerario, el inmueble y un DVD. En el segundo inmueble, las autoridades logaron el aseguramiento de 20 máquinas tragamonedas, tres cámaras de videovigilancia y el inmueble. Los objetos del delito asegurados quedaron bajo el resguardo del Ministerio Público Federal, que continúa con la integración de la carpeta de investigación correspondiente para deslindar responsabilidades. Con estas acciones la FGR reafirmó el compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal, por lo que invitó a la ciudadanía a denunciar las 24 horas de los 365 días del año, de forma presencial o anónima, en las instalaciones de la Fiscalía General de la República en el estado de Veracruz, con domicilio en Av. J.B. Lobos número 684, Colonia Reserva territorial “El Coyol”, C.P. 91779, Veracruz, Ver, teléfono 2299896334, correo electrónico vua.veracruz@fgr.org.mx

04 de Marzo de 2026 / 19:10:33

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