Pide Esquivel Mossa que candidatos a juzgadores tengan mayor libertad para difundir sus propuestas en nueva elección, la cual pide aplazar
MEMORANDUM 1.- La reforma judicial debe “corregirse”, entre otros motivos, para revertir la desaparición de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues ha tenido un impacto en la productividad de este órgano, afirma la ministra Yasmín Esquivel Mossa. En paralelo, propone además mejorar los procesos de elección judicial e incluso aplazar la programada para 2027. En su balance sobre la enmienda constitucional que introdujo la elección en el Poder Judicial, a un año y medio de su promulgación, sostiene convencida: “Es perfectible”. Celebra los avances en la paridad de género, pero urge a hacer cambios legislativos planteando un decálogo de ajustes que incluya aplicar un examen nacional a aspirantes a integrar el Poder Judicial y mejorar la selección de ministros. Sobre los primeros seis meses de la llamada nueva SCJN, integrada por nueve ministros electos por voto popular, Esquivel Mossa sostiene que en el trabajo jurisdiccional “no hay un cambio drástico en los criterios” respecto de la Corte anterior, de la que ella también formó parte. Lo que sí advierte –sin mencionar nombres– es un “exceso de protagonismo” y “demagogia” que ha provocado retrasos “totalmente innecesarios” en las sesiones. Aun así, asegura que entre ellos prevalece una relación de respeto y que, pese a las diferencias técnicas, el debate “nunca rebasa el plano personal”. Enfatiza que, tras más de 26 años de trayectoria jurisdiccional, está preparada para presidir el máximo tribunal del país en 2029. Adelanta incluso que ya cuenta con un programa de gobierno, pues “no podemos llegar a improvisar”. Para la experta constitucional, la nueva Corte ha emitido criterios relevantes y resuelto asuntos pendientes que heredó de la anterior integración. Destaca asuntos fiscales multimillonarios, de comunidades indígenas, mujeres, menores de edad, personas con discapacidad, entre otros, pero advierte que “hay espacios de oportunidad para eficientar el trabajo actual. Indica: “Hacer más dinámicas las sesiones, donde se puedan, si bien expresar los puntos de vista de cada uno, también que sean con mayor eficiencia, efectividad y ejecutividad porque, en ocasiones, advierto que existe un exceso de protagonismo, así como demagogia en algunos posicionamientos, y esto ha generado el retraso de las mismas”. Uno de los puntos a corregir de la reforma judicial –plantea– es la eliminación de la primera y segunda salas, donde cinco ministros resolvían, sin debate público y por votación económica o nominal, más de 90 por ciento de los asuntos ordinarios, mientras los casos de relevancia constitucional quedaban en manos del pleno. Ahora todo se resuelve en éste, con más sesiones y horas de discusión pública. “El número total de asuntos es inferior al de la Corte anterior. Ha sido inferior por el mismo sistema de trabajo de solamente resolver en el pleno”, explica. Sobre el trabajo de la Corte en los últimos seis meses, afirma que se han respetado los precedentes del máximo tribunal, aun en materia fiscal y derechos a grupos vulnerables. Por ejemplo, sobre la consulta pendiente a personas con discapacidad, indica que el criterio sigue vigente de una consulta obligatoria previa porque no existen los votos suficientes para modificarlo. También defiende el principio de cosa juzgada como base de la certeza jurídica y sostiene que las sentencias firmes no pueden reabrirse, “ni siquiera bajo el argumento de un origen fraudulento, pues para ello existen otras vías, como por ejemplo denunciar conductas de fraude procesal y que se sancionan en la vía penal”. Sobre la última gran reforma judicial del 15 de septiembre de 2024, sin dudarlo, afirma que “debe perfeccionarse en varios sentidos”. Lanza al menos 10 propuestas, y la principal es que la elección judicial, en la que se disputarán 850 cargos, se realice en una fecha distinta y “no se mezcle con la elección constitucional de 2027”, que renovará más de mil 770 posiciones políticas. Asimismo, que los candidatos a juzgadores tengan mayor libertad para difundir sus propuestas y que todos los aspirantes a jueces y magistrados aprueben un examen nacional. También demanda que se establezcan reglas uniformes para los comités de los tres poderes –“en la elección anterior, cada comité ponía reglas a su arbitrio”, dice–; que se reduzca el número de candidatos por cargo; que se defina el género de cada puesto y que se flexibilicen las restricciones del Instituto Nacional Electoral para entrevistas y medios. Además, que haya mayor difusión oficial de la elección; que se precise previamente las especialidades de los cargos judiciales y se amplíe el periodo de campañas, actualmente de 60 días. En un saldo positivo, celebra que la reforma judicial elevara la presencia de mujeres en juzgados y tribunales de 25 a 40 por ciento, con la meta de alcanzar en la próxima elección la paridad. Destaca además los avances en cuestión de género en los poderes del Estado y en la Corte que, por primera vez en más de dos siglos, tiene mayoría femenina.