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Habitantes de la localidad de Guadalupe La Patrona del municipio de Amatlán tomaron el ayuntamiento debido a que tienen semanas sin agua; la edil se encerró en el palacio
MEMORANDUM 1.- Habitantes de la localidad de Guadalupe La Patrona del municipio de Amatlán de Los Reyes, tienen tomado el palacio municipal, ya que llevan semanas sin contar con el servicio de agua potable. Solicitan a la presidenta municipal Guillermina Méndez López, (Morena), que de una solución a su demanda. Exigieron que la alcaldesa saliera de sus oficinas para dialogar con ellos, pero dio la orden de cerrar las puertas principales del palacio municipal, eso molesto a los ciudadanos. Los manifestantes portan cartulinas con varias consignas a su petición de la falta de agua potable, así también gritaron consignas " Queremos Agua, Queremos Agua" Que Salga Guille ". Minutos después, sólo pudieron entrar una comisión, para dialogar con funcionarios municipales, a lo que les informaron que el propietario del terreno en donde se encuentra la máquina de bombeo de agua, y no han llegado a acuerdos, por lo tanto 1500 familias, van a seguir sin contar con el servicio de agua potable.
Corte revoca sentencia que absolvió a ex consejero de Asunción Nochixtlán por desaparición forzada de una activista; piden juzgar con perspectiva de género
MEMORANDUM 2.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tumbó la sentencia que absolvió y liberó a Jhoan Ricardo Matus Marcial, exconsejero jurídico del Ayuntamiento de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, sentenciado a 50 años de prisión por la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu. Por unanimidad de ocho votos, el Pleno aprobó este lunes el proyecto del ministro Arístides Guerrero García, impulsado por la familia de Uruchurtu, contra la liberación del exfuncionario señalado por la Fiscalía de Oaxaca —junto con la entonces alcaldesa Lizbeth Victoria Huerta y otros— como responsable de la desaparición de la activista, ocurrida el 27 de marzo de 2021 y que permanece sin ser localizada. Matus Marcial quedó en libertad por decisión de un tribunal colegiado que, el 21 de agosto del año pasado, le otorgó un amparo al considerar insuficientes las pruebas más allá del dicho de un testigo. Sin embargo, la Corte revocó esa resolución al señalar que se ignoraron los riesgos especiales que enfrentan las mujeres activistas en contextos de corrupción y abuso de poder, y dejó claro que juzgar estos casos con perspectiva de género e interseccionalidad es una obligación. “Se propone revocar la sentencia impugnada y devolver el asunto al tribunal colegiado para que realice un escrutinio judicial especializado con perspectiva de género e interseccionalidad, y emita de esta manera una nueva decisión conforme a derecho”, dijo el ponente. La ministra Yasmín Esquivel aclaró que el enfoque de género no busca condenar, sino mejorar la calidad y solidez del razonamiento judicial. “Y quiero ser clara en este punto, incorporar la perspectiva de género e interseccionalidad no equivale a bajar el estándar probatorio ni anular la presunción de inocencia. En materia penal, el estándar de prueba se mantiene intacto. Lo que cambia en este tipo de casos es la calidad del razonamiento, pues exige una valoración integral y contextual para determinar si se alcanza o no este estándar”, expuso.El ministro Giovanni Figueroa consideró que el pronunciamiento de la Corte “constituye un mensaje contundente contra la impunidad en delitos de lesa humanidad, al fijar parámetros sobre cómo deben valorarse los indicios en casos de personas defensoras de derechos humanos”. La ministra Loretta Ortiz Ahlf señaló que la víctima está inscrita en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que reporta 133 mil 518 casos, y afirmó que ante este fenómeno la “nueva Corte” y el Estado deben aplicar los más altos estándares nacionales e internacionales en derechos humanos para una justicia efectiva. “Son muchos los casos de desapariciones ya de personas que protegen y que su ejercicio profesional, su vida diaria, la destinan a la protección de los derechos humanos y que han desaparecido”, señaló. La noche del 26 de marzo de 2021, tras una protesta frente al Ayuntamiento de un municipio de Oaxaca contra la presidenta municipal por una detención arbitraria, la activista y defensora de derechos humanos Claudia Uruchurtu fue vista por última vez en la plaza central, donde fue subida a la fuerza a una camioneta. Esa misma noche fue llevada a un paraje, asesinada y su cuerpo ocultado; al día siguiente, varios de los implicados regresaron para trasladarlo a un sitio desconocido, y hasta hoy se desconoce su paradero. Por estos hechos, Jhoan Ricardo Matus fue procesado y condenado en marzo de 2023 por desaparición forzada, sentencia que en mayo de ese año fue confirmada y elevada a 50 años de prisión. Empero, en agosto de 2025, un Tribunal Colegiado le concedió un amparo y ordenó su liberación al considerar insuficientes las pruebas, lo que llevó a la madre y hermanas de la víctima a impugnar ante la Suprema Corte. Las víctimas indirectas acusaron que se ignoraron sus derechos a la verdad y la justicia, así como la obligación de juzgar con perspectiva de género e interseccionalidad y de valorar la prueba circunstancial en delitos de naturaleza clandestina. Mientras el sentenciado, en cambio, sostuvo que no existían pruebas suficientes, que el testimonio clave era inválido y que la condición de defensora de la víctima no debía implicar un trato diferenciado.
La pura corrupción: Exhiben que empresa familiar de Gutiérrez Luna recibió contratos por 6 millones en Coatzacoalcos; el morenista guarda silencio
MEMORANDUM 3.- Durante la administración de Víctor Carranza Rosaldo en el ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, otorgó contratos por poco más de 6 millones de pesos a una empresa propiedad de la familia del diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, de acuerdo con una investigación publicada por el portal EMEEQUIS. Datos de transparencia y documentos notariales consultados por EMEEQUIS revelan que, la gestión de Carranza Rosaldo otorgó los contratos referidos a esa empresa encabezada por Sergio Carlos Gutiérrez Prieto, padre del legislador, entre abril de 2020 y abril de 2021, por invitación y por asignación directa, principalmente por arrendamiento de maquinaria. Sergio Carlos Gutiérrez Prieto posee otras razones sociales, entre ellas Jical Diamante, nombre que coincide con el de la fraccionadora del exclusivo desarrollo del mismo nombre, Jical Diamante Residencial, frente a las aguas del Golfo de México, en arenas del municipio de Pajapan. Carranza Rosaldo, por su parte, es considerado uno de los aliados regionales del grupo político de Gutiérrez Luna, en Coatzacoalcos y Minatitlán, municipios del sur veracruzano. En las fechas de la asignación de los contratos de Coatzacoalcos, Luis Reyes Luna aparece como apoderado de la empresa en esa contratación. En 2016, el sitio Quién es quién en los contratos registró una facturación de 45 mil pesos de la empresa familiar. Los contratos de la gestión de Víctor Carranza en el ayuntamiento de Coatzacoalcos comenzaron a caerle a la razón social del padre de los Gutiérrez Luna en abril de 2002, y el último le llegó en abril de 2021. Comenzó con uno (ARB-LS-014/2020), para el “suministro de mezcla asfáltica en caliente, asfalto en frio a granel y asfalto en frio en bolsa granulometría menor, para utilizarse en diferentes puntos del municipio de Coatzacoalcos”, asignado por invitación a tres personas, por un monto de 437 mil 655 pesos. El segundo fue el contrato estelar de la serie (FISM-DF-AD-004/2020) de los suscritos por la empresa de Gutiérrez Prieto con el ayuntamiento de Coatzacoalcos. Su objeto, el arrendamiento de dos retroexcavadoras y dos camiones tipo Torton durante siete meses, del primero de junio al 31 de diciembre de 2020, una asignación directa de 3 millones 364 mil pesos. Después, llegó el contrato LS-ARR-ARB/2021/002, por el “arrendamiento de maquinaria para la extracción y carga de materiales, extendido y comparación de material para la habilitación de celda diaria y cobertura de residuos en el sitio de disposición final de Villa de Allende, de Coatzacoalcos, Veracruz”, durante dos meses, del 16 marzo al 14 de mayo de 2021, por 556 mil 800 pesos. El siguiente fue el ARR-ARB-LS-005/2021, por invitación, para el “arrendamiento de maquinaria para extracción, carga y reacomodo de residuos y arcilla, extendido, compactación de residuos, en el tiradero denominado Las Matas”, durante dos meses, del 16 de marzo al 14 de mayo de 2021, por 605 mil 497 pesos. El contrato ARB/LS/010/2021, asignado por invitación a Proveeduría y Construcción 2000, tuvo por objeto el “arrendamiento de una excavadora 320 y tractor de oruga tipo D7 por 30 días naturales para el tiradero denominado Las Matas”, con vigencia del 16 de agosto al 14 de septiembre de 2021”, por 301 mil 600 pesos. Y el contrato ARR-ARB-LS012/2021, asignado por invitación, tuvo como propósito el “arrendamiento de excavadora 320, tractor de orgia tipo D6 y 3 camiones de volteo tipo Torton de 14 M#, para trabajos de cobertura y disposición final de Villa de Allende”, durante dos meses, del 27 de agosto al 25 de octubre, por 556 mil 800 pesos. La empresa también ha sido proveedora del municipio de Centro, Tabasco, por lo menos en los últimos 10 años. Pero no hay registros completos de su facturación. Hasta el momento el legislador morenista no se ha manifestado al respecto, sin embargo, se ha visto enredado en múltiples escándalos por la ostentosa vida que maneja él y su esposa mientras manejan el falso discurso de autoridad. VER IMAGENES

 

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