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Veracruz concentra el mayor monto de recursos federales por aclarar en la Cuenta Pública 2024, por 1 mil 115 mdp
MEMORANDUM 1.- A pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum prácticamente deslindó al también morenista Cuitláhuac García – el peor gobernador de la historia de Veracruz – de la responsabilidad por el presunto daño patrimonial detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), lo cierto es que Veracruz concentra el mayor monto de recursos federales por aclarar en la Cuenta Pública 2024, con observaciones que alcanzan los mil 115 millones de pesos. De este modo, la entidad encabeza la lista nacional de estados con irregularidades en el manejo del gasto federalizado, seguida por Chiapas, con 678.5 millones, e Hidalgo, con 603.8 millones. La ASF señaló que las observaciones derivan principalmente del uso de recursos asignados a salud, educación e infraestructura. Dentro del sector Salud, el organismo documentó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por mil 78 millones de pesos, equivalente al 13.3 por ciento de los recursos revisados. El informe indica incumplimientos en transferencia y destino de los recursos, servicios personales, adquisiciones y control de bienes. En los Servicios de Salud de Veracruz, durante la gestión de Guadalupe Díaz del Castillo, se identificaron pagos no acreditados, manejo de cuentas bancarias sin control y deficiencias administrativas que derivaron en promociones de responsabilidad sancionatoria. La Auditoría también observó 20 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. El documento señala que la administración estatal incurrió en incumplimientos en materia de comprobación del gasto, aunque el monto observado representa el 0.6 por ciento de los recursos revisados en ese rubro. En el Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, el órgano fiscalizador identificó un probable daño por 3.8 millones de pesos, correspondiente a obras no ejecutadas o sin acreditación de avance, entre ellas el rescate y remediación del canal de navegación en Boca del Río y la rehabilitación de la red de distribución en Río Blanco. A su vez, el Instituto Veracruzano de la Vivienda registró un probable daño por 1.6 millones de pesos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, al no presentar documentación comprobatoria de la supervisión de 52 obras. La Auditoría señaló incumplimientos a la Ley de Obras Públicas en la adjudicación de contratos. En el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz, la Auditoría determinó un probable daño por 1 millón de pesos debido a pagos en exceso a 12 trabajadores adscritos en cuatro plazas. Además, estableció la obligación de reintegrar 13.9 millones de pesos por recursos no comprometidos y 127 mil pesos de rendimientos financieros. El programa federal Expansión de la Educación Inicial registró un probable daño por 195 mil pesos, derivado de pagos superiores a los autorizados para servicios de alimentación en centros comunitarios. En el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento permanece pendiente el reintegro de 20 mil pesos correspondientes a recursos que fueron devueltos fuera de plazo.
Pide senador de Morena que Javier Duarte no salga de la cárcel por todo lo que se robó y temas de derechos humanos
MEMORANDUM 2.- Aunque quizá no le falta razón cuando afirma que el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa no debe salir de la cárcel, pues sobre él pesan temas de daño financiero y otros graves relacionados con derechos humanos, el senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, no se mordió la lengua al señalar que “no podemos permitir que el olvido ni la impunidad ganen terreno. Lo que se robaron debe regresar al pueblo, porque hoy más que nunca México necesita justicia y coherencia moral”. Y es que, el morenista también debería pedir que se investigue a fondo el tema de la barredora y su presunta conexión con el actual líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López, o el desfalco al erario de 600 mil millones de pesos por el tema del huachicol fiscal y sus conexiones con el ex secretario de Marina y los amigos de Andy López, hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador. Como fuera, Manuel Huerta llamó a las autoridades de justicia a no permitir que Duarte de Ochoa dejé la prisión, pues ello sería una burla para la población y para las víctimas en su sexenio. “Estoy muy conmovido con esta idea de algunos de que Duarte debe salir de la cárcel, porque me consta que hay una sentencia social por el gran saqueo que hubo en Veracruz”. Pero además, aseguró que Duarte de Ochoa ha sido señalado por delitos aún más graves, como la desaparición forzada, durante su administración. “No sólo sería indignante y una burla la salida de prisión del ex mandatario veracruzano, por el tema del desfalco que ahora resulta que lo juzgan por menos de dos mil millones. Ni a Cuitláhuac, que todavía está en funciones, le cargan menos de tres mil de un área. Esto es una burla”; sino que hay otros temas graves, destacó. Manuel Huerta recordó que, además, Duarte de Ochoa ha sido acusado de asociación delictuosa y delincuencia organizada, sin que existan otros detenidos o cómplices. “¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los demás responsables? Si se hace justicia, que se haga completa, no a medias”, destacó el Senador. Y es que es fundamental recuperar los recursos desviados, especialmente en un contexto en el que el país necesita inversión para la reconstrucción de comunidades y obras públicas. “Hace falta ese dinero en muchos lugares. Es injusto que todavía se debata si Duarte debe salir libre”, insistió. Manuel Huerta consideró que, parte de la responsabilidad de que ahora se hable de la liberación de Javier Duarte es del viejo régimen del Poder Judicial quien ha movido la mano” para reducir los cargos y penas contra el exgobernador. “Hablan de delitos de esta magnitud, incluso de desaparición forzada, y terminan tratándolo como un delito de poca cuantía. Eso no se puede permitir. Las nuevas autoridades tienen que demostrar que la justicia ya no se negocia”, aseguró.
Líderes religiosos en contra de iniciativa de Morena que pretende 'poner bozal a los mensajes de fe' que se difunden por internet
MEMORANDUM 3.- Por considerar que la medida viola la libertad de expresión y de culto garantizadas por la Constitución, líderes religiosos se han levantado en Veracruz contra una iniciativa legislativa de un diputado de Morena que, aseguran, pretende “poner bozal a los mensajes de fe" que se difunden por internet. Pastores, sacerdotes y agrupaciones de diferentes denominaciones cristianas han cerrado filas, asegurando que el proyecto es una amenaza directa a la pluralidad y a la esencia laica del país. En ese tenor, integrantes de la Red Evangélica del Estado de Veracruz comenzaron una campaña de recolección de firmas en rechazo a la propuesta impulsada por el diputado Arturo Federico Ávila Anaya. La iniciativa busca modificar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público para supervisar los contenidos digitales emitidos por ministros de culto. Al respecto, el pastor y abogado Adrián García Rodríguez, secretario de la Red Evangélica García Rodríguez hizo un llamado a los creyentes de todo Veracruz a sumarse a la defensa de la libertad religiosa y de expresión. Calificó el proyecto como “una ley mordaza disfrazada de regulación”. Explicó que la propuesta abriría la puerta a la censura en redes sociales como Facebook, YouTube o TikTok, donde miles de iglesias transmiten cultos diariamente. "Nos quieren callar bajo el pretexto de prevenir discursos de odio. Con esta reforma podrían eliminar nuestros contenidos si alguien los considera ofensivos”, aseguró. El líder religioso afirmó que la medida dejaría al criterio de las autoridades determinar qué mensajes pueden difundirse. Según el texto legislativo, las asociaciones religiosas que transmitan mensajes digitales deberán apegarse a los lineamientos de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y la Secretaría de Gobernación para “garantizar la neutralidad de la red y prevenir discursos de odio”. Para los líderes religiosos, esta redacción es ambigua y peligrosa. El movimiento, que ha comenzado a tomar fuerza en distintas regiones del estado, busca frenar la iniciativa antes de que avance en el Congreso. La campaña de firmas continuará en los próximos días, sin descartar una protesta en la capital del país si la propuesta no se retira.

 

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